sábado, 16 de abril de 2011

Porfirio Lobo incumplió el convenio que firmó con MUCA

El convenio firmado por Porfirio Lobo y el Movimiento Auténtico Campesino del Aguán (MUCA), el 13 de abril de 2010, apenas fue una maniobra para inmovilizar y hacer retroceder a los campesinos de esta organización campesina[1]. Hoy se cumple un año de haberse firmado.
Cuando los campesinos de MUCA –junto a los que después se agruparon en el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA)- tomaron tierras que ocupan Miguel Facussé y René Morales fueron agredidos inmediatamente por las fuerzas represivas del Estado y guardias de seguridad de los terratenientes pero no cejaron en su empeño llegando a tomar 26 fincas.
Mientras defendían la tomas de tierra bajo fuerte represión que cobraba víctimas mortales, MUCA propuso al régimen de facto la entrega de 5 hectáreas por familia tal como lo señala el decreto 170 o Ley de Reforma Agraria, lo que significaba aproximadamente 12,500 hectáreas si se trataba 2,500 familias o 15,000 hectáreas si el número de familias sumaba 3,000.
En un proceso largo se realizaron varias reuniones con distintas contrapropuestas de Instituto Nacional Agrario (INA) y del mismo Miguel Facussé. Una de ellas proponía la venta de 3,000 hectáreas a 250,000 lempiras cultivadas con palma africana que como se puede comprobar sumaba la astronómica cifra de 750 millones de lempiras. Y en la que siguió a ésta proponía que los campesinos debían entrar en convenios de coinversión con las empresas de Miguel Facussé y René Morales por el cual debían vender el fruto de la palma africana a las empresas de estos empresarios.
Facussé y Morales crearían un fideicomiso con 40 millones de lempiras para apoyar a las empresas campesinas con el que adquirirían insumos para vendérselos a “precios de mercado”. Todo en la idea de que los terratenientes controlaran las empresas campesinas a su antojo.
Al final se firmó el convenio el 13 de abril que involucró solamente la tierra, dejando para posteriores negociaciones la coinversión. El régimen se comprometió a entregar a los campesinos 11,000 hectáreas: 3 mil hectáreas cultivadas inmediatamente, 3 mil hectáreas sin cultivar 90 días después de firmado el convenio (es decir en el mes de julio de 2010) y las restantes 5,000 hectáreas en el término de un año (mil cultivadas y 3 mil sin cultivar con palma africana).
Se daría asistencia médica y se apoyaría el funcionamiento de escuelas; y se contraía la obligación de construir 200 viviendas en dos años.
Los campesinos creyeron que el régimen cumpliría con el convenio y se retiraron de las 26 fincas que habían tomado y se redujeron a 6 fincas con 3,000 hectáreas oficialmente cultivadas con palma africana[2], que investigaciones posteriores indicarían que solo 1704 hectáreas estaban cultivadas con esa oleaginosa y que su valor no era mayor a los 280 millones de lempiras.
No se cumplió con la entrega de las 3 mil hectáreas en julio de 2010 y tampoco con el compromiso de apoyarlos para atender los problemas de salud. Apenas se cumplió con la asignación de maestros que los campesinos del MUCA solicitaron. La construcción de viviendas sigue esperando.
Hoy, 13 de abril de 2011, fecha última para cumplir con el convenio se constata el engaño. El convenio no se ha cumplido y queda muy claro que no hay voluntad política para satisfacer las necesidades de los campesinos de MUCA que en esta lucha han perdido 12 de sus compañeros asesinados por guardias de seguridad de los terratenientes y miembros de los organismos represivos del Estado.
También quedó en el olvido la recuperación de las aproximadamente 530 hectáreas ubicadas en el Tumbador y ocupadas por Miguel Facussé conflicto que ya cobró la vida a 5 campesinos del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
El incumplimiento de los compromisos entre el régimen y campesinos puede ampliar el conflicto agrario tal como lo señalaban los campesinos del Bajo Aguán durante la manifestación de ayer en el marco del paro cívico nacional.
Tegucigalpa MDC 13 de abril de 2011
[1] Quien desee conocer en todos los detalle sobre el tema puede acudir a los documentos que FIAN Honduras ha elaborado sobre las negociaciones entre terratenientes y campesinos. Han sido enviados por la lista fian-honduras@googlegroups.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla y en nuestra página WEB. También puede solicitarlos a fianseccionhonduras@gmail.com Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla . Lo que aquí se presenta apenas es una reflexión sobre el incumplimiento del convenio.
[2] Los terratenientes dicen que la ocupación es de un poco más de 3,000 hectáreas.

Fuente: Los Necios

FNRP realizó con éxito el Paro Cívico Nacional del 12 de abril

A pesar de las medidas represivas, las movilizaciones fueron masivas

Red Morazánica de Información

Tegucigalpa 12 de abril de 2011.
Honduras vivió una jornada de levantamiento popular por segunda vez en quince días, cuando el FNRP convocó a un Paro Cívico Nacional para presionar por una serie de demandas que incluyen entre otros, el rechazo a los planes de privatización de la educación y la salud, que se permita el retorno seguro del Coordinador General del FNRP, que se libere a los presos y presas políticos, y que se reviertan los despidos y suspensiones de maestros que han participado en manifestaciones.

Las acciones comenzaron desde tempranas horas de la mañana en varios puntos del país e incluyeron tomas de carreteras, plantones, movilizaciones y ocupación de instituciones públicas.

El Plan de Actividades elaborado por la Coordinación Nacional del FNRP en su reunión del 3 de abril pasado, fue acatado por los Frentes Departamentales, que al igual que en el Paro Cívico del 30 de marzo sobre cumplieron la cantidad de Acciones Principales y Secundarias previstas.

La Comisión de Comunicaciones del FNRP informó que en total fueron 11 tomas de carreteras principales o calles de cabeceras departamentales y 8 movilizaciones con afluencia masiva de personas. Esto sin contar otras manifestaciones más pequeñas así como cientos las tomas de instituciones educativas que están paralizadas por los estudiantes o los maestros en rechazo a los esquiroles que está tratando de imponer el régimen para reemplazar maestros y maestras que han estado luchando por la defensa de la educación pública.

Nuevos escenarios de la lucha popular

Las acciones de protesta convocadas por el FNRP están levantando sectores sociales que antes no solían movilizarse. Un ejemplo claro fue la inesperada toma de la Carretera que lleva hacia el Sur del país desde Tegucigalpa, organizada por la Coordinación Departamental del FNRP en Francisco Morazán y realizada con el esfuerzo conjunto de los municipios de Santa Ana, Ojojona, San Buenaventura y aldeas de Tegucigalpa como Santa Rosa y Yaguacire.

Otro sector que se suma a este paro es el de los taxistas y otros transportistas que realizaron protestas en varias partes del país para exigir que se detenga el alza a los combustibles.

Destaca también el dinamismo de departamentos como Olancho en los que crece la movilización y la integración de los gremios y otros actores políticos. Pero que también han tenido que sufrir la peor represión del día.
Porfirio Lobo, continúa respondiendo con terror
Olancho, departamento natal del titular del régimen de facto, es el ejemplo de la forma en que Lobo contesta a las demandas del pueblo. Allí la represión fue brutal.

El desalojo de la toma en una de las salidas de Juticalpa, incluyó el uso de armas de fuego, la persecución indiscriminada de manifestantes y golpizas salvajes contra los militantes de la Resistencia.

Los detenidos fueron más de 40 incluyendo al propio Coordinador Departamental, Salvador Arnodo. En horas de tarde todos y todas fueron liberados como producto de la denuncia ejercida por COFADEH y otros organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Escenas de barbarie como las vividas en Olancho, se repitieron en San Pedro Sula, donde todavía se encuentran detenidas 4 personas a quienes se está amenazando de ser trasladadas a la penitenciaría central, y donde se reporta el caso de un niño de 10 años con una herida en la cabeza como resultado del impacto directo de una bomba lacrimógena lanzada por la policía.
La represión no detiene las movilizaciones
A pesar de la violencia desmedida de policías y militares contra manifestaciones pacíficas y la amenaza de represalias laborales, las expresiones de descontento de la población van en aumento. En Tegucigalpa, por ejemplo, los puntos asignados al Bloque Popular y a los Frentes Estudiantiles y organizaciones juveniles, crecieron en número de asistentes con respecto al paro cívico anterior.

En el caso de los estudiantes es particularmente importante, pues ya se vive el renacimiento de un movimiento beligerante, integrado a una agenda de transformaciones estructurales y bien articulado al FNRP.

Fuente: RMI

“La agresión contra las familias campesinas ya tiene un costo financiero para los represores”

Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Entrevista con Martin Wolpold-Bosien de FIAN Internacional sobre la decisión de la DEG de retirar el apoyo financiero a Corporación Dinant
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
La decisión de la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) -que es parte del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe)- de retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, ha sentado un importante precedente para el futuro de miles de familias campesinas del Bajo Aguán que viven bajo una constante agresión a sus derechos. Para analizar el contexto de esta decisión, Sirel dialogó con Martin Wolpold-Bosien, coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional.
-¿Cómo se llegó a esta importante decisión de la DEG de retirar el financiamiento a Corporación Dinant?
-FIAN Internacional inició un intenso proceso de diálogo con la DEG, basado en el Informe de la Misión Internacional de Derechos Humanos en el Bajo Aguán. Por su parte, la organización Salva la Selva (Rettet den Regenwald), inició una campaña de envío de cartas dirigidas al director ejecutivo de la DEG.
Estas dos acciones hicieron que los directivos del banco analizaran a fondo la situación y tomaran muy en serio las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos contenidas en el Informe, y actuó en consecuencia.
No debemos olvidar que la DEG es un banco público para el desarrollo y por definición solo debe apoyar proyectos de desarrollo sostenible que, por supuesto, incluyen el respeto a los derechos humanos. El hecho que se retire de la relación contractual con Corporación Dinant, es algo que miramos como normal en Alemania.
-Sin embargo en Honduras hay una percepción diferente de la “normalidad”...
-En Honduras parece que el empresario Miguel Facussé tenga un estatus de intocable y esto explica en parte su actitud y la de sus guardias de seguridad en el Bajo Aguán.
Sin embargo, Facussé debería someterse, como cualquier hondureño, a las leyes nacionales y no puede seguir violentando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esta decisión de la DEG debería abrir una reflexión sobre qué es “normalidad” en Honduras.
-¿Qué perspectivas se abren ahora?
-Los empresarios que presuntamente estén involucrados en abusos a los derechos humanos, deberán tomar en cuenta de que esa forma de agresión contra las familias campesinas del Bajo Aguán va a tener un costo financiero muy alto para ellos. Esperamos que este primer resultado tenga un efecto preventivo para evitar la violencia contra las comunidades campesinas.
Además, otros organismos financieros internacionales que tienen relaciones contractuales con Corporación Dinant, como el IFC/Banco Mundial y el BID, deberán tomar en cuenta la decisión de la DEG, y esperamos revisen sus contratos.
-A través de los medios hondureños, Corporación Dinant declaró que existe una campaña contra la empresa y contra Honduras basada en hechos infundados. ¿Qué comentarios merece esta declaración?
-Son declaraciones equivocadas, porque la Misión Internacional ha desarrollado en el Bajo Aguán una labor estrictamente de derechos humanos, tomando como base las obligaciones que el Estado de Honduras tiene con el derecho internacional.
El Informe evidencia muy claramente que hay empresas privadas involucradas en abusos a los derechos humanos. Además, enviamos copia del Informe preliminar a la Corporación Dinant para incluir sus observaciones en la versión final. Nunca recibimos una respuesta acerca de su contenido.
-La Misión Internacional observó también una estrecha relación entre el modelo productivo, violación a los derechos humanos y los altos índices de pobreza en el Bajo Aguán.
-Hay un evidente conflicto entre modelos de desarrollo rural. Los monocultivos, en este caso la palma africana, no son un elemento que permite combatir el hambre y la miseria. En muchos países vemos como la expansión de la palma africana ha aumentado la presión sobre la tierra, y en el mundo las personas más afectadas por el hambre son las familias campesinas que no tienen acceso a la misma.
El acceso seguro a la tierra y la reforma agraria son elementos fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación y las familias campesinas tienen el derecho de luchar para su seguridad alimentaria.
-¿Qué importancia tiene para las familias campesinas del Bajo Aguán esta decisión de la DEG?
-Ya hay una visibilidad internacional de lo que ocurre en la zona, y la preocupación se está convirtiendo en decisiones concretas de actores internacionales que pueden ayudar a la solución del conflicto. 
En este sentido, la Misión Internacional va a seguir insistiendo con la cooperación bilateral y los bancos multilaterales, para que revisen sus acuerdos de cooperación financiera. Además, vamos a seguir respaldando las organizaciones de derechos humanos hondureñas que desarrollan un importante trabajo en defensa de esas poblaciones.

Fuente: Rel-UITA