El Gobierno de Honduras declaró "emergencia en materia de seguridad pública", que autoriza la intervención de la Fuerza Armada para atacar el flagelo de la delincuencia en coordinación con la Policía Nacional. Ahora los militares tendrá facultades para practicar allanamientos, capturas, desarmes y todas las funciones que ejerce la Policía.
El Consejo de Ministros, en ausencia del presidente Porfirio Lobo, aprobó un decreto de emergencia -presentado por el ministro de Defensa, Marlon Pascua-, a través del cual autoriza a los militares por 90 días, prorrogables, para que apoyen a la Policía, este último organismo señalado de tener vínculos con el crimen organizado.
El texto de emergencia se declara "con el fin de reforzar el trabajo de la Policía Nacional en el combate de la violencia y delincuencia que abate al país".
La vicepresidenta María Antonieta Guillén advirtió que el decreto "se enmarca en total legalidad".
El Congreso de Honduras había votado el 29 de noviembre una iniciativa, que concede a los militares funciones policiales.
En tal sentido, los parlamentarios aprobaron una solicitudtras interpretar el artículo 274 de la Constitución en el sentido de que "las Fuerzas Armadas pueden realizar funciones específicas de la policía, cuando sea declarado un estado de emergencia en Seguridad Pública".
Esto los faculta a ejecutar allanamientos, capturas, desarmes y todas las funciones que ejerce la ¨Policía, inclusive actuar contra policías implicados en delitos.
El decreto también consigna la política de irrestricto respeto a los derechos humanos y establece las coordinaciones con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República.
El ministro Marlon Pascua recordó que el fin supremo del Estado es la persona humana, y aclaró que los tiempos en que los militares vulneraban derechos han terminado. Hay que recordar su valiosa participación en la denominada "Operación Relámpago", labor que ha logrado reducir la incidencia delictiva.
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, advirtió que “aceptamos que sean 90 días, pero después nos vamos a reunir para ampliar la temporabilidad del decreto”.
“Para mí los 90 días no son suficientes. Mínimo se necesitan 10 años para solucionar este problema que tenemos en Honduras. Hay que empezar desde la base. Tenemos que aprender a respetar la ley todos y cada uno de nosotros”, enfatizó.
Por su parte, El secretario de Finanzas, William Chong Wong, subrayó “que pese a que la situación del Estado es precaria, porque no se han terminado de cancelar los sueldos de noviembre y muchos decretos de emergencia se han presentado, el presidente (Porfiri) Lobo ordenó que hagamos recortes presupuestarios de otras secretarias para cumplir con este fin primordial y que está por encima de otras necesidades que tenemos”.
La ministra de los Derechos Humanos, Ana Pineda, argumentó que “reconozco que atravesamos una grave crisis, pero creo que las Fuerzas Armadas no cuentan con la preparación concerniente para realizar operaciones policiales”.
Las Fuerzas Armadas se incorporaron a patrullajes policiales desde el 1 de noviembre pasado, pero ahora asumirán otras funciones.
Los operativos fueron ordenados por Lobo tras descubrirse que efectivos de la Policía -de un total de 14 mil 500 miembros- integraban bandas de sicarios, secuestradores, ladrones de autos, narcotraficantes y extorsionadores.
La vicepresidenta María Antonieta Guillén advirtió que el decreto "se enmarca en total legalidad".
El Congreso de Honduras había votado el 29 de noviembre una iniciativa, que concede a los militares funciones policiales.
En tal sentido, los parlamentarios aprobaron una solicitudtras interpretar el artículo 274 de la Constitución en el sentido de que "las Fuerzas Armadas pueden realizar funciones específicas de la policía, cuando sea declarado un estado de emergencia en Seguridad Pública".
Esto los faculta a ejecutar allanamientos, capturas, desarmes y todas las funciones que ejerce la ¨Policía, inclusive actuar contra policías implicados en delitos.
El decreto también consigna la política de irrestricto respeto a los derechos humanos y establece las coordinaciones con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República.
El ministro Marlon Pascua recordó que el fin supremo del Estado es la persona humana, y aclaró que los tiempos en que los militares vulneraban derechos han terminado. Hay que recordar su valiosa participación en la denominada "Operación Relámpago", labor que ha logrado reducir la incidencia delictiva.
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, advirtió que “aceptamos que sean 90 días, pero después nos vamos a reunir para ampliar la temporabilidad del decreto”.
“Para mí los 90 días no son suficientes. Mínimo se necesitan 10 años para solucionar este problema que tenemos en Honduras. Hay que empezar desde la base. Tenemos que aprender a respetar la ley todos y cada uno de nosotros”, enfatizó.
Por su parte, El secretario de Finanzas, William Chong Wong, subrayó “que pese a que la situación del Estado es precaria, porque no se han terminado de cancelar los sueldos de noviembre y muchos decretos de emergencia se han presentado, el presidente (Porfiri) Lobo ordenó que hagamos recortes presupuestarios de otras secretarias para cumplir con este fin primordial y que está por encima de otras necesidades que tenemos”.
La ministra de los Derechos Humanos, Ana Pineda, argumentó que “reconozco que atravesamos una grave crisis, pero creo que las Fuerzas Armadas no cuentan con la preparación concerniente para realizar operaciones policiales”.
Las Fuerzas Armadas se incorporaron a patrullajes policiales desde el 1 de noviembre pasado, pero ahora asumirán otras funciones.
Los operativos fueron ordenados por Lobo tras descubrirse que efectivos de la Policía -de un total de 14 mil 500 miembros- integraban bandas de sicarios, secuestradores, ladrones de autos, narcotraficantes y extorsionadores.
teleSUR-AFP-proceso.hn/ag-MM
