 En el Gobieno de Lobo se han registrado en Honduras los asesinatos de 12 dirigentes populares y 9 periodistas. (Foto: Archivo) | Con un gobierno débil que no logra el reconocimiento de la comunidad internacional y no ha puesto un freno a la violación de los derechos humanos y la impunidad, Honduras llega este lunes a un año del golpe de Estado contra el presidente constitucional de esa nación centroamericana, Manuel Zelaya. Aún persiste la crisis política, económica y social, mientras el país se hunde más en la pobreza. |
Sumida en una crisis de derechos humanos y con una creciente convicción de que la convocatoria a una Asamblea Constituyente permitiría salir del conflicto político y social en el que se encuentra la nación, Honduras conmemora este lunes un año del golpe de Estado que sacó del poder al presidente constitucional de ese país centroamericano, Manuel Zelaya.
La crisis política, económica y social en Honduras continúa y hace figurar a la nación como las más atrasada del continente, detrás de Haití, como más de 70 por ciento pobreza respecto a su población.
Cuando el entonces presidente Zelaya convocó a un consulta popular para el 28 de junio de 2009, para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a futuras reformas constitucionales, militares encapuchados, en contubernio con la oligarquía, perpetraron un golpe de Estado en su contra.
La Carta Magna hondureña, aprobada en 1982 bajo la tutela de una dictadura, no responde a los intereses de las mayorías y contiene siete artículos pétreos que impiden realizar cambios respecto a la forma de gobierno y distribución de los recursos.
Zelaya responsabilizó por la asonada a una élite que maneja política y económicamente a Honduras, y se opone a cualquier modificación a la Constitución que afecte sus intereses.
El régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti, que usurpó el poder, desató una brutal represión contra los opositores, suspendió las garantías constitucionales y clausuró y militarizó medios de prensa.
Durante los seis meses de dictadura de Micheletti se registraron unas cuatro mil 200 violaciones a los derechos humanos, más de 40 miembros de la resistencia antigolpista fueron asesinados, cinco jóvenes masacrados en marchas pacíficas y hubo más de tres mil detenciones.
En un intento por legitimar la asonada, el régimen convocó a elecciones el pasado 29 de noviembre y dos meses después asumió el poder Porfirio Lobo, del Partido Nacional.
Pero el gobierno nacido bajo el golpe de Estado es débil, enfrenta una creciente ingobernabilidad, una ola de violencia sin precedentes y aún no ha sido reconocido por muchos países, sobre todo de América Latina.
Desde la toma de posesión de Lobo, las organizaciones sociales registraron más de 700 agresiones por motivos políticos, entre ellas los asesinatos de 12 dirigentes populares y nueve periodistas.
En el Gobierno de Lobo prevalece el clima de impunidad, los autores del golpe no han sido castigados y muchos de sus protagonistas ocupan actualmente puestos clave en instituciones civiles.
La ruptura institucional ha hecho retroceder al país a los peores años de las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado, pero también colocó con fuerza a un nuevo actor en la vida hondureña, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
El FNRP sobrevivió a la represión, a los toques de queda, al hostigamiento contra sus líderes y realiza marchas en todos los departamentos para recoger un millón 200 mil firmas para reclamar el retorno de Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
"Ha sido un año de lucha, de protestas y de rechazo al golpe de Estado y un año de sufrimiento de la resistencia, pero a la vez es el surgimiento de la unidad popular", dijo Juan Barahona, coordinador nacional del FNRP.
La principal bandera del FNRP es lograr una carta magna inclusiva, para el pueblo, que permita corregir las enormes desigualdades sociales.
"La lucha del frente es la misma por la que Zelaya fue derrocado", precisó Barahona y añadió que el propósito es redactar una nueva constitución para hacer los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita y proyectar a Honduras hacia el futuro.
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