sábado, 14 de noviembre de 2009

Ha cambiado el color, la cara y algunas políticas pero en escencia sigue siendo el mismo

Por Pablo Monsanto

Los golpistas oligarcas hondureños y extranjeros, se han burlado una vez más de la comunidad internacional y han dado un duro golpe a las aspiraciones democráticas del pueblo hondureño.

La oligarquía hondureña y sus aliados estadounidenses están decididos a mantener el actual estado de cosas, sin importarles los sufrimientos, el martirio y el dolor que le producen al pueblo al atar la democracia, negarle su bienestar y desarrollo independiente como requisitos para una vida mejor.

El presidente Zelaya y las fuerzas políticas y democráticas han sido pacientes y flexibles. Algunos califican esa actitud de ingenua, otros se refieren a ella hasta con calificativos más duros; y, los golpistas han interpretado esa actitud como debilidad y han actuado contra los intereses populares y contra la necesidad de cambiar, sin estar plenamente conscientes de que “quien siembra vientos cosecha tempestades”.

En Guatemala, la experiencia ha sido que cuando se cierran los espacios de participación democrática, surgen de los diferentes sectores de los pueblos, los que están dispuestos a encabezar la lucha emancipadora para romper las ataduras del neocolonialismo y de los sistemas seudo- democráticos impuestos por los sectores más reaccionarios nacionales y extranjeros. Acabamos de salir de un conflicto armado que duró treinta y seis años con un altísimo costo social y económico.

Sí, en Honduras se imponen las elecciones en forma fraudulenta así como se está haciendo, o no se pueden producir de esa manera porque el pueblo lo impida, lo que viene después será un periodo de luchas que podrían desembocar en enfrentamientos violentos con resultados costosos en vidas humanas y retrocesos en lo político y social.

Por eso, se debe seguir exigiendo al régimen golpista el respeto a la libertad de manifestación, de reunión y de expresión de los hondureños, y el fin de la represión.

El restablecimiento del orden constitucional y, en particular, el regreso inmediato del presidente Zelaya al gobierno, es condición imprescindible para que las elecciones del próximo 29 de noviembre puedan ser reconocidas por la comunidad internacional.

Si no se dan esas condiciones, el presidente Zelaya tendrá que estar dispuesto, desde ahora, a construir a mediano plazo un movimiento nacional liberador que rescate los espacios democráticos perdidos y que profundice la democracia en Honduras.

Ojala, las fuerzas progresistas y de izquierda mantengan la lucha unidas, frente y contra los enemigos de la libertad del pueblo hondureño, y no se pierdan y desgasten inútilmente de manera inmadura con señalamientos, acusaciones y calificativos que a los únicos que benefician son a los enemigos de la democracia que sí se unen para desarticular el movimiento revolucionario, a fin de mantener y consolidar el sistema imperante.

La situación y la actitud actual de los golpistas ya era algo que se esperaba se mantuviera. El llamado “Acuerdo de San José ” no fue nada más que una maniobra para que los golpistas ganaran tiempo a fin de consolidar el golpe militar, salirle al paso a los avances democráticos, y para consumar de esa manera los actos violatorios de la democracia y la paz. Ese es también el propósito del llamado “ Acuerdo de Tegucigalpa-San José”, suscrito el reciente treinta de octubre.

Al pueblo hondureño le espera una larga lucha política y de enfrentamiento contra los que se oponen al cambio democrático. De enfrentamiento, porque cuando se cierran los espacios de participación democráticos con la fuerza bruta, como ha estado ocurriendo en Honduras, no queda otro camino que enfrentar la represión que desatan los que se resisten al cambio. Ningún pueblo puede aguantar vivir si está siendo apaleado constantemente; y ésta es una lección que la derecha y los oligarcas no han aprendido todavía, completamente.

Los voceros de los golpistas y las fuerzas de derecha que se empecinan en mantener el sistema intentan revertir el malestar popular mintiendo y buscando justificaciones para manipular la opinión pública a su favor. Han querido justificar el golpe de Estado militar al decir que el presidente Zelaya provocó la situación porque quería, de manera ilegal, cambiar la constitución; al decir después que el ejército dio el golpe por orden de la corte de justicia, y que el Congreso fue el que decidió, a partir de eso, la destitución del Presidente y la instalación en la presidencia del usurpador golpista Micheletti. Se les olvidó que presentaron una carta de renuncia del presidente Zelaya donde no sólo falsificaron el contenido sino también su firma, lo cual constituye un delito en cualquier parte del mundo.

Otros llegan a afirmar ya una interpretación de los hechos más preocupante: que lo malo fue que el ejército sacara al Presidente del país en vez de entregárselo a los tribunales de justicia, y que le han inventado ya una gran cantidad de juicios que nunca se habían planteado. Sin embargo, obvian decir que la decisión de sacarlo del país la tomaron en la base militar estadounidense de Palmerola, desde donde se coordinó el golpe con los sectores de ultraderecha de los Estados Unidos.

Tampoco dicen los voceros y políticos de la derecha golpista de Guatemala -a quienes les dan todos los espacios en los medios de prensa-, que el golpe de Estado en Honduras es parte de una estrategia que tiene como objetivo detener el avance de los procesos de democratización con contenido nacionalista, que se han venido dando en el continente americano desde hace diez años. Tampoco dicen que parte de esa estrategia es el acuerdo colombiano-estadounidense que hace uso militar del territorio de Colombia con el pretexto de combatir el narcotráfico, y que amenaza a todos los países que se oponen a las políticas de dominio de los Estados Unidos; cosa que no hace el Estado estadounidense en su territorio, porque, para ellos, los narcos están desde México hasta el cono sur de América. El mercado más grande del mundo para la droga es Estados Unidos y a ellos no les conviene quitarlo de tajo de su país porque se les puede convertir en un serio problema financiero para su economía.

Así pues, tratan por todos los medios de esconder la verdad y justificar sus acciones fraudulentas como lo han hecho en todo el mundo: inventan cualquier cosa para justificar la intervención llevando la guerra y la muerte para defender sus intereses y apropiarse de las riquezas. El imperio en esencia sigue siendo el mismo; ha cambiado por ahora, el color, la cara y algunas políticas de sus gobernantes.

Fuente: www.albedrio.org

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CIDH considera indispensable la restitución de Zelaya

TeleSUR
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó este viernes que es indispensable restituir al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, "como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos" y porque "su impacto se va a reflejar en la salud democrática del continente".

El golpe "tiene un impacto directo en los derechos humanos de los habitantes de ese país", afirmó la CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el reporte de su 137 período de sesiones recién concluido, citado por la agencia noticiosa italiana ANSA.

En la rueda de prensa celebrada este viernes en Washington al término de las sesiones, la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, subrayó también que el golpe de Honduras "tiene un impacto que se va a reflejar en el resto de la salud democrática del continente".

Fuente: telesurtv.net

Actualización:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que es un punto indispensable la restitución del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya al poder "como garantía del ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos" y porque "su impacto se va a reflejar en la salud democrática del continente".El golpe "tiene un impacto directo en los derechos humanos de los habitantes de ese país", afirmó la CIDH en conferencia de prensa el viernes tras el cierre del 137 periodo de sesiones.La presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, subrayó también que el golpe de Honduras "tiene un impacto que se va a reflejar en el resto de la salud democrática del continente", por lo que

"la respuesta de la comunidad internacional y el vigor con el que esta respuesta sea aplicada va a tener un impacto en todos los países de la región". .


Por ello, la CIDH pidió al Gobierno de facto de Honduras que garantice los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de cara a las elecciones del 29 de noviembre, a las cuales la OEA no enviará observadores.

Entretanto, el relator de la CIDH para Honduras, Felipe González, afirmó que ya de por sí la situación en Honduras es "sumamente grave" por las violaciones a los derechos humanos que se producen en el contexto del golpe de Estado que derrocó el pasado 28 de junio al presidente constitucional, Manuel Zelaya.


En este sentido, el organismo considera "muy importante, tanto para la situación del pueblo hondureño como para la vigencia de la democracia en el resto del continente, que se haga un seguimiento estrecho de la situación de los derechos humanos en Honduras", dijo González.La situación en Honduras y los derechos de los pueblos indígenas fueron algunos de los temas de mayor vitalidad en estas audiencias, confirmó Mejía.Los casos de violación de los derechos humanos en Honduras son innumerables, entre ellos destacan las denuncias de mujeres que cuando ejercían su derecho a la protesta, han sido agredidas por funcionarios de la Policía y del Ejército.Durante las dos semanas de sesiones de la CIDH se celebraron 52 audiencias y 28 reuniones de trabajo y se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales.Al término del período de sesiones, la CIDH observó que "persisten en la región graves obstáculos para el goce efectivo de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los habitantes de las Américas".A manera general, el órgano de la OEA también constató que la discriminación contra pueblos indígenas, mujeres, pobres, inmigrantes y grupos sobre la base de la orientación sexual es "un problema grave en todos los países de la región".

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