La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), ante la ciudadanía hondureña y ante la comunidad internacional:
Que la CSJ haya resuelto confirmar las sanciones impuestas el pasado 5 de mayo no hace más que evidenciar que este órgano ha decidido alejarse de la legalidad y que se ha entregado a las presiones de los sectores ultraderechistas comprometidos con la ruptura del orden constitucional en nuestro país. Con lo cual se confirma la participación directa del Poder Judicial en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Reafirmamos ante la comunidad nacional e internacional que la decisión de la CSJ es una clara expresión de persecución política en contra de aquellos jueces y magistrados que desde una posición de respeto irrestricto de defensa de la Constitución nos hemos opuesto y condenado el golpe de Estado, lo que incomoda sobremanera a la Corte Suprema de Justicia por su participación directa en el rompimiento del orden constitucional.
Resulta insostenible desde todo punto de vista que este poder del Estado responsable del control de la legalidad institucional, al día de hoy continúe aferrándose a la tesis de la “sucesión presidencial”, y que al mismo tiempo se adhiera a las pretensiones de la UCD que representa a los sectores más interesados en sostener y perpetrar las estructuras políticas y militares del golpe de Estado en alianza con la oligarquía.
Al decidir de forma política un conflicto que demandaba una respuesta de orden técnico-jurídico, la CSJ confirma su alejamiento definitivo de los principios y valores constitucionales y su desprecio por el Estado de derecho. Quedando de manifiesto que el poder judicial en Honduras carece por completo de independencia, siendo manifiesto que lo que impera en la Corte Suprema de Justicia es la sumisión a los dictados de la oligarquía y que sus decisiones son ajenas a la Constitución y la ley.
La ratificación de las sanciones impuestas a los tres jueces y la magistrada despedidos, se convierte en un mensaje a la comunidad internacional, en el sentido de hacerles saber que la reversión del golpe de Estado en Honduras no entra en la agenda de la CSJ y de la oligarquía, por el contrario, estos sectores se proponen desde las estructuras del sistema de justicia ( CSJ, MP), fortaleces sus posiciones y cerrar los espacios para cualquier intento de reconciliación nacional, importándoles poco o nada el reconocimiento internacional, del mismo modo, la protección y garantía de los derechos humanos de la ciudadanía.
Los despidos de tres jueces y una magistrada por oponerse al golpe de estado y defender la Constitución, representan por si una herida mortal a la independencia judicial, debiendo entenderse que en el poder judicial está prohibido pensar distinto y expresarse de forma contraria a lo que sostienen los magistrados de la CSJ, aun cuando aquellos cometan flagrantes violaciones a la ley, al orden constitucional y a la institucionalidad democrática.
En estas circunstancia y a 17 días de huelga de hambre, tiempo durante el cual ha sido constante la solidaridad nacional e internacional, hemos decidido suspender nuestra acción de privarnos de los alimentos, no obstante, esto no significa arriar nuestras banderas por la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho, objetivos con los cuales seguiremos vinculados junto a los sectores que luchan por la refundación del Estado hondureño.
La suspensión de la Huelga de Hambre no significa la culminación de nuestra lucha contra la impunidad, por el contrario este es un paso más de nuestro compromiso por conseguir que se investiguen estos crímenes y se castigue a los responsables, y no descansaremos junto a las organizaciones sociales y populares hasta conseguir justicia para las víctimas. Del mismo modo, ratificamos que continuaremos desarrollando esfuerzos para que se conozca la verdad de todas las violaciones de derechos humanos ocurridas como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, así como la búsqueda de castigo para los responsables del rompimiento del orden constitucional, entre ellos los(as) Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, que participaron de forma directa en estos eventos.
Nos comprometemos a acudir a todos los foros e instancias internacionales que sea posible a efecto de poner en conocimiento la situación de indefensión en que se encuentra el pueblo hondureño ante el colapso total de la institucionalidad en nuestro país; asimismo, a denunciar los despidos de los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone y la magistrada Tirza Flores Lanza, como una muestra clara de que las instituciones del sector justicia se encuentran al servicio del golpe de Estado y sin ningún compromiso de independencia e imparcialidad.
Tegucgialpa, M.D.C., 1 de junio del 2010.
¡ALTO A LA IMPUNIDAD!
¡ POR UN PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE !
ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA
MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
