Borrar la resistencia
Pese a que la escasa atención que han prestado los medios de comunicación internacionales al golpe militar del año pasado en Honduras se ha centrado en los agentes individuales, como el presidente Zelaya, el mandatario de facto Roberto Micheletti o el presidente costarricense Óscar Arias, los asuntos que hay en juego para los centenares de miles de hondureños que tomaron las calles y siguen hoy día oponiendo resistencia eran mucho más importantes que cualquier persona. A los hondureños les encolerizaba que les hubieran arrancado por la fuerza su democracia representativa con un golpe militar apoyado por Estados Unidos. La ira fue aumentando cuando el ejército empezó a golpear, violar, detener ilegalmente y asesinar a miembros de la resistencia no violenta; a ocupar militarmente las universidades, bibliotecas y centros culturales; y a aterrorizar a las personas en los barrios (apoyándose en la declaración del estado de emergencia y los toques de queda)... todo en nombre del régimen de facto. Diversas organizaciones de derechos humanos reconocidas en el ámbito internacional, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (documento en formato pdf) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han documentado más de 4.000 violaciones de derechos humanos infringidas por el gobierno de facto contra los hondureños que se opusieron a él en los meses posteriores al golpe.
La tergiversación que han hecho los medios de comunicación del amplio y variado movimiento de resistencia, así como el discurso oficial de que son «partidarios de Zelaya», refuerzan las principales estipulaciones de los Acuerdos de San José-Tegucigalpa, impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contraviniendo la firme posición inicial adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), decidida a no reconocer en modo alguno al gobierno de facto. Las estipulaciones son las siguientes: «elecciones libres y limpias», creación de una «comisión de la verdad» y «gobierno de reconciliación». En el primer caso, la invisibilidad del movimiento de resistencia en los medios de comunicación internacionales eclipsa el hecho de que el presidente Porfirio Lobo Sosa fue nombrado tras unas elecciones celebradas bajo la situación de suspensión de garantías constitucionales y violencia extrema del Estado. Las elecciones, que las autoridades del Departamento de Estado norteamericano elogiaron como un ejercicio modélico de democracia participativa, habían sido boicoteadas de hecho tanto por la resistencia como por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter. Además, no hubo ningún tipo de observadores internacionales en las elecciones (aunque el Instituto Democrático Nacional estadounidense [NDI, National Democratic Institute], que recibe financiación federal y está presidido por la antigua Secretaria de Estado Madeleine Albright, envió «observadores» que desempeñaron un papel crucial para legitimar la farsa de la democracia), y el Tribunal Electoral Supremo de Honduras, designado ilegalmente, hizo públicos unos resultados absolutamente ficticios. La tesis del Departamento de Estado norteamericano de que las elecciones ponían fin a la crisis se vio reforzada por la falsa aseveración, expresada la primera vez por Tom Shannon el 3 de noviembre, de que el bando de Zelaya había acordado apoyar las elecciones con o sin su rehabilitación en el cargo, una condición establecida por los Acuerdos de San José-Tegucigalpa.
Estados Unidos, haciendo frente tanto a una comunidad internacional dispuesta nuevamente a plantar cara como a un movimiento de resistencia hondureño de una envergadura sin de precedentes, no ha conseguido modificar en todo caso un modus operandi que data de la década de 1980. El embajador estadounidense Hugo Llorens ha reproducido varias páginas del manual de instrucciones de la década de 1980 del antiguo embajador John Negroponte. Además de contribuir a hacer ininteligible en el reciente Informe sobre los Derechos Humanos en Honduras la responsabilidad que tienen los cabecillas del golpe de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, Llorens se ha dedicado a trabajar para crear la comisión de la verdad mencionada más arriba, que ha sido denunciada por todas las organizaciones hondureñas importantes de derechos humanos y por la amplia coalición de la resistencia (enlace 1 y enlace 2), y ha tratado de mediar para la instauración del «gobierno de reconciliación» reuniendo a dirigentes del Partido Liberal que se oponían al golpe y al ultraderechista Partido Nacional, precariamente representado por Lobo. La posición del movimiento de resistencia sobre la comisión de la verdad y el proceso de «reconciliación» es que en lugar de servir para dar los pasos necesarios para alcanzar una paz fundada en la democracia y la justicia, amparan una represión cuyo objetivo es eliminar la exigencia de una nueva constitución.
La WOLA entra en acción
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos o, por sus siglas en inglés, la WOLA, es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1974 y dedicada a la defensa de los derechos humanos. Según su página web,
desde 1975, cuando trabajó entre bambalinas para que se redactara la primera normativa importante que condicionaba la ayuda militar estadounidense en el extranjero a las buenas prácticas en el ámbito de los derechos humanos, la WOLA ha desempeñado un papel fundamental en todos los debates políticos relevantes de Washington sobre los derechos humanos en América Latina. En la actualidad, es frecuente que el ejecutivo, organizaciones multilaterales, miembros del Congreso y medios de comunicación estadounidenses y latinoamericanos soliciten al personal de la WOLA que les aporte información y estudios.
Decir que la WOLA desempeña un papel fundamental en la política estadounidense hacia América Latina tal vez sea quedarse corto. La WOLA, que suele ser la única voz del ámbito de los «derechos humanos» presente en las sesiones del Congreso y el Senado, abarrotadas, por lo demás, de expertos neoconservadores y neoliberales como Otto Reich y Lanny Davis, tiene mucho más acceso que otros grupos a la asamblea legislativa. En una reunión que mantuvimos el pasado mes de noviembre tres colegas y yo con la asesora de un congresista que ha defendido cuestiones de derechos humanos en América Latina, en la que manifestamos nuestro desacuerdo frente al reconocimiento estadounidense de las elecciones hondureñas, la asesora borró de un plumazo nuestra preocupación. Según nos dijo, sabía todo lo que hacía falta sobre Honduras: ella y su jefe ya habían hablado con la WOLA (que apoyaba las elecciones) y con el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG, Latin American Working Group), en sintonía con la WOLA.
La influencia de la WOLA es tan grande que los miles de organizaciones no lucrativas radicadas en Washington D.C. y centradas en el trabajo de base, esos miles de organizaciones a las que hace sombra, hablan de ella en voz baja (literalmente). Aunque algunas personas han criticado y se han opuesto desde la izquierda a las posiciones de la WOLA, el precio de hacerlo es elevado. Desde que me mudé a Washington D.C. el pasado mes de junio, al menos dos docenas de activistas de base y sin ánimo de lucro del distrito me han confiado que llevan muchos años deseando que alguien ponga en cuestión a la WOLA pero que, como me dijo una de ellas, «para hacerlo hay que ser un suicida». Hay dos razones para su indecisión, y ambas tienen que ver con el poder que tiene la WOLA como actor en el seno de la escena política: en primer lugar, porque la organización, que realiza labores de representación en todas las regiones de América Latina, ha ejercido mucha influencia en los asuntos de derechos humanos de la política estadounidense y, aunque muchos consideran que es más perjudicial que benigna, obra bien en muchos casos; en segundo lugar, porque es tan poderosa y está tan bien relacionada que ponerla en cuestión podría hacer peligrar gravemente a organizaciones que trabajan por solidaridad y desde la base con los defensores latinoamericanos de la justicia y los derechos humanos.
Pero, ¿en qué aspecto supera lo malo a lo bueno?
El antiguo embajador hondureño golpista Roberto Flores Bermúdez, portavoz en Washington del régimen de facto de Micheletti y que últimamente ha tratado de presentarse como neutral, ha trabajado estrechamente con la WOLA en la definición de la política hacia Honduras desde el golpe de estado. La colaboración de la WOLA con Flores Bermúdez no está descompasada con la posición decididamente resbaladiza y pro-Departamento de Estado norteamericano que ha adoptado con respecto al golpe desde el 28 de junio del pasado año. En una sesión del Congreso celebrada el 10 de julio, aunque Joy Olson, la directora ejecutiva de la WOLA, reconocía que el derrocamiento de Zelaya era un golpe de estado, sugirió que en lugar de ser extraditado debería haber sido encarcelado en el país. Tampoco logró rectificar ninguna de las mentiras flagrantes pronunciadas por los miembros del Congreso u otros «testigos» adiestrados por Lanny Davis, que comparecía también como testigo en representación de la sección hondureña del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), que financió el golpe. Entre ellas había falsas acusaciones de que Zelaya estaba tratando de perpetuarse como dictador vitalicio, que se dedicaba al narcotráfico desde Venezuela y que el golpe (al que se refirieron como «sucesión constitucional») había impedido que Chávez se adueñara del hemisferio. (Para una refutación de estas afirmaciones de los medios de comunicación estadounidenses, véase el artículo de Kirk Nielsen «Canard d’Etat».) «Parece como si de la ley en todos los bandos abundaran las violaciones», señalaba Olson mientras elogiaba la forma en que las negociaciones de Arias y la administración habían gestionado la situación» (si bien admitía que ignoraba si el Departamento de Estado había reconocido todavía que se había producido un golpe de estado; no lo había hecho). «Una crisis puede ofrecer oportunidades», señaló cinco días después de que el régimen asesinara a su primer manifestante pacífico, Isis Obed Murillo.
El otro colaborador principal hondureño radicado en Washington D.C. que ha ayudado a la WOLA desde el golpe ha sido Francisco Machado. Como portavoz estelar (invitado por la WOLA) en el plenario del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos del 4 de febrero, Machado describió el conflicto hondureño como un enfrentamiento entre dos facciones radicales, la extrema derecha y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); una afirmación que despoja de legitimidad a la amplia coalición de organizaciones y los centenares de miles de hondureños que se consideran miembros del movimiento de resistencia no violenta. Se trata de una aseveración particularmente peligrosa en un momento en que Billy Joya, el antiguo jefe de escuadrones de la muerte, parece estar adiestrando a grupos paramilitares para preparar una masacre de campesinos en Aguán, a quienes para justificar el exterminio los medios de comunicación hondureños favorables al golpe califican igualmente de «extremistas» y «terroristas».
En la conferencia de los Días de Apoyo Ecuménico [Ecumenical Advocacy Days] celebrada el 20 de marzo en Arlington, Machado aparecía como uno de los ponentes del panel sobre Honduras de la WOLA:
16,50 - 18,20 h. Track Time III Honduras: Back to the Past, On to the Future [Tercer Momento sobre Honduras: Regreso al pasado, mirando al futuro] - Potomac View Room [Sala del Potomac]
Pensábamos que los golpes de estados [sic] eran cosa del pasado en América Latina, pero el 28 de junio de 2009, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue enviado al exilio por la fuerza. Pese a la solución provisional, esta sociedad marcadamente polarizada debe lidiar con la exclusión política y la desigualdad social que alimentó la crisis.
Ponentes: Vicki Gass, de la Oficina de Washington para América Latina; Francisco Machado, activista hondureño; otros pendientes de confirmar.
El tono de esta descripción de la mesa redonda es elocuente: aparte de la WOLA, solo el Departamento de Estado y el Congreso estadounidenses parecen creer realmente que se ha alcanzado una «solución provisional», mientras que habría sido más exacto calificar la «desigualdad social» como «oligarquía violenta que obtiene legitimidad mediante una constitución radicalmente antidemocrática y utiliza el ejército para reprimir a la multitud cuando exige representarse a sí misma». Machado no llegó a comparecer realmente en el acto del 20 de marzo; sin embargo, una grupo de asistentes progresista compuesto por unas 30 personas reaccionó negativamente ante la exposición de Gass, que numerosos participantes calificaron posteriormente como pro-golpista. Una hondureña del público que se identificó con la resistencia para criticar la intervención de Gass me dijo que estaba horrorizada ante la tergiversación extremadamente peligrosa que había hecho de la situación de su país.
Poco antes de la conferencia Ecumenical Advocacy Days, el congresista Eliot Engel, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, convocó una segunda sesión de la conferencia después del golpe de Honduras. En la sesión del 16 de marzo, el centro de atención dejó de ser si se había producido o no un golpe de estado (aunque la cuestión se planteó en numerosas ocasiones), sino más bien cómo garantizar un clima ideal para los inversores estadounidenses. En calidad de testigo, Vicki Gass (que antes de incorporarse a la WOLA trabajó en Iraq para el Instituto Democrático Nacional desde 2004 hasta 2006) proporcionó un saludable respiro para los monólogos aparentemente interminables que planteaban el tema de los derechos humanos identificando los intereses de los inversores estadounidenses con la democracia hondureña. Sin embargo, al abordar la cuestión de los derechos humanos defendió ante una sala casi vacía que la crisis de Honduras no era nueva; que, en realidad, apenas tenía que ver con el golpe en general (véase el testimonio escrito de la WOLA y un video de la sesión). Pese a lamentarse de que «[un] sondeo reciente realizado por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) revelaba que el 59,9 por ciento de los hondureños ya no creía en la democracia» (con una nota al pie que dice «enero de 2010; buscar la cita exacta»), Gass no logró vincular de ningún modo esta estadística con el propio golpe. Según la tesis de la WOLA, el problema no reside en la usurpación del gobierno electo llevada a cabo el 28 de junio de 2009, a la que siguió el asesinato de un número no revelado de individuos considerados enemigos políticos que creen tener derecho a una democracia real, sino la falta de fe en la «democracia» existente; una falta de fe originada por décadas de «una cultura de corrupción e impunidad aparentemente arraigada». Ese argumento de la cultura del delito es el paso perfecto para una solución que imponga ley y orden e impunidad para la violencia policial y militar, a saber (también extraído de la sesión del 16 de marzo):
13:51:00.- Sr. Mack: Gracias, señor presidente y, usted sabe que escucho con mucho interés todo su... eehh... testimonio y... eehh... no estoy seguro de que haya mucho que podamos... eehh... bueno, permítame referir un aspecto que me gustaría investigar un poco más. Para avanzar un poco, ¿a qué tipo de... eehh... actividades cree usted que Estados Unidos debería dedicarse en relación con la pobreza, los derechos humanos...? eehh... ¿qué tipo de cosas son las que cree usted que deben ser las próximas que podría hacer Estados Unidos para ayudar... eehh... para mostrar que apoyamos al pueblo de América Latina...? eehh... Porque podemos no apoyar necesariamente a algunos gobiernos de América Latina pero apoyamos a la gente de América Latina... así que si quiere empezar usted y, luego, cada uno de ustedes darme una pincelada sobre eso, se lo agradecería.
1:51:30.- Señorita Gass: Bueno, creo que hay varias cosas que podría hacer la administración. Primero, restablecer la ayuda al ejército y a la policía; pueden ser útiles para reforzar las instituciones, quizá investigando las violaciones de los derechos humanos que se han producido desde el golpe de junio y utilizándolo para reforzar una institución que es increíblemente débil. Y luego, en segundo lugar, yo diría que realmente tienen que trabajar codo a codo para impulsar un... un... un diálogo significativo durante un periodo largo de tiempo, no una consulta de dos o tres días, sino algo que esté centralizado en la región y apoyarlo económicamente.
Resulta increíble que una organización cuya misión es defender los derechos humanos proponga enviar dinero a los escuadrones de la muerte; de hecho, eso es exactamente lo que está haciendo la WOLA.
Las tesis expuestas por la WOLA en la sesión, incluida la afirmación de que Porfirio Lobo fue elegido en unas elecciones libres y limpias, ofrecen un retrato descontextualizado de la situación de los derechos humanos en Honduras. Según la versión de la WOLA, los miembros de la resistencia no mueren a manos de un régimen de facto, sino de otros hondureños violentos, que matan porque viven en una «cultura» deficitaria. En un artículo de The Huffington Post aparecido la víspera de la toma de posesión de Lobo, Gass y el fundador de la WOLA, Joseph Eldridge (capellán de la American University y marido de la Subsecretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos, María Otero, que a su vez desempeñó un papel decisivo en la elaboración de la justificación para reconocer las elecciones ilegales) describe Honduras como «este país políticamente alienado y desconfiado». Luego pasaron a trazar un plan para restablecer las relaciones internacionales que refleja exactamente la versión distorsionada que tiene el Departamento de Estado estadounidense de los Acuerdos de San José-Tegucigalpa, omitiendo toda mención del movimiento de resistencia. Dado que la «crisis» (eufemismo que los defensores del golpe utilizan para referirse al golpe militar y el régimen de facto) había «finalizado», los pasos siguientes, plantearon Eldridge y Gass, eran crear una comisión de la verdad y establecer un «proceso de diálogo nacional».
Como hemos señalado más arriba, la amplia coalición de la resistencia hondureña y todas las principales organizaciones de derechos humanos hondureñas han rechazado de plano estas propuestas aduciendo el hecho de que los miembros de la resistencia siguen siendo asesinados a diario por el ejército y la policía (unas condiciones difícilmente favorables para establecer un diálogo o iniciar una investigación honesta) y que la exigencia principal del movimiento de resistencia (la creación de una asamblea constituyente auténticamente popular que redacte de nuevo la constitución hondureña) está siendo barrida bajo la alfombra. A los peores criminales hondureños, los castigados por la participación en delitos contra la democracia y la humanidad, ya se le ha garantizado la amnistía con sentencias como «senador vitalicio» (Micheletti) o nombramientos como el de jefe de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel (general Romeo Vásquez Velásquez).
En estas condiciones, ¿quién debería imponer la verdad y la reconciliación? Las tentativas vacilantes del embajador Llorens de reparar la implosión del Partido Liberal asignándole la tarea de impulsar la comisión de la verdad y la mediación en la «reconciliación» han fracasado debido a la oposición feroz e inquebrantable de la resistencia. Como el programa del Departamento de Estado estadounidense de imponer los Acuerdos de San José-Tegucigalpa no sale a flote, se ha dirigido a sus socios «no gubernamentales» para que ayuden a Llorens en la tarea. El 25 de febrero, la WOLA envió una carta a Porfirio Lobo (en formato pdf) con copia a Llorens y a Arturo Valenzuela, Ayudante del Secretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, en la que proponía un miembro para la comisión de la verdad. Pero la participación de la WOLA en el proceso de reconciliación va mucho más allá; la organización no gubernamental ha asumido el liderazgo en la planificación e implantación del «diálogo» sobre el desarrollo «democrático», cuyo inicio está previsto para el miércoles 14 de abril en el Capitolio.
Estaba previsto que el jueves 8 de abril al menos nueve hondureños, a los que se invitó en secreto a participar, fueran trasladados para asistir a esta «Conferencia sobre el Análisis y Perspectivas de Desarrollo Democrático en Honduras», a la que no se permite acceder a la prensa. Un correo electrónico enviado desde la WOLA a los asistentes a esa jornada afirma lo siguiente:
De nuevo, hemos invitado a esta conferencia a representantes del nuevo gobierno y organizaciones de la sociedad civil de Honduras, representantes del Gobierno de los Estados Unidos, Embajadas de otros países acreditadas en Washington, y otras organizaciones ONG’s que trabajan sobre Honduras. El objetivo de la conferencia es proveer un espacio para tener discusiones francas sobre la situación actual en Honduras y explorar oportunidades para cambios sustanciales.
El programa en sí detalla varias mesas redondas coordinadas por participantes escogidos. Un fragmento de la descripción del contenido de una mesa redonda titulada simplemente «Análisis político» dice: «La crisis de credibilidad y confiabilidad de los ciudadanos en el Estado, sus instituciones y el gran reto de transformarlo en los pilares sólidos de la democracia». Una vez más, vemos aquí la crisis enmarcada no en la ausencia de legitimidad del Estado, sino en la opinión de los ciudadanos de que el Estado es ilegítimo. Otra mesa redonda posterior, «La Crisis Política» plantea la cuestión como «avance y retos en el proceso democrático, y los desafíos de la reconciliación de una sociedad dividida y sedienta de mayor y mejor beneficio del sistema democrático». La redacción es igual de engañosa, pues contiene el uso eufemístico del término «crisis», la acusación de que en Honduras existe un proceso democrático y de que lo que hace falta para ajustarlo es la «reconciliación» (en lugar de la justicia), y la idea de que son «beneficios», y no participación, lo que esperan de un sistema democrático los hondureños. Otras mesas redondas, como la coordinada por Arturo Corrales Álvarez, Ministro de Planificación y Desarrollo del presidente Lobo, se ocupa específicamente de las estrategias para hacer avanzar el proceso de diálogo. La sesión de preguntas y respuestas programada para el mediodía se describe como «Preguntas de los asistentes a la conferencia [en la versión española se dice literalmente el “público”, aunque la conferencia es a puerta cerrada] y respuestas de los panelistas».
Comparemos el enfoque y el calado de este planteamiento con el de la Asamblea Popular Constituyente que tuvo lugar entre los días 12 y 14 de marzo en La Esperanza, a la que asistieron aproximadamente un millar de hondureños, incluido el padre Ismael Moreno, sacerdote jesuita, teólogo de la liberación y director de Radio Progreso, que rechazó la invitación personal que le hizo la WOLA para participar en su «diálogo». Esta otra conferencia se describe en los siguientes términos en una convocatoria abierta:
[Honduras] nos invita nuevamente a construir nuestras utopías; pensando-nos, encontrando-nos, viendo-nos profundamente iguales y diversos frente a todos los sueños posibles: la construcción del poder popular y su ejercicio, el agua para todas y todos, el respeto a las tierras y territorios, el valor de las culturas ancestrales, la sabiduría de la biodiversidad, el bien común a partir de los derechos fundamentales, la dignidad de la vida plena de las mujeres, el reconocimiento de la fuerza rebelde de la juventud y sus aportes y propuestas, la laicidad del ejercicio político, la necesaria reivindicación de una infancia feliz.
El contraste entre el enfoque de la WOLA (en colaboración con el Departamento de Estado estadounidense y la administración de Lobo) y el movimiento de resistencia es igualmente llamativo en lo relativo a transparencia, proceso democrático e inclusión, como también queda patente en la convocatoria para la conferencia de La Esperanza:
Tienen la entusiasta misión de constituir una Asamblea del Pueblo donde converjan todas las ideas y sueños que han esperado siglos.
Allí debatirán sobre el futuro compartido y su palabra se hará una sola y será común a todos y todas.
Los pueblos de Honduras ensayarán su Poder Popular Constituyente, por eso deberán traer también la voz de los ausentes, ojalá de manera escrita para que no se olvide y para que no sea silenciado. Los pueblos encontrarán por el camino a La Esperanza mucha solidaridad, pero deberán llevar tanta o igual solidaridad en su morral de sueños.
Todo es bienvenido: agua, café, frijoles, cobijas, maíz, arroz, azúcar para ser compartido los días en que la patria nos convoca.
El viernes 9 de abril fui invitado a debatir con Francisco Machado en Radio Globo (una emisora que desde el golpe ha sido blanco de hostigamiento y ataques) sobre la inminente reunión de la WOLA, que se había filtrado al movimiento de resistencia. A la afirmación de que la reunión estaba concebida como un acto democrático e incluyente, respondí que además de ser necesaria invitación para asistir, se celebraba en Washington D.C., y no en un lugar particularmente accesible para los hondureños. A la afirmación de que estaba abierta a la prensa, respondí que cuando una reportera de Telesur había llamado a la WOLA el día anterior para confirmar la celebración del evento y solicitar acreditación para asistir, la persona con la que habló le confirmó el evento pero le dijo que no estaba abierto a la prensa. Durante la entrevista conté al presentador del programa, Félix Molina, que en realidad me sentía un tanto incómoda en ese debate. No creía que mi papel fuera debatir con hondureños sobre qué debían hacer en su país; sin embargo, a mi juicio, el gobierno estadounidense y las ONG están trabajando juntas para socavar la democracia de otro pueblo y, en ese sentido, sí debía tomar la palabra. Al día siguiente, en respuesta a la presión del movimiento de resistencia, abandonaron tres participantes identificados con la resistencia, Héctor Soto, Víctor Fernández y Edgardo Chévez, con lo que invalidaron el argumento de que el diálogo podía sentar las bases de una «reconciliación» sin justicia o reforma constitucional.
Los críticos del «Complejo Industrial No Lucrativo» han señalado el pernicioso papel de lo que Dylan Rodríguez, uno de los autores del volumen The Revolution Will Not be Funded [No se financiará a la revolución], denominó «el monedero de terciopelo de la represión del Estado». La política de invitar a la izquierda radical financiándola y, por tanto, incorporándola a una estructura no lucrativa legal, ha surtido el efecto buscado de criminalizar en Estados Unidos y otros lugares a los auténticos movimientos opositores y justificar el uso de la brutalidad policial contra ellos. Esto es cierto incluso en el caso de movimientos que (como sucede en Honduras) se oponen rotundamente al uso de la violencia. En una era de privatización neoliberal vinculada al recorte de impuestos y de financiación de los servicios del Estado, organizaciones no gubernamentales de todo el mundo financiadas por empresas han asumido la prestación de los servicios del Estado, desde en el ámbito de la educación hasta el de la atención sanitaria o la propia guerra, erradicando con ello toda idea de responsabilidad democrática. La WOLA, que en el año 2009 recibió de la Fundación Ford 1.757.656.- dólares, realiza ahora, a puerta cerrada, el trabajo de imprimir un barniz de «democracia» para el gobierno represivo hondureño.
¿Ha cerrado los ojos el núcleo de medidas exclusivo de la WOLA a lo que está sucediendo entre los hondureños a los que se propone defender? La insistencia en retratar los derechos humanos a través de una óptica democrática liberal que evita a los agentes no estatales y que no pertenecen a la «sociedad civil» (entendiendo a esta como ONG financiadas por empresas privadas), ¿ha impedido a la WOLA ver el movimiento de resistencia hondureña? ¿Es que tantos años de dedicación a intrigar en el Congreso y el Departamento de Estado norteamericanos han impedido a la WOLA reconocer que las estructuras mismas de poder que apoyan son los principales violadores de los derechos humanos, los asesinos de los hondureños? ¿Es el hecho de que esté en deuda con quienes la financian, y no con los ciudadanos hondureños o estadounidenses, a lo que hay que culpar de sus acciones antidemocráticas en Honduras?... ¿O se ha convertido en el poder mismo sobre el que afirma influir?
Cuando, hace dos semanas, mi colega acudió a la WOLA pidiendo hablar con alguien sobre nuestra preocupación por la actuación de la WOLA en Honduras, le dijeron que iba a ser imposible; las personas implicadas estaban en una reunión en el Departamento de Estado estadounidense todo el día. Tal vez la WOLA hiciera bien reflexionando sobre el significado de la justicia, la reconciliación y la tolerancia, como ha venido haciendo el movimiento de resistencia hondureño:
Eso que hemos venido llamando tolerancia requiere un ámbito que contenga las ideas intolerables, un espacio social en el que se pueda descubrir y señalar qué tipo de propuestas, ideas y prácticas sociales no se pueden tolerar: las prácticas racistas, la violencia, la corrupción, la desgracia producida por gobiernos al servicio de los poderosos, la tortura y la muerte producidas por el terrorismo de estado. No es posible tolerar la angustia que padece la mayoría de la nación mientras pasa otro día sin comer, ni la represión fomentada por el Estado para mantener la injusticia y la exclusión.- Gustavo Zelaya (miembro de la resistencia, sin relación alguna con el presidente Zelaya), 3 de abril de 2010.
En ese aspecto, tal vez todos nosotros tengamos algo que aprender del movimiento de la resistencia hondureña.
Adrienne Pine es profesora adjunta de antropología en la Universidad Americana e investigadora senior del Consejo de Asuntos Hemisféricos. La dirección electrónica de su blog es http://quotha.net/. Su último libro es Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras (UC Press, 2008) http://www.ucpress.edu/books/pages/10769.php. Se puede contactar con ella por correo electrónico en la dirección adrienne@quotha.net.
Fuente: counterpunch.org - www.rebelion.org
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