Dina Meza
Tegucigalpa.La noche de este martes 14 de febrero hubo un incendio en el Centro Penal de Comayagua, en la zona central de Honduras, que dejó más de 350 personas calcinadas, en relación a ello la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva señala “qué casualidad que los incendios se dan en la noche cuando los privados de libertad están bajo llave y los custodios que deben abrir son los primeros en escapar”.
De acuerdo a las versiones de medios de comunicación que estuvieron en vivo cubriendo estos hechos, la cárcel fue copada por altas llamaradas mientras y los reclusos intentaban salvarse los custodios penitenciarios iniciaron una nutrida balacera, lo que no permitió que quienes estaban allí se salvaran y pudieran escapar de las llamas.
La defensora de los derechos humanos dijo que eso se miraba venir puesto que ninguna entidad del Estado ha puesto en práctica las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, sobre los centros penales.
En la visita realizada en noviembre de 2004 por el Relator especial de la CIDH sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, Comisionado Florentín Meléndez, a varios centros de detención en Honduras, entre ellos la Penitenciaría Nacional, observó con preocupación las condiciones de detención. El Relator constató, en dicha oportunidad, la situación de hacinamiento, falta de condiciones sanitarias adecuadas y falta de recursos humanos y presupuestarios suficientes, así como la falta de controles efectivos para evitar el ingreso de armas a los centros de detención.
Conforme al derecho internacional, el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo tanto, la Comisión insta al Estado hondureño a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema carcelario, así como en los demás centros de detención del país. En particular, el Estado debe asegurar el control de la fuerza y la disciplina en los centros de detención, así como del ingreso y porte de armas. Asimismo, debe evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro, mediante las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes.
La Coordinadora del COFADEH expresó estar convencida que tiene responsabilidad el Estado por acción ó por omisión aunque ya tengan quién fue el responsable, en este nuevo incendio en una granja penal.
Se preguntó “qué será que los incendios en los centros penitenciarios solo son por la noche cuando los privados de libertad están bajo llave, qué casualidad porque si se da en el día es posible prevenir esta catástrofe, y qué casualidad que los que custodian esos centros y que tienen las llaves son los primeros en salir corriendo y no abren para que la gente salga y se salve, eso se ha dado en SPS, El Porvenir y Comayagua, eso debe ser sujeto de una investigación profunda”. Agregó que no le quiere poner color a este hecho sino cómo se salva la vida de los privados de libertad a quienes se les manda a los centros penales para bajarles su autoestima y no se les atiende en rehabilitación ni pasan por un proceso para la reinserción a la sociedad y que por eso se ha manifestado que los centros penales son escuelas del crimen, porque son sometidos a la orden de los que custodian y pueden ser acciones al margen de la ley, son varias denuncias que se tienen, entre ellas que hay extorsiones desde la Penitenciaría Nacional.
Se necesita una política de Derechos Humanos
Lo que se debe de hacer es crear una política de Estado en materia de derechos humanos, mientras eso no se haga y se sigan aprobando leyes a mata caballo para levantar banderas, no vamos a tener soluciones dijo Oliva.
Argumentó que si solo se aprueba la Ley del sistema penitenciario, nada se habrá hecho.
Se deben crear políticas de prevención en materia de derechos humanos y lo que se hace es crear leyes esporádicas que se des enmarca de una política de derechos humanos, “seguramente van a decir que esto sucedió porque no se ha creado la ley penitenciaria, pero ya no podemos seguirle poniendo más parches a la Constitución porque ya no aguanta”.
Referente a la custodia de los centros penales dijo que una de las recomendaciones que nunca se ha llevado en práctica es que de inmediato debía ser separada esta custodia de la Secretaría de Seguridad, porque está probado que su único quehacer en materia de prevención es la represión.
“Anoche en medio de las llamas lo que se miraba eran los disparos a mansalva, hoy para calmar el dolor de las familias si buscan si sus parientes están entre los calcinados, les lanzan bombas lacrimógenas, eso es crueldad, no se puede calificar como un acción para disolver”, denunció.
Periodistas que la abordaron le consultaron si esto traerá demandas internacionales y ella respondió que todo privado de libertad es responsabilidad del Estado que está bajo su protección, “si se tratara de demandas está asegura, pero no se trata de eso sino cómo hacemos esfuerzos comunes para que se tenga respeto por la vida, podrían lloverle demandas al Estado, pero debemos hacer un esfuerzo para hacer políticas en materia de derechos humanos, cómo podemos hacerlo para recobrar el respeto de todas las personas que es tan fundamental”.Hasta la redacción de esta nota los reportes forenses señalaban que iban 358 personas calcinadas y otras ocho están en estado de gravedad en el Hospital Escuela.
Según el Vocero de la Secretaría de Seguridad Héctor Iban Mejía otros 35 estarían desaparecidos.
El 17 de mayo de 2004 107 privados de libertad del presidio de San Pedro sula murieron quemados en otro incendio similar.
El 5 de abril de 2003, unos 66 reclusos y tres mujeres, incluida una menor de edad, que visitaban familiares en la Granja Penal de El Porvenir, fueron quemados en el interior de sus celdas y otros murieron por disparos de policías penitenciarios.
OEA pide envíen misión a Honduras
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, manifestó a través de un comunicado su profunda consternación ante los dramáticos hechos ocurridos en la cárcel de Comayagua (Honduras).
Insulza solicitó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dinah Shelton, que envíe a Honduras una delegación que incluya al Relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar, para que se realice una investigación de los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria, y presente sobre ellos un informe exhaustivo al gobierno hondureño y a la Organización hemisférica.
