Los investigadores, Mariana Ríos y Tomas Andino, miembros de la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia (FNRP), en una revisión crítica realizada, coincidieron en que el documento, Visión de país, Plan de Nación, adoptado por el régimen de Porfirio Lobo, “no es sólo un documento técnico, sino un instrumento político”...
Parte del análisis del documento se presentó en el foro, “Visión de país, Plan de Nación: trampa de la oligarquía”, realizado en San Pedro Sula, como parte del ciclo de estudios, Pueblo Pensamiento, impulsado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y coordinado por el Grupo de Pensamiento Crítico en esfuerzo conjunto con la Comisión de Comunicación .
El Plan de Nación se creó con una “intención política de parte de la oligarquía, empresarios y terratenientes”, en un intento por “limpiar el Golpe”. Con la idea de “mostrar ante la gente que es receptiva a la prensa que respaldó el golpe de Estado, que tienen intenciones de desarrollar el país, mediante proyectos y programas que intentan decir que las cosas cambiaron y que no seguirán siendo lo mismo de antes”, analizó Mariana Ríos.
En opinión de Ríos, con la adopción del Plan de Nación el régimen buscaría hacer ver que “la sucesión institucional se dio, porque no se estaban haciéndose bien las cosas, que hay un quiebre, y ahora si se van a preocupar por el desarrollo de Honduras”.
El Plan estaría basado en una parte del trabajo ya realizado que comenzó Manuel Zelaya el año pasado. Zelaya tuvo dos intentos por hacerlo, aunque los cambios de política, entonces, no parecían ser muy importantes, “abrió un espacio de participación a las organizaciones populares”, explicó.
“Comprende valores ocultos, el plan de 28 años es instrumento de consolidación del golpismo, pero sobretodo del modelo neoliberal”, escudriñó.
Aseguró que el Plan busca impulsar políticas que “nos tiene como estamos: el neoliberalismo ha generado pobreza, desigualdad y marginación, da continuidad a un modelo que no funciona, que no resuelve”, puntualizó.
Ríos describió que el documento plantea cuatro objetivos nacionales, con 23 metas de prioridad nacional y 11 lineamientos estratégicos, con una matriz de 75 indicadores hasta el 2022, que es semejante a un plan de desarrollo nacional, o, a la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
El documento prevé que, en el 2022, se habrá de construir un nuevo plan de nación, y una visión de país, para otra cantidad de años, advirtió.
Ríos criticó que, incluso metodológicamente, el Plan “no tiene ni pies ni cabeza, tiene terribles contradicciones metodológicas, muchas de sus metas y lineamientos están realizados de manera antojadiza”.
Presentó como ejemplo, que el Plan anticipa una privatización progresiva de los sistemas de agua descentralizados, comenzando por cuatro de esos, y que “para el 2022, serán los 292 sistemas de agua, los que sean privatizados”.
Agregó que “dos consejos manejados políticamente por la empresa privada y la oligarquía hondureña, serían los organizadores sociales del proyecto”.
El Plan sería desarrollado por la Secretaría de Planificación y en colaboración con sectores de banco, empresas, Asociación Nacional de Industriales (Andi), federaciones de cámaras de comercio y ONG, creando un consejo de convertibilidad que excluye a las organizaciones obreras y campesinas.
Para Ríos, lo “más grave es que todo el paquete del proyecto político fue aprobado en una sola noche, en la última sesión del Congreso”, en la que también se derogaron: el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (Cohcyt), la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, la Comisión Nacional de Competitividad, la Secretaria Técnica de Cooperación, la Ley de Participación Ciudadana, detalló.
“El mismo día en que se aprueba un plan de país que exige la participación de organizaciones sociales, se deroga la ley que da participación a los ciudadanos”, contrastó Ríos.
Tomas Andino, coincide con Ríos en que el documento no es un instrumento de planificación, sino un” instrumento político de largo plazo que ha sido presentado de una forma muy legal, con bombos y platillos.”
Sin embargó, “fue hecho por un gobierno usurpador, por el propio régimen golpista, lo que le da ilegitimidad, desde su origen… es la antítesis de nuestro proyecto de constituyente”, valoró.
A pesar de su aparente legalidad, acusó Andino, el Plan más bien “contradice la propia constitución actual que el golpismo pretende defender, retrocede”, cuando en el artículo 23 establece que “tiene que ser objeto de participación [el Plan] consultando con las organizaciones sociales, pero eso no se dio”, confrontó.
El Plan manifiesta “un temor implícito a la soberanía del pueblo y a la participación ciudadana, que se ve como una forma de colaboración con el gobierno; es una forma de tomar decisiones por el pueblo, es una forma autoritaria”, definió Andino.
Cuestionó que, el Plan aparenta una preocupación por ampliar las “libertades”, que en verdad, les inquieta porque “se corre el riego de que por varias razones se reclamen, de tiempo en tiempo, procesos de refundación como expresión de la necesidad de redistribuir el poder e imponer nuevas correlaciones de fuerzas”.
Lo que el Plan, “quiere evitar”, aseveró.
Evidenció que la expresión más evidente de eso, es haber derogado la Ley de Participación Ciudadana, sin ninguna justificación política, jurídica, ni formal. “Es contradictorio, porque la misma constitución establece que es prohibido limitar la participación ciudadana”.
El Plan se convierte en una Constitución, que consolida las Fuerzas Armadas, pero deja ausente aspectos de derecho humanos, grupos vulnerables, combate a la corrupción, reforma agraria, el saqueo de los recursos naturales y sustituye a la descentralización municipal por descentralización regional.
“Representa una forma de someter a todos, a las instancias de la clase dominante, a través de una ley”, reflexionó.
En el Plan no aparece ninguna referencia a los derechos humanos, “todo es negocio y desarrollo -como ellos lo entienden-, y los sustituyen por que reflejan que no tienen idea de los derechos humanos”, criticó, entre otros trazos.
Sustituidos por “confusas libertades de discriminación, de amenazas a la seguridad personal, libertad de amenazas a la libertad de expresión. “Confuso…”, dijo.
Explicó que el Plan se constituye en una ley, porque “al ser un proyecto para consolidarse en el poder, ellos necesitan la ley para consolidarse”. Y que, el presupuesto nacional será sobre las prioridades que defina el Plan, no sobre las necesidades y prioridades de la población.
Desaparece la corrupción como un problema social y, además, atribuye la ingobernabilidad y el conflicto a la Resistencia, a la que ven como “un riesgo que hay que impedir llegue a asumir el poder”. Cambia también el rol de bienestar del Estado entregándolo a la empresa privada, destacó.
Mariana Ríos, explicó que el documento Visión de país, Plan de Nación, ha sido analizado desde el punto de vista filosófico, político, sectorial y jurídico y sus resultados serán divulgados a través de la revista y el sitio web de la Resistencia, donde estarán disponibles al público usuario.
Y destacó, que los foros constituyen una actividad de formación que pretende incentivar el debate público de temas que corresponde analizar a la Resistencia, como un “motor de pensamiento” del que puedan obtenerse líneas de trabajo para fundamentar la trasformación nacional.
Fuente: elprogresoresiste.codigosur.net
Parte del análisis del documento se presentó en el foro, “Visión de país, Plan de Nación: trampa de la oligarquía”, realizado en San Pedro Sula, como parte del ciclo de estudios, Pueblo Pensamiento, impulsado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y coordinado por el Grupo de Pensamiento Crítico en esfuerzo conjunto con la Comisión de Comunicación .
El Plan de Nación se creó con una “intención política de parte de la oligarquía, empresarios y terratenientes”, en un intento por “limpiar el Golpe”. Con la idea de “mostrar ante la gente que es receptiva a la prensa que respaldó el golpe de Estado, que tienen intenciones de desarrollar el país, mediante proyectos y programas que intentan decir que las cosas cambiaron y que no seguirán siendo lo mismo de antes”, analizó Mariana Ríos.
En opinión de Ríos, con la adopción del Plan de Nación el régimen buscaría hacer ver que “la sucesión institucional se dio, porque no se estaban haciéndose bien las cosas, que hay un quiebre, y ahora si se van a preocupar por el desarrollo de Honduras”.
El Plan estaría basado en una parte del trabajo ya realizado que comenzó Manuel Zelaya el año pasado. Zelaya tuvo dos intentos por hacerlo, aunque los cambios de política, entonces, no parecían ser muy importantes, “abrió un espacio de participación a las organizaciones populares”, explicó.
“Comprende valores ocultos, el plan de 28 años es instrumento de consolidación del golpismo, pero sobretodo del modelo neoliberal”, escudriñó.
Aseguró que el Plan busca impulsar políticas que “nos tiene como estamos: el neoliberalismo ha generado pobreza, desigualdad y marginación, da continuidad a un modelo que no funciona, que no resuelve”, puntualizó.
Ríos describió que el documento plantea cuatro objetivos nacionales, con 23 metas de prioridad nacional y 11 lineamientos estratégicos, con una matriz de 75 indicadores hasta el 2022, que es semejante a un plan de desarrollo nacional, o, a la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
El documento prevé que, en el 2022, se habrá de construir un nuevo plan de nación, y una visión de país, para otra cantidad de años, advirtió.
Ríos criticó que, incluso metodológicamente, el Plan “no tiene ni pies ni cabeza, tiene terribles contradicciones metodológicas, muchas de sus metas y lineamientos están realizados de manera antojadiza”.
Presentó como ejemplo, que el Plan anticipa una privatización progresiva de los sistemas de agua descentralizados, comenzando por cuatro de esos, y que “para el 2022, serán los 292 sistemas de agua, los que sean privatizados”.
Agregó que “dos consejos manejados políticamente por la empresa privada y la oligarquía hondureña, serían los organizadores sociales del proyecto”.
El Plan sería desarrollado por la Secretaría de Planificación y en colaboración con sectores de banco, empresas, Asociación Nacional de Industriales (Andi), federaciones de cámaras de comercio y ONG, creando un consejo de convertibilidad que excluye a las organizaciones obreras y campesinas.
Para Ríos, lo “más grave es que todo el paquete del proyecto político fue aprobado en una sola noche, en la última sesión del Congreso”, en la que también se derogaron: el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (Cohcyt), la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, la Comisión Nacional de Competitividad, la Secretaria Técnica de Cooperación, la Ley de Participación Ciudadana, detalló.
“El mismo día en que se aprueba un plan de país que exige la participación de organizaciones sociales, se deroga la ley que da participación a los ciudadanos”, contrastó Ríos.
Tomas Andino, coincide con Ríos en que el documento no es un instrumento de planificación, sino un” instrumento político de largo plazo que ha sido presentado de una forma muy legal, con bombos y platillos.”
Sin embargó, “fue hecho por un gobierno usurpador, por el propio régimen golpista, lo que le da ilegitimidad, desde su origen… es la antítesis de nuestro proyecto de constituyente”, valoró.
A pesar de su aparente legalidad, acusó Andino, el Plan más bien “contradice la propia constitución actual que el golpismo pretende defender, retrocede”, cuando en el artículo 23 establece que “tiene que ser objeto de participación [el Plan] consultando con las organizaciones sociales, pero eso no se dio”, confrontó.
El Plan manifiesta “un temor implícito a la soberanía del pueblo y a la participación ciudadana, que se ve como una forma de colaboración con el gobierno; es una forma de tomar decisiones por el pueblo, es una forma autoritaria”, definió Andino.
Cuestionó que, el Plan aparenta una preocupación por ampliar las “libertades”, que en verdad, les inquieta porque “se corre el riego de que por varias razones se reclamen, de tiempo en tiempo, procesos de refundación como expresión de la necesidad de redistribuir el poder e imponer nuevas correlaciones de fuerzas”.
Lo que el Plan, “quiere evitar”, aseveró.
Evidenció que la expresión más evidente de eso, es haber derogado la Ley de Participación Ciudadana, sin ninguna justificación política, jurídica, ni formal. “Es contradictorio, porque la misma constitución establece que es prohibido limitar la participación ciudadana”.
El Plan se convierte en una Constitución, que consolida las Fuerzas Armadas, pero deja ausente aspectos de derecho humanos, grupos vulnerables, combate a la corrupción, reforma agraria, el saqueo de los recursos naturales y sustituye a la descentralización municipal por descentralización regional.
“Representa una forma de someter a todos, a las instancias de la clase dominante, a través de una ley”, reflexionó.
En el Plan no aparece ninguna referencia a los derechos humanos, “todo es negocio y desarrollo -como ellos lo entienden-, y los sustituyen por que reflejan que no tienen idea de los derechos humanos”, criticó, entre otros trazos.
Sustituidos por “confusas libertades de discriminación, de amenazas a la seguridad personal, libertad de amenazas a la libertad de expresión. “Confuso…”, dijo.
Explicó que el Plan se constituye en una ley, porque “al ser un proyecto para consolidarse en el poder, ellos necesitan la ley para consolidarse”. Y que, el presupuesto nacional será sobre las prioridades que defina el Plan, no sobre las necesidades y prioridades de la población.
Desaparece la corrupción como un problema social y, además, atribuye la ingobernabilidad y el conflicto a la Resistencia, a la que ven como “un riesgo que hay que impedir llegue a asumir el poder”. Cambia también el rol de bienestar del Estado entregándolo a la empresa privada, destacó.
Mariana Ríos, explicó que el documento Visión de país, Plan de Nación, ha sido analizado desde el punto de vista filosófico, político, sectorial y jurídico y sus resultados serán divulgados a través de la revista y el sitio web de la Resistencia, donde estarán disponibles al público usuario.
Y destacó, que los foros constituyen una actividad de formación que pretende incentivar el debate público de temas que corresponde analizar a la Resistencia, como un “motor de pensamiento” del que puedan obtenerse líneas de trabajo para fundamentar la trasformación nacional.
Fuente: elprogresoresiste.codigosur.net
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