Por Guillermo Alvarado
Fracturada en lo interno y aislada en la comunidad internacional, Honduras recuerda este lunes el primer aniversario del golpe de Estado que la sacó de la senda del siglo XXI y le hizo retroceder hasta los peores momentos de la segunda mitad de la centuria pasada.
En la madrugada del 28 de junio de 2009 el presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya, fue asaltado en su residencia por el ejército y expulsado ilegalmente hacia Costa Rica, en un suceso que todavía tiene muchos puntos por aclarar, entre ellos el papel de Estados Unidos y su política agresiva contra el ALBA, la Alianza Bolivariana para Nuestra América, a la cual Tegucigalpa se había adherido poco antes.
Sin este elemento el cuartelazo significaría una chapucería inexplicable y un acto sin sentido político, que podría haberse revertido en cuestión de días ante la repulsa casi universal.
Eso NO ocurrió porque evidentemente detrás de los golpistas y el esperpéntico Roberto Micheletti hubo una fuerza económica y política que les permitió mantenerse en sus propósitos. Ese poder NO hay que buscarlo, por supuesto, en el país más pobre de Centroamérica y el segundo más atrasado del continente. Se ubica a muchos kilómetros al norte, donde se ve con preocupación el avance de nuevos modelos de desarrollo e integración que marchan y se consolidan a pesar y en contra de los intereses hegemónicos de la potencia imperial.
Frenar el ALBA, golpeando en el eslabón más débil en esos momentos, al mismo tiempo que se hacía una seria advertencia a las vecinas Nicaragua y El Salvador, fueron los propósitos evidentes de la asonada, que dejó para el pueblo de Honduras una intensa represión causante en 12 meses de centenares de víctimas sin que por ello se haya logrado desmontar la beligerancia de las organizaciones que se agrupan en el Frente Nacional de Resistencia Popular.
Se perdieron, eso si, programas de desarrollo económico y social que venían implementándose al abrigo de la solidaridad y el intercambio justo, se frenaron planes como la alfabetización, el apoyo tecnológico y financiero a los micro y pequeños productores agrícolas y la introducción de energéticos a precios baratos gracias a iniciativas como PETROCARIBE.
En su lugar, el gobierno de Porfirio Lobo, elegido bajo la ruptura del ordenamiento constitucional, aplicó a partir del pasado abril un paquete de medidas que incluyen el alza del servicio eléctrico, la telefonía, alquiler de viviendas, bebidas y refrescos, así como de impuestos que se trasladarán inevitablemente a los consumidores, en particular al 70 por ciento de hondureños que viven en la pobreza y marginación.
Así pues, para la sociedad el golpe fue una tragedia que clausuró sus esperanzas y multiplicó sus penas, pero puso también sobre el escenario a nuevas fuerzas que en un futuro próximo podrían sustituir a una clase política desgastada, corrupta y dependiente del dinero y las consignas llegadas desde el exterior.
De allí la furia desatada contra sindicalistas, dirigentes populares, periodistas y medios de comunicación honestos y aún contra funcionarios que en su momento rechazaron el cuartelazo, como los cinco jueces que denunciaron la ilegalidad del golpe y fueron despedidos por la Corte Suprema de Justicia como represalia.
Trascurrido un año, el golpe reveló su ineficacia para frenar al ALBA y domeñar a un pueblo que ya acarició los umbrales de un mundo nuevo, más justo y humano, donde la solidaridad es hecho cotidiano y no excepción. Mantener activa la memoria de estos beneficios y de quiénes son sus verdaderos enemigos y sus métodos, serán la guía para encontrar la senda extraviada aquella madrugada, malversada por manos oscuras que más temprano que tarde, darán cuentas de sus actos y recibirán ejemplar castigo, porque al fin y al cabo, como dijo el poeta mártir guatemalteco Otto René Castillo, “Nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida”....
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