Carteles como los que se observan en la foto que acompaña esta nota se han multiplicado en Colombia. Forman parten de la campaña sucia que adelanta Juan Manuel Santos para tratar de revertir la situación de estancamiento que vive su candidatura. En la ciudad de Villacencia, por ejemplo, han colocado decenas de vallas usando ilegalmente la figura del Presidente venezolano Hugo Chávez para generar odio e instigar al enfrentamiento entre las naciones hermanas.
Para armar la campaña antivenezolana, Santos contrató a un asesor "venezolano": JJRendón, quien antes había asesorado en campañas a Álvaro Uribe, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y recientmente al ilegítimo gobernante de Honduras, Porfirio Lobo. Este jueves, la prensa colombiana reseña que Rendón no tenía visa de trabajo para realizar actividades remuneradas en Colombia, por tanto el personaje anunció que iría a Miami para tramitar la documentación correspondiente que le permita volver a Bogotá a hacer su trabajo de guerra sucia.
 El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, resaltó que Centroamérica está interesada en asociarse con la UE. (Foto:EFE) | Ortega sostiene que los negociadores de la UE plantean un tratado de libre comercio encubierto con el término de asociación. Además considera que la posición de los representantes europeos, en las negociaciones, han sido inflexibles y han imposibilitado la firma del acuerdo. |
No existen condiciones para que en el corto plazo se suscriba un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, según estimaciones realizadas por el presidente de Nicaragua Daniel Ortega.
Luego de sostener una reunión con el Alto Mando militar de su país el pasado jueves, el mandatario nicaragüense consideró que es necesario que los bloques centroamericano y europeo continúen las negociaciones respectivas para lograr el acuerdo, contactos que fueron suspendidos por falta de consenso.
"No hay condiciones para que se pueda suscribir un acuerdo en elcorto plazo", dijo Ortega, al tiempo que sugirió que las consultas sobre los temas en que no existe consenso deberían ser elevadas a nivel de los jefes de Estado de los27 países que integran la UE.
Las declaraciones de Ortega se produjeron luego de que representantes de Centroamérica y la UE suspendieran la ronda de negociación del Acuerdo de Asociación que celebraban en Guatemala, debido a que no lograron ponerse de acuerdo en aspectos relacionados a ciertos productos, entre ellos los lácteos, y algunas indicaciones geográficas.
"Estoy seguro que ellos (jefes de Estado europeos) serán más sensibles políticamente, porque es un asunto de interés" para ambas regiones, añadió.
Esta consideración del jefe de Estado se debe a que, a su juicio, los negociadores de la UE han mantenido posiciones inflexibles y "nos están llevando al borde del abismo, lo que ha dificultado llegar a acuerdos".
Sostuvo que los representantes del bloque europeo, en las negociaciones celebradas en Guatemala, han tratado de encubrir un tratado de libre comercio en lugar del Acuerdo de Asociación.
"Queremos ser socios de Europa, pero lo que los negociadores de la UE están planteando en estos momentos no es un acuerdo de asociación, sino un tratado de libre comercio encubierto con el término de asociación, subrayó Ortega.
El jefe de Estado nicaragüense además reveló que el ministro de Comercio de Nicaragua, Orlando Solórzano, le informó ayer de los resultados de las negociaciones sostenidas en Guatemala por los representantes de los países centroamericanos con la comisión negociadora de la UE.
"El resultado es que no ha habido avances, afirmó el presidente, por lo tanto, no hay condiciones para que se pueda suscribir un acuerdo en el corto plazo", insisitió.
El Acuerdo de Asociación que negocian los dos bloques (Centroamérica y la UE) desde 2007 incluye aspectos de comercio, diálogo político y cooperación.
"En Honduras no se están dando las condiciones para una salida al conflicto"
El padre Ismael Moreno está sufriendo en primera persona la creciente violencia que afecta a los periodistas hondureños. El sacerdote jesuita, director de Radio Progreso, compareció ayer ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco para denunciar esta situación.
Siete periodistas muertos en menos de dos meses. ¿Qué hay detrás de estos ataques?
Se sitúa en la continuación de los dinamismos que se generaron con el golpe de Estado del 28 de junio. Es una amenaza a la libertad de expresión porque el Gobierno actual no tiene control de la situación.
La violencia se le ha escapado de las manos y quienes más se están viendo afectados son aquellos que mantienen cierta independencia y postura crítica. Aquellos periodistas que cuestionan el golpe o presentan algún tipo de noticia relacionada con el crimen organizado se convierten en un objetivo. Ya tenemos siete muertos en menos de dos meses y hay al menos 12 comunicadores que están siendo amenazados de muerte.
La violencia creciente está afectado también a otros sectores...
Hay al menos tres expresiones de esta violencia: el asesinato y amenazas a periodistas; el asesinato y amenazas a dirigentes intermedios del Frente Nacional de Resistencia o gente que se opuso al golpe; y las muertes crueles, brutales o masivas, como la muerte de seis jóvenes en la capital hace dos días. También han sido asesinadas familias enteras. En febrero, una muchacha que en agosto había sido violada por cuatro policías, de nuevo fue violada junto a su cuñada. Son expresiones en donde la muerte, la amenaza y la violación sexual se convierten en armas de guerra en el marco de un ambiente de violencia que está orientado a que haya una creciente ingobernabilidad para que varios grupos puedan operar con mayor impunidad.
¿Grupos del crimen organizado?
El crimen organizado está incrustado fuertemente en sectores de la Policía y, en ocasiones, con jefes policiales que han estado apostando fuertemente por el golpe de estado. Una cosa no es independiente de la otra.
Usted mismo está sufriendo amenazas. ¿Cómo comenzaron?
Radio Progreso es una emisora que se ha caracterizado por ser crítica. Y en un ambiente de alta polarización como la que tenemos, un pensamiento independiente es difícilmente aceptado por quienes están en el poder. Las amenazas vienen desde el mismo 28 de junio cuando la radio fue cerrada, pero después han aparecido pintadas las paredes de la radio por grupos extremistas de derecha. Y esto se ha acrecentado a raíz de la protección que hemos hecho de la muchacha que fue violada por policías. Se ha generado un ambiente de miedo y hemos tenido que tomar medidas como, por ejemplo, grabar la programación de ocho a once de la noche para no tener personas físicamente en la emisora a esas horas de mayor riesgo.
¿Está el Estado investigando estas amenazas y asesinatos?
El Gobierno expresa su compromiso de investigar, pero no hay ninguna investigación a fondo. Yo he presentado una denuncia a través de la fiscalía especial de los derechos humanos y todavía no he tenido información de que haya una investigación orientada a identificar de dónde vienen las amenazas.
¿Se necesita una intervención internacional en este asunto?
En el país no hay condiciones para una gobernanza que pueda llevar a una salida al conflicto. Nosotros proponemos que haya una investigación de todos aquellos crímenes y violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos diez meses, pero a través de una comisión de la verdad que esté bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas o de la OEA y que las investigaciones se basen en los informes que ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o Amnistía Internacional. El país no puede salir adelante por sí solo.
El martes se instaló la Comisión de la Verdad acordada en los Acuerdos de San José. ¿Qué esperan de ella?
Nuestras perspectivas son bastante pesimistas, porque algunos de sus miembros están fuertemente vinculados con sectores responsables del golpe.
Además, es una comisión de la verdad que se sitúa desde el interés del departamento de Estado de Estados Unidos de avalar el régimen político sin que haya investigaciones de fondo. Una comisión de la verdad así dará informes que avalen a este gobierno, completamente necesitado de reconocimiento internacional.
¿Qué debería hacer la comisión?
Tendría que dar unas recomendaciones de investigación y de un eventual proceso judicial a los responsables de los crímenes. Pero cómo podría el gobierno cumplir con estas recomendaciones si el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue el que legitimó el golpe o cómo puede ser que el fiscal general de la república, que también avaló el golpe, trate de implementar estas recomendaciones. La comisión de la verdad tendría que estar unida a las renuncias del presidente de la Corte y del fiscal, pero también a la convocatoria de un consejo o asamblea que defina los puntos de un nuevo pacto social.
El Ejército participó activamente en el golpe, ¿Cuál es su papel ahora?
Guillermo Alvarado
Muchos diarios centroamericanos amanecieron este viernes con la noticia del estancamiento temporal de las negociaciones con la Unión Europea, a propósito de un Acuerdo de Asociación entre el istmo y el bloque integrador del viejo continente, un pacto que algunos pretenden firmar este mismo mes de mayo, pero de cuyos riesgos se habla demasiado poco.
Hasta ahora el bagaje informativo ha estado centrado en las cuestiones comerciales y económicas, pero como el mismo nombre indica, el acuerdo va mucho más allá e implica compromisos que NO se han explicado con claridad a los ciudadanos.
De hecho, el obstáculo surgido en las últimas horas tiene que ver con las cuotas que la UE quiere imponer a los centroamericanos en materia de productos lácteos, las cuales, de aceptarse, llevarían a la ruina a los productores en esta región, una de las más pobres en el continente americano.
El mecanismo europeo pretende que se abran los mercados a unas cuatro mil 500 toneladas métricas de leche en polvo y tres mil de quesos al año. Además de eso, las normas fitosanitarias y tecnológicas que se van a aplicar dejarán fuera de toda competencia a cualquier ganadero guatemalteco, hondureño o de cualquier otro país.
Como se sabe, los lecheros del otro lado del atlántico reciben cuantiosas subvenciones de sus gobiernos, lo que no ocurre por aquí. Pero los lácteos sólo son la punta del iceberg. Ese mismo mecanismo injusto y desequilibrado se está aplicando a cuanto producto se negocia.
Europa, y esto hay que decirlo claro, está buscando mercados para vender lo que le sobra y NO proveedores de productos que tienen mucha menor calidad que los que allá se fabrican.
Ya sólo este tema es delicado y si no, vean lo que le pasó a México con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero en el acuerdo UE-Centroamérica hay, sin embargo, otros temas más álgidos y poco ventilados por la prensa.
Además de lo comercial, hay dos componentes cuyo manejo NO está para nada claro: Cooperación y Diálogo Político. ¿Cuáles son los compromisos en materia política que tendrán los países centroamericanos? ¿Cómo se va a establecer la cooperación entre socios tan diferentes, quiénes se van a beneficiar y quiénes quedarán fuera, qué requisitos exigirá la UE para brindar esta cooperación? Hasta hoy, nadie ha dicho una palabra sobre estas negociaciones.
El caso concreto es que, tras firmarse el acuerdo, nadie sabe de qué manera América Central quedará atada a un mecanismo extra continental, mucho más avanzado y desarrollado.
La experiencia nos permite ser escépticos y desconfiados. Si esto se ha negociado en secreto, por algo será.
Aún hay más argumentos contra el pacto. La UE ya está integrada y Centroamérica está a años luz, sobre todo tras el golpe de Estado en Honduras. En el istmo NO hay moneda única, la unión aduanera es parcial y limitada, NO hay libre tránsito de personas y mercancías entre todos los países y las políticas fiscales son dispares.
Antes de buscarse socios más fuertes e inflexibles, como han demostrado ser los europeos, deben resolver históricas injusticias sociales, aliviar la pobreza, limitar la voracidad de las oligarquías y buscar las sendas de la unidad mirando más hacia el sur que hacia el otro lado del océano, de donde pocas cosas buenas nos han llegado.
Quizás sería bueno que antes de ir más lejos, los negociadores, y algunos presidentes de la región, le dieran un buen repaso a La Fábula del Tiburón y Las Sardinas, del ex presidente guatemalteco, el filósofo y pedagogo Juan José Arévalo, para sacar un buen provecho de su aleccionadora moraleja.
Fuente: RadioHabanaCuba
La Coordinadora de Organizaciones Populares y Campesinas del Aguán, COPA, Esly Banegas dijo que durante los primeros cien días de Porfirio Lobo Sosa en el poder, ha demostrado que “es un hijo de la dictadura” porque las violaciones a los derechos humanos continúan.Porfirio Lobo tomó posesión el 27 de enero de este año, después de vencer a su principal adversario político, el candidato del Partido Liberal, Elvin Santos, en las elecciones del 29 de noviembre del año pasado.
En un proceso electoral que fue tachado de “fraudulento” por el sector de la población en resistencia y por la comunidad internacional en su momento, ya que el mismo fue convocado por un régimen de facto.
“En estos 100 días de régimen hemos visto asesinatos a periodistas, y la forma en que se persiguen a dirigentes populares tanto mujeres como hombres”, señaló Banegas, quien recordó que, “podemos decir que estamos viviendo otra etapa del golpe de Estado”.
Consultamos a los ciudadanos de El Progreso su opinión sobre los
primeros 100 días de la gestión de Porfirio Lobo Sosa. (Pinche el icono para escuchar)
"Honduras como Conciencia"
La revolución hondureña como el arte de vivir conscientemente.
Conferencista:
Dra. phil. *Irma Becerra
Fecha: Viernes, 7 de mayo de 2010
Hora: 3:00 pm
El canciller golpista Mario Canahuati anuncio que el Lobo sólo asistirá a la reunión entre los mandatarios de la Unión Europea y de Centroamérica, en el marco de la Cumbre entre la UE y América Latina en Madrid.
De esta forma, evitará el plenario con los presidentes sudamericanos, que habían advertido que no acudirán a la cita si en ella estaba presente Lobo, electo mediante fraude tras el golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras. "Honduras va a España, vamos a asistir a la reunión de Centroamérica con la UE", expresó el canciller golpista, al descartar la presencia de Lobo en el encuentro con los gobernantes de todos los países de Latinoamérica y del Caribe con los de la Unión Europea (UE).
Recordó el gokpista que "la cumbre tiene dos etapas, la etapa de la relación con todos los países de América y después tiene una etapa con los países de Centroamérica", en la que participará Lobo, pues su asistencia a la primera es lo que ha generado "una oposición" de varios países sudamericanos que no reconocen a su Gobierno.
Tras la cumbre de Unasur en Campana, Argentina, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dijo el martes que la mayoría de los países sudamericanos, entre ellos Brasil y la Argentina, boicotearán la cumbre para protestar contra la invitación al presidente hondureño. "Lo que nosotros no queremos es ser parte de cualquier tipo de problema que se le podrá causar a España, que es el anfitrión", indicó el golpista, en referencia a la amenaza de boicot a la cumbre de parte de varios países.
Canahuati subrayó que "el presidente no está en ninguna posición de poder afectar una cumbre que ha sido programada y que ha sido organizada por España, que ha mostrado una amistad con Honduras en la parte política y en la parte económica" tratando así de negar el hecho de que el gobierno expurio aún no ha sido reconocido ni por España misma.
El golpista asegura que dará prioridad a la agenda "que al final tiene que ver con asuntos particulares de Centroamérica", como el Acuerdo de Asociación con la UE, que está en sus últimas etapas de negociación y podrá firmarse durante la Cumbre de Madrid. Ante la oposición de países como la Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela a que acuda a la Cumbre UE-Latinoamérica, Lobo dijo anoche que si supone un problema, no asistirá al encuentro.
Varios países no reconocen todavía al Gobierno de Lobo porque surgió de unas elecciones celebradas en el marco de ruptura constitucional por el golpe de Estado dado a Manuel Zelaya en junio de 2009. (Tomado de Página 12, Argentina- Cortesía de El Libertador)
Perú y Colombia son los únicos que reconocen como "legítimas" las elecciones convocadas en Honduras por el golpista Roberto Micheletti en las que ganó el empresario conservador Porfirio Lobo.
Por Fernando Cibeira
A diferencia de la postulación de Néstor Kirchner, que salió rápido y casi sin discusión, la posición del bloque frente a Honduras se les presentó a los cancilleres como el hueso más duro de roer. Tanto que anoche levantaron la sesión cuando ya se había hecho la hora de la cena y quedaron en seguirla hoy temprano, antes de que arranquen los presidentes. La mayoría de los países del bloque son partidarios de mantenerse intransigentes frente al gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas por el golpista Roberto Micheletti, mientras que Colombia y Perú –acorde con la postura de Estados Unidos– abogan por que se reconozca su legitimidad.
Los cancilleres incluso continuaban conversando anoche en la mesa principal donde cenaban, en el restaurante del primer piso del hotel Sofitel Los Cardales. El canciller Jorge Taiana junto con el embajador brasileño Ennio Cordeiro –el canciller Celso Amorim no participó porque se encuentra en Nueva York– sostenían la posición más dura en cuanto a reclamar una serie de cuestiones al gobierno de Lobo antes de considerar normalizada la situación en Honduras. Por ejemplo, que se le permita retornar al país al presidente depuesto, Manuel Zelaya, quien continúa en un exilio forzoso. Además, que se investigue el asesinato de seis periodistas ocurridos en los últimos meses, todos ellos aún impunes.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ya viajó a Tegucigalpa para constituir una Comisión de la Verdad que investigue estos hechos y las muertes anteriores ocurridas durante el gobierno de facto de Micheletti, pero al gusto argentino el proceso marcha demasiado lento.
Se sabía que el tema sería complicado. Cristina Kirchner ya había tenido una muestra el día en que recibió a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en la Casa Rosada y mantuvieron un cruce que luego aceptaron hacer público. Estados Unidos considera que las elecciones convocadas por Micheletti fueron “libres” y que a partir de la asunción de Lobo corresponde dar vuelta la página. Sudamérica en su conjunto, en cambio, con Argentina y Brasil a la cabeza, nunca reconoció esa legitimidad y ahora le parece que están lejos de darse las condiciones para considerar el tema superado.
Pero ayer quedó claro que la posición no es unánime. Colombia y Perú ya habían considerado válidas las elecciones e impulsan, a tono con la Casa Blanca, que se legitime a Lobo. Hay otros en el continente que piensan lo mismo. Por ejemplo, el mes pasado, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, también pidió a la Unasur que reconsidere su posición.
El tema es crucial. Argentina y Brasil consideran que avalar la salida hondureña significaría sentar un peligroso antecedente de un golpe “pseudo constitucional”, donde se depone a un presidente que no gusta a determinados sectores para armar un nuevo gobierno acorde a su paladar. El peligro, explicaban, lo corrían las democracias “débiles” de la región como Bolivia o Paraguay, que cada tanto sufren un cimbronazo.
Honduras fue expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y para volver necesita el aval de dos tercios de sus miembros. Si los países de la Unasur continúan con su negativa, la cantidad de votos zanjan la cuestión. Fuera de la OEA, Honduras sufre las penalidades de quien se encuentra fuera del marco legal como, por ejemplo, acceder a créditos del BID. Justamente, los dos presidentes ausentes de la cumbre serán el colombiano Alvaro Uribe y el peruano Alan García. Les tocará a sus cancilleres llevar el peso del debate si se traslada a la sesión.
Los otros temas que se trataron no generaron mayores discusiones. La ayuda por los terremotos en Haití y Chile, el estado de excepción dictado por Fernando Lugo en Paraguay, la situación de Malvinas y una condena a la ley antiinmigrantes dictada en Arizona.
Tegucigalpa. 05/05/2010. El Frente Nacional de Resistencia Popular(FNRP), cuestionó la presencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en la instalación de una “Comisión de la Verdad”, nombrada por el gobierno de Porfirio Lobo, mediante una carta entregada directamente al funcionario.
La carta critica la presencia del Secretario General, por que considera “que su presencia no se encuentra en consonancia a las resoluciones de la ONU, OEA, y a las posiciones de otros organismos de Estados Latinoamericanos que mantienen posiciones de defensa de la soberanía popular, demandando la restauración de la democracia”.
El FNRP, establece que estamos ante una Comisión espuria, nombrada sin consenso y unilateralmente, respondiendo a la política Internacional de Estados Unidos de América que tiene como finalidad blanquear el Golpe de Estado, que necesariamente requiere la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para conformar un nuevo pacto social.
A continuación la carta enviada por el FNRP.
Tegucigalpa, M.D.C. 4 de Mayo de 2010
Señor Secretario General
Organización Estados Americanos
JOSE MIGUEL INSULZA
Su Excelencia:
En nombre del Frente Nacional de Resistencia Popular, fuerza social y política legitima que representa a todos los sectores del pueblo hondureño, agradecemos el apoyo que la OEA nos ha brindado y continua proporcionando al Pueblo de Honduras en el proceso de restaurar la democracia interrumpida por el violento golpe de estado militar/civil el 28 de junio del 2009.
En fecha 08 de abril 2010 enviamos una carta dirigida a su persona en donde establecimos con detalles la situación de ingobernabilidad y ausencia de legitimidad, por falta de democracia en que nos encontramos, así como las medidas que se deben tomar para restaurar el sistema democrático, de la cual nos gustaría conocer los avances.
Señor Secretario su presencia en Honduras en apoyo de una Comisión de la Verdad que surge del acuerdo Tegucigalpa-San José que fracaso por incumplimiento del régimen de facto, y así fue declarado el cinco de noviembre del recién pasado año, por el Presidente José Manuel Zelaya Rosales como contraparte. Esto nos indica que estamos ante una Comisión espuria, nombrada sin consenso y unilateralmente, respondiendo a la política Internacional de Estados Unidos de América que tiene como finalidad blanquear el Golpe de Estado. Por tanto consideramos que su presencia no se encuentra en consonancia a las resoluciones de la ONU, OEA, y a las posiciones de otros organismos de Estados Latinoamericanos que mantienen posiciones de defensa de la soberanía popular, demandando la restauración de la democracia, que necesariamente requiere la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente para conformar un nuevo pacto social.
Es importante resaltar que continuamos viviendo en un ambiente de militarización de la sociedad hondureña y de la administración del Estado, con asesinatos, masacres, persecución política, amenazas, criminalización de la lucha que realizamos los líderes sociales y políticos en defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y que conlleva múltiples violaciones a los derechos humanos debidamente comprobados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en sus inspecciones In Situ. En consecuencia denunciamos que los crímenes y los actos de corrupción cometidos durante la dictadura de Michelletti siguen en la impunidad total.
En cuanto al régimen del señor Porfirio Lobo Sosa, ratificamos que es ilegitimo pues después del golpe de Estado militar no se realizo el procedimiento de restaurar la institucionalidad con un nuevo pacto social es decir una Constituyente, para redactar y aprobar una nueva Constitución, al contrario impusieron violentamente un mecanismo electoral militarizado que no conto con el respaldo del pueblo, el abstencionismo es el más grande en la historia de Honduras, no hubo presencia de observadores internacionales que aportaran credibilidad al proceso, OEA, ONU. UE, etc. Gobiernos como este que se sustentan en las bayonetas, en la violación a los derechos humanos, en crímenes de lesa humanidad, y que constituyen una continuación del golpe de Estado, no deben ser reconocidos por la Organización de Estados Americanos, por que al hacerlo se desacreditaría esta institución ante los pueblos de América.
Se debe establecer y permitir el retorno incondicional del ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y los más de 200 compatriotas que se encuentra en el exilio por persecución judicial política, con el pleno goce de los derechos civiles y políticos, además la inmediata libertad de los presos políticos y el cese de la persecución política contra los miembros de la resistencia.
Finalmente queremos manifestar que es urgente el respaldo de la Organización Estados Americanos al derecho del pueblo hondureño a construir pacíficamente un sistema democrático, participativo, incluyente por medio de una Asamblea Nacional Constituyente.
Agradeciendo su atención y esperando le dé trámite y el curso correspondiente a la presente solicitud, le saludamos.
Atentamente.
Tegucigalpa Municipio del distrito Central: 05 de mayo de 2010. Directores departamentales de educación, visitaron las oficinas del Comité para
La denuncia de los docentes ha sido trasladada al departamento legal para estudiarla y determinar las diligencias que tendrían que agotarse en caso que la enuncia sea considerada procedente por parte del programa Legal de CODEH.
Fuente: Codeh.hn| El Gobierno de Porfirio Lobo, aupado por los golpistas, reprime a la oposición, mientras es reconocido e invitado por Zapatero a la Cumbre Latinoamericana de Madrid. |
Tras 100 días de Gobierno de Porfirio Lobo la violación de los derechos humanos continúa. Siete periodistas han sido asesinados en Honduras en lo que va de año. El último, Georgino Orellana, murió el 21 de abril de un disparo en la cabeza. Un día antes, el activista Óscar Flores fue secuestrado tras una marcha convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que pide la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que elabore una nueva constitución.
La represión contra los opositores se ha recrudecido desde la llegada de Porfirio Lobo a la presidencia de Honduras el 27 de enero. Sin embargo, Lobo ha sido invitado por el Gobierno español a la Cumbre de la UE con América Latina y el Caribe que se celebrará en Madrid el próximo 17 y 18 de mayo en Madrid. Zapatero confirmó en febrero su reconocimiento a Lobo a pesar de las acusaciones de fraude electoral. Esto ha provocado una respuesta unitaria de varias organizaciones de derechos humanos del Estado español contra la invitación oficial al presidente hondureño. Otros mandatarios, como el nicaragüense Daniel Ortega, también han dado el sí a este Gobierno impulsado por los golpistas.
Pero el FNRP continúa con sus denuncias, a través de multitudinarias concentraciones, por la falta de democracia y la persecución de los opositores. Desde el 20 de abril el Frente ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar una nueva carta magna.
30.000 firmas en dos horas
Ese día, en apenas dos horas, los opositores de Porfirio Lobo recogieron más de 30.000 firmas, de las más de un millón que aspiran a conseguir. Ese día uno de sus militantes, Óscar Flores, fue secuestrado. Era un activista muy conocido porque en todas las marchas portaba un cartel que contabilizaba los días de resistencia popular después del golpe militar.
También crítico con el Gobierno era Georgino Orellana, el periodista y catedrático asesinado, que había sido apartado de un grupo mediático por pronunciarse en contra de la línea editorial y que estuvo muy vinculado a organizaciones populares. Las denuncias de las muertes de personas vinculadas con la resistencia popular son constantes y el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, lo oculta bajo argumentos como que esta ‘ola de violencia’ pretende su desprestigio.
La represión también se ha cebado con los campesinos. Ante el crecimiento de la demanda de tierras en el sector del Bajo Aguán (región del norte del país, con más de 3.000 familias campesinas), Lobo movilizó en esa zona a más de 5.000 militares para reprimir a los jornaleros con el pretexto de atacar el narcotráfico. Esta justificación no convenció a nadie ya que el Estado no tiene ningún plan para contener a los narcotraficantes que campan tranquilamente en el país.
A pesar de todo, Lobo trata de dar una visión internacional de una Honduras que se encamina hacia un proceso democrático. Según el FNRP eso sólo es un espejismo que sirve a las corporaciones económicas y a los políticos de la derecha para mantener sus privilegios. Con las condiciones actuales, para “Pepe”, como se hace llamar Porfirio Lobo, gobernar no es una pera en dulce. Los golpistas dejaron desvalijada la nación. La endeudaron emitiendo bonos del Estado, para colocarlos en la banca privada, por valor de 292 millones de euros. Además, gastaron 373 millones de euros de la reserva financiera, comprometiendo los recursos en licitaciones amañadas para la construcción de obras públicas, provocaron el aislamiento diplomático y económico del país, cambiaron las fórmulas de licitación de combustibles que había impulsado el gobierno de Zelaya. Además, anularon la suscripción a la Alternativa Bolivariana de las Américas mediante la cual se obtenían recursos para la producción agrícola y agudizaron los conflictos agrarios al no aplicar las leyes aprobadas.
Ante la presión internacional que pide una solución a la crisis política y económica, Lobo ha decidido poner en marcha lo que denomina “Gobierno de Unidad Nacional”, que no es otra cosa que la distribución de cargos y poderes y que hace más difícil la conciliación de todos los sectores. En el reparto de poder, los militares exigieron la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la marina mercante, la oficina de migración y el Ministerio de Defensa.
Por su parte, el candidato opositor se conformó con el Instituto de la Propiedad. De esta forma podrá solucionar las acusaciones públicas de obtener lotes de terreno para proyectos de construcción de viviendas, uno de sus principales negocios particulares. A la vez, ha llenado el Instituto de cargos nombrados a dedo, entre ellos una comisionada de derechos humanos, que no se sabe qué funciones va a desempeñar.
El reparto de la ‘tarta’
Al partido de ‘izquierdas’ Unificación Democrática, que le hizo comparsa en las elecciones, Porfirio Lobo le dio el corrompido Instituto Nacional Agrario, una patata caliente, en lo administrativo y porque Lobo no comparte su visión de la reforma agraria. Para colmo, el Estado cuenta con una Corte Suprema de Justicia y un Ministerio Público obedientes a los dictados empresariales que dieron el golpe de Estado. Sólo el Congreso Nacional podría tener algún espacio de maniobra, pero éste un día da muestras de querer limpiar el golpe de Estado y otro día dice que no existen mecanismos constitucionales para destituir a la desprestigiada Corte Suprema de Justicia, que continúa paralizando las causas judiciales a los acusados de violar los derechos humanos.
Pero sobre todo, existe una fuerte presión social para detener el aumento de precios de los combustibles, dar solución a los conflictos agrarios, conseguir que la carga tributaria sea mayor para quienes tienen mayores recursos, limpiar las instituciones jurídicas y garantizar los derechos humanos.
El poder de los empresarios
Cualquier medida de cambio del Gobierno choca con los intereses de los grupos empresariales que promovieron el golpe. Controlar los precios de los combustibles significa caminar en contra del libre comercio que defienden los empresarios; la solución a los conflictos agrarios requiere expropiar a los terratenientes y garantizar el respeto a los derechos humanos, que lleva consigo un sistema judicial independiente y una acción policial transparente que no apañe la represión selectiva a la oposición del FNRP. Los empresarios no están por la labor.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió ayer a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios por haber criticado el golpe de Estado del pasado 28 de junio y la posición que mantuvo la Corte al respecto.
CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema hondureña, porque significa una represalia al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de asociación; además, es un claro mensaje amedrentador para cualquier otro funcionario judicial que cuestione a las autoridades que avalaron el golpe de Estado. La independencia judicial se ve seriamente debilitada con esta decisión.
“El despido de los operadores de justicia demuestra, una vez más, las grandes contradicciones del Gobierno hondureño, que por un lado anuncia la instalación de una cuestionada Comisión de la Verdad y por otro despide a jueces por ejercer sus derechos y actuar de forma independiente. Queda claro que en Honduras no existe espacio para el debate libre de ideas sino intolerancia y represión para quienes piensan diferente”, dijo Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.
Los despedidos son los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique barrios, la magistrada de la Corte Penal de Apelaciones, Tirza Flores, y el defensor público Osman Fajardo Morel.
A López, Chévez y Fajardo se les atribuye haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado; a Barrios lo cuestionaron por haber publicado un artículo en un periódico en el que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, y a la magistrada Flores se le sancionó por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.
Los jueces y la magistrada Flores son miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (ADC), presidida por López.
“Este es un retroceso para el proceso de búsqueda de independencia de los jueces. La Corte envía un mensaje de que los jueces no deben ser críticos, sino sumisos y obedientes, y que los jueces honestos, responsables e independientes estorban”, dijo la magistrada Tirza Flores.
CEJIL abogará por la restitución de los funcionarios judiciales despedidos en todos los espacios jurídicos, políticos y diplomáticos existentes, para evitar la consolidación de un nuevo daño a la independencia judicial y a la democracia hondureña.
