Patricia Murillo
Qué bueno para el pueblo hondureño que existen organizaciones como el Centro de Investigación y Promoción y Defensa de los Derechos Humanos , Ciprodeh, y qué punzante e incómodo resulta el mismo, para las y los diputados que traicionan y urden las peores maniobras contra el pueblo que dicen representar, y quedan desenmascarados en toda su largueza en el monitoreo llamado Balance Legislativo.
Y particularmente oportuno el de 2009 en el contexto del Golpe de Estado, documento que plasma las iniquidades que efectuaron en ese hemiciclo, un grupo de irresponsables que dieron la peor puñalada a la Patria.
Y es que no se trata de estar preñados con el pasado o empantanados con el mismo como dijo la semana pasada Héctor Tito Guillén, ex alcalde nacionalista de San Pedro Sula (cuando gobernaba el desvisado por los Estados Unidos, desde septiembre de 2006, Rafael Leonardo Callejas) y hoy diputado por Cortés, a periodistas durante el mercadeo del anteproyecto de ley laboral que tiene en ascuas a los trabajadores del país.
Guillén espetó al comunicador de Radio Progreso, Alfredo Bográn, a no estar “empantanado” con el pasado y mirar al futuro, como si tal cosa fuera posible en un escenario de desgracias perennes que no son provocadas por el Espíritu Santo ni mucho menos por generación espontánea.
Para nada, estamos hundidos como país y el Partido Nacional al que pertenece Guillén tiene harta responsabilidad (les fascinó reventarse a “la cuarta urna”) así como la parte oscura y sucia del Partido Liberal, componente activa de esta patraña llamada golpe.
La historia, dice Perogrullo, nos condena a repetir los mismos errores sino la conocemos. Y por ello son fundamentales los esfuerzos de investigación serios como el Balance Legislativo de Ciprodeh que busca rescatar del olvido lo que pasó en el Congreso el año pasado, rompiendo el cerco de las distracciones mediáticas y el circo del gobierno de Pepe Lobo y sus zipizapes con los empresarios.
A las calles se fue inmensa cantidad de ciudadanos y ciudadanas a buscar la verdad, dado que estaban desorientados ese fatídico domingo 28 de junio, en parte debido a la autocensura y censura impuesta a los medios que buscaron informar con balance y, en otra parte, por el juego desinformativo y antihistórico de otros medios de comunicación que vía caricaturas, futbol y música trataron de borrar el ataque mayor a la República desde su fundación en 1821.
En su documento, Ciprodeh nos recuerda la vergonzosa sesión diputadil del 28 de junio así:
“Por favor, guarden silencio todos los honorables diputados y diputadas, que es por amor a nuestra Patria, es por el amor a vivir en democracia; tenemos que cumplir con la Constitución de la República y sus leyes, tenemos que ser respetuosas a ellas, no podemos ceder absolutamente a nada… antes que todo, darles las gracias al Supremo Creador por permitirnos estos bellos momentos de la historia… Queremos también agradecer a todas las iglesias evangélicas que después de una demostración masiva en San Pedro Sula, han seguido en oración por Honduras y este Congreso nacional. Ayer recibí varias comunicaciones de varios pastores importantes, como el pastor Argeñal (Misael) de SPS, el pastor Canales (Oswaldo) y tambien de la Iglesia católica, como su eminencia cardenal Oscar Andrés Rodríguez, pidiendo siempre por la paz y tranquilidad del nuestro país. “Honorable diputada Marta Lorena Alvarado de Casco, por favor una oración”: Roberto Micheletti Bain, presidente del Congreso Nacional.
Y no olvidemos jamás los nombres de José Angel Saavedra Paz (actual jefe de la bancada del Partido Liberal) y de Carlos Alfredo Lara Watson, quien tras entronizar a la fuerza de las armas y la mentira a Micheletti en la mancillada presidencia de la República, fueron electos como el nuevo presidente y secretario del Congreso Nacional. (Samuel Zemurray expresó hace casi ocho décadas: “Vale más una mula que un diputado en Honduras”).
Dice Ciprodeh en su balance legislativo de ese año: “El Congreso Nacional mediante decreto legislativo intentó darle un matiz de “legalidad” al golpe de Estado cívico-militar, basándose en argumentos jurídicos difícilmente sustentables, entre ellos:
“Una supuesta carta de renuncia del presidente Zelaya leída y mostrada en público por la diputada liberal Marcia Facussé de Villeda: el propio Zelaya aclaró que jamás había renunciado y por tanto las autoridades del Ministerio Público tendrían que haber iniciado las investigaciones para deducir responsabilidades a quienes presentaron como valido un documento apócrifo”. (¿Qué pasó Luis Rubí y Urtecho?)
Y continúa el informe: “Ante la falta de sustento para mantener la excusa de la renuncia se planteó que el Presidente había sido sustituido por la comisión de delitos de abuso de autoridad, traición a la patria y otros”.
Y aclara a los desmemoriados Ciprodeh: “En cualquier Estado de derecho, si un ciudadano, incluyendo a un Presidente de la República, comete ciertos delitos, debe ser juzgado con las garantías y formalidades que establece la Constitución Nacional, los tratados internacionales, el Código de Procedimientos Penales y demás leyes pertinentes. (¿Qué le parece esto a algunos jueces y juezas defensores de lo imposible allí en los Tribunales de Sentencia y en la Corte Suprema? ¿No les ratifica la apabullada que les dio el juez Ramón Enrique Barrios?).
Por tanto, si el presidente Zelaya no había sido juzgado, ¿cómo es posible que su “destitución” se fundamente en actos delictivos no juzgados por el Poder Judicial? Se preguntan los investigadores de la citada organización protectora de los Derechos Humanos. (¿Dónde habrán estudiado estos leguleyos?)
Como si fuera poco, Ciprodeh argumenta: “El artículo 89 constitucional establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad y en este caso no existe sentencia judicial firme que declara culpable al presidenteZelaya de la comisión de los delitos que le imputan.
Además: sumado a lo anterior, los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal establecen la forma y el procedimiento en que puede ser juzgado un alto funcionario del gobierno. Ese procedimiento es evidente que no se siguió. (Como rebate lo anterior a Vilma Morales Montalbán y compañía, que defienden una descabellada sucesión constitucional).
Y remata Ciprodeh así:
“Ante la falta de sustento, se señaló en el Congreso Nacional que el presidente Zelaya había violado el artículo 239 constitucional que establece que: “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”. ¿Cómo fue posible al Congreso Nacional aplicar este artículo si lo que el Presidente impulsaba era una encuesta popular, para que la gente votara si se instalaba una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009? Por su naturaleza, una encuesta no tiene efectos jurídicos, no es vinculante y por tanto, no existe el acto encaminado a reformar el artículo 239 y que constituiría delito”.
