Ante el anuncio de semana anterior del Cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez, de iniciar una querella contra las organizaciones y personas que solicitaron ante el Ministerio Público investigar el otorgamiento por parte del gobierno de Carlos Flores Facussé de 100 mil lempiras para el cardenalato del religioso, tres organizaciones señalaron en conferencia de prensa que eso constituye persecución política y les coloca en estado de indefensión.
El 28 de junio de 2009, el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, presentaron ante el Ministerio Público.
“Con el debido respeto comparecemos presentando formal denuncia para que esa Fiscalía realice las investigaciones pertinentes y finalmente determine si los señores Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de la República de Honduras y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Cardenal de la Iglesia Católica, son responsables a título de autores o cómplices de al menos, los delitos de Abuso de Autoridad y Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de la Administración Pública”, dice la denuncia.
Vea la denuncia completa.
La denuncia es consecuencia de la emisión del Decreto Ejecutivo número 046-2001, de fecha 28 de diciembre de 2001, que ACUERDA: “Del presupuesto asignado a la Presidencia de la República, asignar una partida de 100 mil lempiras exactos mensuales, para atender diversos gastos institucionales del Cardelanato desu Eminencia el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. La Partida deberá otorgarse mensualmente y en forma permanente a partir del mes de diciembre de 2001”.
Vea contenido del Decreto.
Ministerio Público archivó el caso
No obstante que existe un documento donde consta esta arbitrariedad, el Ministerio Público sin seguir el procedimiento de Ley, procedió a archivar las diligencias y acudió inusualmente a pedir un sobreseimiento a favor del cardenal y del ex presidente Carlos Flores.
La semana pasada el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez anunció que querellará a quienes lo denunciaron, en un programa televisivo señaló que sus querellantes, “hondureños que firmaron y lo difundieron por Internet, son responsables ante la ley de haber acusado y difamado a una persona que no ha cometido ningún delito, por lo que en su momento oportuno se dará a conocer sus nombres y espero que se haga justicia porque lo que hicieron es un crimen”, refiriéndose a la denuncia interpuesta.
El Cardenal, quien ha jugado un papel beligerante para defender el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, dijo que la denuncia “es falsa desde todo punto de vista porque el escrito que circula en la web no existe en la Fiscalía sino que fue redactado por personas a quienes tenemos identificadas con nombres y apellidos en una denuncia que sí se ha presentado al Ministerio Público”.
Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia,MADJ, describió ante medios de comunicación que las organizaciones contra las que se anunció la querella no han denunciado cualquier cosa, “hemos denunciado un hecho que tiene características que tiene la apariencia de ser un hecho constitutivo de un acto de corrupción, lo calificamos en el tipo penal de Abuso de Autoridad y Malversación de caudales públicos”.
Los hechos reflejan la naturaleza de cómo quienes gobiernan al país, ven las arcas del Estado, como organizaciones, asumimos la responsabilidad de pedir investigación, porque desde la presidencia de la república se dispusieran 100 mil para la oficina del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, argumentó.
Rechazó este tipo de disposiciones desde la presidencia del ex gobernante Carlos Flores Facussé, porque “nosotros partimos de que el Estado de Honduras por disposición constitucional es un Estado laico y que todo lo que realice en bienestar de la ciudadanía se debe desarrollar desde el Estado”.
Advirtió que la percepción de corrupción del país no va a disminuir cuando los mensajes que se están enviando desde las instituciones como el Ministerio Público que actúa con sobreseimientos o con cierres de casos que tienen suficiente sustento , no son mensajes de combate real a la corrupción y la ciudadanía no debe caer en la trampa que los mismos corruptos montan para desvirtuar las acciones contra la corrupción.
Ministerio Público no llamó a denunciantes
Claudia Herrmansdorfer del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, leyó el planteamiento de las tres organizaciones señalan que el Ministerio Público, no obstante ser las tres organizaciones las denunciantes, “jamás nos requirió para contribuir a la investigación, ni para notificarnos sus resoluciones, como es su responsabilidad; es más, cada vez que asistimos a esa institución para pedir información sobre el caso y conocer el avance de la investigación, nos respondieron con evasivas y jamás tuvimos acceso al expediente”.
Destacan en un comunicado denominado “IMPLACABLES LA CORRUPCIÓN Y LOS CORRUPTOS”, que la confesión del Cardenal de que su arquidiócesis recibió los 100 mil lempiras y luego su anuncio de presentar querella contra quienes le denunciaron.
Denunciaron que con la resolución el Ministerio Público refleja un desbordado cinismo y ratifica que la Corrupción en Honduras es un asunto generado y promovido desde la misma institucionalidad del Estado y las propias jerarquías religiosas.
El actuar del Cardenal y de la institucionalidad hondureña, expresan un claro mensaje para que la ciudadanía se llame al silencio y acepte como un designio inevitable la indignante y desbordada corrupción que opera en el país, dice el documento entregado a distintos medios de comunicación.
Nos declaramos en estado de indefensión
El MADJ, el CDM y el COFADEH como espacios dedicados a la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía, ante el bochornoso actuar del Ministerio Público y ante la agresividad, el poderío e impunidad exhibidos por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, nos declaramos en estado de indefensión y desde ya le responsabilizamos a él, al Ministerio Público y al régimen que preside Porfirio Lobo Sosa por cualquier acción que atente contra los derechos de nuestra organizaciones y de las personas que las integramos, advierte el documento.
A pesar de la indefensión y la persecución desatada en contra dichas organizaciones, reiteraron su compromiso de “pelear pacifica y dignamente junto a nuestro pueblo y el derecho que poseemos a demandar justicia contra los corruptos, no importa su rango, jerarquía, posición política, económica o social”.
Vea el comunicado.
Claudia Herrmansdorfer del CDM, reiteró que el ex presidente Carlos Flores Facussé ni siquiera fue investigado por la Fiscalía y fue protegido, “es obvio que sí puede venir una reacción y nosotros estamos en la disposición de defendernos aún cuando estamos en un estado de indefensión, hemos hecho las comunicaciones correspondientes al sistema interamericano de derechos humanos porque esto debe verse como una persecución política en contra de los y las defensoras de derechos humanos”.
El acudir al ámbito internacional tiene su sustento en que el Ministerio Público no cumplió con sus funciones y dejó en la impunidad un caso grave de corrupción.
El contubernio del Ministerio Público con el Cardenal tiene una claridad suprema pues al ir al Juzgado a pedir un sobreseimiento por el caso, apoya la apertura de la querella la cual no puede interponerse si no hay una decisión judicial, esa prueba les permitirá a los denunciados arremeter contra los y las denunciantes.
El dinero debió ser dado de los fondos de las empresas del ex presidente, porque no se puede jugar con los dineros del pueblo, “y tuvieron la desfachatez de publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta. La fiscal cuando pide el sobreseimiento en el Juzgado se refiere al Cardenal como su eminencia reverendísima, colocándolo como un ser superior”, dijo Omar Menjívar del MADJ.
Pediremos acompañamiento de abogados internacionales
Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, recordó que la acción se hizo por ciudadanos y ciudadanas preocupadas por los niveles de corrupción que se estaban dando y se le dio el tiempo prudencial al Ministerio Público, “pero se ha estado generando abuso de poder y de persecución política contra organizaciones y defensores de derechos humanos que hemos declarado no reconocer al actual régimen”.
Vamos a pedir que vengan abogados internacionales a acompañarnos y hacer la defensa aquí en este país, “ya dijimos a quien responsabilizamos de lo que nos pueda pasar a nosotros, a nuestras organizaciones y a nuestros familiares”.
Ya enviamos comunicaciones detallando cómo se aplica la justicia en nuestro país y a quienes se favorece, nuestra libertad y nuestra vida están en riesgo absoluto, pero no vamos a dejar de hacer lo que nos corresponde para denunciar y acompañar al pueblo hondureño, “me he puesto al habla con algunos gobiernos y los he puesto en autos sobre este caso”, dijo la defensora de los derechos humanos.
Entre las preguntas de algunos periodistas figuró la relacionada con el papel que está jugando la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia, sobre la cual el régimen dijo crearla para que ya no se dieron violaciones a los derechos humanos, Oliva respondió que ya se hubieran parado los secuestros asesinatos y torturas que se han incrementado en los últimos 22 días, pero lo que se está haciendo es lobby a favor del régimen escondiendo las violaciones a los derechos humanos.
Las organizaciones señalaron que con este caso se refleja la intolerancia y propicia la amenaza, intimidación y persecución e induce al ciudadano a quedarse callado ante la corrupción, lo cual pone en riesgo a toda la ciudadanía y deja con las manos libres a los corruptos y han dilapidado el erario público.
