La conflictividad social se agudiza en momentos cuando Pepe Lobo no tiene control de la nación

marvin palacios

La falta de voluntad política para resolver la crisis en el sistema judicial, ha sido la generadora de otros conflictos que agudizan la conflictividad social en momentos cuando el presidente del actual régimen Porfirio Lobo Sosa, no tiene control del Estado, reveló hoy a defensoresenlinea.com, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva.
“Yo creo que la situación de los jueces en huelga de hambre es una situación compleja en el país, nos pareció interesantísimo la aproximación que hubo de parte de los congresistas con los jueces, ellos han tendido un puente para ver cómo se llegaba a un entendimiento y resolver el problema, eso fue lo dicho por los políticos congresistas cuando llegaron a visitar a los jueces”, expresó Bertha Oliva.
Pero más interesante fue cuando se produjo la primera reunión que se realizó entre la comisión negociadora y la comisión legislativa, que son los que tienen todo el control o la decisión política dentro del Congreso Nacional.
Integraron la primera aproximación para resolver el tema de los despidos de los jueces y la reforma a la carrera judicial y el Consejo de la Judicatura, el diputado liberal Rolando Dubón Bueso, el diputado nacionalista Rigoberto Chang Castillo (secretario de la junta directiva del CN) y el diputado Marvin Ponce del partido Unificación democrática (vicepresidente del CN).
Por la comisión delegada por los jueces participaron Bertha Oliva, Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el abogado y fiscal Jari Dixon y la magistrado Tirza Flores, jueza de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula.
En esa primera reunión los diputados plantearon que se suspendiera la huelga de hambre que mantienen los jueces, luego que el Congreso Nacional se comprometían a interceder ante la Corte suprema de Justicia para revocar la decisión de los despidos y que no habría represalias contra los jueces.

“Nosotras pensamos que eso era inaceptable en tanto y en cuanto los jueces no solo estaban demandando la restitución sino que habrían otras peticiones, pero que además si solo hubiese sido la petición de reintegro, era absurdo suspender la huelga y después ver que era lo que iban a hacer los magistrados”, explicó Oliva.
Añadió que ante ese planteamiento que fue rechazado por la comisión delegada por los jueces, se propuso que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reuniera el miércoles 26 de mayo, para que revocara la decisión de los despidos, que se comprometiera a no ejercer ninguno tipo de hostilidad y revanchismo contra los jueces y que hubiese un compromiso para incluir reformas en las cuales la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) han estado trabajando que tienen que ver con la carrera judicial en las que incluye la creación del Consejo de la Judicatura, que separe el control administrativo y de personal que actualmente recae sobre el control absoluto del presidente del poder judicial.
Esa propuesta señala que las reformas se introdujeran al seno de la Cámara Legislativa para realizar el respectivo debate y posterior aprobación, para lograr una verdadera independencia en los jueces y magistrados que conforman el sistema judicial de Honduras.
“Esa fue la propuesta inicial, los diputados dijeron que transmitirían estos planteamientos ante la Corte Suprema de Justicia, pero que estaba seguros que el problema se iba a resolver”, dijo la defensora de derechos humanos.
Añadió que el pasado fin de semana hubo una segunda reunión en la que participaron los diputados Rolando Dubón Bueso y Rigoberto Chang Castillo, en la que no estuvo presente el congresista Marvin Ponce del partido Unificación Democrática.
En este encuentro “ellos nos dieron la buena noticia, que a nosotros nos pareció fácil y nada difícil de que el Pleno de la CSJ se reuniría el miércoles 26 de mayo para tocar este tema específico como prioridad, como es el problema de la huelga de hambre de los jueces y que ese mismo día se resolvía”.
“No sin antes insinuarnos, que por qué no se suspendía la huelga y garantizar que no iba a haber represalias, que la propuesta de reforma de la Ley de la Carrera Judicial, iba a ser aprobada y además se iba a tomar de la propuesta que esta haciendo la AJD y que además se iba a revocar la decisión tomada en cuanto a los despidos”, detalló Oliva.

Nos pareció que había una muestra de voluntad política en lo que podría ser el inicio de la aproximación entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado que hoy se debaten en una crisis como nunca se ha visto en el país, sostuvo.
Políticos que dialogan bajo el ejercicio de la mentira
Pero lo que ha sucedido es que “después de escuchar esa buena noticia, que me parecía increíble, en mi interior sabía que eso no podía ser, porque si algo he aprendido en esta larga vida es que los políticos son expertos para hacer creer y mentir, porque creen que el ejercicio de un buen político es saber ejercitar la mentira y que se la crean, como en efecto así fue.
En las últimas horas se constató que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pese a la intermediación del Congreso Nacional y a la presión nacional e internacional no convocó a reunión al pleno.
En su lugar informó que estaría convocando a los magistrados y magistradas a una reunión extraordinaria para el próximo lunes 31 de mayo en donde podrían abordar el tema de los despidos de los jueces y las otras exigencias de la AJD.
“Eso indica que están haciendo un acto dilatorio, que no hay ningún interés por resolver un problema de conflictividad social, pero más aún queda claramente establecido que no tienen ningún respeto por la grado de debilitamiento que puedan experimentar los jueces en huelga de hambre; o sea que no tienen ningún respeto por la vida, no quieren prevenir un desgaste que puede llevar hasta la muerte a personas que son funcionarios del poder judicial que están en huelga de hambre”, acotó Oliva.
La defensora de derechos humanos añadió que esa actitud deja mal parados ante la opinión pública nacional e internacional, a estos políticos que han expresado que querían aproximarse para resolver las demandas del pueblo hondureño.
Agregó que esas demandas expresadas a través de las huelgas de hambre por parte de jueces, de sindicalistas, de campesinos, de maestros, es porque no están recibiendo ninguna respuesta en pro de las exigencias y de los abusos a que están siendo sometidos a lo interno de esas instituciones públicas del Estado de Honduras.

“Yo creo que ante esa gravedad, hemos hecho algunas acciones, por ejemplo acabo de enviar una nota al presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés para saber si toma a bien, recibir a la comisión delegada por los jueces para el día jueves 27 de mayo, esperamos respuesta de lo que se va a resolver para plantear la situación, que no es doblarle el brazo a alguien, sino que existe una demanda de jueces que se conoce su probada actuación, que son públicas sus acciones y eso no está abonando en nada para el recuentro del pueblo hondureño”, recalcó Oliva.
Reticencia a resolver la crisis, genera más conflictos
“A mí me da la impresión que si el problema de los jueces se hubiera resuelto el miércoles 26 de mayo, no existiera el problema de los maestros, el problema de los campesinos y no hubiese esta crisis que hay ahora, hay una situación muy precaria en nuestro país y no va a ser fácil de resoverla”, criticó la coordinadora del Cofadeh.
Se conoció que en respuesta a la carta enviada al presidente de la CSJ, el poder judicial contestó que no podía atender a la comisión negociadora, pero que en respuesta se convocaría a una reunión extraordinaria del pleno el día lunes 31 de mayo del año en curso, en donde se abordará de manera exclusiva el tema de los jueces en huelga de hambre. De no llegarse a una solución ese día, según establece la carta) se estarían comunicando con Bertha Oliva, Coordinadora del Cofadeh.
En medio de esta profunda crisis generada por el golpe de estado, los funcionarios que supuestamente resuelven los problemas, no son los visibles, ellos solo están ahí de pantalla pública para hacer creer que se está viviendo en un estado con deficiencias en su estado de derecho, pero que se está aproximando hacia el fortalecimiento institucional.
Eso es lo que históricamente nos han venido vendiendo, pero con la ruptura del orden constitucional, ha quedado claramente evidenciado que “no son los que reciben un salario y los que están físicamente visibles, los que deciden el destino de este país, sino esas 3 familias que están identificadas, no nos perdamos y al situación sigue así, expresó Oliva.
“Yo no creo que el poder judicial sea independiente, que debiera ser la decisión colegiada de los 15 magistrados los que deciden, no, es la orden que reciben de quiénes los pusieron ahí, y ellos (magistrados y magistradas) saben que la mayoría están ahí sin méritos, saben que los llamaron al Congreso Nacional para que los juramentaran porque eran los que querían los controladores del país, ellos lo saben y lo sabe el pueblo hondureño”, declaró la defensora de derechos humanos.
Pasa igual con el presidente del actual régimen Porfirio Lobo Sosa, él sabe que si acelera sus pulsos del corazón no van a dejar que termine su gestión, él lo sabe, por eso las decisiones ni siquiera responden a su dinámica cerebral con la dinámica de su corazón, corresponde a la dinámica de aquellos que le dicen qué debe hacer y qué no, eso está claramente establecido, finalizó expresando Bertha Oliva.

Fuente: defensoresenlinea.com