Giorgio Trucchi
Rel-UITA
Ante la indiferencia del gobierno y la voracidad de un latifundismo represor
El asesinato de tres miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) el pasado 17 de agosto y el incumplimiento de varios puntos del Convenio firmado con el gobierno, hicieron nuevamente crecer la tensión en el Bajo Aguán. La organización campesina denuncia el silencio del gobierno y la estrategia dilatoria y represiva de los latifundistas productores de palma africana. Advierte que la paciencia se está acabando.
“La represión nunca ha terminado en el Bajo Aguán. La Policía y los guardias privados del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé, siguen hostigándonos y atentando contra nuestras vidas”, denunció a Sirel el directivo del MUCA Matías Valle.
Víctor Manuel Mata Oliva , Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas, de 40, 18 y 14 años respectivamente, fueron ultimados de varios disparos el pasado 17 de agosto.
Pertenecían al asentamiento La Aurora, donde en junio pasado fue salvajamente torturado y asesinado otro miembro del MUCA, el joven Oscar Geovanny Ramírez, de 17 años.
Vidas jóvenes segadas para siempre, en medio de un conflicto agrario y de un modelo productivo, el de la palma africana y de los monocultivos en general, que engendra pobreza, destrucción ambiental y que enriquece a unos pocos.
Una campaña de terror que en ocho meses ha dejado un saldo de diez campesinos asesinados, más de 200 juicios en contra de miembros del MUCA, y una situación de violencia y hostigamiento que la firma del Acta de Compromiso con el gobierno no ha detenido.
De acuerdo con un comunicado emitido recientemente por FIAN Honduras*, el Acta firmada con el gobierno prevé “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos”.
Sin embargo, “los campesinos están bajo incertidumbre permanente”, no sólo por las agresiones, la posibilidad de ser asesinados, las órdenes de captura y el riesgo de desalojo, sino también “por la precariedad en la que se encuentran junto con sus familias”, explica el documento.
“De las 3 mil hectáreas ya cultivadas con palma africana sólo nos entregaron 1.700, y ya se venció el plazo para que se nos entregaran las otras 3 mil no cultivadas –explicó Valle–.
Tampoco se realizó el informe jurídico sobre la compra-venta de las tierras por parte de los terratenientes. Es decir, hay una reiterada violación de los acuerdos.
El que manda aquí es Miguel Facussé. Quiere cobrar una cantidad exagerada de dinero por las tierras y sigue con una campaña mediática y represiva contra nuestro movimiento. Y el gobierno no hace nada”, dijo el directivo del MUCA.
Quieren derogar el Decreto 18-2008
La ya grave situación que se vive en el Bajo Aguán podría ahora extenderse al resto del país. Miles de campesinos marcharon el pasado 26 de agosto en defensa del Decreto 18-2008.
Con ese decreto aprobado por el Congreso durante el gobierno de Manuel Zelaya, se pretendía legalizar las tierras en manos de campesinos y resolver el delicado problema de la mora agraria.
Sin embargo, ante las presiones de la empresa privada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría a punto de derogarlo.
“La amenaza de la derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución del conflicto agrario hondureño, al impedir la distribución equitativa de los recursos y con ello, de la superación de la pobreza.
Al mismo tiempo – explica FIAN Honduras en su comunicado– se incentivan las tomas de tierra como única salida frente a la inexistencia de políticas públicas”.
Ante esta situación, el MUCA aclaró que no se va a quedar de brazos cruzados.
“Nos vamos a movilizar juntos con todo el movimiento campesino. Vamos a defender ese decreto hasta las útimas consecuencias. Si nos toca derramar nuestra sangre, lo vamos a hacer, porque lo que está en juego es el alimento para nuestras familias”, advirtió Valle.
María Gutiérrez, secretaria de Vigilancia del MUCA, y Matías Valle remarcaron la importancia de la solidaridad internacional.
“Esa solidaridad permitió que se conociera nuestra lucha y nos dio más fuerza. Ya no nos sentimos solos, y le agradecemos a la UITA por el respaldo que nos ha brindado.
Es importante –continuaron los miembros del MUCA– que los ojos del mundo sigan puestos en el Bajo Aguán y en Honduras. Sin presión internacional, estos bárbaros someterían a todo el mundo.
No podemos permitir que sigan cercenando nuestro derecho a la tierra. Vamos a seguir presionando para que se cumpla lo acordado y a planear acciones futuras”, concluyeron.
Fuente: http://www.rel-uita.org/
Rel-UITA
Ante la indiferencia del gobierno y la voracidad de un latifundismo represor
El asesinato de tres miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) el pasado 17 de agosto y el incumplimiento de varios puntos del Convenio firmado con el gobierno, hicieron nuevamente crecer la tensión en el Bajo Aguán. La organización campesina denuncia el silencio del gobierno y la estrategia dilatoria y represiva de los latifundistas productores de palma africana. Advierte que la paciencia se está acabando.
“La represión nunca ha terminado en el Bajo Aguán. La Policía y los guardias privados del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé, siguen hostigándonos y atentando contra nuestras vidas”, denunció a Sirel el directivo del MUCA Matías Valle.
Víctor Manuel Mata Oliva , Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas, de 40, 18 y 14 años respectivamente, fueron ultimados de varios disparos el pasado 17 de agosto.
Pertenecían al asentamiento La Aurora, donde en junio pasado fue salvajamente torturado y asesinado otro miembro del MUCA, el joven Oscar Geovanny Ramírez, de 17 años.
Vidas jóvenes segadas para siempre, en medio de un conflicto agrario y de un modelo productivo, el de la palma africana y de los monocultivos en general, que engendra pobreza, destrucción ambiental y que enriquece a unos pocos.
Una campaña de terror que en ocho meses ha dejado un saldo de diez campesinos asesinados, más de 200 juicios en contra de miembros del MUCA, y una situación de violencia y hostigamiento que la firma del Acta de Compromiso con el gobierno no ha detenido.
De acuerdo con un comunicado emitido recientemente por FIAN Honduras*, el Acta firmada con el gobierno prevé “mantener un entorno respetuoso de los derechos humanos”.
Sin embargo, “los campesinos están bajo incertidumbre permanente”, no sólo por las agresiones, la posibilidad de ser asesinados, las órdenes de captura y el riesgo de desalojo, sino también “por la precariedad en la que se encuentran junto con sus familias”, explica el documento.
“De las 3 mil hectáreas ya cultivadas con palma africana sólo nos entregaron 1.700, y ya se venció el plazo para que se nos entregaran las otras 3 mil no cultivadas –explicó Valle–.
Tampoco se realizó el informe jurídico sobre la compra-venta de las tierras por parte de los terratenientes. Es decir, hay una reiterada violación de los acuerdos.
El que manda aquí es Miguel Facussé. Quiere cobrar una cantidad exagerada de dinero por las tierras y sigue con una campaña mediática y represiva contra nuestro movimiento. Y el gobierno no hace nada”, dijo el directivo del MUCA.
Quieren derogar el Decreto 18-2008
La ya grave situación que se vive en el Bajo Aguán podría ahora extenderse al resto del país. Miles de campesinos marcharon el pasado 26 de agosto en defensa del Decreto 18-2008.
Con ese decreto aprobado por el Congreso durante el gobierno de Manuel Zelaya, se pretendía legalizar las tierras en manos de campesinos y resolver el delicado problema de la mora agraria.
Sin embargo, ante las presiones de la empresa privada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaría a punto de derogarlo.
“La amenaza de la derogación del Decreto 18-2008 va en sentido contrario a la solución del conflicto agrario hondureño, al impedir la distribución equitativa de los recursos y con ello, de la superación de la pobreza.
Al mismo tiempo – explica FIAN Honduras en su comunicado– se incentivan las tomas de tierra como única salida frente a la inexistencia de políticas públicas”.
Ante esta situación, el MUCA aclaró que no se va a quedar de brazos cruzados.
“Nos vamos a movilizar juntos con todo el movimiento campesino. Vamos a defender ese decreto hasta las útimas consecuencias. Si nos toca derramar nuestra sangre, lo vamos a hacer, porque lo que está en juego es el alimento para nuestras familias”, advirtió Valle.
María Gutiérrez, secretaria de Vigilancia del MUCA, y Matías Valle remarcaron la importancia de la solidaridad internacional.
“Esa solidaridad permitió que se conociera nuestra lucha y nos dio más fuerza. Ya no nos sentimos solos, y le agradecemos a la UITA por el respaldo que nos ha brindado.
Es importante –continuaron los miembros del MUCA– que los ojos del mundo sigan puestos en el Bajo Aguán y en Honduras. Sin presión internacional, estos bárbaros someterían a todo el mundo.
No podemos permitir que sigan cercenando nuestro derecho a la tierra. Vamos a seguir presionando para que se cumpla lo acordado y a planear acciones futuras”, concluyeron.
Fuente: http://www.rel-uita.org/
