martes, 26 de octubre de 2010

Honduras dentro de los países más corruptos del mundo

BERLIN, ALEMANIA .-  Honduras es el país más corrupto de Centroamérica  y el cuarto a nivel latinoamericano esto ha publicado un informe de Transparencia Internacional, donde se señala que Honduras se encuentra en el puesto 134.
El informe que publica esta organización anualmente se basó para el periodo 2009-2010 en trece encuestas que realizó a gente de negocios  y expertos. El índice va de cero a 178 donde cero es para el mejor calificado, mientras que el segundo es para el peor evaluado en materia de corrupción.

Según el informe brindado por Transparencia Internacional los países que se vieron especialmente afectados por la crisis financiera internacional se tornaron más corruptos  durante ese periodo. Entre ellos están Estados Unidos, España, Grecia e Italia.
Dentro del informe Somalia aparece como la nación mas corrupta a nivel mundial, le siguen Afganistán, Mianmar e Irak. Por otro lado, las naciones mejor  evaluadas son Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur todos en el primer puesto.

Fuente: Tiempo.hn

La Honda 45

Equipo La Honda
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Fuente: ResistenciaHonduras.net

Octubre Rojo. Análisis de Coyuntura

Comisión de Análisis FNRP
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La Asamblea Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se reúne para marcar un cambio de ritmo en el paso del avance hacia la refundación. Esta reunión va mucho más allá de la discusión por el Sí o por el No a un dialogo propuesto por el régimen encabezado por Porfirio Lobo junto a los otros golpistas, criminales y asesinos de siempre.
La Resistencia Popular ha sabido superar con éxito los distintos ataques del régimen que en los meses de agosto y septiembre se abalanzo con fuerza contra las manifestaciones de distintos sectores, mantuvo su política de asesinar a miembros del FNRP y trato de cultivar la división al interno del Frente sin lograrlo con mayor éxito.
Aunque el régimen no deja a un lado sus esfuerzo para el reconocimiento, el traspiés en las Naciones Unidas, la consolidación del apoyo de Unasur y el posicionamiento internacional del FNRP ha obligado a los golpistas a volver su vista a quienes hasta hace muy poco todavía llamaban chusmas y ahora proponen diálogos a quienes hasta hace unos días golpeaban hasta casi matarles tan solo por exigir sus derechos contraídos. 
El juego de maniobra de Lobo se concentró en postergar acuerdos y en diluir enfrentamientos pero el tiempo parece que se le ha acabado. El magisterio anuncia nuevas medidas de presión por el incumplimiento a lo prometido, el cuento del aumento al salario mínimo ya no se lo cree ni el más ingenuo y la solución del conflicto en el Aguan ha quedado claro que fue un simple montaje gubernamental.
El régimen aprobó nuevas oficinas para los derechos humanos y en contra de la impunidad pero apenas esta semana perdimos a un nuevo compañero. El compañero Santos Remigio Hernández coordinador del FNRP en Talanga fue brutalmente asesinado por sicarios y aun así los golpistas siguen declarando que es la resistencia la intransigente.
Lo que hace distinto este mes de octubre es precisamente que el enfrentamiento con el golpismo ha sido más político y menos coyuntural que en los meses anteriores. La decisión del Comité Ejecutivo de reunirse por primera vez en pleno y con la presencia del coordinador general, el compañero Manuel Zelaya, fue una acción que reafirmo las preocupaciones del régimen golpista.
Lobo sabe y esto lo ha dejado claro en sus acciones que sin el aval de la resistencia poco puede hacer en sus intenciones de lograr el reconocimiento internacional. Por eso y a pesar de las rabietas de la ultraderecha empieza a hablar de nuevos procesos. Algunos medios golpistas hablan de una Reforma a la Constitución y desde el Congreso Juan Orlando Hernández se trata de presentar como el nuevo conciliador sin ocultar sus evidentes aspiraciones presidenciales.
Los golpistas han tenido que dejar a un lado parte de su prepotencia y ahora hasta hablan de estar esperando que el FNRP se decida a dialogar. La asamblea nacional de hoy 19 de octubre del 2010 en Tegucigalpa se deriva de otros procesos asamblearios en todos los departamentos del país y por primera vez los dieciocho departamentos estarán representados por sus respectivos delegados y delegadas, por lo que el mandato de la mayoría de los hondureños y las hondureñas con seguridad será escuchado con atención por parte del régimen de Lobo.
La resistencia avanza y por su parte la reacción también se prepara. La militarización no se detiene y en la región de Trujillo fuerzas especiales son entrenadas por el ejército de los Estado Unidos para enfrentar células guerrilleras y al narcotráfico según afirman. Mientras tanto el Partido Nacional presenta sus candidatos: Oscar Álvarez quien espera el apoyo de Hillary Clinton con la aprobación de millonarios fondos para la lucha del crimen lo que levantaría su desgastado perfil, Ricardo Álvarez que es el candidato de los más cabezas calientes camisetas blancas y Juan Orlando Hernández que representa a la oligarquía más tradicional de Honduras que aunque quiere poner cara de niño bueno no oculta su estrecha cercanía con las Fuerzas Armadas Golpistas del país.
La Cúpula del partido liberal aún no ha mostrado candidatos fuertes, pues aunque el oportunismo ha capturado a alguno que otro todos saben que la mayoría de  la militancia de ese partido ahora es parte de la resistencia y ha renunciado de la mano de Zelaya al tradicionalismo político y ahora pretende nuevas formas de poder.
En este momento la fuerza política más fuerte de Honduras es el Frente Nacional de Resistencia Popular y en esto estamos de acuerdo hasta con los más golpistas de los medios tradicionales. Los dos multitudinarios conciertos de Café Guancasco en Tegucigalpa el pasado 16 de octubre y en San Pedro Sula este jueves 21 de octubre demuestran que el pueblo en resistencia no le teme a la represión y que la refundación en Honduras es una idea compartida en todos los estratos sociales y en todo el territorio nacional, propuesta política avalada por más de un millón trescientas mil cartas de declaración soberana. Octubre ha sido un mes, que de no pasar un hecho extraordinario, habrá sido completamente de la resistencia.

Fuente: ResistenciaHonduras.net

En Honduras persisten las violaciones a los derechos humanos

Red Morazánica de Información
Tegucigalpa/Washington 26 de octubre de 2010. En Honduras aun persisten las violaciones a los derechos, casi un año y medio después del golpe de estado contra Manuel Zelaya Rosales, según trascendió ayer en las audiencias del 140 Periodo de Sesiones  de la Comisión Interamericana de derechos Humanos CIDH.
En las tres audiencias en las que se trató la situación de Honduras, se dejó evidencia la situación de inseguridad, vulnerabilidad y de violaciones a los derechos humanos que vive la mayoría de la población.
Francisco Machado Presidente de la Asociación de organismos no Gubernamentales Asonog, quien se encuentra con asilo político en los Estados Unidos, denunció ante la CIDH, que en honduras no ha cambiado nada después del golpe de Estado.
“Teníamos alguna expectativa con el nuevo gobierno, pero aun persisten las violaciones a los derechos humanos”, dijo Machado a los miembros de la Comisión, al ser consultado sobre su posible retorno a Honduras.
“Las condiciones en honduras desafortunadamente no son condiciones de seguridad para cualquier persona que ha sido señalada, hay un estado de inseguridad para cualquier persona y para aquellos que hemos tenido algún señalamiento sobre el estado derecho es mayor el problema” agregó Machado en su testimonio.
Machado un activista de organismos no gubernamentales, opositor a la explotación de minas a cielo abierto, tuvo que salir a exilio político después de recibir amenazas a muerte por parte de sectores ligados a la industria minería en Honduras.
En la audiencia el Machado denunció que los ciudadanos que se oponen a la contaminación ambiental, son perseguidos y están en un estado de indefensión y después del golpe de estado esto ha aumentado, los policías y militares son protegidos por el mismo estado.
Alcalde de Juticalpa y activistas ambientales amenazados
Machado denunció que en Honduras existe una persecución contra los defensores del medio ambiente, entre los que mencionó a Gelsomina Munguía de la Red Nacional de Afectados de la Minería, quien se encuentra amenazada de muerte junto al también activista Carlos Amador, a quien se ha desatado una persecución por parte de las mineras.
Pero las amenazas no solo han llegado hasta los activistas, también se encuentra amenazado de muerte el Alcalde de la Ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho, Ramón Daniel Sarmiento, por oponerse a la explotación de una mina a cielo abierto en su  municipio.
La empresa que pretende instalarse en el municipio es la empresa minera Eurocanteras subsidiaria de la angloitalana Gold Leit Investment.
Honduras ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, por la impunidad sobre la muerte de destacados ambientalistas, entre los que destaca Janeth Kawas, asesinada por sicarios en su casa de habitación el 06 de febrero de 1995.

Fuente: ResistenciaHonduras.net

Murdered promient artist Nestor Zúniga, FNRP and COPINH member and brother of indigenous leader, Salvador Zúniga, run over by man in motorcycle member of Unión Cívica Democrática (UCD, pro coup organization)

Red Morazánica de Información
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Civic Council of Indigenous and Popular Organizations, Copinh), informed this Sunday, that artist, Nestor Ovidio Zúniga, died in Hospital Escuela in Tegucigalpa after being ran over by a motorcycle driven at high speed by David Franco, who left him abandoned in the middle of the road.  
The artistic and social activist, Ovidio Zúniga, brother of the indigenous leader, Salvador Zúniga, was a member of Copinh and of the National Front of Popular Resistance (FNRP) of the Department of Intibucá, east of Honduras. 
Copinh denounced that David Franco, without complying with the legal time for investigation was freed by the Public Prosecutor, Aguilar Murillo, daughter of retired captain, who today is the head of the reservists and of the Unión Cívica Democrática (UCD) of La Esperanza, Intibucá. 
This is an act in which we "see a clear intention of affecting the Zúniga family and our organization, Copinh", they accuse. 
“Our comrade, Néstor, was an active militant of the Resistance Against the Coup d'état, being a victim of brutal repression on June 30, 2009. In spite of that episode, Néstor continued to be active and participating in the struggle and actions of Copinh and FNRP until the day he died", highlighted Copinh. 
He was also an active member in the "liberation struggles as Central American internationalist in the worst moments of the dirty war in the 80's, where in the ranks of the Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional released several campaigns of revolutionary and logistical propaganda with the Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional de El Salvador (Armed Forces of National Resistance of El Salvador)", revealed Copinh. 
Consejo Cívico valued that Néstor was a prominent artist of La Esperanza, author of a painting which guided the first pilgrimage carried out by Copinh to Tegucigalpa in 1994. In this work of art could be read "He (Lempira) lives, comes with us since the end of oblivion". 
Néstor Ovidio Zúniga participated in the artistic creation of the mural painting dedicated to Monseñor Oscar Arnulfo Romero in the Church Perquín Morazán, in El Salvador. His main artistic work was wood carving, "leaving a beautiful creative legacy in the Normal de Occidente where the Battle of Trinidad is recreated", evidenced Copinh. 
Source: voselsoberano.com - elquinceavopaso.blogspot.com

Hay una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño de proteger a las personas en riesgo

Dina Meza
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Comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
Con el objetivo de informar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, sobre los problemas existentes para la implementación de las medidas cautelares en Honduras y presentar una propuesta para la creación  de un mecanismo de ejecución e implementación efectivo, se realizó la audiencia  sobre los mecanismos para la implementación de las medidas cautelares en Honduras, este lunes 25 de octubre.
A la misma asistieron las organizaciones peticionarias con sus representantes: La abogada Marcia Aguiluz  del y el Centro por el Derecho Internacional y la Justicia, CEJIL junto a la subdirectora de esta organización  Marcela Peralta;  Kenia Oliva y Mery  Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Sally Valladares de del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH y Lucy Mendoza del Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús, ERIC.

Por parte de la CIDH estaban los Comisionados, Felipe González, presidente,  la comisionada María Silvia Guillén, el Comisionado Jesús Orozco  y, la doctora Isabel Madariaga de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Los solicitantes indicaron que la implementación de las medidas son aisladas y coyunturales dado que responden a las visitas de la Comisión y las solicitudes de información que se realizan en el contexto de las mismas.


Kenia Oliva obogada del Cofadeh
“No es la primera vez que la CIDH recibe información sobre la falta de implementación inadecuada  de las medidas cautelares, tres años después se profundizaron las deficiencias agudizándose con el golpe de Estado hay una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño de proteger a las personas en riesgo, es por eso que nos hemos visto obligados reclamar acciones concretas y efectivas y no meramente discursivas”, dijo en la introducción Marcia Aguiluz de CEJIL.

A la hora de solicitar esta audiencia, los peticionarios como representantes de beneficiarios de medidas cautelares, solicitamos se convocara a ciertas autoridades del Estado de Honduras en concreto Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad , bajo el entendido que son las autoridades internamente  de proteger a las personas en riesgo, recalcó.

Pero dejó establecido que no se trata de un reconocimiento a condiciones positivas en Honduras, “ Lo que queremos aclarar es que esto no significa que las organizaciones acá  consideramos que existan las condiciones en Honduras para que en Honduras exista un Estado de Derecho y democracia”.

Uno de los señalamientos precisos es que hay incapacidad para una respuesta oportuna por parte del Estado, con una unidad técnica que carece de mandatos claros, según lo manifestó la abogada Kenia Oliva.

Asimismo la ausencia de criterios de valoración de riesgos, sin tomar en cuenta los criterios proporcionales al riesgo de la víctima, en cada caso hay circunstancias diferentes y el Estado sigue ofreciéndole a la victima las únicas tres medidas que venía ofreciendo antes del golpe de Estado y son escoltas personales, patrullajes y teléfonos de contacto.

En relación a las escoltas personales son ineficaces, el Estado argumenta no tener fondos para este beneficio y los costos corren a cuenta de los beneficiarios , generando gasto de alrededor de 250 dólares para éste.

Mery Agurcia del Cofadeh
Sobre  los patrullajes, solamente se implementan dos tres días después de que se ha firmado el acta de compromiso y después se suspende la medida, según las denuncias de los beneficiarios.

En las áreas rurales el Estado sigue argumentando que no puede implementarlas . Sobre el enlace telefónico, se señala que no cuenta con una línea de teléfono fija y se le da un número móvil el cual en muchas ocasiones no ha sido respondido por la persona encargada de implementar la medida, señaló.

Hay una ausencia de investigación  y falta de coordinación entre las instituciones, haciendo engorroso el trámite porque se pretende obligar al peticionario a hacer la denuncia nuevamente.

El Estado no ha querido entender que los beneficiarios son un colectivo de ciudadanos contra el golpe de Estado, lo que ha ocasionado graves obstáculos por la falta de confianza en las instituciones por su participación en el Golpe de Estado, denunció.

Las personas que generan la inseguridad, torturadores o los que detienen ilegalmente son removidos de sus cargos , dándoles un cargo superior.

Los policías encargados de brindar el beneficio, lo confunden con los mecanismos del Código Penal que limita a las personas.

La Secretaría de Seguridad no tiene un mecanismo para brindar la medida de protección, a las reuniones de consenso de dichas medidas no llegan los altos mandos sino los medios y estos últimos no pasan la información a sus superiores.

Mery Agurcia destacó los casos concretos con los que demuestran la falta de responsabilidad estatal para proteger la vida de las personas en riesgo.

La representante del ERIC detalló como a pesar de que continúan las amenazas contra Radio Progreso, no se han implementado las medidas cautelares para este medio ni para Radio Uno de San Pedro Sula que sufre muchas agresiones.

Sally Valladares, del CIPRODEH fue la encargada de leer la propuesta para el establecimiento de un mecanismo para la efectividad de la implementación de las medidas cautelares, que consta de estos puntos:

1.- Expresar en el comunicado final del período de sesiones su preocupación por la seguridad de las personas que gozan de medidas cautelares en instar al Estado hondureño a instituiren el menor plazo posible un mecanismo efectivo para la implementación de la protección requerida
2.- Disponer a efecto de facilitar el seguimiento de la medida, el desglose de la medida cautelar 196-09 agrupando la misma en de lo que dio origen a la misma en función de los hechos que le dieron origen y considerando la representación que gozan algunas de las personas beneficiarias.
3.- Tomar en cuanta la información de esta audiencia para la elaboración de su informe definitivo sobre la visita a Honduras realizada en el mes de mayo del año en curso.
4.- Desarrollar en el marco del informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en las Américas, un mayor detalle de  los parámetros mínimos que deben seguir los Estados en el cumplimiento de las medidas cautelares y pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado de proteger la integridad de las personas beneficiarias evitando atentados contra las mismas.
5.- Se solita a la Comisión continuar monitoreando la situación de Honduras y en particular la implementación de las medidas cautelares.

Valladares en nombre de la delegación solicitó  a la CIDH  llamar fuertemente la atención al Estado de Honduras por las prácticas que han sido referidas; que se le exija que más allá de la presentación de actas demuestre fehacientemente que está llevando a cabo una verdadera implementación de las medidas cautelares.
Fuente: Defensoresenlinea.com


Falta de voluntad, factor común en implementación de medidas cautelares en Honduras


“No es la primera vez que la CIDH recibe información sobre la falta de implementación inadecuada  de las medidas cautelares. Tres años después se profundizaron las deficiencias, agudizándose con el golpe de Estado; hay una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño de proteger a las personas en riesgo, es por eso que nos hemos visto obligados reclamar acciones concretas y efectivas y no meramente discursivas”.
La anterior, fue parte de la introducción que hizo Marcia Aguiluz, en representación del Centro Internacional y la Justicia –CEJIL-, organismo que acuerpó la participación en las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- de Kenia Oliva y Mery  Agurcia, en representación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, de Sally Valladares del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH y Lucy Mendoza del Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús, ERIC.

Las organizaciones asistieron ante la CIDH con el objetivo de informar sobre los problemas existentes para la implementación de las medidas cautelares en Honduras y presentar una propuesta para la creación  de un mecanismo de ejecución e implementación efectivo. La audiencia sobre los mecanismos para la implementación de las medidas cautelares en Honduras, se realizó este lunes 25 de octubre.
Por parte de la CIDH estaban los Comisionados, Felipe González, presidente,  la comisionada María Silvia Guillén, el Comisionado Jesús Orozco  y, la doctora Isabel Madariaga de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Los solicitantes indicaron que la implementación de las medidas, son aisladas y coyunturales dado que responden a las visitas de la Comisión y las solicitudes de información que se realizan en el contexto de las mismas.

“A la hora de solicitar la audiencia, los peticionarios como representantes de beneficiarios de medidas cautelares, solicitamos se convocara a ciertas autoridades del Estado de Honduras en concreto Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad , bajo el entendido que son las autoridades internamente  de proteger a las personas en riesgo”, agregó Aguiluz.

Pero dejó establecido que no se trata de un reconocimiento a condiciones positivas en Honduras, “Lo que queremos aclarar es que esto no significa que las organizaciones acá  consideramos que existan las condiciones en Honduras para que en Honduras exista un Estado de Derecho y democracia”.

Uno de los señalamientos precisos es que hay incapacidad para una respuesta oportuna por parte del Estado, con una unidad técnica que carece de mandatos claros, manifestó en la audiencia Oliva, en representación del COFADEH.
Asimismo la ausencia de criterios de valoración de riesgos, sin tomar en cuenta los criterios proporcionales al riesgo de la víctima, en cada caso hay circunstancias diferentes y el Estado sigue ofreciéndole a la victima las únicas tres medidas que venía ofreciendo antes del golpe de Estado y son escoltas personales, patrullajes y teléfonos de contacto.

En relación a las escoltas personales, se expuso que el Estado argumenta no tener fondos para ese beneficio y que los costos corren a cuenta de los beneficiarios, generando un gasto de alrededor de 250 dólares.
Sobre  los patrullajes, se cuestionó que solamente se implementan dos o tres días después de que se ha firmado el acta de compromiso, para posteriormente suspenderse la medida. En las áreas rurales el Estado sigue argumentando que no puede implementarlas.
“El Estado no ha querido entender que los beneficiarios son un colectivo de ciudadanos contra el golpe de Estado, lo que ha ocasionado graves obstáculos por la falta de confianza en las instituciones por su participación en el Golpe de Estado, denunciaron los participantes en la audiencia.

En la audiencia tampoco se soslayó la participación de los policías, quienes se han convertido en generadores de la inseguridad, torturadores y quienes en lugar de castigarse, se remueven de sus cargos a rangos superiores.

Fuente: Revistazo.biz

El gobierno espurio transfiere fondos del públicos a la empresa privada y le otorga bienes patrimoniales del Estado

Mario Casasús

En entrevista con defensoresenlinea.com Emilio D’ Cuire (1980), biólogo del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO), reseña las reformas legislativas: “Nos preocupa la aprobación de la Ley de Promoción de Alianzas Público-privadas, porque el Estado transfiere fondos a la empresa privada para la realización de proyectos, antes se llamaba la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) cuando el Estado de Honduras solía entregar fondos públicos a la empresa privada y después los inversionistas se declaraban en quiebra (durante la década de 1980), y así surgieron muchos nuevos millonarios, esta Ley viene a ser el “CONADI 2”. La Ley menciona el otorgamiento de derechos sobre bienes patrimoniales: áreas protegidas y zonas arqueológicas, la trasferencia de derechos se traduce en concesiones, esto nos debe preocupar a los hondureños”.
MC.- ¿Desde cuándo funciona el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras?
EDC.- Nuestra organización adquiere la personalidad jurídica en 2005 y comienza a funcionar el año siguiente.
MC.- ¿El IDAMHO tendría una contraparte en el extranjero?
EDC.- El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras es una organización respaldada por la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW, por sus siglas en inglés) que a su vez, apoya en 60 países a 300 abogados dedicados al tema del derecho ambiental.
MC.- ¿En qué formato difunden sus investigaciones y proyectos en búsqueda de incidencia?
EDC.- El IDAMHO ha desarrollado varias publicaciones, tenemos “La Gaceta Verde” –con una periodicidad bimensual- y también hemos elaborado –a la fecha- tres manuales en los que se puede consultar la legislación ambiental, asuntos de derechos humanos, o el marco institucional para atender los casos ambientales en las comunidades, hemos diseñado afiches instando a la protección de los arrecifes de coral que ha sido uno de nuestros principales temas de acción.
MC.- ¿Por qué la contraportada de “La Gaceta Verde” cuenta con una pauta de las reformas legislativas y los nuevos decretos?
EDC.- El derecho ambiental es una rama del derecho emergente, según los científicos y analistas de las leyes, por eso es importante la vinculación del derecho al área ambiental.
MC.- ¿Qué tema está en la prioridad de estudio del IDAMHO?
EDC.- El tema que está en auge es la Ley para la Promoción de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, una ley que aprobada desde el Congreso Nacional tiene sus incidencias ambientales, sociales y económicas en nuestro país, por eso realizamos el monitoreo de las leyes que entran en vigor.
MC.- ¿Qué elementos contiene la Ley que privatiza 47 ríos en Honduras?
EDC.- El problema es que las comunidades no han sido tomadas en cuenta durante estos 47 proyectos de concesión de los ríos, el 70% fueron licitados por empresarios que son los mismos dueños las industrias de energía térmica, este asunto debemos tomarlo muy en cuenta y la Ley aprobada establece que el proceso de sociabilización de las comunidades se realice en última instancia, ya en la etapa final del proyecto, no deja establecido qué es un proceso de sociabilización, eso se ha prestado para una interpretación ambigua de los interesados, causando conflicto en las comunidades. En la parte ambiental, es una Ley que categoriza los proyectos hidroeléctricos según su capacidad, por ejemplo: Un proyecto de 3 Megas es Categoría 1, pero no se revisa su particularidad si es dentro de un área protegida, si afecta la fuente de agua de una comunidad.
MC.- ¿Qué tipo de dinámicas propone el IDAMHO para sociabilizar la discusión legislativa en temas ambientales?
EDC.- Un verdadero proyecto de sociabilización lo debemos entender por su afán vinculante con todas las comunidades del municipio y los lugares circunvecinos, por ejemplo, tenemos varios casos en la zona norte –en el Departamento de Atlántida- donde los proyectos son compartidos por dos o hasta tres municipios, todas las comunidades debe conocer el pro y el contra de los proyectos, porque cada uno causará un impacto en las comunidades, debemos apuntar a una sociabilización participativa -mediante Cabildos Abiertos y Asambleas- con toda la información.
MC.- ¿Cuántas categorías contempla el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental?
EDC.- Las categorías quedaron establecidas en el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental: la Categoría Número 1 no necesita Licencia Ambiental; la Categoría 2 se remite sólo a una inspección; las Categorías 3 y 4 sí necesitan una evaluación de impacto ambiental. Desafortunadamente la Ley de Promoción de Energía con Recursos Renovables no toma en cuenta esta categorización y desde esa misma Ley se establece su propio reglamento. El IDAMHO estudió el Reglamento del SNEIA, lo sometimos a discusión con varios grupos y hemos encontrado que se vulneran derechos fundamentales de la población, porque dentro de las inconsistencias de este reglamento resulta que quien propone el proyecto hidroeléctrico se categoriza a sí mismo, no es un tercero, no es un agente externo al Estado o al proponente de la empresa privada, sino que el interesado en invertir define la categoría de impacto ambiental. El IDAMHO presentó un recurso de amparo, pero la Corte Supremo no lo aceptó, entendemos que el recurso de amparo es la suspensión de la Ley aprobada, en este momento estamos impulsando otros procesos y tratamos de vincular a más organizaciones para pronunciarse en el tema del Reglamento del SNEIA.
MC.- ¿Han entrado en contacto con el COPINH por la defensa de los 47 ríos privatizados?
EDC.- Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento con el COPINH, nuestro contacto es con las organizaciones que ya conocemos, por ejemplo: CODEFAGOL –que lidera en la zona sur-, la gente se ASONOG –ellos han trabajado el tema de incidencia de la minería en la zona occidental-, con el Comité Ambientalista del Valle de Siria –en la zona oriental del país-, y con la Asociación de Periodistas Ambientalistas.
MC.- Finalmente, ¿qué otras preocupaciones tiene el IDAMHO al realizar el monitoreo legislativo?
EDC.- Nos preocupa y bastante, la aprobación de la Ley de Promoción de Alianzas Público-privadas, nosotros estudiamos las leyes de otros países y hemos encontrado que sólo se aprueban este tipo de leyes cuando los países entran en emergencia financiera, al verse en esa situación recurren a mecanismos de acuerdos con la parte privada -que cuenta con el capital- y el país pone los recursos del Estado: las cuencas, las rutas, etcétera; en Honduras no operan así, sino que el Estado transfiere fondos a la empresa privada para la realización de proyectos, antes se llamaba la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) cuando el Estado de Honduras solía entregar fondos públicos a la empresa privada y después los inversionistas se declaraban en quiebra (durante la década de 1980), y así surgieron muchos nuevos millonarios, esta Ley viene a ser el “CONADI 2”. La Ley menciona el otorgamiento de derechos sobre bienes patrimoniales: áreas protegidas y zonas arqueológicas, la trasferencia de derechos se traduce en concesiones, esto nos debe preocupar a los hondureños.

Fuente: www.rebelion.org
 

Hoy, como ayer, luchamos por un empleo digno. !NO! al empleo por hora.


http://art-for-a-change.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/beltran_honduras.jpg

http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/trabajo-precario-300x284.jpg
Vamos a defender lo conquistado
No permitamos que las élites y sus diputados nos arrebaten nuestros derechos laborales:
Salario mínimo
Vacaciones
Décimo tercer y décimo cuarto salario
Séptimo día
Seguro Social
Libre sindicalización
Maternidad
Asiste a la Asamblea de Trabajadores
sábado 30 de octubre, 9 AM
Instituto Central, Tegucigalpa
San Pedro Sula

Fuente: voselsoberano.com
 

La cúpula militar que perpetró el golpe de Estado, "tiene las horas contadas"


Para que Honduras vuelva al sistema interamericano, luego que fuera expulsada en julio del año anterior de la OEA, el gobierno tiene la obligación de suspender la persecución contra Manuel Zelaya porque son de carácter político, así como enjuiciar a los autores materiales e intelectuales del crimen constitucional.

La cúpula militar que perpetró el golpe de Estado, tiene las horas contadas. Así lo ha dejado entrever el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Manuel Martínez Silva, al expresar que “aún (el tema de la anterior Junta de Comandantes) no es un caso cerrado. Hay muchas instancias a seguir”.

La reapertura del juicio contra los militares, surge en el contexto en que el máximo tribunal de justicia del país, dejaría sin valor ni efecto las acusaciones contra el ex Presidente Manuel Zelaya, por tener vicios de nulidad, así como “requisito previo para readmitir Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

La cúpula fue enjuiciada a finales de 2009, por el delito de expatriación contra Zelaya, siendo absueltos por el presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilés, por “carecer” de elementos para apresarlos. Sin embargo, hasta la fecha no hay requerimientos fiscales contra ellos, por los delitos de lesa humanidad y traición a la patria que ha costado la vida a más de 170 hondureños, 54 mujeres ultrajadas sexualmente y más de 5000 violaciones a los derechos humanos.

Para que Honduras vuelva al sistema interamericano, luego que fuera expulsada en julio del año anterior de la OEA, el gobierno tiene la obligación de suspender la persecución contra Manuel Zelaya porque son de carácter político, así como enjuiciar a los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado, cometido el 28 de junio de 2009.

Fuente: hondurascontraelgolpedeestado.blogspot.com

Constituyente , un derecho político

Apuntes desde la perspectiva de los  Derechos Humanos.

Verenice Bengtsson

“La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia ” Artículo 6 Carta Democrática Interamericana.

La violenta interrupción de la consulta popular, como un mecanismo de participación directa,  para que la ciudadanía, decidiera si estaba o no de acuerdo con la convocatoria a una constituyente, implicó la violación y negación de los derechos políticos de la ciudadanía hondureña.  Como resultado, se le privó de la posibilidad de  elegir, lo que representó directamente una restricción indebida  al ejercicio del derecho a votar e incidió negativamente en la voluntad del electorado, afectando gravemente  la democracia. Lo anterior,  cobra real sentido,  despues de revisar la información que provee el  Tribunal Nacional de Elecciones –seriamente cuestionado por posicionarse en favor del golpe de estado- según la cual  el presidente electo   obtuvo 1.213,695 votos, lo que representa tan solo el 26.2% de los  4.626,071 votantes inscritos en el censo electoral. El abstencionismo  aumentó notablemente puesto que en las elecciones del 2005 fue de 44.9% y en las del 2009 fue de 53.6%. Por otro lado, de acuerdo a la información proporcionada por  el Frente Nacional de Resistencia  más de 1.300,000  votantes,  han firmado la declaración que exige la convocatoria a la constituyente.


Mediante el  golpe de estado,  se vulneraron tambien, los derechos políticos  particularmente de la ciudadania en oposición a la clase política que ejecutó el golpe de estado, así como de aquellos que ejercían funciones públicas: el presidente, secretarios de estado, jueces y otros funcionarios públicos que  fueron censurados y  violentamente obligados al cese , mediante el destierro, despido y la usurpación de sus funciones. Y así lo advirtió la CIDH  en su informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de estado”,  que, durante su visita in loco, pudo constatar graves vulneraciones a los derechos políticos que atañen a las ciudadanas y ciudadanos hondureños observando que a partir del quiebre institucional, se ejecutaron actos represivos al ejercicio de los derechos políticos, en particular de aquellos vinculados con el ejercicio de funciones públicas, como también de aquellos que se relacionan con la participación política.


Con el fin de reparar el rompimiento del orden constitucional y responder a la exigencia internacional de reconocer el derecho de participación política de  la ciudadanía, nuevamente se encuentra en discusión,  la constituyente.  A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, toda persona debe tener garantizado el derecho de participar e influir directamente en el diseno y formulación de leyes y/o políticas públicas que han de afectarle.  Los artículos pétreos de la  Constitución de 1982 que se declara inderogable, representan una limitación indebida al   derecho de participación política, tanto a las presentes como futuras generaciones, puesto que niega la posibilidad de cambiar las reglas fundamentales que rigen  su vida social económica y política. Los constituyentes de entonces -al parecer  se creyeron depositarios de la divina providencia- y le  atribuyeron a la Constitución, un cáracter casí bíblico, que  no solo restringe la participación política, sino que  además niega, el principio natural de la evolución de las  sociedades que por ser dinámicas, se transforman y como ellas cambian, también deben poder cambiar las leyes para ajustarse a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.

La  Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha determinado  en el caso Yatama contra Nicaragua  que: “La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el su propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa”. Es claro que un estado que garantiza mecanismos de participación directa fortalece su democracia , reafirmando la existencia de ésta.

En ese sentido, es preciso abordar la reglamentación efectuada por el Congreso Nacional , el 24 de junio del 2009 -previo al golpe de estado- para  regular el referendum y el plebiscito e impedir el desarrollo de la consulta popular. Lo anterior en virtud de que existe una nueva tendencia para revestir de dilaciones y excesivas formalidades tales mecanismos. En el mismo caso mencionado, la Corte condenó a Nicaragua porque  consideró que de acuerdo al artículo 29. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial. En Esa dirección el artículo 2 de la Convención obliga a los estados a  adoptar disposiciones de derecho interno que sean necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades establecidos en la Convención. La Corte ha establecido en reiteradas ocasiones “ Que el deber general del artículo 2 de la Convención implica la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”

El golpe de estado, acabó con la vigencia de la Constitución de 1982, y  aunque ciertos grupos se aferran a ella, su aceptación ya no es generalizada,  además  despues de una ruptura constitucional, lo que procede es hacer uso de la asamblea constituyente. Pero no se busca una asamblea nacional constituyente dominada por  políticos involucrados en el golpe de estado o,  abogados que se posicionaron en favor del rompimiento constitucional y la represión contra la resistencia constituida actualmente como la única  fuerza de  oposición política.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su artículo 23 que  “Todos los ciudadanos deben gozar de la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos” Se trata de establecer un nuevo comienzo, fortaleciendo la democracia y el pluralismo político,  de abrir las puertas a toda la ciudadanía para participar activamente  en la vida política del país,  respetando el derecho  de igualdad y no discriminación. Existe el deber de incluir a los grupos históricamente invisibilizados y marginados. Reconocerles su derecho a sentirse parte  de la construcción del estado de derecho y de las instituciones, para que la Constitución exprese la decisión soberana de la mayoría y sea el reflejo de ella.

Se tiene la certeza que la Constituyente no resolverá los problemas estructurales que enfrenta Honduras, pero es preciso reconocer tal como lo ha advertido la Corte Interamericana en el caso Castañ eda Gutman contra Mexico que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, es un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención”. Un nuevo pacto social puede reflejar en sus reglas, las condiciones que permitan reconocer y respetar en igualdad de condiciones los derechos humanos,  consiguiendo de esta forma  consolidar los pilares de una auténtica democracia y que las instituciones vuelvan a ganarse la confianza de la ciudadanía. Mientras se sigue discutiendo la forma  de recuperar esa confianza frente a la crisis institucional , hacer justicia frente a la alarmante impunidad,  y  procurar la reconciliación,  la Constituyente se presenta como el primer y necesario paso.  Despues de darlo,  Honduras podrá volver a hablar de Democracia.



Suecia, 25 de octubre de 2010

Fuente. Vos el soberano