miércoles, 29 de julio de 2009

GOLPE EN HONDURAS: LO QUE NO SE TRASMITE






Fuente: registromundo02 - Youtube.com

Fuente: TRUTHSHALLMAKEYOUFRE - youtube.com


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Piden a Fiscalía investigar a Carlos Flores y al cardenal golpista

Flores y el cardenal

SE DENUNCIA ACTO DE CORRUPCIÒN. COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. QUE SE DE CURSO AL PROCESO INVESTIGATIVO. SE ACREDITE CONFIGURACIÓN JURÍDICO PENAL DE LOS HECHOS. IDENTIDAD DE LOS AUTORES. REQUERIMIENTO FISCAL. AUTO DE PRISIÓN. SENTENCIA CONDENATORIA. REEMBOLSO DE FONDOS Y RESARCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS AL ESTADO DE HONDURAS. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS.

Fiscalía Especial de Lucha Contra la Corrupción

Ministerio Público, Tegucigalpa, Honduras.

VICTOR ANTONIO FERNÁNDEZ GUZMÁN, MARCO TULIO PADILLA MENDOZA, OMAR MENJIVAR ROSALES, FOAD ALEJANDRO CASTILLO, JARI DIXON HERRERA, SARAH JANETH AGUILAR CRUZ, SAUL FERNANDO AVILA; miembros de la organización que lucha contra la corrupción en Honduras identificada como Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), CLAUDIA HERSMANNSDORFER ACOSTA del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), BERTHA OLIVA del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ciudadanos hondureños, mayores de edad, en el libre ejercicio de nuestros derechos ciudadanos todos y todas domiciliados en la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central; con el debido respeto comparecemos presentando formal denuncia para que esa Fiscalía realice las investigaciones pertinentes y finalmente determine si los señores CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ ex presidente de la República de Honduras y ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA Cardenal de la Iglesia Católica, son responsables a título de autores o cómplices de al menos, los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; la probabilidad de que se hayan configurado los mencionados delitos, se desprende de los hechos y argumentos que a continuación exponemos.

HECHOS

PRIMERO: Producto del conflicto político que vivimos en nuestro país a raíz del golpe de Estado consumado el 28 de junio del corriente año, ha circulado a través de la red internacional de información, mediante mensajes de correo electrónico, un ejemplar del diario oficial La Gaceta, de fecha siete de diciembre de 2002, en el cual se constata la existencia del Acuerdo Ejecutivo Número 046-2001 emitido por el ex Presidente de la República de Honduras CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ, a través del cual dispone que “del presupuesto consignado a la Presidencia de la República, asignar una partida de Lps. 100,000.00 (CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS) mensuales, para atender diversos gastos institucionales del cardenalato de… ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA…” Dispone además el referido acuerdo presidencial que: “La partida deberá otorgarse mensualmente y en forma permanente a partir del mes de diciembre del 2001”, siendo fechado dicho acuerdo el veintiocho de diciembre de dos mil uno.

SEGUNDO: Constitucionalmente Honduras es un Estado Laico, teniendo como obligación asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; responsabilidades que debe cumplir desde la base de su propia institucionalidad.

TERCERO: El mencionado acuerdo ejecutivo, se fundamenta en el nombramiento del señor OSCAR ANDRES RODRIGUEZ MARADIAGA como Cardenal por parte del Papa Juan Pablo II, y que dicha designación implicaba la ejecución de varias acciones dirigidas en beneficio del pueblo hondureño, requiriendo para la misma de recursos extraordinarios, bajo este argumento el ex titular del Poder Ejecutivo CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ, pretende justificar la asignación mensual de cien mil lempiras (Lps.100.000.00) del pueblo hondureño al mencionado religioso, sin que éste ultimo tenga la condición de funcionario o empleado público o que la oficina cardenalicia sea parte integrante de la Presidencia de la República de Honduras.

CUARTO: La Ley Orgánica de Presupuesto vigente al momento de emitirse el cuestionado acuerdo ejecutivo, establece que el proyecto de presupuesto de egresos contemplará cinco rubros de egresos financieros, y en cada uno de ellos se infiere que la ejecución de dicho presupuesto debe realizarse desde las misma institucionalidad del Estado (artículo 20), y en ninguna de ellas se aprecia autorización directa o tácita a funcionario o entidad estatal alguna, para distribuir los fondos del Estado de forma deliberada, mucho menos cuando ésta causa perjuicio a la frágil economía de Honduras. Además se exige una relación entre presupuesto y planes de desarrollo aprobados, como correlación para apreciar que la ejecución del mismo implicará generar el bienestar de la sociedad y la transparente administración de los recursos económicos.

QUINTO: Las disposiciones generales del presupuesto vigente en el año de la emisión del relacionado acuerdo ejecutivo, definen que partida es “la cantidad de fondos asignados a cada una de las instituciones, en que se divide la sección de egresos del presupuesto”, precisando que cuando se refiere a instituciones, deben entenderse que se refiere a los órganos del Estado, tales como: Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, a través de sus instituciones administrativas, incluyendo los programas de deuda pública y de asignaciones financieras de control especial, organismo electoral, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, y los demás órganos desconcentrados, Programa de Asignación Familiar (PRAF) y Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Es decir, es una contradicción a la legalidad establecer partidas o fondos para instituciones que no integran el Estado hondureño.

CONFIGURACIÓN JURÍDICO PENAL DE LOS HECHOS

I. DISPOSICIONES LEGALES A CONSIDERAR

I.A) Constitución de la República:

Artículo 321: Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de le ley es nulo e implica responsabilidad.

Artículo 323: Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

“Artículo 364: No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención de las normas presupuestarias.

Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.”

I.B) Código Penal:

“Artículo 349 (abuso de autoridad): Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1)… 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamiento jurídicos. 3)…”.

“Artículo 372 (malversación de caudales públicos): El funcionario o empleado público que destine los caudales, bienes o efectos que administra a un fin distinto del que le corresponde… si ocasión daño a dichos intereses o entorpece un servicio público, la multa será igual al cien por ciento (100%) del daño causado o de los gastos que el Estado deba realizar para normalizar el correspondiente servicio público, más inhabilitación absoluta de cinco (5) a ocho (8) años…”

II. CORRELACIÓN FÁCTICA JURÍDICA

II.A) Sobre el delito de abuso de autoridad

En primer lugar es importante reiterar que Honduras es un Estado Laico, en el cual la administración de lo público se realiza o debe realizarse apartado de cualquier sesgo religioso; por tanto cualquier acción orientada al cumplimiento de sus responsabilidades sociales para con la ciudadanía, se concreta y debe concretarse a través de las distintas instituciones que integran el aparato administrativo del Estado y no a través de una entidad religiosa, mucho menos privilegiando a una religión y discriminando a otras. Sobre esta base, el Acuerdo Ejecutivo emitido por el señor CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ, es contrario a la estructura jurídico constitucional del Estado Hondureño, en tanto que facilita una especie de jugoso sueldo al señor ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA, quien no ostenta ni puede ostentar constitucionalmente la condición de funcionario, empleado o en general servidor del Estado, tampoco la oficina cardenalicia es un apéndice o entidad dependiente de la Presidencia de la República, para administrar fondos del Estado.

En consecuencia, el acto concreto de disponer de recursos públicos pertenecientes al pueblo hondureño, constituye un acto que contradice acremente lo dispuesto en el artículo 321 de la Constitución de la República, que establece los límites dentro de los cuales los funcionarios públicos deben desempeñar sus funciones, restringiendo las actuaciones discrecionales, sobre todo cuando se trata de la administración de los recursos que constituyen la hacienda nacional.

Es evidente que la asignación de una partida presupuestaria a favor de ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA, no está autorizada por ninguna norma legal que expresamente le confiera tal facultad al Presidente de la República (y mucho menos si la asignación económica tiene el carácter de permanente).

Siendo así, los hechos encajan perfectamente en la premisa contenida en el artículo 349.2 del Código Penal, ya que 1) el ciudadano CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ, ostentando la calidad de Funcionario Público, como Presidente de la República, 2) emitió el Acuerdo ejecutivo número 046-2001, 3) contrario a lo que dispone el artículo 364 de la Constitución de la República y contrario a Ley Orgánica del Presupuesto y las disposiciones generales de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República que aprobó el Congreso Nacional para que rigiera el año fiscal 2001.

Por lo dicho, los que abajo firmamos, coincidimos en calificar los hechos como sumisos en el tipo penal de Abuso de Autoridad y confiamos que el ilustrado criterio de esta Fiscalía coincidirá también.

II.B) Sobre el delito de Malversación de Caudales Públicos

Ninguna decisión orientada a privilegiar económicamente a un ministro religioso con fondos del Estado de Honduras, se puede justificar en un Estado laico como el hondureño. Mucho menos en este caso, cuando el ex presidente de la República CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ emite un acuerdo para que de forma permanente se entregue al señor Cardenal ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA, la cantidad de cien mil lempiras mensuales, para la supuesta realización de acciones que ni siquiera son precisadas, destacándose que dicho valor es erogado del presupuesto consignado a la Presidencia de la República; otro elemento que es importante destacar es que la partida para el señor RODRÍGUEZ MARADIAGA es asignada en el mes de diciembre con ejecución inmediata, tiempo en el cual el presupuesto de todas las entidades del Estado se encuentra finalizando su ejecución de acuerdo a los términos en que el mismo se aprobó, por lo que una modificación en ese tiempo, implica necesariamente una exclusión de otras actividades comprendidas dentro del presupuesto de la Presidencia de la República.

Si la obligación económica derivada del acuerdo ejecutivo 046-2001, no está autorizada por ley alguna y más bien contradice la Ley de Presupuesto y las disposiciones generales del correspondiente año fiscal, que dispone cuál será el destino de los recursos que integraban el presupuesto de ese año, entonces resulta claro que al menos cien mil lempiras fueron destinados para un fin distinto del que fue previsto por el Congreso Nacional cuando votó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica para el año 2001, consecuentemente estamos ante la consumación de un delito de malversación de caudales públicos que debe ser reprimido de acuerdo a los términos del artículo 372, párrafo segundo del Código Penal.

II.C) Consideración final

Para ambos tipos penales se requiere que la persona imputada a título de autor, ostente al momento de ejecutarse los hechos, la condición de empleado o funcionario público, extremo que concurre en la persona del señor FLORES FACUSSÉ quien suscribió el acuerdo en referencia en su condición de Presidente Constitucional de la República de Honduras, respecto al señor RODRÍGUEZ MARADIGA corresponderá que el Ministerio Público y el Juez competente en su oportunidad, valoren y determinen su calidad de partícipe en los hechos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 1, 77, 80, 151, 235, 245 de la Constitución de la República; 1, 5, 6, 16, 17, 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; 25, 92, 267, 268, 272, 273 y demás aplicables del Código procesal penal; 349 y 372 del Código Penal.

PETICIÓN

A la Fiscalía Especial contra la Corrupción, respetuosamente pedimos admitir la presente denuncia juntamente con los documentos que se acompañan, asignando el personal responsable de la dirección del proceso investigativo, que se practiquen las diligencias que resulten pertinentes para acreditar la existencia de los hechos, la configuración de los mismos en el ordenamiento jurídico penal, la identidad plena de los autores y partícipes en los hechos; si resulta procedente de la investigación; se presente requerimiento fiscal en contra del señor CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSÉ y ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, oportunamente se les dicte auto de prisión y sentencia condenatoria; de igual manera solicitamos la práctica de todas las diligencias que resulten pertinentes para que retornen a la arcas del Estado los fondos que irregularmente recibió el señor ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA, así mismo se concreten las acciones orientadas a la reparación de los perjuicios que dicho proceder han causado al Estado de Honduras.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 28 de Julio de 2009

Fuente: rubenescobarerazo.wordpress.com

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Obama callado ante Prepotencia de Micheletti: ¿El lobo se quita el disfraz?








www.vtv.gov.ve/

Las entretelas del golpismo

Por Alberto Piris



El golpe de Estado en Honduras ha producido, al menos, dos efectos importantes: ha obligado a recordar que unas Fuerzas Armadas que no han asumido la democracia son un peligro para la sociedad que las sostiene y a la que deberían defender, y ha provocado, además, una cascada de comentarios sobre las circunstancias que hacen posible tan violenta interrupción del curso normal de la vida política de un Estado.

Sintetizar estas ideas en un breve comentario no es fácil pero merece la pena el esfuerzo. La Institución Militar, en cualquier país, tiene unas peculiaridades inherentes a su misma sustancia que no pueden ignorarse. Hecha para combatir, se estructura en torno al modo de hacer la guerra y, naturalmente, con vistas a triunfar en ella. Lo contrario sería aberrante.

La formación de sus miembros, por mucho que intente adaptarse a la de las personas que eligen otras profesiones (en un esfuerzo -elogiable, pero por lo general infructuoso- por igualar la mentalidad de unos y otros), difiere radicalmente de la formación civil ordinaria en la que se educan otros componentes de la sociedad.

Aunque de distinto modo, según la posición en la jerarquía militar, la formación de soldados y cadetes (que serán luego los altos mandos militares) les lleva a tener al Ejército como la institución dominante que configura casi todos los aspectos importantes de su vida. En distinto grado, todos los profesionales de la milicia son resocializados en función de valores e intereses específicos: la disciplina, la obediencia, el espíritu de cuerpo... crecen a medida que van asumiendo los elementos básicos de su formación militar. El espíritu de cuerpo y el compañerismo, por ejemplo, son elementos indispensables en la actividad del combatiente y no pueden ser ignorados.

Esto es así hasta el punto de que son innumerables los testimonios extraídos en diversas guerras que muestran que el valor heroico con que a veces se comporta un soldado está más motivado por un sentimiento de compañerismo o de lealtad a sus mandos, o incluso como respuesta a un reto personal de íntimas razones, que por las retóricas ideas sobre la Bandera, la Patria o la Historia, recibidas durante su formación militar básica.

Hasta aquí nada hay que objetar, puesto que cualquier sociedad que se impone la carga de sostener unas Fuerzas Armadas eficaces, capaces de cumplir la misión que se les asigne, sabe cuáles son las condiciones indispensables para su funcionamiento. Incluso se aceptan ciertas prácticas "endogámicas": los militares viven juntos, a veces aislados (en bases o viviendas específicas), se entretienen también juntos en sus clubes o colonias de vacaciones, sus familias se relacionan estrechamente entre sí y la endogamia, en sentido estricto, no es ajena a sus prácticas sociales, transmitiendo los mismos valores de generación en generación, por vía familiar y no sólo a través de las academias y centros de formación.

Todo lo anterior puede ocurrir tanto en Estados de honda tradición democrática como en países que no han salido de la etapa del golpismo. Pero donde unos y otros toman caminos diferentes es en el momento en que a esa Institución Militar, cuyos miembros son reflejo de lo antes descrito, se le confiere la facultad exclusiva de definir qué es la Patria y cómo debe ser defendida. Y, lo que es peor, cuando desde las fases iniciales de la formación del militar se propugna una identificación, total y excluyente, entre Patria y Fuerzas Armadas. El caso extremo, que algunos países -incluida España- han conocido para desgracia suya, es cuando a esta deformada vinculación entre el concepto de patria y los ejércitos se añaden implicaciones religiosas de carácter trascendente. En mi vida profesional he escuchado afirmar, a veces con enorme convicción, que un militar español forzosamente tenía que ser católico, pues, de no ser así, sería un "mal militar"; o no sería español. ¡Aplastante lógica!

El problema del golpismo empieza, pues, más allá de lo que es la formación técnica de los combatientes. Si además de convertirlos en unos profesionales competentes, a los soldados hondureños se les hubiera enseñado que la Patria a la que había que defender no sólo estaba formada por las clases dirigentes "de toda la vida", la Iglesia, los estamentos tradicionales del poder, etc., sino que además también la constituían los obreros explotados o los campesinos desheredados (entre los que muchos soldados tienen sus raíces familiares: véase el enorme poder de la formación integral de los ejércitos), sectores sociales a los que apoyó el presidente violentamente expulsado, esos soldados no hubieran sido un instrumento fácil en manos de unos políticos que, decididos a hacerse con el poder, se sirvieron de la fuerza de las armas para perturbar el orden democrático de las instituciones del Estado.

No es fácil formar militares competentes y democráticos. Si se les quiere "civilizar", haciéndoles adoptar prácticas ajenas que no contribuyen a su eficacia como combatientes, se estarán sembrando las semillas de su fracaso como soldados. Pero, por otro lado, si se deja en sus manos la elección de los valores absolutos y los símbolos que trascienden a su misión real (olvidando que ellos son el "brazo armado" del Estado, y no la "columna vertebral" de nada), el fantasma del golpismo no abandonará del todo los cuarteles.


http://www.estrelladigital.es

Urge garantizar el trabajo de los defensores y defensoras de DDHH en Honduras y la asistencia inmediata de la Cruz Roja Internacional

Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras. Comunicado de prensa número seis



Tegucigalpa, 27 de julio de 2009

Desde el día 24 de julio se vive una tensa situación en Las Manos, frontera entre Honduras y Nicaragua, como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la Policía hondureña, en un intento por evitar la llegada masiva de personas que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Además, las autoridades del gobierno de facto de Honduras obstaculizan e impiden la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

El 24 de julio miles de personas intentaron llegar a Las Manos y el gobierno de facto movilizó cientos de militares y policías a la zona y montó alrededor de 18 retenes para amedrentar a los simpatizantes del Presidente Zelaya.

Cabe destacar que con ocasión del establecimiento del toque de queda entre las 12 del medio día del día 24 de julio y que se mantuvo vigente todo el fin de semana, se produjo la detención de cientos de personas. Aunque se les ha liberado horas más tarde estas detenciones son arbitrarias.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reportan que al menos dos mil personas están atrapadas entre retenes militares sin posibilidad de movilización, sin acceso a alimentos, medicamentos ni servicios básicos mínimos.

Debido a este panorama defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones reconocidas en Honduras, entre ellas del Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), del Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), del Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de victimas de tortura y sus familiares (CPTRT), y de la Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras intentaron, sin éxito, llegar a la zona y a los centros de detención para verificar los motivos de la privación de la libertad y las condiciones en las que se encontraban las personas, así como para procurar su liberación, adicionalmente han intentado brindar alimentos y otra ayuda humanitaria a las personas atrapadas entre retenes, sin embargo el Ejército impidió la legítima labor de las organizaciones. En este sentido, se requiere la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional con el objetivo de brindar la ayuda humanitaria para las personas que se encuentran en las zonas afectadas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos en Honduras tuvo información adicional sobre personas detenidas en la zona de El Paraíso y la presentación de recursos de habeas corpus por parte de las organizaciones de derechos humanos, que no fueron tramitadas por el juez ejecutor con la celeridad que se requiere en estos casos. El funcionario judicial se presentó a las postas policiales cuando ya las personas habían sido liberadas por la propia población. Una vez más se configura una ausencia de garantías para el acceso a la justicia por parte del gobierno de facto y de las instituciones que actúan de manera parcial, lenta y poco efectiva.

En estas circunstancias, es vital la labor de las organizaciones de derechos humanos de Honduras, para las cuales demandamos garantías y respeto por parte del gobierno de facto. Tal y como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Las Américas del año 2006: “el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas”.

Las acciones llevadas a cabo por el ejército y la policía los días 24, 25 y 26 de julio, y la tensión que provoca la militarización extrema de la frontera, obstaculizan el trabajo que realizan los y las defensoras de derechos humanos en Honduras y violentan los principios establecidos en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, así como las recomendaciones que fueran dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe antes referido.

Finalmente señalamos que las acciones del gobierno de facto dirigidas a perseguir a las personas que apoyan al Presidente Manuel Zelaya son constitutivas del crimen de persecución política, el cual es competencia de la Corte Penal Internacional, por lo que hacemos un llamado vehemente al fiscal general de dicho órgano para que tome las medidas que estime convenientes para prevenir mayores violaciones en Honduras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

(PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África

(IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial

Centenares de personas en resistencia permanecen virtualmente secuestradas entre los retenes militares

Rel-UITA

Mientras en la frontera de Las Manos sigue incesante la llegada de hondureños que arriesgan su vida para llevar el apoyo al presidente legítimamente electo, Manuel Zelaya Rosales, a 15 kilómetros de este lugar, en el desvío que conduce a la ciudad de El Paraíso, Centenares de personas resisten a la maniobra represiva del Ejército y la Policía hondureñas.

Encerrados entre dos retenes militares, reprimidos con la violencia de las armas, hostigados y boicoteados para evitar que les lleguen los víveres, y detenidos cuando tratan de desplazarse hacia sus lugares de origen, estas personas denuncian estar virtualmente encarcelados y violentados en su derecho al tránsito hacia la frontera de Las Manos.

Prefieren no dar sus nombres, pero se acercan con curiosidad y con un gran deseo de hablar, contar sus historias y denunciar los atropellos a los que han sido sometidos por las fuerzas represivas.

El toque de queda permanente los deja expuestos a cualquier tipo de atropello, y resulta difícil imaginar cómo en una zona tan espectacular, con una naturaleza exuberante como la que rodea esta zona de Honduras, pueda transformarse en teatro de una brutal represión que ha dejado un saldo de un muerto, varios heridos y decenas de detenidos que están siendo encerrados en las cárceles de la ciudad de Danlí.

Tres retenes militares obligan a cualquier persona a bajar de su vehículo y mostrar sus documentos. Frente al último despliegue militar la gente deambula por la carretera y busca reparo debajo de los árboles, aguantando el fuerte sol que golpea los cerros cubiertos de pinos.

La resistencia en El Paraíso ha llegado a su cuarto día y la gente luce cansada. Varios se han ido, atemorizados por el asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz, quien en los días pasados había participado en la protesta. Otros se fueron por el cansancio, la escasez de alimentos y el temor a perder el puesto de trabajo. Varios de ellos fueron detenidos por la violación al toque de queda, otra medida represiva para amedrentar a los que siguen resistiendo.

Secuestrados en una ruta

Un joven, pelo largo y una larga trenza, se acerca y está dispuesto a contar todo lo que está pasando. “El jueves pasado, 23 de julio, salí de Tegucigalpa y llegué hasta Danlí, donde un fuerte retén militar impedía el paso. Cruzando por cerros y montañas llegué hasta el desvío que conduce a El Paraíso y me junté a la lucha, y estamos dispuestos a seguir adelante hasta que se le permita al presidente Manuel Zelaya retomar su cargo.

Después de la represión y del asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz, varias personas se han retirado. Yo lo conocía –continúa el joven-. Salimos de Tegucigalpa por separado, pero nos juntamos camino a El Paraíso. Es una estrategia del gobierno golpista para generar terror entre la población, y lo peor es que muchas de estas personas fueron detenidas por violar el estado de sitio que rige constantemente, violando nuestros derechos”, dijo el joven quien prefirió mantener el anonimato.

Mientras la gente aguantaba la represión del Ejército y la Policía, el presidente Zelaya hacía su intento de regresar al país, lo cual fue imposible por la actitud intransigente del gobierno de facto. ¿Hasta cuándo la gente podrá aguantar esta presión?, es la pregunta que ha surgido en estos días intensos, que se están viviendo a los dos lados de la frontera entre Nicaragua y Honduras.

Según la cantidad de gente que sigue llegando a Las Manos, caminando horas y horas por las montañas, entre ellos dirigentes gremiales, diputados y líderes de las organizaciones populares, la impresión es que la lucha va a seguir por mucho tiempo. El norte de Nicaragua se está transformando en un refugio para miles de hondureños que van a comenzar una presión contra el gobierno de facto, que ahora tendrá dos frentes que cuidar.

Mientras hablaba con el joven, otras personas se acercaron con el deseo de contar su historia y los sufrimientos de estos días.

“Sabemos que todo esto no es algo que se va a resolver en dos o tres días, sino que es un proceso que va a tomar un tiempo, y son los golpistas los que tienen mucho que perder –dijo un señor que quiso dar a conocer su opinión–.

La gente sigue llegando y por la noche se va hacía la frontera arriesgando su vida -continuó-. Estamos viviendo una situación muy difícil y nos sostenemos gracias al apoyo de la gente que vive en la zona, que arriesga su seguridad para apoyarnos. Sin embargo, la Policía y algunos medios locales han amenazado a los dueños de los comercios para que no nos vendan alimentos.

Hay que dejar en claro una cosa -continuó mi nuevo interlocutor–: la gente iba hacia la frontera para encontrar a su Presidente, y han sido el Ejército y la Policía a los que nos encerraron entre dos retenes, secuestrándonos y dándonos una ruta por cárcel.

Es un abuso y una violación constante a nuestro derecho a la circulación, y esto debe de saberlo el mundo, porque usan el toque de queda para detener a la gente”, concluyó

Atacan al STIBYS

La brutal represión del gobierno de facto ha alcanzado también al combativo Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), organización afiliada a la UITA.

“Fuimos víctimas de un atentado el día de hoy, domingo 26. Alguien colocó un artefacto explosivo en el STIBYS, y es evidente que es un acto de intimidación para crear terror entre la gente, justo el día en que íbamos a participar en el entierro del joven Pedro Magdiel Muñoz, quien fue asesinado en El Paraíso –informó a Sirel el secretario general del STIBYS y miembro del Comité Mundial de la UITA, Carlos H. Reyes–.

Durante el entierro la gente detectó a dos policías infiltrados y querían lincharlos. Minutos después dieron vuelta ya uno de los carros de la Policía y la situación se puso muy tensa.

Para la próxima semana va a seguir la movilización, manteniendo como días más fuertes el jueves y el viernes”, comentó Carlos H. Reyes.

Sobre el intento fallido del presidente Zelaya de entrar al país, el secretario general del STIBYS está convencido de que pese a no haber logrado el resultado esperado, la gran movilización que se ha dado en todo el país ha permitido golpear duramente a los empresarios en términos comerciales, con el cierre total de todo el departamento.

Con respecto a la actitud de la comunidad internacional, Reyes cree que “debe dejar de dar declaraciones y pasar a hechos contundentes. En el país hay un silencio mediático impresionante y son pocos los medios que dan a conocer lo que realmente está ocurriendo.

Todo esto afecta la percepción de la realidad por parte de la comunidad internacional, lo cual es un gran problema para nosotros. Con respecto a las declaraciones del presidente de Costa Rica, Oscar Arias y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, según los cuales no es conveniente lo que está haciendo el presidente Zelaya, creo que resulta evidente que el proceso de mediación era un intento para retardar la búsqueda de una solución.

Ahora –continuó Reyes– resulta que en lugar de atacar a la dictadura, atacan al presidente Zelaya. Es evidente el cambio de actitud. Como movimiento popular apoyamos el regreso del Presidente y seguimos denunciando la represión que hay en el país”.
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La embestida yanqui

Contra independencia, unidad y solidaridad latinoamericana

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La dictadura mediática se ha convertido en el instrumento efectivo y propicio de la arremetida de Estados Unidos contra América Latina en su desesperación por combatir la unidad, independencia y solidaridad de los pueblos de la región.

Los partidos políticos de izquierda del Subcontinente se han sometido a las reglas electorales impuestas por la derecha, y han venido ganando terreno por el voto popular frente a las agrupaciones oligárquicas que en sus mandatos han ejecutado políticas neoliberales que solamente desempleo, miseria, hambre, han dejado a lo largo de la historia de nuestras naciones.

Las condiciones para el fortalecimiento de la izquierda, las favoreció la actuación de los últimos gobiernos norteamericanos, quienes dieron la espalda a las naciones de América Latina.

En su voracidad por arrebatar recursos naturales a países productores de petróleo, utilizando falsos argumentos, declararon la guerra en Irak y mantienen intervenida militarmente a Afganistán; y voltearon su mirada hacia Rusia y China. ¡Claro!. Representan mayores intereses por sus recursos y mercado.

Igualmente, en su afán por mantener la supremacía militar, la nación más poderosa del mundo, se enfrascó en una lucha intestina por despojar a Irán de su derecho de buscar fuentes alternativas de energía a través del enriquecimiento de uranio.

Lo mismo ocurre con Corea del Nortea, nación asiática a la que pretende eliminar su legítima decisión de lanzar cohetes con fines defensivos.

O sea que Estados Unidos se arroga el derecho exclusivo de buscar fuentes alternativas de energía, lanzar cohetes, enviar expediciones a la Luna, Marte y el resto del universo; mientras el resto de países tienen que someterse a sus designios.

Arrogancia imperial castigada


Cuando los gringos se enteraron del grave error que habían cometido en América Latina, emprendieron una embestida contra los pueblos que se habían atrevido a solidarizarse entre sí, y buscar su independencia política, económica y social.

Con el respaldo de sus aliados en la región y fundamentalmente con la complicidad de los patrones de la comunicación, han desatado todo tipo de ataques en contra de los países que han electo a presidentes de izquierda.

Les han endilgado acusaciones por tráfico de drogas, de armas, terrorismo y los infaltables señalamientos por presunta violación a los derechos humanos, libertad de expresión y prensa; además de practicar en su contra, chantajes, calumnias, manifestaciones de la derecha por la nacionalización de los recursos naturales, intentonas de golpes de estado, y el golpe de Estado en Honduras, entre otros mecanismos de presión.

Nicaragua no sería la excepción. Han dicho e inventado todo tipo de acusaciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, incluyendo el tráfico de armas y drogas, pese a la lucha que ha emprendido en contra de esos delitos.

En Honduras se promovió el golpe de Estado contra el constitucionalmente electo Manuel Zelaya.

Defensores de gorilas


Pero ahora resulta que los golpistas son llamados por La Prensa, el diario de los nicaragüenses, y CNN, “el gobierno provisional e interino”, en un intento por legitimar a los usurpadores del poder en Honduras, y tienen el descaro de señalar de “injerencista” a Daniel por apoyar Zelaya.

No recuerdan que Estados Unidos instaló bases militares en Honduras para agredir militar, económica y políticamente a Nicaragua durante el primer gobierno sandinista, en la década en los años ochenta.

También debieran de calificar de “injerencista” al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quién después de condenar el golpe contra Zelaya, aceptó convertirse en instrumento de los norteamericanos para mediatizar la lucha del resto del mundo por restituir al gobernante hondureño en la presidencia de la República. Arias y su mentor, continúan insistiendo en que se tome la mesa de negociaciones entre Mel y los golpistas.

Títeres del imperio

Ahora a la conspiración norteamericana contra Zelaya, se han unido sus marionetas nacionales, quiénes exigen la salida de nuestro territorio del presidente constitucional, a pesar de la condena internacional contra el golpe.

Y los integrantes de la ultra derecha conservadora, encabezados por el derrotado candidato, Eduardo Montealegre, viajaron a Honduras para patentizar su pleno respaldo a los golpistas catrachos.

¿Qué paso con los demócratas?. ¿No son estos los que se autoproclaman defensores de la democracia, respetuosos de la institucionalidad, del estado de derecho y del derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes?.

Con estas posiciones y actuaciones de la rancia burguesía se puede entender que la democracia tiene que ser practicada exclusivamente por la derecha, porque cuando no les favorece, alegan que se cometió fraude en su contra.

Cinismo mediático


La derecha mediática llega al extremo de culpar a Zelaya y los gobiernos del Alba por la sangre que sea derramada en la vecina del norte.

“Pero la sangre que se derrame en Honduras —que podría ser mucha— como consecuencia de la “insurrección” convocada por el ex presidente derrocado, no sólo caerá sobre las cabezas de Manuel Zelaya, los gobernantes del Alba que lo azuzan y los burócratas internacionales que lo respaldan. La sangre hondureña caerá también sobre las cabezas de los gobernantes demócratas que insólitamente se han plegado a la posición de Hugo Chávez y compañía, y reclaman la restauración incondicional de Zelaya en el poder, en vez de ayudar a la búsqueda de una verdadera solución, intermedia y conciliatoria”, señaló el editorial de La Prensa, en su edición del 23 de julio.

Más víctimas de los demócratas

Si damos un repaso por las acciones de Estados Unidos contra de los gobiernos progresistas legítimamente electos en América Latina, veremos que han montado todo un engranaje para desacreditarlos.

En Guatemala acusaron al presidente Álvaro Colón de haber ordenado el asesinato de un adversario político, Rodrigo Rosemberg. Sin embargo, el show les duró muy poco.

Narco estado


En América del Sur, Estados Unidos en abierta actitud de provocación contra Venezuela, planea colocar varias bases militares en Colombia, supuestamente para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

El incondicional gobierno de Álvaro Uribe que ha convertido a Colombia en un narco estado con la venia de sus protectores.

Igualmente alentaron la intentona golpista contra el presidente Venezolano Hugo Chávez en abril del año 2002, contra quién han organizado y financiado a la derecha para confrontar a su gobierno. En los últimos días, han tratado de meter a Venezuela en un escándalo por supuesto y armas anti tanques adquiridos en Suecia y que habrían sido destinados a la Farc.

En Uruguay, promovieron un sinnúmero de escándalos contra el presidente Fernando Lugo, a quién atacaron despiadadamente por la aparición repentina de supuestos hijos suyos que supuestamente habría engendrado cuando todavía era obispo católico.

En Ecuador, al gobernante Rafael Correa, fue acusado de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC), en el 2008; le montaron manifestaciones de protestas de la oposición, y ahora lo acusan de haber sido electo con financiamiento de la misma guerrilla colombiana.

En Bolivia, el presidente Evo Morales, recibió fuertes ataques y le organizaron asonadas porque dispuso la nacionalización de los hidrocarburos que se encontraban en posesión de compañías norteamericanas.

No importa el método

A la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue acusada de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, e interpusieron una denuncia judicial por supuesta negligencia en el tratamiento a los infectados con el virus de la influenza humana.

No es casual que Israel, una de las naciones asiáticas más leales a Estados Unidos, haya iniciado una ofensiva diplomática por lograr que América Latina, rechace el establecimiento de relaciones de amistad, comercio y diplomáticas con Irán.

Con ese propósito enviaron por varias naciones de la región a su canciller Avigdor Lieberman, quién irónicamente posee un historial extremista, cuyo currículo difícilmente hará cambiar de posición a Latinoamérica respecto a Irán.

Lieberman es identificados como un político ultra ortodoxo, nacionalista, miembro del partido Yisrael Beitenu —nuestra casa Israel— y quien ha exigido a los diferentes gobiernos judíos que aniquilen a sus enemigos, bombardeen a las naciones contrarias a Israel o lancen armas nucleares contra Gaza: “Nuestros soldados están haciendo bien el trabajo en Gaza, pero la solución no es la invasión, la solución es como la que EE.UU adoptó con Japón, sin ensuciarse las manos”, dijo Lieberman, refiriéndose al lanzamiento de la bomba atómica contra Japón.

Sobre los palestino, sus propuestas no son menos radicales: “Hay que ahogar a los palestinos en el Mar Muerto, que es el punto más bajo del planeta”.

Evidentemente, Estados Unidos está dispuesto a recurrir a cualquier método, maniobra o artificio para recuperar la supremacía mundial, ya sea mediante el desprestigio a sus adversarios, el derrocamiento de gobiernos, halagos, chantajes, fraudes electorales, utilización aliados e incluso las guerras. Esa potencia del mundo será responsable del retorno de los conflictos armados en Latinoamérica que cuidado podría revertirse en su contra y perjudicar directamente a Estados Unidos.
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Se reafirman denuncias del carácter represivo del Golpe de Estado en Honduras:

Como resultados del Golpe de Estado van 6 personas muertas, 2 desapariciones forzosas y 1.275 personas detenidas por infracciones al toque de queda. Éstas son algunas de las conclusiones a las que llega el informe preliminar de la misión internacional de verificación de la situación de los derechos humanos en Honduras.

La comisión está conformada por 15 profesionales independientes (juristas, periodistas, expertos en derechos humanos, etc.) de distintos países americanos y europeos para presentar sus observaciones y recomendaciones a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus estados miembros.

El informe parte del análisis del origen de los hechos y dice muy claramente que el secuestro y expatriación del presidente Manuel Zelaya no tiene ningún amparo legal: "En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente (...)"cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese".

Otra de las conclusiones clave a las que llega dicho informe es que "los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras".

Otro de los resultados del trabajo de las comisiones en dicho informe revela otros grupos involucrados en múltiples violaciones a los derechos humanos junto a los Militares, Clase Política y Oligarquía involucrados: “La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto”.

A modo de síntesis de las conclusiones -que luego va analizando detalladamente para ofrecer recomendaciones concretas- el informe señala: "Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos/as extranjeros/as, entre otros."



El informe completo se puede consultar haciendo click: Informe Completo Aquí



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