Las organizaciones feministas y de mujeres han sido parte fundamental del movimiento social hondureño desde sus inicios (y las mujeres lo fueron en el movimiento social desde siempre) y, sin embargo, no cuentan aun con la lealtad de la mayoría de organizaciones gremiales y de masas, que aunque dicen “compañera” siguen pensando, en el fondo “ama de casa, bruja, loca o todas las anteriores”.
A las organizaciones de mujeres se les busca con ahínco para que sean firmantes de los comunicados, para que asistan a las manifestaciones, o para que, en palabras de los mas burros “adornen con su belleza” al movimiento social. Pero cuando ellas necesitan apoyo en sus propias reivindicaciones sexuales, sociales, políticas, se encuentran que al otro lado de la línea solo existe un incomodo silencio, un “a mi organización no le conviene pronunciarse sobre el tema”, un “si claro ahí hablamos” un “no” pues, rotundo pero envuelto en discurso progresista. Para muestra una flor: Cuando el congreso de Honduras se dispuso a prohibir las píldoras anticonceptivas de emergencia, señalándolas como abortivas a pesar que la OMS ha dejado claro que no lo son, las organizaciones de mujeres se encontraron, nuevamente, abandonadas por el resto del movimiento social.
Es casi como si fueran la amante escondida y no la compañera de vida del muy macho movimiento social hondureño.
Son justamente las organizaciones feministas y de mujeres (que tenga que hacer diferencia entre ambas es tema de otra, importante, discusión) las que han conseguido en las últimas décadas algunos de los logros más significativos y medibles de transformaciones sociales. Sea a través de intensos procesos de incidencia o en las calles, han logrado transformaciones legales e institucionales, de representación y de conciencia social, particularmente en el tema de la violencia contra la mujer.
Simultáneamente, ese énfasis en el aspecto institucional de su lucha (cambio o creación de leyes, participación política, estructuras del Estado) coloca también sus reivindicaciones en una singular posición de fragilidad.
En el contexto del golpe de Estado del 28 de junio se produjeron duros retrocesos en muchos de esos logros e ha producido un aumento de los índices de violencia (en particular, de carácter político) y retrocesos en cuanto a los derechos de las mujeres en materia legal, se ha roto casi por completo la relación entre las instituciones estatales y el movimiento organizado de mujeres por no hablar del discurso gazmoño, ultra conservador y claramente machista que ha impregnado a los representantes -de facto- del Estado.
Violencia contra las mujeres1
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia, en términos comparativos entre enero y diciembre de 2008 se reportaron en el país 312 muertes violentes de mujeres. Al comparar las estadísticas actuales de femicidios con las de los años anteriores, se observa que entre enero y octubre de este año se reportan 325 muertes violentas de mujeres; con un promedio que asciende a 24.4 asesinatos mensuales de mujeres. Casi la mitad de los femicidios o muertes violentas de mujeres ocurridas en el 2009 se han producido tres meses y medio después del golpe de Estado. Con dos meses por contar, el 2009 ya computaba un aumento significativo de asesinatos de mujeres en comparación con los años anteriores.
La militarización general que vive el país desde el golpe ha provocado, también, un contexto de violencia que pareciera apuntar particularmente a la comunidad LGTB, con 15 casos, todas ellas muertas después del golpe de Estado con armas de fuego y algunas con señales de tortura. En dos de los casos los médicos forenses se negaron a realizar la autopsia correspondiente.
En 23 de los 217 casos registrados de agresiones por parte de fuerzas de seguridad (un 10%), las mujeres manifestaron en sus declaraciones haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas. Las organizaciones de mujeres como el Centro de Derechos de la Mujer -CDM- y el Centro de Estudios de la Mujer de Honduras -CEMH- han documentado por lo menos 10 violaciones sexuales, ocurridas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Danlí y El Progreso. Estas violaciones sexuales tienen el común denominador de ser violaciones múltiples, ejecutadas por efectivos de la policía nacional y realizadas después de las manifestaciones o durante los toques de queda.
Sólo una de las mujeres víctimas de este tipo de agresiones sexuales ha presentado denuncia formal ante las autoridades competentes. Las otras víctimas han presentado sus denuncias ante organizaciones de mujeres, pero se rehúsan a presentarlas ante la Fiscalía de la Mujer o la Fiscalía de Derechos Humanos debido a un aumento del sentimiento de desconfianza de la población hacia las instituciones que, desde el Estado, tienen como labor defender sus Derechos Humanos.
Persecución política
Además del aumento señalado en los femicidios -en los que a los producidos por la pareja se suman ahora aquellos de carácter político- la persecución política se ha reflejado también en atentados contra la libertad de expresión y despidos de organismos estatales.
Según reportan las Feministas en Resistencia: “Para el caso, el 27 de julio de 2009 fueron despedidas 19 empleados y empleadas (12 mujeres) del Instituto Nacional de la Mujer -INAM- que se declararon en oposición al golpe de Estado. A estas personas no se les cancelaron salarios atrasados, ni se les dio justificación formal de motivo de despido. Cuando el INAM les prohibió también ingresar a la institución a retirar sus artículos personales, las personas despedidas iniciaron un proceso de demanda legal ante la Secretaria de Trabajo, que a 4 meses del despido no ha realizado ninguna diligencia sobre el caso.”
Por otro lado, el 16 de octubre del 2009 los programas “Tiempo de Hablar”, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM); “La Bullaranga”, del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH), y “Entre Chonas”, de la Organización de Mujeres por la Paz, “Visitación Padilla”, fueron clausurados mediante una nota enviada desde la gerencia del grupo INVOSA-Radio Cadena Voces, con base en el Decreto PCM-M-016-2009, que restringe las garantías constitucionales. En las notas, se expresa que las causas de cancelación de los programas de radio son supuestos “irrespetos a la Constitución”, y porque las afirmaciones hechas en los programas constituyen “un peligro para la paz de la familia hondureña”.
El discurso protector de la “familia” está claramente dirigido en contra de las reivindicaciones de las organizaciones de mujeres. A la represión y persecución política se agrega pues la intolerancia de la hipócrita moral victoriana.
Derrumbe de la relación institucional entre el movimiento de mujeres y el Estado.
Entre las primeras medidas del gobierno de facto estuvo el despido de la Ministra del INAM Doris García Paredes. Cuando el movimiento de mujeres (en coordinación con personal del INAM) realizó una toma pacífica del Edificio de esta secretaría el día 15 de julio, fueron desalojadas violentamente por la policía y el ejército. Este desalojo violento marcaría el futuro de las relaciones entre el movimiento de mujeres y la nueva dirección del INAM, y en ella, su relación con el Estado.
A partir de esa fecha deja de existir un trabajo de coordinación entre el Estado y el movimiento de mujeres en materia de implementación de la Política Nacional de la Mujer. Mientras tanto, las mujeres miembros de Oficinas Municipales de la Mujer -OMM-, instancias creadas para velar por los Derechos de las mujeres en el ámbito local, también han sufrido persecución y despido, siendo el último caso el de la alcaldía de Choluteca, en la que otro “héroe” del golpe, el alcalde Quintín Soriano, ha sido denunciado públicamente por el movimiento de mujeres por atentar contra la organización local de la Oficina Municipal de la Mujer.
Reportan las Feministas en Resistencia: “Varios proyectos que se encontraban en ejecución de parte del INAM han sido suspendidos, y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2008-2015, cuyo contenido fue producto de un proceso de consenso entre el Estado y el movimiento de mujeres, ha sido modificado unilateralmente en su contenido, amén de encontrarse detenido debido a que el Estado no ha destinado presupuesto alguno para su ejecución”. Que sea una de las prioridades del nuevo gobierno retomarlo está por verse, aunque el clima actual de pensamiento unilateral y hegemónico conservador hace que parezca poco probable.
El derrumbe de la relación entre la institucional estatal y el movimiento de mujeres representa uno de los efectos más negativos del contexto actual, ya que se trata de una relación construida a lo largo de décadas de esfuerzos del movimiento de mujeres -incontables recursos humanos y materiales- para lograr una mejoría en la situación de los derechos humanos de las mujeres en Honduras.
Fuente: Vos el soberano
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De paso, esta situación pone en entredicho la estrategia institucional de buena parte del movimiento de mujeres, y muestra la enorme fragilidad de dicha estrategia: ninguno de los logros está a salvo, ninguno de los avances es seguro y, por el contrario, se encuentran en serio riesgo ante la toma del poder por parte de la derecha más reaccionaria de Honduras.
Volviendo al pasado: retrocesos legales para el movimiento de mujeres
Dos son los casos más notables de retroceso de los derechos de las mujeres en materia legal. Por un lado, la prohibición del uso y distribución de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia o PAE, mediante Acuerdo Ejecutivo 36-2009 de la Secretaría de Salud de fecha 29 de junio de 2009 (un día después del golpe de Estado), bajo el argumento de que son abortivas y por lo tanto violan el derecho a la vida establecido en la Constitución. Esta prohibición, impulsada desde el Congreso Nacional, había sido previamente vetada por el gobierno de Zelaya Rosales.
Es importante señalar, una y otra vez, que la organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó sin lugar a duda alguna que estas pastillas NO son ni pueden ser consideradas tratamientos abortivos. Sin embargo, la pretensión de propiedad sobre el cuerpo de las mujeres (de las mujeres pobres, porque las niñas ricas se hacen sus abortos en Miami, en el mismo viaje en que aprovechan para hacerse cirugía de nariz) es parte fundamental del discurso ultra conservador actualmente hegemónico.
Por otro lado, el 8 de Julio el Congreso Nacional realizo una reforma a la Ley de Municipalidades de Honduras que, entre otras coas, excluye a las Oficinas Municipales de la Mujer -OMM- como parte orgánica de las estructuras municipales.
El anteproyecto de “Ley de Servicio Militar Obligatorio”, iniciado por el actual congreso tras el golpe de Estado y actualmente en “discusión suspendida” establece que las mujeres pueden ser objeto de reclutamiento militar forzoso en casos de emergencia.
Otro anteproyecto, conocido por el Congreso Nacional en el mes de Diciembre que será discutido en la próxima legislatura, busca prohibir por ley la venta de preservativos a adolescentes, a menos que estos se encuentren casados o sean “acompañados por sus padres”.
Finalmente, diputados del Partido Nacional impulsan un anteproyecto de Ley para Fusionar el INAM con otras instituciones como el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia y la Red Solidaria (que ejecuta programas sociales) lo que haría desaparecer, por completo, el mayor símbolo del compromiso del Estado hondureño hacia la defensa especifica de los derechos humanos de las mujeres. Nuevamente, las mujeres desaparecen como sujetos de derechos, y bajo la figura políticamente neutra de “madres” son convertidas en categoría asexuada y despolitizada, quienes deben cumplir, únicamente, su función de protectora de la niñez.
En general, el actual contexto es de alto riesgo para el movimiento de mujeres en Honduras. Los sucesos del 28 de junio han dado al traste con décadas de avances en la relación entre las mujeres y el Estado, coloca en situación precaria las estrategias y planes de trabajo de las organizaciones de mujeres, y amenaza con hacer retroceder aquellos cambios que en el sistema legal habían sido logrados por las mujeres de Honduras.
Fuentes
Violencia contra las mujeres en Honduras: Una reflexión en el camino. Centro de Derechos de Mujeres -CDM- Tegucigalpa, Honduras.
Violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres después del golpe de Estado en Honduras. Feministas en Resistencia, Tegucigalpa, honduras, 25 noviembre 2009.
Entrevistas a representantes de organizaciones de Mujeres, diciembre 2009.
* Un extraño barco ebrio que transportaba su cargamento insensato por los ríos de Renania. En 1492, Sebastian Brant escribió su obra maestra, Das Narrenschiff (La nave de los locos), en la que relata el viaje al país de la locura (Narragonia) de personajes de diferente extracción social, cada uno de los cuales encarna un vicio humano. Cuenta Foucault en su libro, y en el capítulo que precisamente llamó Stultifera navis (Nave de los necios), que en la Edad Media se había colocado a la locura en la categoría de los vicios que predecían el reino de Satán y el fin de los mundos. Los pasajeros de la incontrolable nave eran “aquellos que se entregan a la orgía y el desorden e interpretan mal las Escrituras”. Uno no puede menos que sentirse identificado.
1Datos obtenidos de “Violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres después del golpe de Estado en Honduras”. Feministas en Resistencia, Tegucigalpa, Honduras, 25 noviembre 2009.
Ineficacia de los recursos jurídicos para proteger los derechos humanos que se han visto gravemente violentados con la deslegitimación institucional, desde el 28 de junio anterior, destaca el informe “Honduras Derechos Humanos y Golpe de Estado”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicado este 20 de enero.
