domingo, 25 de abril de 2010

Urge investigar asesinatos de periodistas en Honduras

La sociedad hondureña y la comunidad internacional exigen con urgencia a las autoridades investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos de siete profesionales de la prensa, afirma hoy el diario Tiempo.

En un artículo titulado "Quiénes son? y ¿Por qué?", señala el periódico que el pueblo necesita respuestas con investigaciones profesionales y resultados fehacientes.

Los meses de marzo y abril de este año han sido trágicos para el gremio periodístico, con siete comunicadores sociales acribillados a balazos en diferentes partes de la nación.

Las víctimas son Joseph Ochoa, del canal 51 de Tegucigalpa; David Meza, de Radio El Patio, en La Ceiba; José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez, de Radio Súper 10, en Olancho.

También fueron asesinados Nahum Palacios, de la Televisión del Aguán, en Colón; Luis Antonio Chévez, locutor de la emisora W105, de San Pedro Sula, y Georgino Orellana, de la televisión de esa misma ciudad.

Hasta el momento los entes investigadores están en deuda con la justicia porque sólo han dado a conocer anticipadas y primarias hipótesis, señala Tiempo.

Fuente: Prensa Latina - tgj/car



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Ola de femicidios en Honduras



Fuente: informarn - Radio Nederland - Youtube.com



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Honduras es el país más peligroso para periodistas



Fuente: banheirense - Youtube.com



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Honduras y Derechos Humanos. Golpe de estado con perspectiva continental

Los españoles de Murcia conocerán de los hechos ocultos por la prensa tradicional sobre el golpe de Estado en Honduras

El cardenal, Óscar Rodríguez Maradiaga, llevó también su versión a Murcia en días pasados.


Red Morazánica de Información

Tegucigalpa. El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Centro de Investigación y Comunicación Social de San Pedro Sula, desarrollará en Murcia, España, una charla coloquio titulada Honduras y derechos Humanos, patrocinada por los Comités Óscar Romero y por la entidad española Acción Sur (ACSUR) Las Segovias.


Las organizaciones campesinas, feministas, lésbico-gay, obreras, magisteriales, sindicales, comunales, defensoras de los derechos humanos, algunos partidos políticos, medios de comunicación y, en general, la población hondureña que se opone al golpe de estado iniciado el 28 de junio de 2009, y que exige transformar la sociedad mediante un nuevo pacto social, sigue siendo reprimida con “violencia creciente.”

Los movimientos sociales han denunciado una “persecución sistemática” con asesinatos, desapariciones temporales, violaciones, torturas, hostigamiento, y en las que aseguran la participación de los “órganos represivos estatales.” Pero que, además de “oficialmente negada, es escasamente investigada” por los entes de justicia.

La situación continúa agravándose a pesar de que Organizaciones civiles internacionales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado esas violaciones en Honduras, y han pedido a las autoridades instaladas -después de unas votaciones ganadas por Porfirio Lobo que se convirtió en el titular del Ejecutivo en ese país- que se aclaren y juzguen tales crímenes.

Radio Progreso, en el norte de Honduras, fue fundada por los jesuitas hace sesenta años y está ubicada en el municipio donde vive el jefe de facto anterior, Roberto Micheletti. Es dirigida por el mismo Ismael Moreno, y también ha sido víctima de persecución por su independencia editorial en contra del Golpe.

El padre Moreno estará en Murcia el próximo lunes 26 de abril en la Sede del Foro Ignacio Ellacuria, y explicará la situación de Honduras tras el Golpe de Estado. En días pasados, el cardenal hondureño, Óscar Rodríguez Maradiaga, señalado de estar vinculado al golpismo y que ha negado las violaciones a los derechos humanos en la ruptura constitucional, llevó también su interpretación del golpe a universidades católicas en Murcia, según fuente.

Fuente: Vos el soberano



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A más represión, más resistencia

La Honda. No.20 del 23/4/10

En esta semana, para aplacar a la Resistencia, el régimen golpista de Porfirio Lobo continuó con los asesinatos selectivos, secuestros y amenazas a muerte. Pero la Resistencia intensificó sus movilizaciones para redoblar la lucha del pueblo por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Los guardianes del Lobo andan sueltos

Los sicarios andan sueltos, matando periodistas que no se alinean con el gobierno. El 11 de abril, en San Pedro Sula, fue asesinado el locutor radial Luis Antonio Chévez Hernández.

En la noche del 20 de abril, también en San Pedro Sula, asesinaron al periodista televisivo Jorge “Georgino” Orellana. Con “Georgino”, suman 7 los periodistas asesinados durante el gobierno de Porfi rio Lobo.

Ese mismo día 20, por la tarde, en Tegucigalpa, secuestraron a Oscar Flores, militante de la Resistencia, liberado un día después, luego de una fuerte campaña de denuncias nacionales e internacionales.

El 22 de abril se conoció que el Director de Radio Progreso, el sacerdote Jesuita, Ismael Moreno, más conocido como “Padre Melo”, ha tenido que esconderse luego de insistentes llamadas telefónicas donde lo amenazan a muerte, por su apoyo a la Resistencia del pueblo hondureño.

El dúo que operativiza la represión en Honduras es el ministro de Seguridad Oscar Álvarez y el general Romeo Vásquez Velásquez, ejecutor del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, por lo cual Lobo lo premió poniéndolo como Director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

A más represión, más lucha

A pesar de la represión para que la Resistencia retroceda, el pueblo sigue en las calles. El 15 de abril miles de personas participaron en “la marcha de los sombreros”, en protesta contra la militarización de la zona del Aguán. Luego, el 17 de abril, el MUCA ganó una batalla en la lucha por sus tierras. Y el 20, hubo otra gran movilización para iniciar la recolección de 1 millón 250 mil fi rmas, demandando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.


Fuente: Vos el soberano

Movilización 1 de Mayo, Todos y Todas por la Constituyente

El Frente Nacional de Resistencia Popular

convoca este 1 de mayo a una

movilización nacional para demandar el retorno con plenas garantías

del ciudadano Manuel Zelaya Rosales y

del Padre Tamayo, defensor de nuestros bosques.

Caminemos codo a codo y convoquémonos como pueblo, como el soberano,

a una Asamblea Nacional Constituyente

Por la refundación de Honduras

Todos y Todas a firmar la Declaración Soberana por la Constituyente

1 de mayo

Plaza Colprosumah



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Honduran activists speak on human rights violations

by murielsoy
Honduran activist Luther Castillo speaks  while Centro Presente Executive Director Patricia Montes looks on

Honduran activist Luther Castillo speaks while Centro Presente Executive Director Patricia Montes looks on

In 2007, Luther Castillo was part of a team of Cuban-educated doctors who opened a hospital in Ciriboya, a community of Garifuna — the descendants of Africans and Arawak and Carib Indians that live on the Atlantic coast of Honduras.

Things went well for the first two years, as the hospital grew and treated 378,000 patients in the impoverished coastal area.

Then, a day after the June 2009 right wing coup in which the country’s military ousted democratically elected President Manuel Zelaya, soldiers broke down the doors of Castillo’s hospital, stole medical supplies and intimidated doctors, most of whom left.

Castillo, his remaining colleagues and the Garifuna people they serve all face daily the threat of violence under the current government, headed by conservative businessman Porfirio Loba Sosa.

In the first six months since the coup, there were 254 human rights violations, including the assassination of trade unionists and pro-democracy activists, detentions and acts of intimidation, according to the human rights group Amnesty International.

Last week, Castillo and human rights activist Juan Almendares visited Boston to talk about the human rights violations in Honduras and seek help from U.S. activists.

The driving force behind the militarization of Honduras, according to Almendares, is a move by corporations and wealthy individuals to expropriate land owned by subsistence farmers.

“Our soldiers, our army are the bodyguards of the oligarchy,” Almendares said during a meeting with activists at City Hall. “They’re the bodyguards of the corporations.”

There are more than 60,000 soldiers and private security contractors in Honduras, according to Almendares. That concentration of military personnel, along with long-simmering conflicts over land, have contributed to a murder rate of 68 for every 100,000 people.

“We’re now more violent than Nicaragua and El Salvador,” Almendares said. “But we, the people of Honduras are not violent. What’s violent is the capitalist system.”

Perhaps nowhere in Honduras is the struggle for land more contested than on the Atlantic coast, where Castillo’s Garifuna community is centered.

“We have been there for more than 300 years,” Castillo said. “We wake up one day and now there’s a new owner of the land. And it’s one man.”

That man, Miguel Facusse Barjum — widely seen as one of the most wealthy and powerful men in Honduras — owns thousands of acres of land that has been worked by Garifuna subsistence farmers for centuries.

President Zelaya had committed state resources to resolving disputes over the ownership of Facusse’s land, much of which had been re-settled by farmers. But after the coup, a series of assassinations of land reform activists has de-railed the movement.

The pace of killings and detentions of activists has continued steadily since the June 2009 coup. In January, a new government took power, after Lobo was elected president. In February there were more than 50 illegal detentions, eight cases of torture, two kidnappings and two rapes, all carried out against members of the coup resistance, according to reports.

Castillo and Almendares are hoping that by bringing attention to the political crisis in Honduras, they can help protect activists from further persecution.

“I’m a torture survivor,” said Almendares, who was tortured by the right wing Honduran government in the 1980s. “I’m alive because of solidarity work from the United States, Europe, Latin America and Africa.”

Castillo said that while the Obama administration has not been responsive to calls to sanction the Honduran government, the Congressional Black Caucus has been helpful.

“Their solidarity has helped protect us,” he said.

Fuente: hondurashumanrights.wordpress.com


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En Honduras: Lamentablemente el Golpe de Estado continúa

Por: Mario Ardón Mejía

A propósito he prolongado la escritura de este artículo, esperando por meses que el nuevo gobierno instaurado de forma ilegal e ilegítima bajo el golpe de estado, diera señales de cambios verdaderos e innovadores en la forma de reposicionarse como nuevo gobierno que pretende diferenciarse de los propulsores originales del golpe de estado militar y político-empresarial hondureño, pero esto no ha sucedido y este gobierno repartido sigue empecinado en dar continuidad al golpe de estado por numerosísimas razones:

  1. De lo que menos tiene este gobierno es de unidad y reconciliación nacional. Pues desde la conformación del gabinete, se siguió una lógica de un gobierno repartido entre los cabecillas de los partidos políticos tradicionales (todos los partidos políticos participantes en las elecciones espurias son tradicionales) que aún con la renuencia de las bases, aceptaron cargos públicos muchos de ellos aún sin contar con las capacidades elementales para desempeñarse en dichos cargos, pues sólo lo están haciendo para cobrarse el haber callado, negado y contribuido al pretendido lavado del golpe de estado.
  2. Los principales actores intelectuales y materiales del golpe de estado, han sido premiados por el nuevo gobierno en puestos desde donde podrán ejercer mayor control para garantizar la continuidad del golpe de estado y asegurarse la posibilidad de continuar realizando acciones antidemocráticas en contra del pueblo hondureño.
  3. Más recientemente personajes de la política tradicional y fuertemente afines al golpe de estado perpetrado en Honduras el 28 de junio del 2009, están siendo nombrados en representaciones internacionales como las naciones unidas, con lo cual las amenazas antidemocráticas hacia el futuro serían mucho más perversas y precisas.
  4. El nuevo gobierno sigue desconociendo la legitimidad y el protagonismo del Frente Nacional de Resistencia en contra del golpe de estado. Por primera vez en la historia hondureña se ha dado un movimiento de organización, articulación y en proceso de consolidación social con la participación activa de una amplia mayoría de diversos sectores de la población hondureña a nivel nacional e internacional. Es de aclarar que el Frente Nacional de Resistencia en estos momentos demanda el respeto, el reconocimiento y no la participación en la repartición del nuevo gobierno, pues ello sería como contribuir a lavar el golpe de estado hondureño y legitimar su continuidad.
  5. La tan cacareada comisión de la verdad, ha sido conformada por personas muy afines al golpe de estado y de ninguna manera garantiza alguna posibilidad de confiabilidad en sus resultados. Tal es el caso de una de sus integrantes que ha sido incluso capaz de mentir, sobre un hecho nada trascendental como la agresión sufrida por ella por parte un policía en plena represión y de la cual todo mundo fue testigo y ahora esta señora rectora de la UNAH dice que no la agredieron, manifestando algo así como que ella así se cae.
  6. Los protagonistas intelectuales y ejecutores del golpe de estado, siguen presentes en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público, sin ser sometidos a un proceso de cuestionamiento por parte del Congreso Nacional que más que actuar pertinentemente , siguen empecinados en lavar el golpe de estado y en asegurar una vía expedita para realizar acciones de proselitismo político, para el siguiente periodo presidencial a pesar de que todavía éste gobierno no arranca con su gestión por estar más preocupados en lavar el golpe de estado y en lograr un reconocimiento internacional.
  7. Por otra parte, es de resaltar la despreocupación de este gobierno continuador del golpe de estado en avanzar hacia el logro del respeto, reconocimiento y legitimidad de las acciones para lograr el reconocimiento de la amplia mayoría del pueblo hondureño organizado y articulado en torno al Frente Nacional de Resistencia Frente al Golpe de Estado, para el inicio de proceso serio, encaminado a la necesaria reconciliación nacional, pero no en el sentido promovido por los cabecillas de las iglesias evangélicas y católica, sino en el sentido de garantizar un mayor respeto y reconocimiento de la legitimidad del pueblo hondureño, representado en la amplia mayoría que aglutina a diversos sectores sociales en el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras.

Existen muchas más razones para afirmar que el golpe de estado se perpetua, pero creo es el momento para que el pueblo hondureño organizado, articulado y en proceso progresivo de consolidación y acción dentro del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, tenga más en cuenta de no caer en las provocaciones de divisionismo que pueden surgir, como una de las armas más lesivas que pueden impedir alcanzar un proceso social con consistencia y pertinencia. No es posible que se siga repitiendo en la historia de Honduras, de América Latina y del mundo, la premisa de que unos pocos vienen y siguen controlando a las amplias mayorías, debido a la promoción de desunión de los diversos actores que conformamos la población la nación hondureña.


Fuente: Vos el soberano


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Washington’s Invented Honduran Democracy

by COHA Staff
  • With the wave of killings now besieging the country, the White House will be hard put to provide credible evidence that it has helped found a democracy in Honduras
  • It should come as no surprise that the Obama administration’s disappointing Honduran policy has done little to discourage the seventh murder of a Honduran journalist in recent days, making the tiny Central American country the world’s murder capital when it comes to gunning down media professionals with impunity.

Since the constitutionally-elected government of President Manuel Zelaya was overthrown by a military coup on June 28, 2009, Washington has dragged its feet and repeatedly has acted as an apologist in first defending the Honduran de facto government of Roberto Micheletti and its successor, the government of Porfirio Lobo Sosa. Although the (U.S. based) National Democratic Institute’s characterized Lobo’s election as democratic, it was boycotted by dozens of anti-coup candidates, carried out under conditions of state-sanctioned violence, and the UN, EU, OAS and Carter Center refused to send monitors to Honduras to evaluate the quality of the elections. Despite the U.S. position of glossing over the non-democratic aspects associated with U.S. policy towards Honduras, most of the world has established a cordon sanitaire around the tainted heir of the coup government and has blocked military, financial, and diplomatic ties to it.

Washington’s Latin American policy makers have insisted in their erratic and inconsistent policy gyrations and rapidly altered scripts that they were following a policy aimed against the protagonists of a coup d’état against the legitimate Zelaya government, but the reality of U.S. policy was another matter. The June 2009 coup that ousted Zelaya took place five months after the Obama administration had assumed office; as such, the entire affair has occurred on president Obama’s watch. In October of 2009, COHA expressed its extreme concern that conservative Senator Jim DeMint (R-SC) had been playing a definitive, if not destructive role in the formulation of U.S.-Honduran foreign policy by placing a “hold” on two U.S. diplomatic nominations by the Obama White House. These included Arturo Valenzuela, who had been nominated to be Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs. COHA further reported that “Senator DeMint has stated that he will release his hold on the confirmations of Valenzuela and [Thomas] Shannon [to be Ambassador to Brazil] only after the U.S. affirms that it will recognize the upcoming November elections in Honduras.”

This is exactly what came to pass as DeMint “announced the lifting of the veto since he had secured a commitment from the Obama administration to recognize the Honduran elections on November 29th.” This commitment came in the form of results of a telephone call from Secretary Clinton and Valenzuela assuring DeMint (according to the Senator) that regardless of whether President Zelaya joined a then U.S.-advocated unity government involving the major political forces in the country (as stipulated in the San José-Tegucigalpa accords), the U.S. would recognize the election’s results. In other words, the Secretary of State and Valenzuela were prepared to allow DeMint to sabotage the U.S.’s stance on Honduras by caving in on the most important Latin American-related decision of the Obama presidency based on DeMint’s terms. The amended U.S. position was at variance with the vast majority of nations in the hemisphere and the world, including most of the OAS leadership and the entire EU.

“There is no evidence that the Honduran government has been seized by any great sense of urgency regarding the danger facing working members of the Honduran press,” said Larry Birns, the director of Washington-based Council in Hemispheric Affairs, in denouncing the slaughter of seven working Honduran journalists and news people in a little over a month.

  1. Joseph Ochoa (1 March, in the capital Tegucigalpa);
  2. David Meza (11 March, La Ceiba);
  3. Nahún Palacios (15 March, Topoa, near La Ceiba);
  4. Bayardo Mairena (26 March, on a road in the province of Olancha, bordering Nicaragua)
  5. Manuel Juárez (killed with Mairena)
  6. Luis Antonio Chévez Hernández (12 April, San Pedro Sula)
  7. Giorgino Orellana (20 April, San Pedro Sula)

To the contrary, the Honduran government has shamelessly come up with a canard attributing this rash of politically-motivated extrajudicial murders to common criminals.

Fuente: quotha.net/node/892



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URGENT Communique from the Jesuits of Honduras

Click title for pdf of original with seal:

Communique from the Jesuits of Honduras

The Superiors of the Company of Jesus in Honduras, facing the threats and coercion to which Father Ismael Moreno, S.I. (Padre Melo) is repeatedly subjected, express the following to the national and international communities:

FIRST: We denounce the fact that in recent weeks Father Melo has been subjected to death threats by unknown people through text messages and calls to his cell phone. These threats are related to his humanitarian decision to arrange protection for the young woman Irma Melissa Villanueva in a case known to the Court of the Public Ministry and to diverse national and international human rights organizations.

SECOND: We stand by the fact that the relation of Padre Melo with Irma Melissa and her family takes place exclusively within the context of the acts that occurred on the day of August 14th in Choloma, the day on which Irma Melissa accuses several policemen of having raped her on the occasion of a resistance march in that city. The actions of Father Moreno are within the framework of a Christian duty facing situations that require humanitarian accompaniment of religious figures like him.

THIRD: We note that the threats against Father Melo do not target him alone. The Company of Jesus denounces the fact that Gerardo Chévez, reporter for Radio Progreso, is also receiving threats related to his broadcasting work with the radio

FOURTH: On Friday, April 17th, Father Valentín Menéndez S.I., Superior of the Jesuits of El Progreso, Yoro, presented a formal complaint to the Special Human Rights Court of San Pedro Sula, asking that an investigation be carried out in relation to the threats against and attempts to coerce Father Melo.

FIFTH: We demand that the national authorities carry out a diligent and effective investigation about the acts that have been denounced and we make an urgent call to national and international human rights organizations to follow up on this case.

El Progreso, Department of Yoro, April nineteenth, two thousand and ten.

Valentín Menéndez S.I.
Superior de los Jesuitas de El Progreso.

Carlos Solano S.I. Juan José Colato S.I.
Superior de los Jesuitas de Yoro Superior de los Jesuitas de Tocoa.


Fuente: quotha.net/node/893 - Traducción Adriane Pine


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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos contra la democracia hondureña


Adrienne Pine



América: el pasado año hemos sido testigo del aumento de las hostilidades entre Estados Unidos y América Latina, centradas en buena medida en torno al golpe de estado militar del 28 de junio de 2009 que derrocó al presidente electo hondureño Manuel Zelaya. Y aunque muchos latinoamericanos creen que el papel de Estados Unidos en Honduras es continuación de las medidas imperialistas que ha adoptado en la región durante el siglo pasado, en el caso de Honduras se aprecia un nuevo giro: gran parte de la labor que realiza en la sombra el Departamento de Estado la lleva a cabo una de las ONG defensora de los derechos humanos más respetada en Washington: la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, Washington Office on Latin America).

Borrar la resistencia

Pese a que la escasa atención que han prestado los medios de comunicación internacionales al golpe militar del año pasado en Honduras se ha centrado en los agentes individuales, como el presidente Zelaya, el mandatario de facto Roberto Micheletti o el presidente costarricense Óscar Arias, los asuntos que hay en juego para los centenares de miles de hondureños que tomaron las calles y siguen hoy día oponiendo resistencia eran mucho más importantes que cualquier persona. A los hondureños les encolerizaba que les hubieran arrancado por la fuerza su democracia representativa con un golpe militar apoyado por Estados Unidos. La ira fue aumentando cuando el ejército empezó a golpear, violar, detener ilegalmente y asesinar a miembros de la resistencia no violenta; a ocupar militarmente las universidades, bibliotecas y centros culturales; y a aterrorizar a las personas en los barrios (apoyándose en la declaración del estado de emergencia y los toques de queda)... todo en nombre del régimen de facto. Diversas organizaciones de derechos humanos reconocidas en el ámbito internacional, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (documento en formato pdf) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han documentado más de 4.000 violaciones de derechos humanos infringidas por el gobierno de facto contra los hondureños que se opusieron a él en los meses posteriores al golpe.

La tergiversación que han hecho los medios de comunicación del amplio y variado movimiento de resistencia, así como el discurso oficial de que son «partidarios de Zelaya», refuerzan las principales estipulaciones de los Acuerdos de San José-Tegucigalpa, impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contraviniendo la firme posición inicial adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), decidida a no reconocer en modo alguno al gobierno de facto. Las estipulaciones son las siguientes: «elecciones libres y limpias», creación de una «comisión de la verdad» y «gobierno de reconciliación». En el primer caso, la invisibilidad del movimiento de resistencia en los medios de comunicación internacionales eclipsa el hecho de que el presidente Porfirio Lobo Sosa fue nombrado tras unas elecciones celebradas bajo la situación de suspensión de garantías constitucionales y violencia extrema del Estado. Las elecciones, que las autoridades del Departamento de Estado norteamericano elogiaron como un ejercicio modélico de democracia participativa, habían sido boicoteadas de hecho tanto por la resistencia como por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter. Además, no hubo ningún tipo de observadores internacionales en las elecciones (aunque el Instituto Democrático Nacional estadounidense [NDI, National Democratic Institute], que recibe financiación federal y está presidido por la antigua Secretaria de Estado Madeleine Albright, envió «observadores» que desempeñaron un papel crucial para legitimar la farsa de la democracia), y el Tribunal Electoral Supremo de Honduras, designado ilegalmente, hizo públicos unos resultados absolutamente ficticios. La tesis del Departamento de Estado norteamericano de que las elecciones ponían fin a la crisis se vio reforzada por la falsa aseveración, expresada la primera vez por Tom Shannon el 3 de noviembre, de que el bando de Zelaya había acordado apoyar las elecciones con o sin su rehabilitación en el cargo, una condición establecida por los Acuerdos de San José-Tegucigalpa.

Estados Unidos, haciendo frente tanto a una comunidad internacional dispuesta nuevamente a plantar cara como a un movimiento de resistencia hondureño de una envergadura sin de precedentes, no ha conseguido modificar en todo caso un modus operandi que data de la década de 1980. El embajador estadounidense Hugo Llorens ha reproducido varias páginas del manual de instrucciones de la década de 1980 del antiguo embajador John Negroponte. Además de contribuir a hacer ininteligible en el reciente Informe sobre los Derechos Humanos en Honduras la responsabilidad que tienen los cabecillas del golpe de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, Llorens se ha dedicado a trabajar para crear la comisión de la verdad mencionada más arriba, que ha sido denunciada por todas las organizaciones hondureñas importantes de derechos humanos y por la amplia coalición de la resistencia (enlace 1 y enlace 2), y ha tratado de mediar para la instauración del «gobierno de reconciliación» reuniendo a dirigentes del Partido Liberal que se oponían al golpe y al ultraderechista Partido Nacional, precariamente representado por Lobo. La posición del movimiento de resistencia sobre la comisión de la verdad y el proceso de «reconciliación» es que en lugar de servir para dar los pasos necesarios para alcanzar una paz fundada en la democracia y la justicia, amparan una represión cuyo objetivo es eliminar la exigencia de una nueva constitución.

La WOLA entra en acción

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos o, por sus siglas en inglés, la WOLA, es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1974 y dedicada a la defensa de los derechos humanos. Según su página web,

    desde 1975, cuando trabajó entre bambalinas para que se redactara la primera normativa importante que condicionaba la ayuda militar estadounidense en el extranjero a las buenas prácticas en el ámbito de los derechos humanos, la WOLA ha desempeñado un papel fundamental en todos los debates políticos relevantes de Washington sobre los derechos humanos en América Latina. En la actualidad, es frecuente que el ejecutivo, organizaciones multilaterales, miembros del Congreso y medios de comunicación estadounidenses y latinoamericanos soliciten al personal de la WOLA que les aporte información y estudios.

Decir que la WOLA desempeña un papel fundamental en la política estadounidense hacia América Latina tal vez sea quedarse corto. La WOLA, que suele ser la única voz del ámbito de los «derechos humanos» presente en las sesiones del Congreso y el Senado, abarrotadas, por lo demás, de expertos neoconservadores y neoliberales como Otto Reich y Lanny Davis, tiene mucho más acceso que otros grupos a la asamblea legislativa. En una reunión que mantuvimos el pasado mes de noviembre tres colegas y yo con la asesora de un congresista que ha defendido cuestiones de derechos humanos en América Latina, en la que manifestamos nuestro desacuerdo frente al reconocimiento estadounidense de las elecciones hondureñas, la asesora borró de un plumazo nuestra preocupación. Según nos dijo, sabía todo lo que hacía falta sobre Honduras: ella y su jefe ya habían hablado con la WOLA (que apoyaba las elecciones) y con el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG, Latin American Working Group), en sintonía con la WOLA.

La influencia de la WOLA es tan grande que los miles de organizaciones no lucrativas radicadas en Washington D.C. y centradas en el trabajo de base, esos miles de organizaciones a las que hace sombra, hablan de ella en voz baja (literalmente). Aunque algunas personas han criticado y se han opuesto desde la izquierda a las posiciones de la WOLA, el precio de hacerlo es elevado. Desde que me mudé a Washington D.C. el pasado mes de junio, al menos dos docenas de activistas de base y sin ánimo de lucro del distrito me han confiado que llevan muchos años deseando que alguien ponga en cuestión a la WOLA pero que, como me dijo una de ellas, «para hacerlo hay que ser un suicida». Hay dos razones para su indecisión, y ambas tienen que ver con el poder que tiene la WOLA como actor en el seno de la escena política: en primer lugar, porque la organización, que realiza labores de representación en todas las regiones de América Latina, ha ejercido mucha influencia en los asuntos de derechos humanos de la política estadounidense y, aunque muchos consideran que es más perjudicial que benigna, obra bien en muchos casos; en segundo lugar, porque es tan poderosa y está tan bien relacionada que ponerla en cuestión podría hacer peligrar gravemente a organizaciones que trabajan por solidaridad y desde la base con los defensores latinoamericanos de la justicia y los derechos humanos.

Pero, ¿en qué aspecto supera lo malo a lo bueno?

El antiguo embajador hondureño golpista Roberto Flores Bermúdez, portavoz en Washington del régimen de facto de Micheletti y que últimamente ha tratado de presentarse como neutral, ha trabajado estrechamente con la WOLA en la definición de la política hacia Honduras desde el golpe de estado. La colaboración de la WOLA con Flores Bermúdez no está descompasada con la posición decididamente resbaladiza y pro-Departamento de Estado norteamericano que ha adoptado con respecto al golpe desde el 28 de junio del pasado año. En una sesión del Congreso celebrada el 10 de julio, aunque Joy Olson, la directora ejecutiva de la WOLA, reconocía que el derrocamiento de Zelaya era un golpe de estado, sugirió que en lugar de ser extraditado debería haber sido encarcelado en el país. Tampoco logró rectificar ninguna de las mentiras flagrantes pronunciadas por los miembros del Congreso u otros «testigos» adiestrados por Lanny Davis, que comparecía también como testigo en representación de la sección hondureña del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), que financió el golpe. Entre ellas había falsas acusaciones de que Zelaya estaba tratando de perpetuarse como dictador vitalicio, que se dedicaba al narcotráfico desde Venezuela y que el golpe (al que se refirieron como «sucesión constitucional») había impedido que Chávez se adueñara del hemisferio. (Para una refutación de estas afirmaciones de los medios de comunicación estadounidenses, véase el artículo de Kirk Nielsen «Canard d’Etat».) «Parece como si de la ley en todos los bandos abundaran las violaciones», señalaba Olson mientras elogiaba la forma en que las negociaciones de Arias y la administración habían gestionado la situación» (si bien admitía que ignoraba si el Departamento de Estado había reconocido todavía que se había producido un golpe de estado; no lo había hecho). «Una crisis puede ofrecer oportunidades», señaló cinco días después de que el régimen asesinara a su primer manifestante pacífico, Isis Obed Murillo.

El otro colaborador principal hondureño radicado en Washington D.C. que ha ayudado a la WOLA desde el golpe ha sido Francisco Machado. Como portavoz estelar (invitado por la WOLA) en el plenario del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos del 4 de febrero, Machado describió el conflicto hondureño como un enfrentamiento entre dos facciones radicales, la extrema derecha y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); una afirmación que despoja de legitimidad a la amplia coalición de organizaciones y los centenares de miles de hondureños que se consideran miembros del movimiento de resistencia no violenta. Se trata de una aseveración particularmente peligrosa en un momento en que Billy Joya, el antiguo jefe de escuadrones de la muerte, parece estar adiestrando a grupos paramilitares para preparar una masacre de campesinos en Aguán, a quienes para justificar el exterminio los medios de comunicación hondureños favorables al golpe califican igualmente de «extremistas» y «terroristas».

En la conferencia de los Días de Apoyo Ecuménico [Ecumenical Advocacy Days] celebrada el 20 de marzo en Arlington, Machado aparecía como uno de los ponentes del panel sobre Honduras de la WOLA:

    16,50 - 18,20 h. Track Time III Honduras: Back to the Past, On to the Future [Tercer Momento sobre Honduras: Regreso al pasado, mirando al futuro] - Potomac View Room [Sala del Potomac]

    Pensábamos que los golpes de estados [sic] eran cosa del pasado en América Latina, pero el 28 de junio de 2009, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue enviado al exilio por la fuerza. Pese a la solución provisional, esta sociedad marcadamente polarizada debe lidiar con la exclusión política y la desigualdad social que alimentó la crisis.

    Ponentes: Vicki Gass, de la Oficina de Washington para América Latina; Francisco Machado, activista hondureño; otros pendientes de confirmar.

El tono de esta descripción de la mesa redonda es elocuente: aparte de la WOLA, solo el Departamento de Estado y el Congreso estadounidenses parecen creer realmente que se ha alcanzado una «solución provisional», mientras que habría sido más exacto calificar la «desigualdad social» como «oligarquía violenta que obtiene legitimidad mediante una constitución radicalmente antidemocrática y utiliza el ejército para reprimir a la multitud cuando exige representarse a sí misma». Machado no llegó a comparecer realmente en el acto del 20 de marzo; sin embargo, una grupo de asistentes progresista compuesto por unas 30 personas reaccionó negativamente ante la exposición de Gass, que numerosos participantes calificaron posteriormente como pro-golpista. Una hondureña del público que se identificó con la resistencia para criticar la intervención de Gass me dijo que estaba horrorizada ante la tergiversación extremadamente peligrosa que había hecho de la situación de su país.

Poco antes de la conferencia Ecumenical Advocacy Days, el congresista Eliot Engel, presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, convocó una segunda sesión de la conferencia después del golpe de Honduras. En la sesión del 16 de marzo, el centro de atención dejó de ser si se había producido o no un golpe de estado (aunque la cuestión se planteó en numerosas ocasiones), sino más bien cómo garantizar un clima ideal para los inversores estadounidenses. En calidad de testigo, Vicki Gass (que antes de incorporarse a la WOLA trabajó en Iraq para el Instituto Democrático Nacional desde 2004 hasta 2006) proporcionó un saludable respiro para los monólogos aparentemente interminables que planteaban el tema de los derechos humanos identificando los intereses de los inversores estadounidenses con la democracia hondureña. Sin embargo, al abordar la cuestión de los derechos humanos defendió ante una sala casi vacía que la crisis de Honduras no era nueva; que, en realidad, apenas tenía que ver con el golpe en general (véase el testimonio escrito de la WOLA y un video de la sesión). Pese a lamentarse de que «[un] sondeo reciente realizado por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH) revelaba que el 59,9 por ciento de los hondureños ya no creía en la democracia» (con una nota al pie que dice «enero de 2010; buscar la cita exacta»), Gass no logró vincular de ningún modo esta estadística con el propio golpe. Según la tesis de la WOLA, el problema no reside en la usurpación del gobierno electo llevada a cabo el 28 de junio de 2009, a la que siguió el asesinato de un número no revelado de individuos considerados enemigos políticos que creen tener derecho a una democracia real, sino la falta de fe en la «democracia» existente; una falta de fe originada por décadas de «una cultura de corrupción e impunidad aparentemente arraigada». Ese argumento de la cultura del delito es el paso perfecto para una solución que imponga ley y orden e impunidad para la violencia policial y militar, a saber (también extraído de la sesión del 16 de marzo):

    13:51:00.- Sr. Mack: Gracias, señor presidente y, usted sabe que escucho con mucho interés todo su... eehh... testimonio y... eehh... no estoy seguro de que haya mucho que podamos... eehh... bueno, permítame referir un aspecto que me gustaría investigar un poco más. Para avanzar un poco, ¿a qué tipo de... eehh... actividades cree usted que Estados Unidos debería dedicarse en relación con la pobreza, los derechos humanos...? eehh... ¿qué tipo de cosas son las que cree usted que deben ser las próximas que podría hacer Estados Unidos para ayudar... eehh... para mostrar que apoyamos al pueblo de América Latina...? eehh... Porque podemos no apoyar necesariamente a algunos gobiernos de América Latina pero apoyamos a la gente de América Latina... así que si quiere empezar usted y, luego, cada uno de ustedes darme una pincelada sobre eso, se lo agradecería.

    1:51:30.- Señorita Gass: Bueno, creo que hay varias cosas que podría hacer la administración. Primero, restablecer la ayuda al ejército y a la policía; pueden ser útiles para reforzar las instituciones, quizá investigando las violaciones de los derechos humanos que se han producido desde el golpe de junio y utilizándolo para reforzar una institución que es increíblemente débil. Y luego, en segundo lugar, yo diría que realmente tienen que trabajar codo a codo para impulsar un... un... un diálogo significativo durante un periodo largo de tiempo, no una consulta de dos o tres días, sino algo que esté centralizado en la región y apoyarlo económicamente.

Resulta increíble que una organización cuya misión es defender los derechos humanos proponga enviar dinero a los escuadrones de la muerte; de hecho, eso es exactamente lo que está haciendo la WOLA.

Las tesis expuestas por la WOLA en la sesión, incluida la afirmación de que Porfirio Lobo fue elegido en unas elecciones libres y limpias, ofrecen un retrato descontextualizado de la situación de los derechos humanos en Honduras. Según la versión de la WOLA, los miembros de la resistencia no mueren a manos de un régimen de facto, sino de otros hondureños violentos, que matan porque viven en una «cultura» deficitaria. En un artículo de The Huffington Post aparecido la víspera de la toma de posesión de Lobo, Gass y el fundador de la WOLA, Joseph Eldridge (capellán de la American University y marido de la Subsecretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos, María Otero, que a su vez desempeñó un papel decisivo en la elaboración de la justificación para reconocer las elecciones ilegales) describe Honduras como «este país políticamente alienado y desconfiado». Luego pasaron a trazar un plan para restablecer las relaciones internacionales que refleja exactamente la versión distorsionada que tiene el Departamento de Estado estadounidense de los Acuerdos de San José-Tegucigalpa, omitiendo toda mención del movimiento de resistencia. Dado que la «crisis» (eufemismo que los defensores del golpe utilizan para referirse al golpe militar y el régimen de facto) había «finalizado», los pasos siguientes, plantearon Eldridge y Gass, eran crear una comisión de la verdad y establecer un «proceso de diálogo nacional».

Como hemos señalado más arriba, la amplia coalición de la resistencia hondureña y todas las principales organizaciones de derechos humanos hondureñas han rechazado de plano estas propuestas aduciendo el hecho de que los miembros de la resistencia siguen siendo asesinados a diario por el ejército y la policía (unas condiciones difícilmente favorables para establecer un diálogo o iniciar una investigación honesta) y que la exigencia principal del movimiento de resistencia (la creación de una asamblea constituyente auténticamente popular que redacte de nuevo la constitución hondureña) está siendo barrida bajo la alfombra. A los peores criminales hondureños, los castigados por la participación en delitos contra la democracia y la humanidad, ya se le ha garantizado la amnistía con sentencias como «senador vitalicio» (Micheletti) o nombramientos como el de jefe de la empresa nacional de telecomunicaciones Hondutel (general Romeo Vásquez Velásquez).

En estas condiciones, ¿quién debería imponer la verdad y la reconciliación? Las tentativas vacilantes del embajador Llorens de reparar la implosión del Partido Liberal asignándole la tarea de impulsar la comisión de la verdad y la mediación en la «reconciliación» han fracasado debido a la oposición feroz e inquebrantable de la resistencia. Como el programa del Departamento de Estado estadounidense de imponer los Acuerdos de San José-Tegucigalpa no sale a flote, se ha dirigido a sus socios «no gubernamentales» para que ayuden a Llorens en la tarea. El 25 de febrero, la WOLA envió una carta a Porfirio Lobo (en formato pdf) con copia a Llorens y a Arturo Valenzuela, Ayudante del Secretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, en la que proponía un miembro para la comisión de la verdad. Pero la participación de la WOLA en el proceso de reconciliación va mucho más allá; la organización no gubernamental ha asumido el liderazgo en la planificación e implantación del «diálogo» sobre el desarrollo «democrático», cuyo inicio está previsto para el miércoles 14 de abril en el Capitolio.

Estaba previsto que el jueves 8 de abril al menos nueve hondureños, a los que se invitó en secreto a participar, fueran trasladados para asistir a esta «Conferencia sobre el Análisis y Perspectivas de Desarrollo Democrático en Honduras», a la que no se permite acceder a la prensa. Un correo electrónico enviado desde la WOLA a los asistentes a esa jornada afirma lo siguiente:

    De nuevo, hemos invitado a esta conferencia a representantes del nuevo gobierno y organizaciones de la sociedad civil de Honduras, representantes del Gobierno de los Estados Unidos, Embajadas de otros países acreditadas en Washington, y otras organizaciones ONG’s que trabajan sobre Honduras. El objetivo de la conferencia es proveer un espacio para tener discusiones francas sobre la situación actual en Honduras y explorar oportunidades para cambios sustanciales.

El programa en sí detalla varias mesas redondas coordinadas por participantes escogidos. Un fragmento de la descripción del contenido de una mesa redonda titulada simplemente «Análisis político» dice: «La crisis de credibilidad y confiabilidad de los ciudadanos en el Estado, sus instituciones y el gran reto de transformarlo en los pilares sólidos de la democracia». Una vez más, vemos aquí la crisis enmarcada no en la ausencia de legitimidad del Estado, sino en la opinión de los ciudadanos de que el Estado es ilegítimo. Otra mesa redonda posterior, «La Crisis Política» plantea la cuestión como «avance y retos en el proceso democrático, y los desafíos de la reconciliación de una sociedad dividida y sedienta de mayor y mejor beneficio del sistema democrático». La redacción es igual de engañosa, pues contiene el uso eufemístico del término «crisis», la acusación de que en Honduras existe un proceso democrático y de que lo que hace falta para ajustarlo es la «reconciliación» (en lugar de la justicia), y la idea de que son «beneficios», y no participación, lo que esperan de un sistema democrático los hondureños. Otras mesas redondas, como la coordinada por Arturo Corrales Álvarez, Ministro de Planificación y Desarrollo del presidente Lobo, se ocupa específicamente de las estrategias para hacer avanzar el proceso de diálogo. La sesión de preguntas y respuestas programada para el mediodía se describe como «Preguntas de los asistentes a la conferencia [en la versión española se dice literalmente el “público”, aunque la conferencia es a puerta cerrada] y respuestas de los panelistas».

Comparemos el enfoque y el calado de este planteamiento con el de la Asamblea Popular Constituyente que tuvo lugar entre los días 12 y 14 de marzo en La Esperanza, a la que asistieron aproximadamente un millar de hondureños, incluido el padre Ismael Moreno, sacerdote jesuita, teólogo de la liberación y director de Radio Progreso, que rechazó la invitación personal que le hizo la WOLA para participar en su «diálogo». Esta otra conferencia se describe en los siguientes términos en una convocatoria abierta:

    [Honduras] nos invita nuevamente a construir nuestras utopías; pensando-nos, encontrando-nos, viendo-nos profundamente iguales y diversos frente a todos los sueños posibles: la construcción del poder popular y su ejercicio, el agua para todas y todos, el respeto a las tierras y territorios, el valor de las culturas ancestrales, la sabiduría de la biodiversidad, el bien común a partir de los derechos fundamentales, la dignidad de la vida plena de las mujeres, el reconocimiento de la fuerza rebelde de la juventud y sus aportes y propuestas, la laicidad del ejercicio político, la necesaria reivindicación de una infancia feliz.

El contraste entre el enfoque de la WOLA (en colaboración con el Departamento de Estado estadounidense y la administración de Lobo) y el movimiento de resistencia es igualmente llamativo en lo relativo a transparencia, proceso democrático e inclusión, como también queda patente en la convocatoria para la conferencia de La Esperanza:

    Tienen la entusiasta misión de constituir una Asamblea del Pueblo donde converjan todas las ideas y sueños que han esperado siglos.

    Allí debatirán sobre el futuro compartido y su palabra se hará una sola y será común a todos y todas.

    Los pueblos de Honduras ensayarán su Poder Popular Constituyente, por eso deberán traer también la voz de los ausentes, ojalá de manera escrita para que no se olvide y para que no sea silenciado. Los pueblos encontrarán por el camino a La Esperanza mucha solidaridad, pero deberán llevar tanta o igual solidaridad en su morral de sueños.

    Todo es bienvenido: agua, café, frijoles, cobijas, maíz, arroz, azúcar para ser compartido los días en que la patria nos convoca.

El viernes 9 de abril fui invitado a debatir con Francisco Machado en Radio Globo (una emisora que desde el golpe ha sido blanco de hostigamiento y ataques) sobre la inminente reunión de la WOLA, que se había filtrado al movimiento de resistencia. A la afirmación de que la reunión estaba concebida como un acto democrático e incluyente, respondí que además de ser necesaria invitación para asistir, se celebraba en Washington D.C., y no en un lugar particularmente accesible para los hondureños. A la afirmación de que estaba abierta a la prensa, respondí que cuando una reportera de Telesur había llamado a la WOLA el día anterior para confirmar la celebración del evento y solicitar acreditación para asistir, la persona con la que habló le confirmó el evento pero le dijo que no estaba abierto a la prensa. Durante la entrevista conté al presentador del programa, Félix Molina, que en realidad me sentía un tanto incómoda en ese debate. No creía que mi papel fuera debatir con hondureños sobre qué debían hacer en su país; sin embargo, a mi juicio, el gobierno estadounidense y las ONG están trabajando juntas para socavar la democracia de otro pueblo y, en ese sentido, sí debía tomar la palabra. Al día siguiente, en respuesta a la presión del movimiento de resistencia, abandonaron tres participantes identificados con la resistencia, Héctor Soto, Víctor Fernández y Edgardo Chévez, con lo que invalidaron el argumento de que el diálogo podía sentar las bases de una «reconciliación» sin justicia o reforma constitucional.

Los críticos del «Complejo Industrial No Lucrativo» han señalado el pernicioso papel de lo que Dylan Rodríguez, uno de los autores del volumen The Revolution Will Not be Funded [No se financiará a la revolución], denominó «el monedero de terciopelo de la represión del Estado». La política de invitar a la izquierda radical financiándola y, por tanto, incorporándola a una estructura no lucrativa legal, ha surtido el efecto buscado de criminalizar en Estados Unidos y otros lugares a los auténticos movimientos opositores y justificar el uso de la brutalidad policial contra ellos. Esto es cierto incluso en el caso de movimientos que (como sucede en Honduras) se oponen rotundamente al uso de la violencia. En una era de privatización neoliberal vinculada al recorte de impuestos y de financiación de los servicios del Estado, organizaciones no gubernamentales de todo el mundo financiadas por empresas han asumido la prestación de los servicios del Estado, desde en el ámbito de la educación hasta el de la atención sanitaria o la propia guerra, erradicando con ello toda idea de responsabilidad democrática. La WOLA, que en el año 2009 recibió de la Fundación Ford 1.757.656.- dólares, realiza ahora, a puerta cerrada, el trabajo de imprimir un barniz de «democracia» para el gobierno represivo hondureño.

¿Ha cerrado los ojos el núcleo de medidas exclusivo de la WOLA a lo que está sucediendo entre los hondureños a los que se propone defender? La insistencia en retratar los derechos humanos a través de una óptica democrática liberal que evita a los agentes no estatales y que no pertenecen a la «sociedad civil» (entendiendo a esta como ONG financiadas por empresas privadas), ¿ha impedido a la WOLA ver el movimiento de resistencia hondureña? ¿Es que tantos años de dedicación a intrigar en el Congreso y el Departamento de Estado norteamericanos han impedido a la WOLA reconocer que las estructuras mismas de poder que apoyan son los principales violadores de los derechos humanos, los asesinos de los hondureños? ¿Es el hecho de que esté en deuda con quienes la financian, y no con los ciudadanos hondureños o estadounidenses, a lo que hay que culpar de sus acciones antidemocráticas en Honduras?... ¿O se ha convertido en el poder mismo sobre el que afirma influir?

Cuando, hace dos semanas, mi colega acudió a la WOLA pidiendo hablar con alguien sobre nuestra preocupación por la actuación de la WOLA en Honduras, le dijeron que iba a ser imposible; las personas implicadas estaban en una reunión en el Departamento de Estado estadounidense todo el día. Tal vez la WOLA hiciera bien reflexionando sobre el significado de la justicia, la reconciliación y la tolerancia, como ha venido haciendo el movimiento de resistencia hondureño:

    Eso que hemos venido llamando tolerancia requiere un ámbito que contenga las ideas intolerables, un espacio social en el que se pueda descubrir y señalar qué tipo de propuestas, ideas y prácticas sociales no se pueden tolerar: las prácticas racistas, la violencia, la corrupción, la desgracia producida por gobiernos al servicio de los poderosos, la tortura y la muerte producidas por el terrorismo de estado. No es posible tolerar la angustia que padece la mayoría de la nación mientras pasa otro día sin comer, ni la represión fomentada por el Estado para mantener la injusticia y la exclusión.- Gustavo Zelaya (miembro de la resistencia, sin relación alguna con el presidente Zelaya), 3 de abril de 2010.

En ese aspecto, tal vez todos nosotros tengamos algo que aprender del movimiento de la resistencia hondureña.

Adrienne Pine es profesora adjunta de antropología en la Universidad Americana e investigadora senior del Consejo de Asuntos Hemisféricos. La dirección electrónica de su blog es http://quotha.net/. Su último libro es Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras (UC Press, 2008) http://www.ucpress.edu/books/pages/10769.php. Se puede contactar con ella por correo electrónico en la dirección adrienne@quotha.net.

Fuente: counterpunch.org - www.rebelion.org



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DIOSES Y MITOS; UN MUNDO RACIONAL, LA RESISTENCIA UN PUEBLO EN PIE DELUCHA

El golpe de Estado político-militar, oligárquico y fascista del 28 de junio del 2.009, produjo como efecto secundario una inusual controversia de signo religioso entre fieles golpistas y antigolpistas disputándose al dios Supremo, al presunto omnipotente, sin detenerse a reflexionar que la deidad celestial, el diseño inteligente, no se inmiscuye en asuntos políticos ni de los hombres y mujeres, ni de las clases sociales; lo anterior lo confirman los pésimos gobernantes (creyentes) que ha tenido Honduras.

Parece ser que en las sociedades más atrasadas y dependientes como la nuestra, tanto los fenómenos naturales (terremotos , huracanes, etc.) como los sociales (guerras, golpes de Estado, etc.), tienden a generar en las personas, niveles de conciencia crítica objetiva, pero también a la vez, el sentimiento religioso interiorizado como modelo antropocéntrico se profundiza, al extremo de considerar lo divino, es decir, lo constitutivo de misterio, como factor influyente o determinante de todo lo bueno y malo que ocurre, de modo que en muchos hombres y mujeres esa conciencia crítica cuestionadora del orden social injusto se mezcla con la visión mística, produciendo una riesgosa dicotomía en el pensamiento, que puede conducir a la inestabilidad de nuestros principios.

En los fenómenos políticos y sociales operan causas, efectos, necesidad, lucha de contrarios, etc. y no ingredientes de misticismo ni dogmatismo, por ello es racional concluir que el fatídico golpe de Estado y sus consecuencias negativas y positivas para los bandos en pugna, la divina providencia no ha tenido nada que ver, por consiguiente los acontecimientos sociales venideros como la esperada Asamblea Nacional Constituyente y la refundación del Estado hondureño dependerán de nuestras propias fuerzas en Resistencia, de su férrea unidad interna, de la conciencia de clase de nuestro pueblo y de la orientación que asuma la línea estratégica y táctica del Frente. Aquí no hay lugar para oraciones mágicas ni para el sustento de la irracionalidad, sino lucha popular por el derrocamiento del régimen oligárquico, análisis objetivo de la situación concreta para sacar conclusiones justas y directrices correctas factibles de realización y de éxito.

Aunque vivimos “tiempos adversos para la filosofía” de la cual emana primariamente el conocimiento racional, que parte de la premisa fundamental de que las ideas no se deben aceptar pasivamente, se deben analizar, y este es el método apropiado para investigar la verdad.- En la Filosofía actual sólo trasciende su “percepción negativa, es decir, lo pragmático, lo ventajoso, lo útil”, y toda la hojarasca metafísica difundida por los llamados medios de comunicación masiva para alienar a los lectores, por eso se hace necesario destacar su percepción positiva, que incluye el estudio de la dialéctica, la teoría de la causalidad y de otras categorías filosóficas que nos explican los procesos y fenómenos y su desarrollo, pero también debe interesarnos desde el punto de vista ético la crítica filosófica a valores como justicia, libertad, soberanía, igualdad, dignidad humana, etc.

Resumiendo, proponemos “un retorno de la razón, una nueva visión de la realidad” para la “formación de una sociedad más crítica., consciente, libre y autónoma, capaz de enfrentarse colectiva y coherentemente a la presión ejercida por el oscurantismo dogmático” y el pensamiento mágico.

En este contexto, la educación, o la capacitación política como dice la resistencia popular es fundamental, una educación científica, popular y democrática como la percibió nuestro héroe Gral. Francisco Morazán, es lo justo y necesario, y “una educación laica y racional es la garantía de una sociedad mas equilibrada”.

Edisasal.- Danlí, Honduras, abril, 2.010
Editor: Adalberto Salcedo




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