¿Cómo nos ven y cómo nos vemos?

Nuestra palabra, Radio Progreso, 11 de diciembre

Debido a que todos los ciudadanos somos actores participativos de la realidad social con frecuencia no somos conscientes de la imagen que proyectamos.  Por eso es bueno que actores o instancias externas a la realidad del país hagan balances acerca de cómo funciona nuestra democracia o cómo es nuestro comportamiento democrático.  Por eso es bienvenido el último informe de la Universidad de Vanderbilt “Consolidación de la democracia en tiempos difíciles” pues nos ayuda en la nada fácil tarea de descubrir “cómo nos ven”  desde fuera.

Primeramente nos señala cómo la crisis económica afectó a nuestra economía en varias apartados: reducción de las exportaciones, de la inversiones extranjeras directas, de las remesas y de las entradas por el turismo.  Además de los efectos de la crisis financiera mundial, la economía hondureña ha sufrido el bloqueo del financiamiento externo y se ha reducido la cooperación internacional debido al “golpe de Estado de JUN 2009”.  A todo ello se añaden los efectos devastadores de los fenómenos naturales: epidemia de dengue, las sequías e inundaciones.

La crisis financiera mundial ha golpeado a la economía hondureña doblemente.  En primer lugar, la desaceleración económica de los EE UU, que es el principal mercado para las exportaciones hondureñas, significó una reducción considerable de las mismas y el aumento del déficit.  En segundo lugar, al aumentar el  desempleo en EE UU motivó el endurecimiento de una opinión pública contra los inmigrantes.  Y, al mismo tiempo, impidió el que los hondureños pudieran seguir enviando la misma cantidad de remesas a como lo hacían anteriormente.

A nivel político, Honduras fue el país de Centroamérica que experimentó mayor retraso en cuanto a su democracia.  Honduras fue retirada de la lista de democracias electorales y calificada como de “parcialmente libre”.  Se culpabilizó al gobierno anterior por la crisis económica.  Mientras más bajo es el nivel de riqueza mayor es el número de personas que vieron reducidos los ingresos familiares.  Es decir, que la crisis ha afectado más a los pobres que a los ricos, lo cual hace que aumente aún más la desigualdad del país.

La “inseguridad” se manifiesta en la persistencia de actividades criminales por pandillas y la victimización de la delincuencia.  La percepción ciudadana es que “la corrupción” de los funcionarios es generalizada.  Con respecto a la “tolerancia política” Honduras ocupa uno de los lugares más bajos.  Tanto el apoyo a los “golpes de estado” como a las “ideologías” son los dos factores más importantes en la determinación de la tolerancia política.  El hondureño medio es calificado como “no-democrático”.

A pesar de todo esto, los hondureños se ubican en lugares relativamente altos en cuanto a “confianza interpersonal” se refiere.  Sin embargo, los “niveles de participación en organizaciones de la sociedad civil” ha disminuido desde el 2005.   También se reporta la “disminución de los niveles de participación en el gobierno local y en las municipalidades”.  Lo mismo en lo referido a las peticiones y/o propuestas a los funcionarios gubernamentales.

Ciertamente, son unas breves pinceladas de lo que es nuestra democracia.  No persigue la finalidad de aguar la mentalidad de “aguinaldo navideño” que nos invade a todos en estos momentos, sino, más bien, de hacer los “correctivos navideños” necesarios para que nuestra vida política nacional comience un “nuevo año” de democracia participativa, inclusiva y más justa.

Fuente: Radio Progreso

Comisión de Juristas: La misma inconstitucionalidad del golpe de Estado vive Honduras todavía

Red Morazánica de Información 

Tegucigalpa. 11 Diciembre de 2010. Honduras vive todavía la misma inconstitucionalidad del golpe de Estado y el régimen mantiene un discurso  que difiere de acciones concretas, concluyó, este viernes, la Misión de Alto Nivel de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ),  en un informe de 16  puntos, luego de concluir su visita de cuatro días en Honduras.

La Comisión de la CIJ manifiesta en el documento, que la tesis constitucionalista sostenida hasta ahora, no puede justificar un golpe de Estado;  y que con profunda preocupación ha constatado que son pocos los resultados que en la práctica muestra la restitución del orden constitucional en su sentido pleno.

La Misión de Alto Nivel observa que el discurso de sendos  titulares del Ejecutivo y del Legislativo,  difiere de sus hechos concretos. Que debe procesarse a los que participaron en el Golpe.  Como también que la amnistía se aplica a los delitos  y a los delincuentes y no puede darse para crímenes de lesa humanidad.

Cuestiona, por ejemplo, que Porfirio Lobo haya remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIH) el mismo informe levantado por la Corte Suprema, en vez de emitir el suyo propio en el que debía manifestar su desacuerdo, o promover una discusión,  sobre el despido de los jueces.  Lo que no constituye intervención de poderes.

El Magistrado del Tribunal Supremo Español, José Antonio Martín,  refirió que  en el informe, que contiene 16 apartados y recomendaciones sobre la situación en Honduras,  destacan que han encontrado que la CSJ está impregnada de una “extrema politización”.

Martín resaltó que “en cualquier país del mundo sacar  a un presidente [de la nación] a punta de pistola, de su sitio,  es un golpe de Estado. Llámesele como se le quiera llamar y la comunidad internacional lo ha comprendido así”.

En el caso de Honduras, lo estableció también la clausula democrática Iberoamericana, que no permitió la participación de la representacion estatal, recordó.

Señaló que la  situación  de la Corte ha sido no ubicarse al lado de la democracia, contra el Golpe,  sino la de perseguir a quienes hicieron una actividad de compromiso democrático: “Ponerse del lado de la democracia,  en ningún lugar del mundo es nunca una actividad partidista”.

Y “si un funcionario del Estado no se pone de lado de la democracia, en un Golpe, de alguna manera o está participando, o lo está consintiendo y siendo cómplice”, analizó respecto al despido por la Corte, de varios jueces entre ellos Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez, Ramón Barrios y la Magistrada Tirza Flores, que participaron en movilizaciones populares de oposición y resistencia al Golpe.

Martín puntualizó que toda actividad hay que enmarcarla en la situación que se estaba viviendo en Honduras,  y en el caso de los magistrados despedidos  se violó su derecho a reunirse, a manifestar su oposición a un golpe de Estado, yo diría,  que, era no sólo su derecho,  sino como dirigentes es una obligación”.

Afirmó que es un “mal síntoma” que los nombramientos de los jueces lleve a que los candidatos tengan que “tocar puertas para que les nombren en la Corte”, y que tiene que hacerse con transparencia, en audiencias públicas y sea un organismo distinto el que elija.

“Es alarmante el grado de violencia política y de violencia social.  Indica  que no funcionan los resortes de mantenimientos del orden social y democrático.  Lo que no quizá no es de ahora, sino de siempre y ahora se manifiestan de forma más llamativa”, explicó.

Y agregó que hay que modificar la formación y la selección de  la Policía. Algunos jueces se quejan de que no pueden resolver porque no tienen pruebas y hay fallas de los investigadores y  otras veces, es de los dos.

Cuestionó que el retorno a la institucionalidad no se hace más sólo con elecciones: “La democracia no es votar cada cuatro años, es un sistema de valores y de principios que si no cumplen con esta función, no cumplen el mandato dado por los votantes”.

El Comisionado de derechos humanos rebajado de categoría por ONU

El magistrado español cuestionó que el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, haya, negativamente, avalado el Golpe, por lo que fue evaluado “rebajado” de categoría de la “A”, a la “B”, por el propio sistema de Naciones Unidas (ONU).

“Tiene que reflexionar [el Comisionado],  porque ya no  es una opinión de un grupo de juristas, que tiene un reconocido prestigio desde 1952,  es  la de un organismo internacional ”.

Ley antiterrorista es peligro para la práctica democrática de las ONG. 

Martín considera que la ley antiterrorista es una especie de ley ómnibus porque mete  muchas cosas a la vez, narcotráfico, agentes encubiertos,  para llegar al final a algo que se podía hacer sin la ley, que era sólo la fiscalización de  los bienes que proceden del delito de narcotráfico, luego aparece una ley de financiación de ONG.

La normativa relacionada con las ONG,  puede llevar a disolver una organización de derechos humanos  “no está suficientemente clara”.  Es peligroso  para la propia práctica democrática de las organizaciones, valoró.

Sobre la proliferación de grupos armados y narcotráfico.

Martín refirió el cambio internacional de enfoque sobre la lucha contra el narcotráfico, con  voces que comienzan a pedir una revisión total del sistema de persecución penal y se habla de una posible  despenalización de cierto trafico de drogas, como en Estados Unidos el de la mariguana o hachís  por sus cualidades terapéuticas.

La Misión de Alto Nivel mantendrá contacto con los organismos contactados  y regresará a Honduras, probablemente, entre marzo abril para verificar los posibles avances.

La  delegación CIJ ingresó al país el lunes 06 de diciembre de 2010, con el propósito principal de evaluar la situación de la “Independencia Judicial en Honduras”.  Pero,  al final no pudo reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, como antes habían acordado.

Fue integrada por el Magistrado del Tribunal Supremo Español, José Antonio Martín Pallín; el ex Magistrado del Tribunal de Casación Francia y miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Philippe Texier.

Además del jurista brasileño,  ex ministro de Justicia del Estado de Sao Paulo, Belisario Dos Santos; y el experto en derechos humanos Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena.

La Misión sostuvo reuniones con diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales; con defensores de derechos humanos; con dirigentes sociales y comunitarios nacionales e internacionales;  organismos intergubernamentales.

A más de  entrevistarse con jueces, el Fiscal General, la Fiscal de Derechos Humanos, miembros del Legislativo y con el titular del Ejecutivo, Porfirio Lobo.