Decio Machado
Vamos a Cambiar el Mundo/CEPRID
Honduras es uno de los países más pobres del continente americano (el tercero en el ranking de pobreza). El 63% de las familias hondureñas sufre desnutrición y miles de niños y niñas viven en la calle.
En 2006 Honduras firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. La consecuencia de dicha firma para el país centroamericano, quien lo suscribió con pretensiones de aumentar sus exportaciones y conseguir mayor inversión extranjera, fue que éstas incluso disminuyeron y aumentó el déficit comercial de Honduras con el gigante del norte. La agricultura hondureña se empobreció más aún de lo que ya estaba, y se perdieron miles de empleos en el sector de medicamentos genéricos, como condición por la protección de patentes farmacéuticas establecidas en el TLC.
A través de un particular proceso de evolución paulatina del presidente Mel Zelaya hacia la izquierda, en 2008, Honduras ingresó en el ente petrolero Petroamérica (empresa formada por compañías estatales petroleras latinoamericanas) y se incorporó al ALBA.
La versión oficial para el golpe de Estado la ofreció el ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, quien declaró a BBC Mundo que “Zelaya se quedó sin apoyo de la élite política y estaba enfrentado al Congreso. Esta situación creó un dilema de gobernabilidad, sólo superable si Zelaya abandonaba sus pretensiones de modificar la Constitución y se creaba un mecanismo que permitiera al ejecutivo y a los diputados tomar decisiones de manera colegiada”. En resumen, la oligarquía hondureña, el poder eterno del país, pretendía que Mel Zelaya fuese presidente pero sin gobernar.
La posición firme de Zelaya ante las instituciones políticas hondureñas, definidas más de una vez como "tozudez" por parte de las élites centroamericanas y la rancia oligarquía local, generó un fuerte conflicto interno donde las acusaciones al presidente constitucional fluyeron en los medios de comunicación bajo calificativos de “populista” (consecuencia del incremento del salario mínimo y de los planteamientos de consulta popular a través de una cuarta urna con la finalidad de ver si la población quería un cambio constitucional). La estrategia de desestabilización de las fuerzas reaccionarias concluyó en un golpe de Estado que pretendió justificarse con inverosímiles razones y argumentaciones poco creíbles. Ningún país del planeta ha apoyado oficialmente a los golpistas, lo cual significó un hito histórico en este tipo de sucesos.
Lo sucedido en Honduras ha sido un golpe neoliberal, en beneficio de los más ricos y de una escuálida clase media con pretensiones de ser rica.
¿Quiénes apoyan a Micheletti y al gobierno de facto?
La experta en temas militares hondureña, Leticia Salomón, investigadora de la Universidad Nacional, no tuvo dudas en referenciar a los autores del golpe, indicando que: “fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico `La Tribuna`, que junto con ´La Prensa´, ´El Heraldo´, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe”.
Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario “La Tribuna”, fue una de las puntas de lanza en la campaña que el último año promovió el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra Zelaya, y que sostenía reuniones desde el año anterior con John Dimitri Negroponte, puente con los “halcones” estadounidenses, cuando este era secretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del gobierno de George W. Bush.
El grupo al que hace referencia Salomón debe completarse con Jaime Rosenthal y Gilberto Goldstein, dirigentes del Grupo Continental, emporio que monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios de comunicación como ´El Tiempo´ y ´Canal 11´. El resto de familias que componen la oligarquía hondureña, controlando el 90% de la riqueza del país, y que apoyaron el golpe contra Zelaya son: Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el contructor Rafael Flores, entre otros. Dentro de la trama golpista, destaca otro personaje "oscuro entre los oscuros", el magnate Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10% de su valor real.
En este sentido, no es de extrañar que la empresa privada hondureña haya sido uno de los actores que en primer lugar apoyaron el golpe de Estado y del gobierno ilegítimo, calificando al golpe como un proceso “democrático” e “irreversible”.
Así lo aseguró Alejandro Álvarez, vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la organización económica privada más poderosa de este país que aglutina a 62 asociaciones gremiales. Según este magnate del sector de la construcción hondureña, “Honduras está en un proceso de rescate de una Estado de Derecho precario…, porque un poder quiso ponerse encima de la ley”, haciendo referencia a la consulta popular auspiciada por el destituido presidente Zelaya con respecto a su iniciativa de la cuarta urna. Álvarez es también vicepresidente de la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO), y en marzo de este año, al ser elegido presidente del COHEP, con el cinismo propio de un golpista, se declaraba apolítico y se inclinaba públicamente por "establecer un diálogo con el gobierno para apoyar de manera dinámica las iniciativas en las cuales coincidan y discutir aquellas en las que existían divergencias".
Otro destacado dirigente empresarial golpista es Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), otro habitual de las marchas Unión Cívica Democrática (organización que apoya socialmente al gobierno golpista). Según Facussé, “Ha habido respeto al orden constitucional frente al presidente depuesto que no quería respetarlo, porque era ilegal lo que estaba haciendo”. El 13 de septiembre Facussé fue deportado desde el aeropuerto de Miami al de San Pedro Sula por las autoridades de migración estadounidenses. Su pasaporte fue sellado con la palabra “Inadmisible”.
Luis Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, organización empresarial de la zona norte y la más poderosa económicamente del país, es otro de los empresarios que ofreció inmediatamente respaldo a Micheletti en otro comunicado, en el cual invitó además “a la población hondureña a mantenerse firme en defensa de la democracia”.
Estos tres personajes forman parte de los varios empresarios que financian y participan en las marchas de la Unión Cívica Democrática (grupo que apoya socialmente el golpe), y son parte de los sostenes internos más importantes para el gobierno de facto.
El poder empresarial golpista hondureño está claramente marcando el rumbo del país, pudiéndose definir así un holding de empresas golpistas entre las cuales destacaríamos las siguientes en los siguientes ámbitos:
En el ámbito de los diarios, revistas y productos impresos: La Prensa, El Heraldo, Estilo y Diez, todos propiedad de Jorge Canahuati Larach; el periódico La Tribuna y Lithopress Industrial del ex presidente Carlos Flores Facussé; y el Hablemos Claro, Hablemos Claro Financiera, As Deportivo y Cromos todos ellos de propiedad de Rodrigo Wong Arévalo.
En el ámbito de la TV, cable, telefonía e Internet: Grupo Televicentro, Canal 5, Telecadena 7 y 4, Telesistema 3 y 7, MegaTV, Multivisión, Multifon, Multidata y Televicentro Online, todos del magnate Rafael Ferrari; el Canal 10 o TEN de Rodrigo Wong Arévalo; Canal 54 de Jorge Faraj y Camilo Atala; Tigo-Celtel de Antonio Tavel Otero; Telemás de Gabriela Núñez; y 45TV La Ceiba y Televisión 8 Tela de Rodolfo Irías Navas.
En el ámbito de las radios: Emisoras Unidas, HRN, Radio Norte, Suave FM, Rock n`Pop Vox FM, XY, 94 FM, Radio Satélite, Radio Caribe y Radio Centro, todas del holding mediático de Rafael Ferrari; Audiovideo, Radio América, Radio San Pedro, Súper 100, La Moderna y Radio La Ceiba de Miguel Andonie Fernández; y Comunicaciones del Atlántico, Radio El Patio La Ceiba, Stereo 91 La Ceiba, Stereo 102.5 La Ceiba, Romántica 103.5 FM La Ceiba, Radio Aguàn Colón, 92.7 FM Tela y 91.5 FM Tela de empresario mediático Rodolfo Irías Navas.
En el ámbito de comidas y bebidas, son resaltables: Burger King, Little Caesar´s, Church´s Chicken, Popeyes, Dunkin´ Donuts, Baskin Robbins, Pollo Campero y Chilli`s de Rafael Ferrari; Pizza Hut, Kentucky, Agua Azul, Aquafina, Pepsi, Seven Up, Mirinda Naranja, Mirinda Uva, Teem, Enjoy, Adrenaline, Gatorade, Quanty, Be-Light, Link, SoBe Energy y Tè Lipton envasado, todo controlado por el empresario pro golpista Jorge Canahuati Larach; Yummies Zambos, Yummies Ranchitas, Cappy, las diversas Ziba´s, Taco de Rancho, Chicharrones de Rancho, Mazola, las diversas Íssimas y frutas y vegetales Áltima, todos estos productos bajo control de Miguel Facussé Barjum; y Leche Sula, Leche La Pradera, Leche en polvo Sula, Malteadas Sula, jugos de naranje y fruta Sula, Babida Fristy Slua, Queso quesillo requesón Sula, Queso Cheddar Gouda Edam y Pecorino Sula, Mantequilla crema Sula, Margarina Sula, Mozarella Sula, Yogurt Sula, Yogurt Gaymonts y Lait y Agua Sula, de Schucry Kafie.
En el ámbito de entidades financieras, consorcios y manufacturas, destacan: Grupo Ficohsa, Banco Ficohsa, Interamericana de Seguros, Ficohsa Express, PSI Proyectos y Servicios Inmobiliarios, Dicorp, Fundación Ficohsa, todas estas compañías de Jorge Faraj y Camilo Atala; Grupo Terra de Freddy Nasser; Asin y Audiovideo de Miguel Andonie Fernández; Grupo Roble de Ricardo Maduro; Fondo Hondureño de Inversión Turística (Bahía de Tela), Grupo Televicentro, Emisoras Unidas y Telerón de Rafael Ferrari; Grupo Dinant (antes Corporación Cressida), Químicas Magna, Cressida Industrial, Químicas Láser, Alimentos Dixie y Exportadora del Atlántico, todas de Miguel Facussé Barjum; Lactohsa de Schucry Kafie; Corinsa y Embotelladora de Sula de Jorge Canahuati Larach; Comunicaciones del Atlántico de Rodolfo Irías Navas; y la Fundación Covelo y el Banco Covelo de Adolfo Facussé.
En el ámbito de la energía y el combustible, destacan: Emce, Petróleos de Honduras, Gasolineras Uno, Tramaq (transportes), Enetran y las plantas térmicas Enersa, Elcosa y Río Blanco, propiedad de Freddy Nasser; la planta termoeléctrica Lufussa de Schucry Kafie; la compañía Semeh de Rafael Ferrari y Arturo Corrales; y la de biocombustibles Dinapower, propiedad de Miguel Facussé Barjum.
En el ámbito de comercios y centros comerciales: Supermecado La Colonia y Diunsa de Mario Faraj; Jestereo, La Curacao, Tropigas y Mall Multiplaza de Ricardo Maduro; Eleganza, Jorge J. Larach & Cía y Comercial Larach de Jorge Canahuati Larach; Proconsumo, Xedex, Audaz y Ganex de Miguel Facussé Barjum.
En el ámbito de medicinas y farmacias: Laboratorios Finlay de Jorge Canahuati; Infarma, Mandofer y Farmacia Regis de Miguel Andonie Fernández.
En el ámbito textil y maquilas: el Grupo Lovable de Juan Canahauti, y Textiles Río Lindo de Adolfo Facussé.
En el ámbito de hoteles destaca el Intercontinental de Ricardo Maduro.
En el ámbito de transporte: Inter Airports de Freddy Nasser; Catisa, Tupsa y Trasul, todas de Roberto Micheletti.
En el ámbito deportivo: el Olimpia de Rafael Ferrari; el Motagua de Camilo y Pedro Atala.
Por otro lado, la constitución interna de los sectores sociales que apoyan a Micheletti es la siguiente: por un lado, la máxima dirigencia la lleva adelante un sector de la burguesía acomodada liderada por la esposa de Carlos López, “canciller” de Micheletti, Armida de López Contreras. Los coordinadores de nivel medio son empleados de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, y algunos empleados de la empresa privada. Las bases no existen y los movilizados provienen de sectores marginales de Tegucigalpa a quienes se les garantiza el pago de 300.00 lempiras por marcha (aproximadamente unos 15 dólares), el transporte de ida y vuelta, la comida de ese día, además de una camiseta blanca.
En el liderazgo de estos grupos, destaca entre otros el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, que manejando fondos inicialmente procedentes de la empresa privada y posteriormente de las arcas municipales (muchos de ellos provienen previamente del gobierno central), es el responsable logístico de muchos de estos grupos.
También destacan entre los apoyos al régimen golpista: los poderes judiciales, Congreso Nacional, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, y Comisionado Nacional de Derechos Humanos, todos ellos electos por el Congreso dirigido en su momento por Roberto Micheletti, y seguidores ideológicos de Carlos Flores Facussé.
También es reseñable la Iglesia católica, como uno de los primeros actores en posicionarse a favor del golpe de Estado en Honduras. En un comunicado de la Conferencia Episcopal, leído por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez y avalado por los 11 obispos que integran dicha institución, el máximo órgano de la Iglesia católica hondureña, se posicionaba claramente a favor del gobierno de facto de Roberto Micheletti, haciendo un llamado al presidente constitucional Manuel Zelaya para no volver a Honduras, e intercediendo ante la OEA a favor de los golpistas.
Con el Ejército como principal valedor y garante del gobierno ilegítimo y estandarte junto con la Policía de la brutal represión diaria que se ejerce en especial en las cuidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a primeros de agosto los reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras expresaron también su apoyo al gobierno de Micheletti. El presidente de la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas, coronel en retiro César Ordóñez, entregó a Micheletti, el pasado 7 de agosto, la bandera hondureña como muestra de que la organización, según dijo, está “a disposición” de su Gobierno. ¿ Y en el ámbito internacional?
Aunque el rechazo al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime en todos los foros internacionales incluido los 192 países que componen las NNUU, destaca en el marco internacional el apoyo encubierto ejercido por algunos gobiernos al presidente de facto en Honduras.
Según El Heraldo de Honduras, las embajadas de Taiwán e Israel, son las únicas naciones que hasta el momento han reconocido al gobierno de facto de Roberto Micheletti, en contraposición al contundente rechazo de la comunidad internacional.
El gobierno de Colombia, a pesar de haber retirado previamente a su embajador de Tegucigalpa, organizó el pasado 20 de julio, una reunión con representantes del gobierno de facto en Bogotá. El diálogo entre el canciller del gobierno golpista, Carlos López, y el presidente colombiano Álvaro Uribe se desarrolló entorno a “la situación en Honduras, la situación interna que estamos viviendo” según confesaba días después el propio canciller ilegítimo hondureño.
López no tuvo recato en indicar que Uribe expresó su “simpatía” por el Gobierno de Micheletti y que la reunión se debió a que ambas naciones son “víctimas de agresores externos comunes, como Hugo Chávez”, a quien consideró “una amenaza para las naciones, para la independencia de cada una de ellas”. El gobierno colombiano se vio obligado a reconocer que la reunión existió, que fue secreta, pero en su descargo se declaró que esta se dio en el marco de la mediación del presidente Oscar Arias, cosa que en ningún momento se ratificó oficialmente por parte del primer mandatario costarricense.
De igual manera, aptitudes contradictorias tuvo también el gobierno de Panamá, que a través de su vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, alabó el pasado 21 de julio a las Fuerzas Armadas golpistas de Honduras. Varela indicó que “en Honduras he visto un ejército responsable de acatar decisiones de la Corte Suprema de Justicia y estar metidos en la mitad de una crisis que ellos no la formaron”, olvidando que el ejército hondureño no está sometido a las órdenes de la Corte Suprema, si no a las de su Comandante en Jefe, el presidente legítimamente elegido por el pueblo en las urnas, en este caso Manuel Zelaya.
La derecha más reaccionaria de América Latina ha expresado de diversas maneras su apoyo al régimen de Micheletti. Entre ellos destacan las declaraciones de apoyo al gobierno ilegítimo de la hija del golpista chileno Augusto Pinochet, la concejal Lucía Pinochet, o del empresario venezolano Pedro Carmona, quien protagonizó el golpe de 2002 en Caracas que sacó del poder durante 48 horas al presidente Hugo Chávez, o incluso la del líder aprista del congreso peruano, Jorge del Castillo, quien también se manifestó públicamente indicando que lo habito en Honduras “mas que un golpe fue un contragolpe para evitar el golpe que preparaba Zelaya”. Ni Panamá ni Perú retiraron sus embajadores de Tegucigalpa.
En Venezuela, Globovisión, cadena de televisión afín a los sectores opositores al gobierno presidido por Hugo Chávez, también han manifestado sus simpatías por el golpe de Estado en el pequeño país centroamericano. Los conductores de los diversos programas de Globovisión no han hecho más que apoyar el golpe de Estado en Honduras desde el 28 de junio, acusando a su vez al gobierno de Chávez de injerencia por haber condenado dicho hecho. En este sentido, Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión afirmó el pasado 17 de julio que “El gobierno de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en Honduras”, indicando así un claro apoyo al gobierno golpista.
Ese mismo día, el dueño de Globovisión y también propietario del concesionario Toyoclub Valencia C.A., admitió que la empresa automotriz que dirige especula con los precios de los vehículos. “Nosotros puede ser que especulemos, pero damos fuentes de empleo”, afirmó el dueño de Toyoclub, concesionario cerrado por mantener en situación de ocultamiento 24 vehículos en una de las residencias de Zuloaga, ubicada en Los Chorros, Caracas. Al ser interrogado sobre por qué los empresarios como él especulan con los precios de los vehículos, pese a que reciben divisas a precio oficial (Bs 2,15) por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para sus importaciones, Zuloaga volvió a indicar escuetamente que “los concesionarios generan puestos de trabajo”, demostrando así cual es la ética empresarial que caracteriza a empresarios de esta calaña.
En los Estados Unidos el golpe de Estado en Honduras ha contado con el respaldo de diversas figuras públicas del mundo de la política.
La congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, declaraba poco después del golpe que “las fuerzas militares en Honduras respetaron la Constitución” al remover al presidente José Manuel Zelaya del poder.
Esta congresista estadounidense, conocida en Cuba como la “Loba Feroz” tras su participación en el caso Elián, no tuvo ningún pudor en declarar que “Zelaya manifestó una conducta irregular por sus reiteradas violaciones a la constitución y a las leyes e inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos institucionales”.
Ros-Lehtinen apoyó el secuestro en Miami del niño cubano Elián González, y es célebre en el Congreso por dar su voto a todas las causas de la derecha contra Cuba y los movimientos progresistas de América Latina.
También el senador estadounidense del Partido Republicano por Carolina del Sur, Jim DeMint, argumentó que el presidente constitucional Mel Zelaya es un “dictador estilo Chávez” y un “líder ilegítimo”, al mismo tiempo que le ha exigido al presidente Obama que debería “apartarse de déspotas” y que “EEUU debe dar todo el apoyo a la gente de cualquier país que estén luchando por los mismo valores que compartimos y defendemos en EEUU”.
En la actualidad, DeMint mantiene su bloqueo al voto de confirmación del académico Arturo Valenzuela como responsable para América Latina del Departamento de Estado de los EEUU. DeMint también se opone al voto de confirmación de Tom Shannon, seleccionado por el presidente Barack Obama como embajador para Brasil y que ocupaba el cargo para el cual el mandatario nombró a Valenzuela.
El bloqueo de un nombramiento es un derecho al que pueden recurrir los legisladores de la oposición, dentro del complicado andamiaje legislativo estadounidense. “El senador DeMint mantendrá el bloqueo contra ambos hasta que cambie la postura de la Administración (Obama) con respecto al gobierno de Honduras”, según indicaron fuentes de su oficina a las agencias de información el pasado 18 de septiembre.
Este senador está asociado con el grupo religioso conservador conocido como “La Familia” (organización internacional política cristiana), y apoyó públicamente la dictadura militar en Honduras en la década de los 80, cuando el entonces embajador estadounidense, John Negroponte, convirtió a Honduras en una base para las operaciones paramilitares contra el sandinismo y los movimientos revolucionarios en Centroamérica.
El movimiento “La Familia” está incorporado en EEUU como una organización libre de impuestos, operando bajo el nombre de la Fundación Fellowship. Mientras que ellos no conducen operaciones de recaudación de fondos, reportaron ingresos de más de $12 millones en el 2003 en donaciones. Su misión, según su acta fundacional, consiste en: “desarrollar y mantener una asociación informal de grupos de personas, para salir como `embajadores de reconciliación`, modelando los principios de Jesús, basados en el amor a Dios y a otros”. Los grupos de este movimiento se han reunido en el Pentágono y el Departamento de Defensa, y tienen conexiones directas y claras con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
DeMint es uno de los integrantes más destacados del grupo de senadores ultraconservadores que cuestionan la posición del presidente Obama con respecto al gobierno ilegítimo de Honduras. Estos legisladores, encabezados por el líder conservador en la Cámara Alta, Mitch McConell, expresaron en una carta remitida a Hillary Clinton la necesidad de reconsiderar la posición “unilateral” de la Administración Obama respecto a Honduras.
También el congresista republicano Aaron Shock divulgó recientemente un análisis del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense, según el cual "la destitución del ex Presidente Zelaya fue constitucional y (la) debemos respetar", aunque también halló ilegal que el Mandatario hubiese sido expulsado del país.
Durante su discurso, el congresista resaltó que “es inaceptable que nuestro gobierno (EE.UU.) trate de obligar a Honduras a violar su propia constitución al cortarle la ayuda extranjera" al mismo tiempo que recomendó reanudar la asistencia estadounidense e internacional a Honduras, devolver las visas de funcionarios hondureños, reconocer la legitimidad de tales comicios si se celebran de manera justa e imparcial. Finalmente, Shock recomendó que el gobierno hondureño permita la salida de Zelaya de la embajada brasileña, reconozca que su derrocamiento fue castigo suficiente por las medidas que él tomó y que llevaron a los hechos actuales, abandone los planes de procesarlo y emita una amnistía general para todos los involucrados en su destitución. Así, Zelaya tendría derecho a hacer campaña para el candidato de su preferencia en las venideras elecciones, pero si incita a la violencia debería ser arrestado y procesado.
De acuerdo con The Washington Post, para los “halcones” conservadores, sostenes del gobierno golpista de Micheletti, “Obama y el Departamento de Estado de EEUU se unieron a Chávez y sus aliados para exigir que Zelaya sea restituido en el poder”.
En la ambigüedad en ocasiones y apoyo expreso en otras, mantenida por diversos actores estadounidenses con respecto a Honduras, es referenciable un editorial del diario neoyorquino The Wall Street Journal, del pasado 1 de julio, en el cual se podía leer que “el golpe militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente democrático”. En este editorial se posiciona que “el Ejército no depuso al presidente Manuel Zelaya por sí solo, sino siguiendo una orden del Tribunal Supremo de Honduras”, y prosigue indicando que “las autoridades legislativas y judiciales permanecieran intactas” tras la acción militar.
Lo más espectacular del editorial consistió en señalar que Obama se ha posicionado en este asunto “junto a Naciones Unidas, Fidel Castro, Hugo Chávez y otros demócratas modélicos”, asegurando a su vez que lo ocurrido en Honduras debe leerse “en el contexto del chavismo latinoamericano”.
El diario conservador estadounidense indica que Chávez utilizó “dinero proveniente del petróleo venezolano para ayudar a que Zelaya ganara las elecciones hondureñas en 2005” y Zelaya, por su parte, ha intentado utilizar “procedimientos ilegales para forzar al Congreso a que reforme la Constitución”.
El editorial concluye indicando que “esa intimidación populista ha funcionado en muchos puntos de la región y en Honduras están comprensiblemente asustados de que, apoyado por el dinero y los agentes de Chávez, se alcance una subversión antidemocrática similar en el país”.
El gobierno golpista contrató inmediatamente después del derrocamiento de Zelaya al lobby estadounidense Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, el cual en cuatro meses a cobrado más de 290.000 dólares, y su función ha sido fundamentalmente desarrollar cabildeo a favor de los golpistas en el Capitolio.
En Europa, la fundación alemana Friedrich Naumann Stiftung (FNS) vinculada al FDP (Partido Demócrata Liberal), fue denunciada ante el Parlamento alemán por el grupo parlamentario Die Linke (La Izquierda) por su apoyo al gobierno golpista que encabeza Micheletti. No sorprende entonces descubrir que esta fundación también da cobertura Carlos Alberto Montaner, vicepresidente de la Internacional Liberal y uno de los opositores más recalcitrantes del régimen cubano. La FNS también desarrolla operaciones propagandísticas en contra de los gobiernos progresistas de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
En julio 2007, la agencia alemana de noticias (independiente) German Foreign Policy, señalaba que la FNS “iniciaba un nuevo programa para desarrollar una red de las fuerzas neoliberales a través de América Latina dando una atención especial a las fuerzas opositoras de Cuba, Venezuela y Bolivia”. La FNS se encuentra detrás de la “Red Liberal de América Latina” (RELIAL) que, según su propaganda reúne 46 organizaciones de 17 países.
En Bolivia sin ir más lejos, RELIAL tiene entre sus núcleos más activos al grupo FULIDE del terrateniente Branko Marinkovic quién lidera el Comité separatista pro Santa Cruz. FULIDE tiene la característica de exhibir esvásticas en sus manifestaciones.
En el ámbito de las fundaciones, destaca también la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), encabezada por el ex presidente José María Aznar. Esta entidad emitió un documento fechado el 15 de julio en el que defiende el derrocamiento del presidente constitucional de Honduras, declarando el golpe como una acción de defensa legítima de la libertad y la democracia.
La FAES considera que "la salida de Zelaya ha supuesto el primer retroceso importante para los intereses de Hugo Chávez. Por primera vez, las instituciones de un país han dado la espalda a un líder populista y han salido en defensa de la democracia. La Constitución ha funcionado. Se ha evitado el vaciamiento de la democracia liberal".
A primeros de septiembre, el Comité para América Latina (COLAT) del Consejo de la Unión europea consensuó mantener a Honduras en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, terminología eufemística que utiliza la UE para definir sus TLCs.
En el COLAT del Consejo de la UE, el gobierno español fracasó en su intento de dejar a Honduras fuera de las negociaciones comerciales con la UE.
Según fuentes del COLAT, la Comisión "no quiere dejar aislado a Honduras" en estas conversaciones, que se paralizaron en julio pocos días después de la destitución y expulsión del país del ex presidente Manuel Zelaya. Estaba previsto concluir las negociaciones este año para el Acuerdo de Asociación entrara en vigor en 2010.
Al mismo tiempo que el gobierno español justifica su posición ante sus socios comunitarios indicando que el Acuerdo de Asociación es una prioridad para ellos, dado que ostentarán la presidencia de la UE en el primer semestre del año que viene, los países centroamericanos debaten sobre la conveniencia o no de continuar el proceso con Honduras, tras la declaración condenatoria del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
La presencia del gobierno de facto hondureño en las negociaciones significaría de hecho un reconocimiento implícito de todos los países ssentados en las mesas de negociación.
Pero las prisas tanto de la UE como de determinados países centroamericanos para culminar este proceso, ha conllevado a que el pasado 17 del presente mes, Costa Rica manifestase públicamente la necesidad de modificar el mandato europeo.
“Considero que lo que debemos solicitar es un cambio de mandato (de negociación) a la UE”, declaró el ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz. El mandato de la UE indica que el acuerdo sólo se firmará con los cinco países centroamericanos en conjunto, es decir, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.
El ministro costarricense indicó que se debe “aprovechar el tiempo” y que la idea no es dejar a Honduras fuera del acuerdo, sino que se pueda adherir cuando tenga un gobierno legítimamente reconocido. Esta posición a determinado que se fuera al traste las operaciones de la diplomacia golpista hondureña en su búsqueda de que la UE la sentase en la mesa de negociación aunque fuera a cambio de vender el país aun más a intereses extranjeros.
¿Y las transnacionales?
El Canal 36 de Honduras, denunció que la empresa TIGO apoya al gobierno golpista. Este canal de televisión, quienes eran antes patrocinados por la empresa y ahora –a raíz de su posición crítica hacia el gobierno de facto- se han quedado sin patrocinio.
En las diversas manifestaciones contra el sector empresarial que dieron en Honduras el pasado 27 de julio, los manifestantes quebraron las tarjetas SIM (chip) de la empresa, expresando de esta manera su rechazo al apoyo de dicha compañía al gobierno golpista.
Según voceros de Radio globo, pudieron averiguar que dicha compañía fue fuertemente presionada por “grandes clientes” para adoptar dicha posición. En la actualidad se desarrolla un fuerte boicot a dicha compañía por parte de los sectores de la Resistencia Nacional. La compañía TIGO (da cobertura a tres cuartas partes de los dos millones de abonados celulares en el país) ha estado interviniendo las llamadas a Canal 36 y Radio Globo para impedir la comunicación de ciudadanos y ciudadanas que denuncian los abusos del régimen golpista a través de esos medios.
En un artículo publicado el 18 de julio en el diario hondureño El Libertador, se publicó una lista de 100 personas consideradas como instigadores del golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya. En el puesto 37 de la lista aparece el cubano de Miami Antonio Tavel Otero, director ejecutivo de TIGO.
TIGO es subsidiaria de Millicom Internacional, que es dueña a su vez de Amnet TV y ha sido protagonista de un escándalo de corrupción en Costa Rica durante el primer mandato de Oscar Arias.
TIGO.Millicom es propiedad del grupo sueco Industriförvaltnings AB Kinnevik. Su director ejecutivo es Mikael Grahne y en su directiva está Daniel Johanesson, ex director de la empresa sueca de trenes SJ.
¿Y las instituciones de Bretton Woods?
A pesar del pronunciamiento internacional e incluso uno propio del FMI llamando a la restitución del gobierno legítimo en Honduras, este país recibió, el pasado 28 de agosto, una asignación de 150 millones de dólares del FMI como parte de un programa para suavizar el impacto de la crisis global (Derechos Especiales de Giro –DEG), según su Banco Central. Todo ello a pesar de que otros organismos internaciones suspendieron su ayuda al país tras el golpe de Estado del 28 de junio.
El Banco Central de Honduras, indicó a su vez que recibirá una asignación adicional de 13,8 millones de dólares de DEG en las próximas semanas.
Honduras, que fue suspendida de la OEA tras el golpe, sufrió la cancelación de la ayuda del BID y del Banco Mundial –calculada en 200 millones de dólares para el 2009- y Washington canceló ayuda militar por valor de 16,5 millones de dólares.
Fuente: www.nodo50.org/ceprid
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La Ceiba - En el Día de la Raza, los garífunas conmemoran 517 años de resistencia indígena, negra y popular, en medio de una crisis política e institucional que les afecta aun más sus ya precarias condiciones socio-económicas.
