Gonzalo Sánchez
[Esta es la tercera parte de una serie de reportajes con los que TerceraInformación ha explicado el desarrollo de los hechos acontecidos en Honduras desde unas semanas antes del golpe de estado que la oligarquía hondureña le dio al legal y legítimo presidente de Honduras, Manuel Zelaya]
Antecedentes
El 28 de junio de 2.009, el presidente que los hondureños escogieron mediante las urnas 3 años y medio antes fue secuestrado en su propia casa por militares que lo abandonaron en Costa Rica en pijama después de usar con el permiso de los EEUU una de las bases estadounidenses que está en territorio hondureño.
Esto se debió a las aspiraciones del presidente Zelaya tenía en profundizar la democracia de su país, formar parte de la integración socialista y bolivariana que vive América Latina y garantizar una vida digna a sus conciudadanos.
Zelaya aumentó los salarios, rebajó intereses en el pago de las viviendas, dio subsidios para ayudar a la gente menos adinerada a comprar lo necesario para vivir dignamente y se unió a la Alianza Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP) lo que produjo enormes beneficios para su pueblo, entre otras iniciativas. Pero lo que no le perdonó la misma oligarquía a la que él pertenecía, al menos ideológicamente, fue la convocatoria de un referéndum, que ganar el SÍ, permitiera poner una cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre además de las otras tres urnas: para alcaldes, diputados y presidente.
Los opositores a estas aspiraciones de Zelaya, mayoría en su propio partido, tacharon la cuarta urna como una forma de perpetuarse en el poder, aunque esto resultaba imposible ya que en el momento de votar en la cuarta urna por la Asamblea Nacional Constituyente, también se votaba por un nuevo presiente, por lo que era imposible que Zelaya pudiera resultar reelegido de ninguna forma.
Los opositores, que temían una nueva Constitución profundamente social y popular que acabase con sus privilegios, avisaron a Zelaya: días antes de la celebración del referéndum por el que el pueblo hondureño iba a decidir si se establecía la cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre, el Jefe del estado Mayor Romeo Vásquez Velásquez se negó a repartir el material electoral. Zelaya lo destituyó y el congreso lo restituyó.
El presidente Zelaya junto con el pueblo fue a tomar la base aérea donde estaba el material electoral para repartirlo pocas horas antes de la celebración de la votación. El día del referéndum Zelaya fue secuestrado y el pueblo ha estado siendo masacrado y reprimido hasta el día de hoy.
Los Golpistas
Desde el mismo día que los golpistas llegaron al poder de forma ilegal, ilegítima y salvaje anunciaron su intención de celebrar las elecciones del 29 de noviembre como una forma de legitimarse ante la Comunidad Internacional para que ésta aceptase su régimen dictatorial.
Aunque en un principio toda la Comunidad Internacional se posicionó en contra de reconocer estas elecciones, excepto Israel, a medida que se ha ido pasando el tiempo, los países que habían sido acusados de apoyar a los golpistas y que habían rechazado esas acusaciones, ahora han asegurado reconocer las elecciones esté o no Zelaya de vuelta en el poder que le dio el pueblo mediante las urnas y que le arrebató el neoliberalismo junto con el fascismo por la fuerza.
Los golpistas desde el primer día han aplicado una política de terrorismo de estado, con el fin de eliminar la resistencia anti golpista infundiendo miedo a la población. Dentro de esta política de terrorismo de estado destacan:
Asesinatos. Disparos de Francotiradores en la cabeza de manifestantes pacíficos, entradas a los barrios pobres de las ciudades hondureñas para reprimir, arrestos en los que terminan desapareciendo los arrestados, masacre de manifestantes pacíficos sin ninguna justificación, desalojos violentos de custodias populares que protegían a los cargos públicos leales al presidente Zelaya… Muchas han sido las maneras que los golpistas han empleado para asesinar al pueblo hondureño. Sólo durante el toque de queda que la dictadura estableció en agosto se documentaron 101 asesinados por parte del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).
El CODEH pudo comprobar que los asesinados lo fueron en horas en las que al estar el toque de queda vigente, la policía y el ejército tenían el control absoluto de las calles hondureñas, además la organización de derechos humanos expresó que “los homicidios se ejecutaron con armas de fuego que los calibres de las armas, se supone, son de 5.56 mm, calibres que corresponden a los que usan la Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional”. Debido a ello, el CODEH responsabilizó de las muertes al dictador Roberto Micheletti Bain y a su Jefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez.
Antes de aprovechar el toque de queda para asesinar impunemente a los ciudadanos que hacían frente pacíficamente a la dictadura, ya se habían producido otros asesinatos en manifestaciones o detenciones ilegales antes y después de agosto donde los detenidos no volvieron a aparecer, por lo que el número de muertos sobrepasa ampliamente la centena aunque las organizaciones de derechos humanos no han establecido un número concreto por la tensión social en la que vive Honduras.
Esa política del terror de la que hacen gala los golpistas se aprecia en situaciones como la que acabó con la vida de Jacobo Euceda, un muchacho de 18 años que murió asesinado por la espalda por llamar “golpistas” a unos polícías, según las declaraciones de los testigos oculares a las organizaciones de derechos humanos. O la situación que se dio cuando unos policías en una moto pidieron paso a un grupo de manifestantes de la resistencia, que accedieron. Cuando la moto pasaba, el policía que iba detrás sacó su arma y comenzó a disparar a los manifestantes, asesinando a Jairo Sánchez e hiriendo gravemente a varias personas.
Detenciones. Durante las manifestaciones multitudinarias de la resistencia, las fuerzas represoras de la dictadura que lidera el golpista Micheletti detuvieron arbitrariamente a quienes allí se manifestasen fueran hombres, niños, mujeres o personas mayores. Al menos al principio de la dictadura, ya que en los meses siguientes la policía y el ejército se metieron en los barrios pobres de las urbes hondureñas, donde más apoyo tiene la resistencia y el presidente Zelaya, e incluso una vez allí allanaban las viviendas, o si suponía mucho esfuerzo, lanzaban bombas lacrimógenas dentro de las viviendas de forma totalmente irresponsable lo que a veces provocó lamentables hechos como la muerte por intoxicación de un bebé de 7 meses.
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) se habían producido más de 3.000 detenciones ilegales a finales de octubre. De esas miles de detenciones aún 104 personas siguen privadas de su libertad por motivos políticos.
Según las denuncias recibidas en la CODADEH por parte de ciudadanos hondureños, durante las detenciones se cometieron horribles torturas hacia los presos, algunas de ellas son: lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de las celdas de la cárcel, abrasar el sueño y hacer a los presos andar descalzos por el pavimento ardiendo, agentes que se ponen con sus botas encima de los dedos de las manos y el torso de los pies de los detenidos, aplastándoselos contra el pavimento, palizas con palos y patadas, maltrato físico de las zonas íntimas de las mujeres, quemaduras con cigarrillos de las partes sensibles del cuerpo, golpes en el cráneo y en brazos de los detenidos hasta fracturarlos cuando ya estaban reducidos en lugares públicos, amenazas de violación poniendo las armas en los glúteos, malos tratos para obligar al detenido a cometer algún acto moralmente condenable y simulación de ejecuciones entre otras torturas.
Según las organizaciones de derechos humanos, los detenidos que sufren malos tratos no son vistos por ningún médico, el defensor de oficio no está presente, y los detenidos por causas políticas no son presentados ante el juez hasta pasadas las 24 horas, violando la ley hondureña.
COFADEH denuncia la impunidad de los que cometen estos actos inhumanos debido a que no existen investigaciones independientes de los hechos, cuando hay informes médicos o forenses no son remitidos al juez, intimidación a los testigos o a los que sufren las torturas para que no denuncien, los policías no llevan la identificación y no llevan un registro en los libros correspondientes, lo que dificulta muchísimo la exhaustiva investigación de estos hechos.
Amenazas. La dictadura amenaza de muerte frecuentemente a los dirigentes, periodistas contrarios al golpe y miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado y de las organizaciones que lo integran, con mensajes como “Billy, Billy, hoy van a morir como Pedro Magdiel, empezando por Sandra y Ricardo y después de uno en uno. Porque el mejor comunista es el comunista muerto”, amenaza recibida por la Juventud Popular Morazanista.
Pedro Madgiel era un joven de 24 años que como otros miles de hondureños viajó cientos de kilómetros a pie para ir a recibir al presidente Zelaya a la frontera con Nicaragua. Estando fumando un cigarrillo a la sombra de un árbol al finalizar la tarde, varios testigos vieron como era detenido sin motivo aparente por un policía. La siguiente vez que fue visto estaba muerto y según el forense tenía marcas de torturas además de 42 heridas de arma blanca.
Bastantes veces esas amenazas se cumplen si el amenazado no abandona su labor contra el golpe, como le pasó a Féliz Orlando Murillo López, casado y padre de dos hijos, que fue embestido por una furgoneta cuando en la noche del 17 de septiembre regresaba a su casa.
Recorte de libertades. En dos oportunidades la resistencia se movilizó por toda Honduras. La primera fue cuando, durante los primeros meses del golpe el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, llamó a los hondureños anti golpistas a llegar hasta Tegucigalpa para recibir al presidente hondureño, Manuel Zelaya. La otra fue cuando Zelaya anunció que iba a entrar en Honduras por la frontera con Nicaragua. En ambas situaciones, decenas de miles de hondureños se lanzaron por la geografía hondureña con esperanza en que sus pacíficas movilizaciones acabasen con el golpe de estado.
Los golpistas durante esos momentos establecieron un toque de queda donde, entre otras libertades, se suspendió el derecho a la libre circulación por el territorio hondureño, y a salir o entrar en él. Debido a ello se establecieron por las pocas rutas que unen las diferentes ciudades hondureñas 51 retenes militares, cortando todas las rutas posibles para cumplir los llamados del Frente y del presidente Zelaya.
El derecho a la libertad en todos sus sentidos también ha sido y está siendo vulnerado por los golpistas, la libertad personal ha sido vulnerada con millares de detenciones ilegales, que han sido denunciadas a las organizaciones de derechos humanos, que han comprobado que siempre los denunciantes coincidían al explicar que ni se les leyeron sus derechos, ni se les dijo porqué estaban siendo detenidos, no se les tomó declaración y fueron agredidos verbal y físicamente. La mayoría de estas detenciones se dieron por incumplir el toque de queda, normalmente por asistir a las marchas y actos convocados por el Frente de Resistencia y también por participar en esos actos convocados por el Frente aunque no estuviera vigente el toque de queda.
Gracias a las denuncias de los ciudadanos se pudo comprobar que, por no haber sitio en las cárceles y por actuar con impunidad, los detenidos eran llevados a centros de detención ilegales con permiso de fiscales y jueces, como los sótanos del Congreso Nacional de Honduras, el estadio deportivo Chochi Sosa, casas militares de campaña, camiones militares y a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán entre otros lugares.
El allanamiento de morada ha sido otra práctica que ha vulnerado las libertades de los hondureños, el pasado mes de septiembre un vecino de la colonia Divanna fue sacado de su casa por policías que lo tiraron al suelo y lo golpearon con porras, después, al meterlo en el camión policial siguieron dándole golpes hasta la llegada a la comisaría, su caso tampoco fue anotado en el libro del registro de la policía.
La práctica de lanzar bombas de humo dentro de las casas arbitrariamente, disparar granadas a los cuerpos de los manifestantes e incluso a material inflamable es una práctica habitual de las fuerzas policiales y militares hondureñas desde que comenzó el golpe de estado, según la organización humanitaria COFADEH.
El derecho a defender los derechos humanos está siendo negado sistemáticamente en Honduras, la dictadura persigue, amenaza, hostiga, encarcela y ataca a los defensores de los derechos Humanos. Álex Matamoros, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) fue detenido y maltratado por mediar para evitar el maltrato y la detención del joven José Elcer Sabillón. La propia COFADEH fue víctima de un ataque a finales de septiembre pasado cuando protegía a 170 personas que huían de la salvaje represión, incluidos niños y personas heridas. La policía viendo que era imposible arrestar a los allí resguardados lanzaron bombas lacrimógenas contra las oficinas de COFADEH.
Este ataque desmedido ha alcanzado al candidato presidencial Carlos H. Reyes que recibió varios golpes durante una marcha del frente y a varios líderes del Partido Unificación Democrática como Marvin Ponce que sufrió una paliza que le fracturó el brazo por 3 sitios, le rompió las costillas y le dañó el pie por el impacto de una pelota de goma. Sólo por defender a una manifestante de las agresiones de la policía. Un mes más tarde 20 policías se apostaron enfrente de su residencia y dispararon contra su casa.
La dictadura ha negado también el derecho a la libertad de expresión al cerrar violentamente los pocos medios de comunicación que estaban en su contra. Ya al principio del golpe de estado la policía y el ejército comenzaron a disparar contra las cabinas de radio, a amenazar y a asesinar a periodistas que no acataron la orden de Micheletti de retransmitir los comunicados de los golpistas.
Todas estas situaciones son sólo una pequeñísima muestra de los datos de que disponen las organizaciones de derechos humanos y, a su vez, como indican las propias organizaciones, sus datos representan una pequeña parte de lo sucedido en Honduras ya que no cuentan con los medios para abarcar todo el territorio y la dictadura les impide investigar poniéndoles obstáculos burocráticos, amenazándolos, atacándoles o encarcelándolos.
José Manuel Zelaya
Durante todo el conflicto, Manuel Zelaya ha mantenido una posición de respeto a las decisiones de los organismos internacionales y de agradecimiento a la Comunidad Internacional que en los últimos días han ido desgastándose. El presidente que los hondureños eligieron democráticamente en diciembre de 2.005 ahora critica a los EEUU por “fortalecer al los golpistas” y ha llamado al boicot electoral abandonando las negociaciones auspiciadas por los EEUU y la Organización de Estados Américano (OEA).
El 21 de septiembre, tras dos intentos por aire y tierra apoyados por Venezuela y Nicaragua respectivamente, Zelaya entró en Honduras cuando faltaba una semana para que se cumplieran 3 meses de golpe de estado. Con suerte pudo refugiarse en la embajada de Brasil donde continúa hasta hoy, soportando los ataques acústicos, las balas y las bombas lacrimógenas con las que los golpistas intentan hacerlo salir para juzgarlo por 18 delitos entre los que se incluye sedición, traición y terrorismo, dictados por la justicia de un estado ilegal que se fundamenta en las armas y en una firma falsificada.
Cuando Zelaya regresó a Honduras contaba, al menos en apariencia, con el apoyo de la Comunidad Internacional y nadie consideraba que los golpistas pudieran mantenerse en el poder hasta las elecciones. Debido a ello Zelaya rechazó en esos momentos el Acuerdo de San José propuesto por Óscar Arias a instancias del gobierno norteamericano. Ese acuerdo da en bandeja a los golpistas el objetivo del golpe de estado: el fin de la Asamblea Nacional Constituyente, además de la amnistía para los golpistas y el resto a sus cargos políticos, es decir, cómo si no hubiera habido un golpe de estado nunca.
En aquellos momentos se exigía el abandono de los golpistas del poder, habiendo fracasado el primer intento de negociación en base al acuerdo de San José. Pero los golpistas bien atrincherados con armas israelíes y peruanas, mantenidos diplomáticamente por Israel, Colombia y Panamá y económicamente respaldado por los Estados Unidos no tenían la intención de abandonar el poder y continuaban organizando las elecciones en las que cualquiera de los candidatos golpistas puede continuar con la dictadura dando una imagen de falsa legitimidad y así lograr ser reconocidos por la Comunidad Internacional.
Pero el tiempo ha ido pasando y los golpistas por sus apoyos, no han abandonado el poder y Zelaya accedió a una negociación en base al acuerdo de San José, abandonando la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, para que al menos pudiera ser restituido en el poder y garantizar unas elecciones limpias y transparentes. Pero Zelaya se encontró con la falta de voluntad de los golpistas, que no siguieron su ejemplo de ceder en una importantísima condición.
La restitución de Zelaya seguía sin ser aceptada por los golpistas, que ya sabían de antemano que los EEUU reconocerían sus fraudulentas elecciones estando Zelaya o no en el poder, como el propio gobierno estadounidense confirmó hace pocos días.
Debido a ello los golpistas pactaron un acuerdo a principios de noviembre en el que se delegaba en el congreso, previa consulta a la justicia hondureña, la restitución de Zelaya.
Como se vio días más tarde esto era sólo una maniobra para seguir ganando tiempo hasta las elecciones, ya que pasaron varios días hasta que el congreso se reunió para llevar el documento a la justicia, la cual aún no se ha pronunciado, y mientras el congreso anuncia para el 2 de diciembre, después de las elecciones, el debate sobre la posible restitución de Zelaya.
Observando la situación el 6 de noviembre Zelaya descartó su restitución por esa vía entendiendo que si era restituido legitimaría las elecciones golpistas, que ya quedaban demasiado cerca como para revertir el fraude que los golpistas han estado preparando. En cambio Zelaya ha llamado, alineándose con el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, a desconocer las elecciones de los golpistas y ha mantenido que impugnará las elecciones.
El Pueblo
Durante los casi 5 meses que han pasado desde el golpe de estado el pueblo ha estado librando una lucha pacífica en reclamo de la restitución de su presidente y, sobre todo, de la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Desde el primer momento del golpe el pueblo se ha organizado en el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, organización que agrupa a todos los sindicatos de trabajadores, organizaciones de campesinos e indígenas, estudiantes, sindicatos magisteriales, las dos candidaturas de izquierdas e individualmente, a todos los ciudadanos anti golpistas que no estaban organizados política, social o sindicalmente. Una encuesta realizada en agosto muestra una clara mayoría a favor de la restitución de Zelaya y de la constituyente, y desde ese entonces el apoyo a la resistencia y a Zelaya no ha dejado de crecer.
El pueblo que salía masivamente por las calles de las principales ciudades del país ha variado su estrategia dependiendo de las acciones del presidente Zelaya: recorrió todo el país para irlo a recoger al aeropuerto, luego se desplazó a la frontera con Nicaragua, y ahora que Zelaya está en Tegucigalpa y la represión ha aumentado en cantidad y en brutalidad han vuelto a variar la estrategia.
Antes la dictadura reprimía duramente sin justificación después de que los manifestantes marcharan algún tiempo, ahora, y violando el derecho a la manifestación ha aprobado un dispositivo legal que exige la obtención de un permiso para manifestarse, lo que en la práctica se traduce en un instrumento más para reprimir a un pueblo que por sí solo no puede cumplir los requisitos para la obtención del permiso, por lo que si se manifiestan sin él, la policía y el ejército tienen vía libre para reprimir amparados en la ilegal ley de los golpistas, aprobada por un congreso cuyos representantes no fueron elegidos por el pueblo en elecciones libres.
Además las fuerzas policiales y militares entran directamente a reprimir en los barrios pobres de Honduras, lanzando bombas lacrimógenas dentro de las casas, allanándolas y arrestando a gente inocente. Por ello el Frente llamó a manifestarse en los barrios exceptuando en ocasiones especiales como cuando convocó al pueblo a las puertas del Congreso para presionar por la restitución de Zelaya.
En estos momentos el Frente, liderado por el sindicalista Juan Barahona, está llamando a desconocer las elecciones del próximo 29 de noviembre por celebrarse en un clima de represión y está preparando varias acciones, entre ellas un paro cívico nacional los días previos a las elecciones. Al sumarse Zelaya a esta exigencia además de casi todos los integrantes del Frente, varias decenas de diputados del Partido Liberal y algunos alcaldes como el de la segunda ciudad más importante de Honduras, San Pedro Sula, se han retirado de la carrera electoral.
Dentro del Frente una aplastante mayoría está de acuerdo con desconocer las elecciones: todas las organizaciones que lo integran excepto la dirección del Partido Unificación Democrática. El presidente de la UD César Ham y algunos de sus diputados, no todos, han decidido partidicipar en las elecciones aunque varios de sus líderes y militantes han sido asesinados y están siendo perseguidos por la dictadura. Las bases de la UD han forzado a Ham a hacer una consulta a los militantes del partido para que decidan si presentarse o no a las elecciones, decisión que será tomada mañana viernes, a 8 días de las elecciones.
Esta situación ha propiciado que César Ham sea considerado un oportunista que por una cuota de poder es capaz de traicionar al pueblo y ayudar a los golpistas a justificar la legitimidad de sus elecciones. El líder de la UD se defiende abogando por la conformación de una bancada anti golpista en el parlamento, sin tener en cuenta que los diputados anti golpistas están siendo perseguidos por la dictadura y que ésta ha llamado a asesinarlo en varias ocasiones. Además las instituciones encargadas del proceso electoral son las mismas que han apoyado el golpe de estado y se sostienen en un estado ilegal.
César Ham también ha dado legitimidad al régimen golpista al declarar que si no se presenta a las elecciones la UD perderá su personalidad jurídica, aunque si esto finalmente sucediera, la personalidad jurídica se habría extinguido a los ojos de una dictadura ilegal, por lo que a la vuelta de la democracia, volvería a recuperarla.
La mayoría de cargos políticos de la UD no comparten la visión de César Ham y está empezando una lluvia de renuncias a participar en las elecciones como la de los candidatos a la alcaldía de Santa Bárbara, Ludin Idalia Cardona y Francisco Rivera Arriaga, la diputada Doris Gutiérrez entre otros muchos como la también diputada Melba Reyes.
Esta situación en la Unificación Democrática, se une a la renuncia de 55 diputados del Partido Liberal junto con alcaldes liberales que apoyan a Zelaya y la ampliamente apoyada candidatura independiente de Carlos H. Reyes, que también renunció a participar en las elecciones. Cada día que pasa los golpistas ven como se van quedando solos en unas elecciones marcadas por la represión y las violaciones a los derechos humanos y a las libertades constitucionales.
Mundo
Desde el 28 de junio, día del golpe de estado, la Comunidad Internacional ha apoyado a Zelaya de forma más o menos clara. Los países del ALBA fueron los primeros en reunirse con Zelaya después de su secuestro y exigir su restitución sin condiciones, además de penalizar diplomática y económicamente a los golpistas. El resto de países del mundo, con algunas excepciones ha apoyado a Zelaya pero de una manera mucho más suave.
La exigencia de los países del ALBA para que Zelaya fuese restituido sin condiciones se debe a que “los bolivarianos” consideran que no hay que elevar a los golpistas hasta igualarlos con Zelaya, ya que éste representa la voluntad del pueblo y los golpistas representan un golpe sangriento contra la democracia hondureña. Por lo tanto no hay que atender a exigencias de los golpistas, deben irse sin imponer condiciones.
El resto de la Comunidad Internacional rápidamente siguió a los EEUU y condicionaron la restitución de Zelaya: la firma con la renuncia expresa de Zelaya para evitar que el pueblo se expresase en un referéndum, la amnistía para los golpistas y el resguardo a sus cargos públicos fueron algunos puntos que protegían los intereses de los golpistas recogidos en la propuesta de San José, elaborada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Entre los países que apoyan este acuerdo se encuentran Brasil, España, Argentina, Chile, Canadá… Aunque ninguno de ellos va a reconocer las elecciones que están organizando los golpistas siguiendo el dictado de la Organización de Estados Americanos, que ha difundido que no reconocerá las elecciones.
Otros países como México, que reconoció al embajador que designó Micheletti, Colombia, Perú, Israel y Panamá que mostraron simpatía por los golpistas, se reunieron con ellos y los apoyaron con armas (Perú e Israel) o diplomáticamente (Panamá y Colombia), van a reconocer, junto con los Estados Unidos de América el resultado de las elecciones, que ya se da por hecho que será Pepe Lobo, el golpista perteneciente al derechista Partido Nacional.
La actitud de los EEUU ha sido doble durante estos casi 5 meses del golpe. Una imagen de apoyo a Zelaya y unos hechos que han fortalecido a la dictadura, como se pudo evidenciar en la respuesta a la carta que Zelaya le mandó a Obama el fin de semana pasado en la que lo criticaba por “fortalecer a la dictadura” al reconocer las elecciones con o sin la restitución de Zelaya. La contestación del gobierno estadounidense fue que reconocían a Zelaya como el presidente de Honduras, pero que con o sin él reconocerán las elecciones fraudulentas que están organizando los golpistas.
Cabe destacar que los EEUU dieron permiso a los golpistas hondureños para sacar a Zelaya desde su base militar de Palmerola y el propio embajador estadounidense en Honduras dijo conocer los planes golpistas varias semanas antes de que sucediera, además la USAID, entidad social responsabilidad del presidente Obama, ha estado subvencionando a los golpistascon millones de dólares, de manera legal ya que los EEUU no han calificado como “golpe de estado” lo sucedido en Honduras por lo que su legislación permite seguir enviando dinero a la dictadura Hondureña.
Situación
En Honduras se está ensayando un nuevo golpe de estado parlamentario, que cuenta con el apoyo directo de los Estados Unidos de América y con el apoyo indirecto de la OEA que promueve pactos en los que los objetivos y el perdón de los golpistas son los puntos principales.
Estos golpes están destinados a frenar el ascenso de la izquierda y el fortalecimiento del ALBA que ya ha logrado vencer a las relaciones comerciales capitalista que Estados Unidos trató de impulsar en América Latina, desarrollando unas relaciones comerciales basadas en preceptos socialistas como la cooperación, la complementación, la solidaridad y el respeto a la soberanía de los países.
En Honduras se está librando una lucha entre el socialismo bolivariano, que promueve la integración latinoamericana mediante el ALBA, y la transición del capitalismo al socialismo mediante una asamblea constituyente que establezca la democracia participativa y la propiedad social de los medios de producción como medio para lograrlo, y el neoliberalismo que fomenta el libre mercado, el negocio con los servicios básicos de la sociedad, y un extenso recorte de los derechos laborales. Lo que suceda en el país centroamericano será tomado como ejemplo para los sectores oligárquicos latinoamericanos que ya están preparando el golpe de estado en Paraguay contra el bolivariano Fernando Lugo, si el ensayo hondureño, finalmente da buenos resultados.
Curiosidades
¿Sabías que…
… lo primero que aprobó el Congreso Nacional de Honduras tras el golpe de estado fueron licencias de obras a empresas privadas amigas?
… después del golpe el Congreso no convocó a los diputados que apoyan a Zelaya y en su lugar se pusieron a diputados suplentes golpistas y a personal del congreso?
… después del reconocimiento del gobierno de México al embajador golpistas, la embajadora legítima de Honduras en México fue devuelta a su cargo por la acción del alcalde de México DF, Marcelo Ebrad, del movimiento político de López Obrador?
… Juan Barahona, dirigente del Frente, abandonó la comisión que representaba a Zelaya en la negociación con los golpistas, cuando Zelaya aceptó no convocar la constituyente? A la salida Barahona expresó su apoyo a Zelaya y anunció que lo sustituiría uno de los abogados del Frente.
… el embajador estadounidense en Honduras se reunió con Zelaya antes del golpe para pedirle que no apoyase la cuarta urna? Después de esa reunión Zelaya se echó a la calle junto con el pueblo para recuperar el material electoral de la cuarta urna y repartirlo por Honduras.
… el candidato independiente Carlos H Reyes se fracturo una muñeca al caer por el impacto de un golpe que la policía le dio en la cara?
… cuando se cerraron los medios de comunicación contrarios al dictador Micheletti, el Frente se quedó sin voz para convocar al pueblo? El método que escogieron para suplirlos fue el reparto de panfletos.
… una llamada telefónica avisó del resurgimiento de la guerrilla hondureña a mitad de este verano?
… Zelaya quiso convertir la base militar estadounidense de Palmerola, ubicada en Honduras, en un aeropuerto civil?
…Zelaya criticó duramente durante 2.008 las políticas anti droga del gobierno de EEUU?
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