Por Alfredo Toro Hardy
OEA, UNASUR, ALBA, SICA, Grupo de Río, Unión Europea, la Secretaría General y la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos, Francia, España y los gobiernos de América Latina han conformado un bloque homogéneo de rechazo a la acción de fuerza y a la pantomima de institucionalidad que la sucedió. Los apoyos a esta postura seguirán sin duda aumentando a tenor del paso de las horas y de los días. Máxime, cuando a la violación del ordenamiento constitucional interno se unió la flagrante infracción de normas fundamentales del derecho internacional, por vía del secuestro y maltrato de un grupo de embajadores extranjeros, así como la abierta violación a los derechos humanos entre su ciudadanía.
Los hechos acontecidos en Honduras y la subsiguiente reacción internacional ponen de manifiesto lo siguiente:
El mensaje contundente de que la época de los golpes de Estado en América Latina y el Caribe pasó a la historia. Quienes en la región abriguen la esperanza de desembarazarse de los Jefes de Estado o de Gobierno legítimamente elegidos por el pueblo y revestidos del mando constitucional, deberán estar preparados a enfrentar un ostracismo internacional, hemisférico, regional y subregional, claro e inapelable.
La inviabilidad de las lecturas políticas domésticas que hagan abstracción del juicio de la comunidad internacional. Poner en marcha una dinámica golpista sustentada en la simple ecuación política nacional, sin tomar en cuenta sus repercusiones internacionales, es incurrir en un acto de ingenuidad política y de parroquialismo mental superlativos.
La evidencia de que la era Obama se inserta dentro de un ciclo político progresista, claramente distanciado de los excesos imperiales del período Bush o de los tiempos de la Guerra Fría. La época en que los golpes de Estado en América Latina eran fraguados o bendecidos en Washington ha quedado atrás.
La desaparición, por extensión a lo anterior, de las actitudes complacientes con Washington que se manifestaban en Europa y que generaban connivencias y complicidades a la hora de aceptar hechos de fuerza en América Latina.
Parece difícil suponer que un pequeño país como Honduras pueda hacer frente al ostracismo y a las sanciones internacionales ante los cuales lo ha colocado la acción inconstitucional, ilegal, irresponsable, torpe y miope de sus élites tradicionales. Ojalá que el necesario retorno al poder de Zelaya se vea acompañado de un alto costo por salir de las honduras para quienes perpetraron el hecho de fuerza y la subsiguiente farsa de legitimación democrática.
Fuente: www.rebelion.org
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