Honduras sigue herida por las dinámicas que desató el golpe de Estado. Queriendo quedar bien con todos, Pepe Lobo organizó un gabinete de gobierno que es una Torre de Babel. Del gobierno sólo se sabe que Lobo no decide nada y que cada quien anda en lo suyo, sacando ventajas personales, sin que exista una autoridad creíble y de consenso. En este desgobierno, la violencia del crimen organizado es la que ha tomado en sus manos el timón del país.
El fantasma del golpe sobrevuela todas las esferas políticas hondureñas. El diputado Wenceslao Lara, del golpista Partido Liberal, habló así en el Congreso, sin ningún pudor: “Nosotros los liberales, propusimos un candidato que el pueblo hondureño eligió como Presidente de la República. Ese liberal (Zelaya) nos falló, y nosotros responsablemente lo quitamos y pusimos a otro en su lugar. Ahora les toca a los nacionalistas ser igualmente responsables con la nación, como lo fuimos nosotros”.
LOBO Y MICHELETTI:
TAN PARECIDOS
¿Quién decide en Honduras desde el 27 de enero? Lo que queda de aquel hombre que en los años 2004 y 2005 levantaba el puño como símbolo de firme decisión frente a la delincuencia, que aparecía con convicciones sin fisuras, es quien hoy encabeza el Ejecutivo, un enclenque. Porfirio Lobo Sosa es un “presidentillo” indeciso, de sonrisa nerviosa y habla tambaleante, que dice no a lo que debía decir sí y que dice sí a todos los que lo buscan para sacar ventajas de su indecisión.
No es para menos. Porfirio Lobo se montó en la silla presidencial más inestable de la historia nacional. Sólo lo haría una persona muy ambiciosa, como es su caso, por cierto con exageradas similitudes a aquel que el 28 de junio se trepó a la Presidencia.
Estos dos personajes del paisaje político hondureño, Lobo y Micheletti, tienen tantos parecidos, que las únicas diferencias son su color de piel y su pelo, y el color político de sus banderas. Los dos se han afanado hasta el delirio en buscar la “guayaba” presidencial sin importar el costo. Los dos son fieles católicos romanos y fanáticos adeptos de figuras cardenalicias. Los dos son expertos en decir las mayores torpezas. Los dos son serviles ante los uniformados verde olivo, y sobre todo ante el santo y seña de todo lo que anuncia y pronuncia la voz que procede de Washington. Ambos se saben rodear de las peores calañas de la política y del alto empresariado hondureño. Y ambos conducen el Estado a la deriva, sin planes precisos, con rumbos inciertos, con hermosas frases de patrioterismo y, al final de cuentas, ambos quedan atrapados en la devaluada vanidad de ser Presidentes sin ser estadistas conductores de un Estado, expertos solamente en hundir al país.
HOMICIDIOS Y VIOLACIONES
“Nadie sabe quién de verdad manda y decide en el país”. Es ésa una frase clave que define la actual coyuntura hondureña después del 27 de enero. Nadie sabe quién, pero sí se tiene claro qué es lo que gobierna: la violencia y la inseguridad. Hay días en que se han contabilizado 19 homicidios. Las matanzas masivas se han convertido en pan nuestro de cada día. Cinco periodistas y varios dirigentes que se opusieron al golpe de Estado han sido asesinados en apenas dos meses.
La violación sexual se ha convertido en instrumento para aterrorizar y desmovilizar la resistencia política organizada. Una joven de la resistencia del norte hondureño, violada en agosto por cuatro policías debidamente identificados, que aún siguen en sus postas policiales, fue secuestrada en febrero junto con su familia, conducidos a una montaña por siete hombres vestidos de policías, y frente a los varones fuertemente amarrados a unos árboles, la joven y su cuñada fueron violadas por cada uno de los siete hombres. El que hacía de jefe dictó la sentencia: “Esto te pasa por andarnos denunciando. Y la tercera vez te lo volveremos a hacer, y te vamos a matar”. Este hecho, con sus pelos y señales,
lo encontré documentado en las oficinas del Departamento de Estado en Washington, en manos del responsable de derechos humanos para Centroamérica.
Este funcionario me confirmó tan gravísima violación de derechos humanos, el 4 de marzo, víspera de la reunión que sostendría la Secretaria de Estado Hillary Clinton con los presidentes centroamericanos. Aunque Clinton conocía este hecho, anunció sin pestañear en la reunión la decisión del gobierno de Estados Unidos de restablecer la ayuda económica al gobierno hondureño. Y demandó a los gobiernos del continente reconocer la administración de Lobo “porque ha dado los pasos adecuados para la restauración de la democracia”.
LA SORDERA DE WASHINGTON
Mientras conversaba con el funcionario responsable de derechos humanos en el Departamento de Estado confirmé
que nada se puede hacer para lograr un cambio de postura en la política estadounidense. Sus percepciones son inflexibles, como las del Vaticano cuando se aferra a defender lo indefendible aunque tenga todos los datos en contra.
Teniendo en sus manos brutales datos sobre violaciones sexuales contra mujeres hondureñas, los funcionarios gringos dejaron muy clara su posición: el gobierno de Estados Unidos está comprometido con esta “democracia” hondureña y ese compromiso pasa por respaldar al ejército y a la policía. “No podemos ayudar a la democracia desde afuera -nos dijo Craig Kelly-. Sólo estando dentro del ejército y dentro de la policía podremos lograr cambios”.
Y ante la pregunta que le hicimos, sobre cómo explicaba el apoyo a la policía sabiendo de estas violaciones, sin fruncir el ceño me contestó: “Nadie puede estar seguro si fueron policías. Bien puede ocurrir que los delincuentes se vistan de policías para cometer fechorías”. Eran inútiles otras preguntas. El Departamento de Estado está decidido a fortalecer a la delincuencia que en Honduras, en estos aciagos tiempos de golpe y postgolpe, se viste de agentes policiales...
LO SABEN TODOS
Las lógicas están muy bien establecidas en el país. Mientras los diversos sectores que se opusieron al golpe de Estado siguen sometidos a persecuciones, amenazas, asesinatos y a una feroz campaña publicitaria para hacerlos aparecer como actores de la violencia en el país, la comunidad internacional avanza inexorablemente en el proceso de reconocimiento al régimen, aunque saben que están reconociendo a un gobierno con una muy reducida legitimidad interna.
Lo saben los gobiernos de la Unión Europea, que se han decidido a jugar en las turbias aguas de las ambigüedades. Saben que al apoyar al gobierno están dando un cierto visto bueno a la política represiva que el gobierno ha comenzado a implementar, especialmente desde el Ministerio de Seguridad con el iracundo Oscar Álvarez al frente. Álvarez entiende que la crisis del país se resuelve aniquilando a los contrarios, sean delincuentes callejeros o dirigentes de la Resistencia.
Para curarse en salud, los embajadores europeos decidieron poner en marcha un programa de protección a los defensores de los derechos humanos. La comunidad internacional ha aceptado reconocer a un gobierno al que deliberadamente identifican como violador de los derechos humanos y en línea de continuidad con el golpe de Estado. No lo dicen con claridad -para algo existe la diplomacia con todos sus sofismas-, pero se cubren creando algunos mecanismos para proteger a las potenciales víctimas de las políticas represivas del régimen al que han decidido incorporar a la nómina de países con regímenes democráticos.
EL GOLPE:
ILEGAL E INNECESARIO
La comunidad internacional ha sabido ir arreglando sus entuertos con Honduras, pero no acaba de saber cómo hacer frente a un conflicto que quedó enraizado en las dinámicas internas del país.
Queriendo hacer frente a un conflicto geopolítico latinoamericano, los promotores del golpe de Estado despertaron dinamismos internos que estaban latentes, pero no activados. Con el correr de los meses, el golpe de Estado fue dejando al descubierto a actores y a intereses que traspasan las fronteras hondureñas. Una vez más, a Honduras le tocó jugar un papel subordinado en la geopolítica del continente.
El golpe de Estado no sólo fue un acto violento e ilegal, sino un innecesario hecho político interno. Si sólo hubiese sido por los factores internos, el golpe de Estado nunca se hubiese producido. No había necesidad de ningún golpe de Estado, porque los sectores que internamente materializaron el golpe tenían muy bien controlados todos los factores que hacían políticamente inviable que Mel Zelaya tuviera éxito en sus propuestas políticas.
No es ocioso recordar que en el primer semestre del año del golpe hubo una escalada en contra de Zelaya en la elección de cargos públicos. En enero de 2009 se logró cristalizar la elección de quince magistrados de la Corte Suprema, todos opuestos a la política del equipo de Zelaya. En febrero, la más alta alcurnia de la élite hondureña dio el visto bueno a la elección del Fiscal General de la República. Ya un año antes, ese mismo visto bueno recibió Ramón Custodio, feroz detractor de las políticas de Zelaya, para reelegirse como Comisionado Nacional de Derechos Humanos. En abril el Partido Liberal convocó a una Convención Nacional para elegir una nueva directiva del Consejo Central Ejecutivo del partido. Los electores llevaban una sola consigna, que se cumplió a rajatabla: sacar de la dirección del partido a todos los miembros del equipo de Zelaya. Patricia Rodas cesó intempestivamente en la presidencia del partido, y en su lugar los convencionales eligieron nada más y nada menos que al gran perdedor de las elecciones primarias de noviembre de 2008: Roberto Micheletti.
De estar en la lona y ya políticamente enterrado, Micheletti resurge de esa Convención liberal con energías inusitadas. Los medios de comunicación se encargaron de colocarlo en una primera plana de la que meses atrás había desaparecido. De los 128 diputados del Congreso Nacional, la tercera parte estaba en contra de las políticas del equipo de Zelaya. En esas condiciones, la Cuarta Urna propuesta por Zelaya para las elecciones del último domingo de noviembre del 2009 no podía prosperar porque las élites hondureñas tenían blindada completamente toda la institucionalidad del Estado.
RAZONES GEOPOLÍTICAS
DEL GOLPE
¿Por qué entonces el golpe de Estado? Porque los actores hondureños materializaron un plan detrás del cual había muchos actores internacionales. Las semanas previas al golpe de Estado, altos representantes de organismos políticos de la extrema derecha continental, como es el caso de UnoAmérica, estuvieron presentes para advertir que en Honduras se libraría una batalla frontal para salvar al país del comunismo de Hugo Chávez.
A comienzos de marzo de 2010, esos mismos representantes regresaron al país para afirmar que en Honduras se había ganado una batalla, pero que había que consolidarla para proseguir con otras, hasta enterrar al enemigo
de las libertades del continente. De igual manera, advertían que los enemigos de la democracia seguían activos, presentes en el Foro de Sao Paulo, y que desde allí se decidían acciones para recuperar el terreno perdido en Honduras. Una era atizar luchas internas como la que ocurría en la región del Aguán, en la que se confrontaban grupos campesinos que, en su afán por crear desorden, buscaban apropiarse de las tierras que legalmente pertenecen al próspero y fructífero empresario Miguel Facussé Barjum. Así lo dijeron y así lo publicaron los medios de comunicación que han justificado y avalado el golpe de Estado.
Honduras ha sido excusa en un contexto continental de confrontación geopolítica de sectores de extrema derecha que se sustentan en los monopolios de las multinacionales, y que ideológicamente se nutren también del discurso religioso neoconservador de las élites eclesiásticas, tanto católicas como protestantes, cada vez más relevante en Honduras.
RAÍCES DEL CONFLICTO
EN EL AGUÁN
En los dos primeros meses de administración del régimen de Pepe Lobo, junto con la ola creciente de criminalidad y de asesinatos cotidianos, el conflicto que ha llamado más la atención es el agrario, latente en la región del Aguán, en el atlántico hondureño.
Los actores que intervienen en este conflicto son los mismos que han venido confrontándose en las últimas tres décadas. Al frente de ellos aparece Miguel Facussé, el empresario más emblemático del país, hasta el tuétano de origen árabe, quien logró incrustarse en la dinámica del Estado desde los años 70, cuando en uno de los tantos regímenes militares logró desviar para sus arcas personales los millonarios fondos destinados a la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), institución del Estado creada para incentivar la industria en el país, de la que era su presidente ejecutivo.
A comienzos de la década de los 90, con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, Facussé incidió para que el Congreso aprobara la Ley de Modernización del Sector Agrícola. En la práctica, esto significaba, entre muchas otras ventajas para los empresarios privados, que las tierras destinadas a la reforma agraria podían ser privatizadas por particulares, al tiempo que se abrían oportunidades legales a la empresa privada para proponer a los grupos campesinos beneficiarios de la reforma agraria -aprobada en los inicios de los años 70- entrar en programas llamados de “coinversión”: los campesinos ponían la tierra y la mano de obra, los empresarios la técnica y el dinero y, teóricamente, los beneficios se repartían entre los coinversionistas. En los hechos, esta ley creaba condiciones para dejar la tierra y la propia vida de los campesinos a merced de la dinámica agroindustrial exportadora. Una vez aprobado este instrumento jurídico, Miguel Facussé se dedicó a “convencer” a dirigentes y bases de las cooperativas, comenzando por las más exitosas en la producción de palma africana de la región del Aguán, para que vendieran sus tierras y sus activos, propósito que logró en apenas dos años de feroz campaña publicitarias alabando primero los beneficios de la coninversión y promoviendo después las bondades de la empresa privada, afirmando que estaba dispuesta a “sudar la camiseta por Honduras”, según el lema oficial de los primeros años de la década de los 90, cuando se impulsó con la mayor de las furias los ajustes a la economía y la apertura de las aduanas al ingreso de capital para la agroindustria en el campo y para la maquila en algunos de los centros urbanos, especialmente
en el Valle de Sula.
LOBO EN SU LABERINTO
Dos décadas después, aquellos polvos que levantó Facussé, en complicidad con el Estado hondureño y un puñado de dirigentes campesinos corruptos, se han convertido en un verdadero lodazal, que concentra la atención de todo el país. Es en esta zona en donde se ha comenzado a expresar la alta conflictividad y la tierra movediza del país en el que Pepe Lobo decidió proseguir administrando una crisis insostenible, agudizada con el golpe de Estado.
Sólo en los dos primeros meses de administración de Lobo, al menos 13 personas han sido asesinadas en este conflicto agrario. El gobierno decidió nombrar una comisión que ponga en marcha una propuesta que conduzca a la resolución del conflicto, apenas la punta de un témpano en donde se está estrellando cualquier propuesta o política de un gobierno, atrapado en un verdadero laberinto enlodado.
Miguel Facussé ha puesto ahora en marcha una campaña publicitaria en la que acusa a los campesinos de estar promoviendo el desorden y la violencia en la región y de atentar contra la institucionalidad del Estado de Derecho que garantiza la propiedad privada. Acusa a la resistencia, particularmente a los jesuitas que trabajan en la zona,
y a su “teología de la violencia”, de estar atizando el conflicto con el fin de desestabilizar el país.
Sin embargo, existen voces serias y con información fidedigna, a las que nadie podría acusar de simpatías con la Resistencia, voces estrechamente vinculadas a las élites empresariales, que sostienen que los actuales conflictos en el Aguán, estarían siendo promovidos por el mismo Facussé, quien personalmente, y a sus 84 años, se hizo presente en la zona arengando a turbas que él mismo pagó para que se concentraran en el Congreso Nacional y demandaran respeto a sus tierras. Actuo así aprovechando el desorden y la ausencia de brújula que hay en el país y en el Estado para sacar ventajas. Lo ha sabido hacer a lo largo de toda su vida empresarial.
FACUSSÉ EN SU IMPERIO
Esta hipótesis parece que va tomando consistencia en la medida en que avanza la propuesta de la comisión estatal conformada para resolver el conflicto. Para Facussé podría significar los siguientes logros: que el Estado le compre al menos 3 mil hectáreas con todas sus mejoras, los cultivos de palma africana, tierras que el Estado entregaría de inmediato a los grupos campesinos. Es una compraventa que equivale a unos 50 millones de dólares. De las tierras compradas, dos hectáreas se entregarían por familia, una libre para lo que interese cultivar a la familia, y una sembrada con palma africana, de manera que los campesinos quedan así atados al capital de Facussé, puesto que toda la comercialización del producto de la palma africana está controlada de manera absoluta por este exitoso y parasitario empresario hondureño-árabe.
En virtud de los conflictos generados con la producción, Facussé quedaría exento de honrar sus deudas con la banca hondureña. Finalmente, ante la sociedad, y en virtud de su pericia en el manejo de los medios de mayor influencia en el país, en varios de los cuales dueños o gerentes son de su parentela, el octogenario empresario sería presentado como benefactor de los pobres, generosa víctima de las amenazas de los campesinos.
LOBO EN SU TORRE DE BABEL
Dos meses después de asumir su mandato, el gobierno de Pepe Lobo sigue sin tener ni la capacidad para definir su propio quehacer ni para tener su propia identidad. Sus mayores energías las ha invertido en dar varias señales de auxilio para lograr el reconocimiento de la comunidad internacional. Primero, con la composición de un gabinete que le hiciera aparecer al frente de un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Segundo, conformando una Comisión de la Verdad para hacer creer que cumple con los acuerdos que pusieron fin al régimen de facto y que se desmarca de sus dinamismos de impunidad e imposición. Esta Comisión carece de credibilidad interna y no tiene interés en investigar a los personajes de la política y de la gran empresa hondureña. Tampoco tiene interés en decir algo distinto a lo que conviene al régimen.
Y tercero, haciendo lo posible por quedar bien con todo mundo, conformó con los defensores de derechos humanos un Comisionado presidencial de los derechos humanos. Con las cúpulas eclesiásticas, católica y evangélica, conformó otro Comisionado: para asuntos religiosos. Y con todas las corrientes de los partidos políticos y gremiales va creando comisionados presidenciales para cualquier asunto público.
Se esmeró por quedar bien con la Resistencia cediendo el Ministerio del Instituto Nacional Agrario (INA), el más ineficiente, el que apenas tiene presupuesto para el pago de burócratas y combustible, al Presidente del izquierdista Partido Unificación Democrática, César Ham, el personaje más controversial al interior de los sectores opositores al golpe, vinculado con evidentes y sonados casos de corrupción y fuente de permanentes conflictos internos en la siempre frágil izquierda tradicional hondureña. Quiso quedar bien con los poderosos gremios magisteriales nombrando como Ministro de Educación al polémico dirigente magisterial Ventura, militante del Partido Nacional. Nombró también como Ministro del Trabajo a quien en su momento fue dirigente campesino, pero que desde hace mucho tiempo ha sido identificado entre los sectores más conservadores y mandrakeros de la clase política.
Queriendo quedar bien con todos los sectores, Pepe Lobo organizó un gabinete de gobierno que es una Torre de Babel. Cada quien anda en lo suyo, cada quien maneja su propio lenguaje, y cada quien busca encaramarse
en la dinámica del poder a costa de sus otros colegas.
Dos meses han bastado para dejarnos ante una administración pública que nada en un ambiente de ingobernabilidad, en el que sólo se sabe que hay muchos que deciden, pero no existen líneas que apunten a una dirección de autoridad creíble y de consenso. En este mar, es la violencia la que ha tomado el timón del país. Y como tiene espacios regionales de control, es la delincuencia quien gobierna y decide. Honduras es hoy un territorio parcelado por la violencia y las diversas instituciones del Estado acaban subordinadas no a las autoridades centralizadas de la capital,
sino a las decisiones subterráneas de cada una de las parcelas, zonas o regiones en las que se administra
la violencia.soberanía sobre nuestros recursos.
La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo no pasa de ser la continuidad de la propuesta de las élites empresariales y políticas que buscaron truncar el proyecto que pujaba tras el equipo de Zelaya. Un proyecto elitista
de ese tamaño, en lugar de acortar la inequidad y los conflictos que se han venido acumulando en el país, apuntan
a ahondarlos. Diversos sectores de la sociedad concuerdan en reiterar la necesidad de un Nuevo Pacto Social
o plan estratégico de lucha, como preferirían llamarlo algunos sectores organizados en la Resistencia popular hondureña. Este plan tendría que tener al menos tres componentes. El primero sería definir contenidos que en términos amplios se podrían situar en tres bloques.
Primer bloque: Demandas para redefinir los recursos naturales, la tierra y el medioambiente. Tiene que ver con eso que genéricamente se suele llamar lucha por la soberanía nacional. Si la soberanía es el control y la decisión del Estado
y de la ciudadanía sobre su patrimonio, es muy difícil hablar de soberanía mientras los bosques, los ríos, el agua, el medioambiente y la tierra están en pocas manos. Soberanía es, sin duda, el mayor déficit que tiene el país. La soberanía no es una consigna. Una reforma agraria que aborde con responsabilidad la tenencia de la tierra, para evitar que un puñado de empresarios se acaben quedando con las tierras más fértiles de los valles hondureños, y se subordine la alimentación y la vida misma de la población campesina a los intereses de las multinacionales agroexportadoras, es condición prioritaria para que el campo hondureño deje de ser una bomba de tiempo, fuente permanente de inestabilidad. Lo mismo habría que decir de los bosques, el agua, la energía y la minería. De todas nuestras riquezas naturales, incluida la potencial existencia de petróleo en las tierras bajas y costeras del Atlántico.
Segundo bloque: Demandas sociales: educación, salud, vivienda, salarios, respeto a las etnias y a las minorías sexuales. Respeto y promoción de la organización y movilización social. Vincular las demandas sociales con las demandas por la soberanía y los recursos naturales es estratégico para garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad, sin dejar que sectores elitistas confundan sus demandas con demandas nacionales, que es lo que ocurre con los gremios empresariales, o -en otro sentido- con los gremios magisteriales.
EL CLAMOR POR
UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Tercer bloque: Demandas político-jurídico-institucionales, que tienen que ver con las transformaciones que necesita el Estado hondureño para que se avance en lo que los sectores aglutinados en la Resistencia llaman “la refundación de Honduras”. Aquí se sitúa la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente, móvil que propició que las élites hondureñas dieran el golpe de Estado.
Una Constituyente es actualmente la demanda política de mayor relevancia en el seno de las organizaciones que se convocan en torno al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). A pesar de la trascendencia de esta demanda,
muy poco se ha pasado de la consigna a llenar de contenido esta demanda, que aún muchos interpretan o asocian
al liderazgo de Manuel Zelaya.
A mediados de marzo y a iniciativa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y en conjunto con el FNRP, se convocó a una amplia asamblea de representantes de todo el país para hacer el simulacro de una Asamblea Nacional Constituyente. Allí se discutió lo relacionado con el primer bloque de demandas. No obstante la riqueza de convocatorias como éstas, el simulacro de participación popular no pasó de ser la convocación de sectores extremadamente afines a una manera de ver y entender el país, excluyéndose del debate a los diferentes.
Y así, la demanda de estos sectores populares de una sociedad incluyente acaba, en los hechos, en una propuesta nuevamente excluyente porque en ese “experimento de Asamblea Constituyente” sólo podían ser aceptadas las personas que se acreditaban como militantes opositoras al golpe de Estado y además con una probada pertenencia a la tradición de izquierda del país.
NO SÓLO LOS CONVENCIDOS
Un nuevo pacto social no puede reducirse a los convencidos desde la óptica de los sectores de la izquierda popular. Debe haber apertura y debate entre todos los diversos sectores de la sociedad hondureña. Una Constituyente así, y desprendida de contenidos, puede ser una consigna de doble filo. Contribuye a despertar conciencia de lucha entre los sectores situados en la Resistencia, pero puede ser un instrumento fácilmente capturado por las élites, como ya lo han hecho con todas las reformas político-institucionales realizadas en el país en las últimas dos décadas.
Ya lo anunció un prominente político hondureño: “Nosotros vamos por una Constituyente. La que no aceptamos es la de Mel Zelaya, porque no nos interesa tener que ver con Hugo Chávez. Pero una vez que pase la fiebre melista, nosotros mismos, a través de Pepe Lobo, la vamos a impulsar. Y vamos a redactar una Constitución”.
UN DEBATE
ENTRE TRES POSTURAS
El segundo componente de un nuevo Pacto Social consistiría en definir el sujeto social y político. Aquí se inscribe el debate en torno a los partidos políticos y a los movimientos sociales, la relación y la diferencia entre ambos y la identidad que ha de asumir el Frente Nacional de Resistencia Popular. Actualmente, el debate pasa por establecer la relación y las diferencias en torno a tres posturas.
Primera postura: La sostiene el sector de la Resistencia vinculado orgánicamente a los liberales en resistencia al golpe, en su mayoría seguidores de Manuel Zelaya, aunque entre ellos se encuentran muchas diferencias secundarias.
Un dirigente liberal, de entre sus ideólogos, lo formuló así en una de las asambleas convocadas por el FNRP:
“El Frente tiene tres rutas a seguir. La primera es la de la lucha armada. La descartamos porque no nos dará resultados y porque en los primeros amagos nos aniquilará esa maquinaria de guerra que sostiene a la oligarquía. La segunda es la ruta de convertirnos en partido político. Es una posibilidad real, pero sabemos que la índole antidemocrática de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas nos lo impedirá con todas sus trancas. Y la tercera es que el FNRP se convierta en una corriente interna del Partido Liberal que logre recuperar a ese partido de las actuales garras de la oligarquía para avanzar exitosamente a las elecciones y retomar las transformaciones que fueron truncadas por el golpe de Estado. Nosotros, los liberales en resistencia proponemos esa tercera ruta”.
Convertir al FNRP en una corriente interna del Partido Liberal, o asociarse con uno de los tres partidos pequeños, es, al decir de un importante sector de la Resistencia, uno de los errores políticos que deben evitarse. La Resistencia terminaría siendo presa del sistema de partidos políticos que ya colapsó. Una decisión así daría oxígeno a un moribundo que ya no tiene retorno a la vida.
¿UN NUEVO PARTIDO
O UN MOVIMIENTO SOCIAL?
Segunda postura: Propone convertir al FNRP en un nuevo partido político desde donde se luche por las transformaciones contenidas en el primer componente del nuevo Pacto Social. Quienes sostienen esta postura son del parecer que estamos ante el impostergable desafío de luchar por la toma del poder político y que, descartada la lucha armada, esto sólo se logrará a través de las elecciones. Para ello se necesita de un partido político que compita exitosamente con los otros cinco partidos que van ya en un irreversible proceso de desgaste.
Otros piensan que convertir el FNRP en partido político sería reducir la fuerza de la Resistencia, tan amplia y sostenida
en muchísimas expresiones de base, a una estricta lucha electoral. Al final esto llevaría a los liberales en resistencia y a otros que resisten con filiaciones en otros partidos a regresar a sus estructuras partidarias, convirtiendo el nuevo partido político en una propuesta de un tamaño parecido al de la Democracia Cristiana, al del partido Unificación Democrática o al del Partido Innovación y Unidad, que en conjunto no pasan jamás del 6% del electorado.
Tercera postura: Sostiene que el FNRP debe tener una identidad permanente como un frente amplio que canalice como movimiento social las diversas demandas de los sectores populares y sociales de todo el país, tanto de los gremiales como de los organizados comunitariamente en zonas, regiones y territorios del país. Existe una tendencia que jalona a un sector muy amplio del FNRP, que afirma que éste deberá mantener su identidad a partir de dos modos de lucha en el presente período.
El primero, el de la lucha de presión por debilitar, denunciar y desenmascarar al actual régimen político como fiel continuador del golpe de Estado, hasta obligarlo a que convoque una Asamblea Nacional Constituyente. El segundo, el de ir avanzando en la definición de una propuesta de candidaturas independientes que se convierta en una fórmula exitosa para las próximas elecciones generales.
El tercer componente de un nuevo Pacto Social es definir la participación en los procesos políticos electorales. Una vez definida la identidad del FNRP, en el marco del debate sobre las tres posturas apuntadas, se debe garantizar la lucha por democratizar los mecanismos de participación popular con el fin de que, los procesos electorales dejen de ser expresiones que, bajo procedimientos legales, legitiman la apropiación del Estado en manos de la reducida élite que impulsó el golpe de Estado.
EN HONDURAS
NO HAY ESTADO DE DERECHO
El Estado de Derecho no puede existir sin democracia y sin respeto y vigencia de los derechos humanos. En el caso hondureño no se puede hablar de un deficiente Estado de Derecho, sino de ausencia de Estado de Derecho. En Honduras el problema no es tanto que grupos políticos o empresariales violan el Estado de Derecho sino que, sin existir Estado de Derecho, manosean este concepto para hacer creer que cumplen las leyes y defienden la democracia, cuando en los hechos lo que hacen es imponer la ley del más fuerte y violar a rienda suelta los derechos humanos de la sociedad.
CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.
Fuente: Kaosenlared.net
TAN PARECIDOS
¿Quién decide en Honduras desde el 27 de enero? Lo que queda de aquel hombre que en los años 2004 y 2005 levantaba el puño como símbolo de firme decisión frente a la delincuencia, que aparecía con convicciones sin fisuras, es quien hoy encabeza el Ejecutivo, un enclenque. Porfirio Lobo Sosa es un “presidentillo” indeciso, de sonrisa nerviosa y habla tambaleante, que dice no a lo que debía decir sí y que dice sí a todos los que lo buscan para sacar ventajas de su indecisión.
No es para menos. Porfirio Lobo se montó en la silla presidencial más inestable de la historia nacional. Sólo lo haría una persona muy ambiciosa, como es su caso, por cierto con exageradas similitudes a aquel que el 28 de junio se trepó a la Presidencia.
Estos dos personajes del paisaje político hondureño, Lobo y Micheletti, tienen tantos parecidos, que las únicas diferencias son su color de piel y su pelo, y el color político de sus banderas. Los dos se han afanado hasta el delirio en buscar la “guayaba” presidencial sin importar el costo. Los dos son fieles católicos romanos y fanáticos adeptos de figuras cardenalicias. Los dos son expertos en decir las mayores torpezas. Los dos son serviles ante los uniformados verde olivo, y sobre todo ante el santo y seña de todo lo que anuncia y pronuncia la voz que procede de Washington. Ambos se saben rodear de las peores calañas de la política y del alto empresariado hondureño. Y ambos conducen el Estado a la deriva, sin planes precisos, con rumbos inciertos, con hermosas frases de patrioterismo y, al final de cuentas, ambos quedan atrapados en la devaluada vanidad de ser Presidentes sin ser estadistas conductores de un Estado, expertos solamente en hundir al país.
HOMICIDIOS Y VIOLACIONES
“Nadie sabe quién de verdad manda y decide en el país”. Es ésa una frase clave que define la actual coyuntura hondureña después del 27 de enero. Nadie sabe quién, pero sí se tiene claro qué es lo que gobierna: la violencia y la inseguridad. Hay días en que se han contabilizado 19 homicidios. Las matanzas masivas se han convertido en pan nuestro de cada día. Cinco periodistas y varios dirigentes que se opusieron al golpe de Estado han sido asesinados en apenas dos meses.
La violación sexual se ha convertido en instrumento para aterrorizar y desmovilizar la resistencia política organizada. Una joven de la resistencia del norte hondureño, violada en agosto por cuatro policías debidamente identificados, que aún siguen en sus postas policiales, fue secuestrada en febrero junto con su familia, conducidos a una montaña por siete hombres vestidos de policías, y frente a los varones fuertemente amarrados a unos árboles, la joven y su cuñada fueron violadas por cada uno de los siete hombres. El que hacía de jefe dictó la sentencia: “Esto te pasa por andarnos denunciando. Y la tercera vez te lo volveremos a hacer, y te vamos a matar”. Este hecho, con sus pelos y señales,
lo encontré documentado en las oficinas del Departamento de Estado en Washington, en manos del responsable de derechos humanos para Centroamérica.
Este funcionario me confirmó tan gravísima violación de derechos humanos, el 4 de marzo, víspera de la reunión que sostendría la Secretaria de Estado Hillary Clinton con los presidentes centroamericanos. Aunque Clinton conocía este hecho, anunció sin pestañear en la reunión la decisión del gobierno de Estados Unidos de restablecer la ayuda económica al gobierno hondureño. Y demandó a los gobiernos del continente reconocer la administración de Lobo “porque ha dado los pasos adecuados para la restauración de la democracia”.
LA SORDERA DE WASHINGTON
Mientras conversaba con el funcionario responsable de derechos humanos en el Departamento de Estado confirmé
que nada se puede hacer para lograr un cambio de postura en la política estadounidense. Sus percepciones son inflexibles, como las del Vaticano cuando se aferra a defender lo indefendible aunque tenga todos los datos en contra.
Teniendo en sus manos brutales datos sobre violaciones sexuales contra mujeres hondureñas, los funcionarios gringos dejaron muy clara su posición: el gobierno de Estados Unidos está comprometido con esta “democracia” hondureña y ese compromiso pasa por respaldar al ejército y a la policía. “No podemos ayudar a la democracia desde afuera -nos dijo Craig Kelly-. Sólo estando dentro del ejército y dentro de la policía podremos lograr cambios”.
Y ante la pregunta que le hicimos, sobre cómo explicaba el apoyo a la policía sabiendo de estas violaciones, sin fruncir el ceño me contestó: “Nadie puede estar seguro si fueron policías. Bien puede ocurrir que los delincuentes se vistan de policías para cometer fechorías”. Eran inútiles otras preguntas. El Departamento de Estado está decidido a fortalecer a la delincuencia que en Honduras, en estos aciagos tiempos de golpe y postgolpe, se viste de agentes policiales...
LO SABEN TODOS
Las lógicas están muy bien establecidas en el país. Mientras los diversos sectores que se opusieron al golpe de Estado siguen sometidos a persecuciones, amenazas, asesinatos y a una feroz campaña publicitaria para hacerlos aparecer como actores de la violencia en el país, la comunidad internacional avanza inexorablemente en el proceso de reconocimiento al régimen, aunque saben que están reconociendo a un gobierno con una muy reducida legitimidad interna.
Lo saben los gobiernos de la Unión Europea, que se han decidido a jugar en las turbias aguas de las ambigüedades. Saben que al apoyar al gobierno están dando un cierto visto bueno a la política represiva que el gobierno ha comenzado a implementar, especialmente desde el Ministerio de Seguridad con el iracundo Oscar Álvarez al frente. Álvarez entiende que la crisis del país se resuelve aniquilando a los contrarios, sean delincuentes callejeros o dirigentes de la Resistencia.
Para curarse en salud, los embajadores europeos decidieron poner en marcha un programa de protección a los defensores de los derechos humanos. La comunidad internacional ha aceptado reconocer a un gobierno al que deliberadamente identifican como violador de los derechos humanos y en línea de continuidad con el golpe de Estado. No lo dicen con claridad -para algo existe la diplomacia con todos sus sofismas-, pero se cubren creando algunos mecanismos para proteger a las potenciales víctimas de las políticas represivas del régimen al que han decidido incorporar a la nómina de países con regímenes democráticos.
EL GOLPE:
ILEGAL E INNECESARIO
La comunidad internacional ha sabido ir arreglando sus entuertos con Honduras, pero no acaba de saber cómo hacer frente a un conflicto que quedó enraizado en las dinámicas internas del país.
Queriendo hacer frente a un conflicto geopolítico latinoamericano, los promotores del golpe de Estado despertaron dinamismos internos que estaban latentes, pero no activados. Con el correr de los meses, el golpe de Estado fue dejando al descubierto a actores y a intereses que traspasan las fronteras hondureñas. Una vez más, a Honduras le tocó jugar un papel subordinado en la geopolítica del continente.
El golpe de Estado no sólo fue un acto violento e ilegal, sino un innecesario hecho político interno. Si sólo hubiese sido por los factores internos, el golpe de Estado nunca se hubiese producido. No había necesidad de ningún golpe de Estado, porque los sectores que internamente materializaron el golpe tenían muy bien controlados todos los factores que hacían políticamente inviable que Mel Zelaya tuviera éxito en sus propuestas políticas.
No es ocioso recordar que en el primer semestre del año del golpe hubo una escalada en contra de Zelaya en la elección de cargos públicos. En enero de 2009 se logró cristalizar la elección de quince magistrados de la Corte Suprema, todos opuestos a la política del equipo de Zelaya. En febrero, la más alta alcurnia de la élite hondureña dio el visto bueno a la elección del Fiscal General de la República. Ya un año antes, ese mismo visto bueno recibió Ramón Custodio, feroz detractor de las políticas de Zelaya, para reelegirse como Comisionado Nacional de Derechos Humanos. En abril el Partido Liberal convocó a una Convención Nacional para elegir una nueva directiva del Consejo Central Ejecutivo del partido. Los electores llevaban una sola consigna, que se cumplió a rajatabla: sacar de la dirección del partido a todos los miembros del equipo de Zelaya. Patricia Rodas cesó intempestivamente en la presidencia del partido, y en su lugar los convencionales eligieron nada más y nada menos que al gran perdedor de las elecciones primarias de noviembre de 2008: Roberto Micheletti.
De estar en la lona y ya políticamente enterrado, Micheletti resurge de esa Convención liberal con energías inusitadas. Los medios de comunicación se encargaron de colocarlo en una primera plana de la que meses atrás había desaparecido. De los 128 diputados del Congreso Nacional, la tercera parte estaba en contra de las políticas del equipo de Zelaya. En esas condiciones, la Cuarta Urna propuesta por Zelaya para las elecciones del último domingo de noviembre del 2009 no podía prosperar porque las élites hondureñas tenían blindada completamente toda la institucionalidad del Estado.
RAZONES GEOPOLÍTICAS
DEL GOLPE
¿Por qué entonces el golpe de Estado? Porque los actores hondureños materializaron un plan detrás del cual había muchos actores internacionales. Las semanas previas al golpe de Estado, altos representantes de organismos políticos de la extrema derecha continental, como es el caso de UnoAmérica, estuvieron presentes para advertir que en Honduras se libraría una batalla frontal para salvar al país del comunismo de Hugo Chávez.
A comienzos de marzo de 2010, esos mismos representantes regresaron al país para afirmar que en Honduras se había ganado una batalla, pero que había que consolidarla para proseguir con otras, hasta enterrar al enemigo
de las libertades del continente. De igual manera, advertían que los enemigos de la democracia seguían activos, presentes en el Foro de Sao Paulo, y que desde allí se decidían acciones para recuperar el terreno perdido en Honduras. Una era atizar luchas internas como la que ocurría en la región del Aguán, en la que se confrontaban grupos campesinos que, en su afán por crear desorden, buscaban apropiarse de las tierras que legalmente pertenecen al próspero y fructífero empresario Miguel Facussé Barjum. Así lo dijeron y así lo publicaron los medios de comunicación que han justificado y avalado el golpe de Estado.
Honduras ha sido excusa en un contexto continental de confrontación geopolítica de sectores de extrema derecha que se sustentan en los monopolios de las multinacionales, y que ideológicamente se nutren también del discurso religioso neoconservador de las élites eclesiásticas, tanto católicas como protestantes, cada vez más relevante en Honduras.
RAÍCES DEL CONFLICTO
EN EL AGUÁN
En los dos primeros meses de administración del régimen de Pepe Lobo, junto con la ola creciente de criminalidad y de asesinatos cotidianos, el conflicto que ha llamado más la atención es el agrario, latente en la región del Aguán, en el atlántico hondureño.
Los actores que intervienen en este conflicto son los mismos que han venido confrontándose en las últimas tres décadas. Al frente de ellos aparece Miguel Facussé, el empresario más emblemático del país, hasta el tuétano de origen árabe, quien logró incrustarse en la dinámica del Estado desde los años 70, cuando en uno de los tantos regímenes militares logró desviar para sus arcas personales los millonarios fondos destinados a la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), institución del Estado creada para incentivar la industria en el país, de la que era su presidente ejecutivo.
A comienzos de la década de los 90, con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, Facussé incidió para que el Congreso aprobara la Ley de Modernización del Sector Agrícola. En la práctica, esto significaba, entre muchas otras ventajas para los empresarios privados, que las tierras destinadas a la reforma agraria podían ser privatizadas por particulares, al tiempo que se abrían oportunidades legales a la empresa privada para proponer a los grupos campesinos beneficiarios de la reforma agraria -aprobada en los inicios de los años 70- entrar en programas llamados de “coinversión”: los campesinos ponían la tierra y la mano de obra, los empresarios la técnica y el dinero y, teóricamente, los beneficios se repartían entre los coinversionistas. En los hechos, esta ley creaba condiciones para dejar la tierra y la propia vida de los campesinos a merced de la dinámica agroindustrial exportadora. Una vez aprobado este instrumento jurídico, Miguel Facussé se dedicó a “convencer” a dirigentes y bases de las cooperativas, comenzando por las más exitosas en la producción de palma africana de la región del Aguán, para que vendieran sus tierras y sus activos, propósito que logró en apenas dos años de feroz campaña publicitarias alabando primero los beneficios de la coninversión y promoviendo después las bondades de la empresa privada, afirmando que estaba dispuesta a “sudar la camiseta por Honduras”, según el lema oficial de los primeros años de la década de los 90, cuando se impulsó con la mayor de las furias los ajustes a la economía y la apertura de las aduanas al ingreso de capital para la agroindustria en el campo y para la maquila en algunos de los centros urbanos, especialmente
en el Valle de Sula.
LOBO EN SU LABERINTO
Dos décadas después, aquellos polvos que levantó Facussé, en complicidad con el Estado hondureño y un puñado de dirigentes campesinos corruptos, se han convertido en un verdadero lodazal, que concentra la atención de todo el país. Es en esta zona en donde se ha comenzado a expresar la alta conflictividad y la tierra movediza del país en el que Pepe Lobo decidió proseguir administrando una crisis insostenible, agudizada con el golpe de Estado.
Sólo en los dos primeros meses de administración de Lobo, al menos 13 personas han sido asesinadas en este conflicto agrario. El gobierno decidió nombrar una comisión que ponga en marcha una propuesta que conduzca a la resolución del conflicto, apenas la punta de un témpano en donde se está estrellando cualquier propuesta o política de un gobierno, atrapado en un verdadero laberinto enlodado.
Miguel Facussé ha puesto ahora en marcha una campaña publicitaria en la que acusa a los campesinos de estar promoviendo el desorden y la violencia en la región y de atentar contra la institucionalidad del Estado de Derecho que garantiza la propiedad privada. Acusa a la resistencia, particularmente a los jesuitas que trabajan en la zona,
y a su “teología de la violencia”, de estar atizando el conflicto con el fin de desestabilizar el país.
Sin embargo, existen voces serias y con información fidedigna, a las que nadie podría acusar de simpatías con la Resistencia, voces estrechamente vinculadas a las élites empresariales, que sostienen que los actuales conflictos en el Aguán, estarían siendo promovidos por el mismo Facussé, quien personalmente, y a sus 84 años, se hizo presente en la zona arengando a turbas que él mismo pagó para que se concentraran en el Congreso Nacional y demandaran respeto a sus tierras. Actuo así aprovechando el desorden y la ausencia de brújula que hay en el país y en el Estado para sacar ventajas. Lo ha sabido hacer a lo largo de toda su vida empresarial.
FACUSSÉ EN SU IMPERIO
Esta hipótesis parece que va tomando consistencia en la medida en que avanza la propuesta de la comisión estatal conformada para resolver el conflicto. Para Facussé podría significar los siguientes logros: que el Estado le compre al menos 3 mil hectáreas con todas sus mejoras, los cultivos de palma africana, tierras que el Estado entregaría de inmediato a los grupos campesinos. Es una compraventa que equivale a unos 50 millones de dólares. De las tierras compradas, dos hectáreas se entregarían por familia, una libre para lo que interese cultivar a la familia, y una sembrada con palma africana, de manera que los campesinos quedan así atados al capital de Facussé, puesto que toda la comercialización del producto de la palma africana está controlada de manera absoluta por este exitoso y parasitario empresario hondureño-árabe.
En virtud de los conflictos generados con la producción, Facussé quedaría exento de honrar sus deudas con la banca hondureña. Finalmente, ante la sociedad, y en virtud de su pericia en el manejo de los medios de mayor influencia en el país, en varios de los cuales dueños o gerentes son de su parentela, el octogenario empresario sería presentado como benefactor de los pobres, generosa víctima de las amenazas de los campesinos.
LOBO EN SU TORRE DE BABEL
Dos meses después de asumir su mandato, el gobierno de Pepe Lobo sigue sin tener ni la capacidad para definir su propio quehacer ni para tener su propia identidad. Sus mayores energías las ha invertido en dar varias señales de auxilio para lograr el reconocimiento de la comunidad internacional. Primero, con la composición de un gabinete que le hiciera aparecer al frente de un gobierno de unidad y reconciliación nacional. Segundo, conformando una Comisión de la Verdad para hacer creer que cumple con los acuerdos que pusieron fin al régimen de facto y que se desmarca de sus dinamismos de impunidad e imposición. Esta Comisión carece de credibilidad interna y no tiene interés en investigar a los personajes de la política y de la gran empresa hondureña. Tampoco tiene interés en decir algo distinto a lo que conviene al régimen.
Y tercero, haciendo lo posible por quedar bien con todo mundo, conformó con los defensores de derechos humanos un Comisionado presidencial de los derechos humanos. Con las cúpulas eclesiásticas, católica y evangélica, conformó otro Comisionado: para asuntos religiosos. Y con todas las corrientes de los partidos políticos y gremiales va creando comisionados presidenciales para cualquier asunto público.
Se esmeró por quedar bien con la Resistencia cediendo el Ministerio del Instituto Nacional Agrario (INA), el más ineficiente, el que apenas tiene presupuesto para el pago de burócratas y combustible, al Presidente del izquierdista Partido Unificación Democrática, César Ham, el personaje más controversial al interior de los sectores opositores al golpe, vinculado con evidentes y sonados casos de corrupción y fuente de permanentes conflictos internos en la siempre frágil izquierda tradicional hondureña. Quiso quedar bien con los poderosos gremios magisteriales nombrando como Ministro de Educación al polémico dirigente magisterial Ventura, militante del Partido Nacional. Nombró también como Ministro del Trabajo a quien en su momento fue dirigente campesino, pero que desde hace mucho tiempo ha sido identificado entre los sectores más conservadores y mandrakeros de la clase política.
Queriendo quedar bien con todos los sectores, Pepe Lobo organizó un gabinete de gobierno que es una Torre de Babel. Cada quien anda en lo suyo, cada quien maneja su propio lenguaje, y cada quien busca encaramarse
en la dinámica del poder a costa de sus otros colegas.
Dos meses han bastado para dejarnos ante una administración pública que nada en un ambiente de ingobernabilidad, en el que sólo se sabe que hay muchos que deciden, pero no existen líneas que apunten a una dirección de autoridad creíble y de consenso. En este mar, es la violencia la que ha tomado el timón del país. Y como tiene espacios regionales de control, es la delincuencia quien gobierna y decide. Honduras es hoy un territorio parcelado por la violencia y las diversas instituciones del Estado acaban subordinadas no a las autoridades centralizadas de la capital,
sino a las decisiones subterráneas de cada una de las parcelas, zonas o regiones en las que se administra
la violencia.soberanía sobre nuestros recursos.
La propuesta de gobierno que encabeza Porfirio Lobo no pasa de ser la continuidad de la propuesta de las élites empresariales y políticas que buscaron truncar el proyecto que pujaba tras el equipo de Zelaya. Un proyecto elitista
de ese tamaño, en lugar de acortar la inequidad y los conflictos que se han venido acumulando en el país, apuntan
a ahondarlos. Diversos sectores de la sociedad concuerdan en reiterar la necesidad de un Nuevo Pacto Social
o plan estratégico de lucha, como preferirían llamarlo algunos sectores organizados en la Resistencia popular hondureña. Este plan tendría que tener al menos tres componentes. El primero sería definir contenidos que en términos amplios se podrían situar en tres bloques.
Primer bloque: Demandas para redefinir los recursos naturales, la tierra y el medioambiente. Tiene que ver con eso que genéricamente se suele llamar lucha por la soberanía nacional. Si la soberanía es el control y la decisión del Estado
y de la ciudadanía sobre su patrimonio, es muy difícil hablar de soberanía mientras los bosques, los ríos, el agua, el medioambiente y la tierra están en pocas manos. Soberanía es, sin duda, el mayor déficit que tiene el país. La soberanía no es una consigna. Una reforma agraria que aborde con responsabilidad la tenencia de la tierra, para evitar que un puñado de empresarios se acaben quedando con las tierras más fértiles de los valles hondureños, y se subordine la alimentación y la vida misma de la población campesina a los intereses de las multinacionales agroexportadoras, es condición prioritaria para que el campo hondureño deje de ser una bomba de tiempo, fuente permanente de inestabilidad. Lo mismo habría que decir de los bosques, el agua, la energía y la minería. De todas nuestras riquezas naturales, incluida la potencial existencia de petróleo en las tierras bajas y costeras del Atlántico.
Segundo bloque: Demandas sociales: educación, salud, vivienda, salarios, respeto a las etnias y a las minorías sexuales. Respeto y promoción de la organización y movilización social. Vincular las demandas sociales con las demandas por la soberanía y los recursos naturales es estratégico para garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad, sin dejar que sectores elitistas confundan sus demandas con demandas nacionales, que es lo que ocurre con los gremios empresariales, o -en otro sentido- con los gremios magisteriales.
EL CLAMOR POR
UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Tercer bloque: Demandas político-jurídico-institucionales, que tienen que ver con las transformaciones que necesita el Estado hondureño para que se avance en lo que los sectores aglutinados en la Resistencia llaman “la refundación de Honduras”. Aquí se sitúa la demanda por una Asamblea Nacional Constituyente, móvil que propició que las élites hondureñas dieran el golpe de Estado.
Una Constituyente es actualmente la demanda política de mayor relevancia en el seno de las organizaciones que se convocan en torno al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). A pesar de la trascendencia de esta demanda,
muy poco se ha pasado de la consigna a llenar de contenido esta demanda, que aún muchos interpretan o asocian
al liderazgo de Manuel Zelaya.
A mediados de marzo y a iniciativa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y en conjunto con el FNRP, se convocó a una amplia asamblea de representantes de todo el país para hacer el simulacro de una Asamblea Nacional Constituyente. Allí se discutió lo relacionado con el primer bloque de demandas. No obstante la riqueza de convocatorias como éstas, el simulacro de participación popular no pasó de ser la convocación de sectores extremadamente afines a una manera de ver y entender el país, excluyéndose del debate a los diferentes.
Y así, la demanda de estos sectores populares de una sociedad incluyente acaba, en los hechos, en una propuesta nuevamente excluyente porque en ese “experimento de Asamblea Constituyente” sólo podían ser aceptadas las personas que se acreditaban como militantes opositoras al golpe de Estado y además con una probada pertenencia a la tradición de izquierda del país.
NO SÓLO LOS CONVENCIDOS
Un nuevo pacto social no puede reducirse a los convencidos desde la óptica de los sectores de la izquierda popular. Debe haber apertura y debate entre todos los diversos sectores de la sociedad hondureña. Una Constituyente así, y desprendida de contenidos, puede ser una consigna de doble filo. Contribuye a despertar conciencia de lucha entre los sectores situados en la Resistencia, pero puede ser un instrumento fácilmente capturado por las élites, como ya lo han hecho con todas las reformas político-institucionales realizadas en el país en las últimas dos décadas.
Ya lo anunció un prominente político hondureño: “Nosotros vamos por una Constituyente. La que no aceptamos es la de Mel Zelaya, porque no nos interesa tener que ver con Hugo Chávez. Pero una vez que pase la fiebre melista, nosotros mismos, a través de Pepe Lobo, la vamos a impulsar. Y vamos a redactar una Constitución”.
UN DEBATE
ENTRE TRES POSTURAS
El segundo componente de un nuevo Pacto Social consistiría en definir el sujeto social y político. Aquí se inscribe el debate en torno a los partidos políticos y a los movimientos sociales, la relación y la diferencia entre ambos y la identidad que ha de asumir el Frente Nacional de Resistencia Popular. Actualmente, el debate pasa por establecer la relación y las diferencias en torno a tres posturas.
Primera postura: La sostiene el sector de la Resistencia vinculado orgánicamente a los liberales en resistencia al golpe, en su mayoría seguidores de Manuel Zelaya, aunque entre ellos se encuentran muchas diferencias secundarias.
Un dirigente liberal, de entre sus ideólogos, lo formuló así en una de las asambleas convocadas por el FNRP:
“El Frente tiene tres rutas a seguir. La primera es la de la lucha armada. La descartamos porque no nos dará resultados y porque en los primeros amagos nos aniquilará esa maquinaria de guerra que sostiene a la oligarquía. La segunda es la ruta de convertirnos en partido político. Es una posibilidad real, pero sabemos que la índole antidemocrática de la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas nos lo impedirá con todas sus trancas. Y la tercera es que el FNRP se convierta en una corriente interna del Partido Liberal que logre recuperar a ese partido de las actuales garras de la oligarquía para avanzar exitosamente a las elecciones y retomar las transformaciones que fueron truncadas por el golpe de Estado. Nosotros, los liberales en resistencia proponemos esa tercera ruta”.
Convertir al FNRP en una corriente interna del Partido Liberal, o asociarse con uno de los tres partidos pequeños, es, al decir de un importante sector de la Resistencia, uno de los errores políticos que deben evitarse. La Resistencia terminaría siendo presa del sistema de partidos políticos que ya colapsó. Una decisión así daría oxígeno a un moribundo que ya no tiene retorno a la vida.
¿UN NUEVO PARTIDO
O UN MOVIMIENTO SOCIAL?
Segunda postura: Propone convertir al FNRP en un nuevo partido político desde donde se luche por las transformaciones contenidas en el primer componente del nuevo Pacto Social. Quienes sostienen esta postura son del parecer que estamos ante el impostergable desafío de luchar por la toma del poder político y que, descartada la lucha armada, esto sólo se logrará a través de las elecciones. Para ello se necesita de un partido político que compita exitosamente con los otros cinco partidos que van ya en un irreversible proceso de desgaste.
Otros piensan que convertir el FNRP en partido político sería reducir la fuerza de la Resistencia, tan amplia y sostenida
en muchísimas expresiones de base, a una estricta lucha electoral. Al final esto llevaría a los liberales en resistencia y a otros que resisten con filiaciones en otros partidos a regresar a sus estructuras partidarias, convirtiendo el nuevo partido político en una propuesta de un tamaño parecido al de la Democracia Cristiana, al del partido Unificación Democrática o al del Partido Innovación y Unidad, que en conjunto no pasan jamás del 6% del electorado.
Tercera postura: Sostiene que el FNRP debe tener una identidad permanente como un frente amplio que canalice como movimiento social las diversas demandas de los sectores populares y sociales de todo el país, tanto de los gremiales como de los organizados comunitariamente en zonas, regiones y territorios del país. Existe una tendencia que jalona a un sector muy amplio del FNRP, que afirma que éste deberá mantener su identidad a partir de dos modos de lucha en el presente período.
El primero, el de la lucha de presión por debilitar, denunciar y desenmascarar al actual régimen político como fiel continuador del golpe de Estado, hasta obligarlo a que convoque una Asamblea Nacional Constituyente. El segundo, el de ir avanzando en la definición de una propuesta de candidaturas independientes que se convierta en una fórmula exitosa para las próximas elecciones generales.
El tercer componente de un nuevo Pacto Social es definir la participación en los procesos políticos electorales. Una vez definida la identidad del FNRP, en el marco del debate sobre las tres posturas apuntadas, se debe garantizar la lucha por democratizar los mecanismos de participación popular con el fin de que, los procesos electorales dejen de ser expresiones que, bajo procedimientos legales, legitiman la apropiación del Estado en manos de la reducida élite que impulsó el golpe de Estado.
EN HONDURAS
NO HAY ESTADO DE DERECHO
El Estado de Derecho no puede existir sin democracia y sin respeto y vigencia de los derechos humanos. En el caso hondureño no se puede hablar de un deficiente Estado de Derecho, sino de ausencia de Estado de Derecho. En Honduras el problema no es tanto que grupos políticos o empresariales violan el Estado de Derecho sino que, sin existir Estado de Derecho, manosean este concepto para hacer creer que cumplen las leyes y defienden la democracia, cuando en los hechos lo que hacen es imponer la ley del más fuerte y violar a rienda suelta los derechos humanos de la sociedad.
CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.
Fuente: Kaosenlared.net
