Comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
Con el objetivo de informar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, sobre los problemas existentes para la implementación de las medidas cautelares en Honduras y presentar una propuesta para la creación de un mecanismo de ejecución e implementación efectivo, se realizó la audiencia sobre los mecanismos para la implementación de las medidas cautelares en Honduras, este lunes 25 de octubre.
A la misma asistieron las organizaciones peticionarias con sus representantes: La abogada Marcia Aguiluz del y el Centro por el Derecho Internacional y la Justicia, CEJIL junto a la subdirectora de esta organización Marcela Peralta; Kenia Oliva y Mery Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Sally Valladares de del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH y Lucy Mendoza del Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús, ERIC.
Por parte de la CIDH estaban los Comisionados, Felipe González, presidente, la comisionada María Silvia Guillén, el Comisionado Jesús Orozco y, la doctora Isabel Madariaga de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Los solicitantes indicaron que la implementación de las medidas son aisladas y coyunturales dado que responden a las visitas de la Comisión y las solicitudes de información que se realizan en el contexto de las mismas.
Kenia Oliva obogada del Cofadeh
“No es la primera vez que la CIDH recibe información sobre la falta de implementación inadecuada de las medidas cautelares, tres años después se profundizaron las deficiencias agudizándose con el golpe de Estado hay una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño de proteger a las personas en riesgo, es por eso que nos hemos visto obligados reclamar acciones concretas y efectivas y no meramente discursivas”, dijo en la introducción Marcia Aguiluz de CEJIL.
A la hora de solicitar esta audiencia, los peticionarios como representantes de beneficiarios de medidas cautelares, solicitamos se convocara a ciertas autoridades del Estado de Honduras en concreto Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad , bajo el entendido que son las autoridades internamente de proteger a las personas en riesgo, recalcó.
Pero dejó establecido que no se trata de un reconocimiento a condiciones positivas en Honduras, “ Lo que queremos aclarar es que esto no significa que las organizaciones acá consideramos que existan las condiciones en Honduras para que en Honduras exista un Estado de Derecho y democracia”.
Uno de los señalamientos precisos es que hay incapacidad para una respuesta oportuna por parte del Estado, con una unidad técnica que carece de mandatos claros, según lo manifestó la abogada Kenia Oliva.
Asimismo la ausencia de criterios de valoración de riesgos, sin tomar en cuenta los criterios proporcionales al riesgo de la víctima, en cada caso hay circunstancias diferentes y el Estado sigue ofreciéndole a la victima las únicas tres medidas que venía ofreciendo antes del golpe de Estado y son escoltas personales, patrullajes y teléfonos de contacto.
En relación a las escoltas personales son ineficaces, el Estado argumenta no tener fondos para este beneficio y los costos corren a cuenta de los beneficiarios , generando gasto de alrededor de 250 dólares para éste.
Mery Agurcia del Cofadeh
Sobre los patrullajes, solamente se implementan dos tres días después de que se ha firmado el acta de compromiso y después se suspende la medida, según las denuncias de los beneficiarios.
En las áreas rurales el Estado sigue argumentando que no puede implementarlas . Sobre el enlace telefónico, se señala que no cuenta con una línea de teléfono fija y se le da un número móvil el cual en muchas ocasiones no ha sido respondido por la persona encargada de implementar la medida, señaló.
Hay una ausencia de investigación y falta de coordinación entre las instituciones, haciendo engorroso el trámite porque se pretende obligar al peticionario a hacer la denuncia nuevamente.
El Estado no ha querido entender que los beneficiarios son un colectivo de ciudadanos contra el golpe de Estado, lo que ha ocasionado graves obstáculos por la falta de confianza en las instituciones por su participación en el Golpe de Estado, denunció.
Las personas que generan la inseguridad, torturadores o los que detienen ilegalmente son removidos de sus cargos , dándoles un cargo superior.
Los policías encargados de brindar el beneficio, lo confunden con los mecanismos del Código Penal que limita a las personas.
La Secretaría de Seguridad no tiene un mecanismo para brindar la medida de protección, a las reuniones de consenso de dichas medidas no llegan los altos mandos sino los medios y estos últimos no pasan la información a sus superiores.
Mery Agurcia destacó los casos concretos con los que demuestran la falta de responsabilidad estatal para proteger la vida de las personas en riesgo.
La representante del ERIC detalló como a pesar de que continúan las amenazas contra Radio Progreso, no se han implementado las medidas cautelares para este medio ni para Radio Uno de San Pedro Sula que sufre muchas agresiones.
Sally Valladares, del CIPRODEH fue la encargada de leer la propuesta para el establecimiento de un mecanismo para la efectividad de la implementación de las medidas cautelares, que consta de estos puntos:
1.- Expresar en el comunicado final del período de sesiones su preocupación por la seguridad de las personas que gozan de medidas cautelares en instar al Estado hondureño a instituiren el menor plazo posible un mecanismo efectivo para la implementación de la protección requerida
2.- Disponer a efecto de facilitar el seguimiento de la medida, el desglose de la medida cautelar 196-09 agrupando la misma en de lo que dio origen a la misma en función de los hechos que le dieron origen y considerando la representación que gozan algunas de las personas beneficiarias.
3.- Tomar en cuanta la información de esta audiencia para la elaboración de su informe definitivo sobre la visita a Honduras realizada en el mes de mayo del año en curso.
4.- Desarrollar en el marco del informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en las Américas, un mayor detalle de los parámetros mínimos que deben seguir los Estados en el cumplimiento de las medidas cautelares y pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado de proteger la integridad de las personas beneficiarias evitando atentados contra las mismas.
5.- Se solita a la Comisión continuar monitoreando la situación de Honduras y en particular la implementación de las medidas cautelares.
Valladares en nombre de la delegación solicitó a la CIDH llamar fuertemente la atención al Estado de Honduras por las prácticas que han sido referidas; que se le exija que más allá de la presentación de actas demuestre fehacientemente que está llevando a cabo una verdadera implementación de las medidas cautelares.
Fuente: Defensoresenlinea.com
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