VICTOR MANUEL RAMOS
Los bajos del Congreso Nacional, donde se supone reside la representación del pueblo, se han convertido en la sede de múltiples protestas, protagonizadas por varios gremios, que han visto violados sus derechos constitucionales por parte del Gobierno de la República. Protestan mediante huelga de hambre, que es una de las tantas formas de expresar que el pueblo de Honduras tiene hambre de justicia.
Los grupos protestantes son los siguientes: Los jueces y magistrados despedidos arbitrariamente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ha quedado en evidencia que las destituciones se producen porque los sancionados cometieron el “delito” de expresar su repudio al golpe de Estado ocurrido el pasado 28 de junio y que ahora ha sido reconocido, oficialmente, mediante la voz de Pepe Lobo. El mismo Lobo nos ha relatado que advirtió a los magistrados de la Corte de Justicia que cometerían un desaguisado si ejecutaban las destituciones. Luego de varios días de ayuno, estos jueces exigen justicia a través de su restitución en los puestos de los que fueron removidos arbitrariamente, pero al mismo tiempo han puesto el dedo en la llaga de la podredumbre en que se debate la justicia en Honduras y exigen el cumplimiento irrestricto de la ley, el castigo ejemplar a los violadores de la Constitución, la investigación y sanción de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen usurpador de Micheletti y el actual y la emisión de una ley del Consejo de la Judicatura que debe ser discutida previamente por todos los sectores sociales del país.
Los campesinos del Aguán, por su parte, también han ido a la huelga de hambre para exigir el cese de la impunidad, la persecución y el chantaje a que son sometidos los campesinos del Valle del Aguán por parte de fiscales, jueces, policías y militares. Hace poco, Lobo firmó un Convenio con los campesinos el cual ha sido incumplido en casi todas sus partes, sobre todo en lo que se refiere a la suspensión de los desalojos por mientras los Tribunales emiten su sentencia definitiva sobre el conflicto. Los campesinos exigen la revisión de sus casos por una Comisión formada Ad hoc, la expropiación de los terrenos adquiridos ilegalmente por Miguel Facussé y René Morales y la destitución de algunos jueces y fiscales que han actuado a favor de los terratenientes y en contra de los campesinos en franca violación de la ley.
Por otra parte, los maestros, los directores departamentales despedidos arbitrariamente en violación del Estatuto del Docente, exigen el fiel cumplimiento del Estatuto del Docente Hondureño, la restitución inmediata de los despedidos por motivos de sectarismo político (accedieron a sus cargos mediante concurso realizado en base a la ley) y el cese de la persecución política en contra de todo el personal administrativo, técnico y docente que labora en las dependencias del Ministerio de Salud.
Mientras, en los predios de la Ciudad Universitaria, los humildes empleados de mantenimiento de la UNAH, despedidos por hacer uso de su derecho a la protesta, como consecuencia de la sordera de las autoridades universitarias a sus quejas. Los trabajadores universitarios exigen el retorno a sus trabajos, el cese de la persecución a la dirigencia del Sitraunah, el alto a la violación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y el retorno a las negociaciones para superar, mediante el diálogo, los innumerables problemas laborales que enfrenta la UNAH.
El denominador común de todas estas singulares protestas es la violación de la ley por parte de los funcionarios del Estado encargados de cumplirlas y hacerlas cumplir. Es evidente que, después del golpe de Estado, se ha desatado, en el seno del país, una franca campaña, por parte del Estado, de violaciones de los más elementales derechos humanos de los hondureños. En un recuento sucinto, hay que destacar el más de un centenar de hondureños asesinados, crímenes que han quedado en la impunidad; las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas en contra de los manifestantes, los despidos ilegales, el acoso en contra de los dirigentes populares. Es decir que nos debatimos en un alarmante clima en que el país está en manos de la criminalidad y el Estado está arrinconado, sin dejar de creer que sus organismos represivos son los sujetos ejecutores de estas violaciones que, a falta de verdadera justicia en Honduras, deberán ser juzgados y castigados por el Tribunal Penal Internacional.
A todo esto, las autoridades no se inmutan. Les vale un comino que varias decenas de hondureños clamen por sus derechos conculcados mediante el expediente de poner en grave riesgo su salud y sus propias vidas mediante una huelga de hambre.
Toda esta protesta, no cabe duda, respaldada por el pueblo mayoritario que ya no está dispuesto a permitir más abusos. Porque tanto los huelguistas en huelga de hambre, como todo el pueblo, tenemos hambre de justicia.
Fuente: Tiempo.hn
Los bajos del Congreso Nacional, donde se supone reside la representación del pueblo, se han convertido en la sede de múltiples protestas, protagonizadas por varios gremios, que han visto violados sus derechos constitucionales por parte del Gobierno de la República. Protestan mediante huelga de hambre, que es una de las tantas formas de expresar que el pueblo de Honduras tiene hambre de justicia.
Los grupos protestantes son los siguientes: Los jueces y magistrados despedidos arbitrariamente por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ha quedado en evidencia que las destituciones se producen porque los sancionados cometieron el “delito” de expresar su repudio al golpe de Estado ocurrido el pasado 28 de junio y que ahora ha sido reconocido, oficialmente, mediante la voz de Pepe Lobo. El mismo Lobo nos ha relatado que advirtió a los magistrados de la Corte de Justicia que cometerían un desaguisado si ejecutaban las destituciones. Luego de varios días de ayuno, estos jueces exigen justicia a través de su restitución en los puestos de los que fueron removidos arbitrariamente, pero al mismo tiempo han puesto el dedo en la llaga de la podredumbre en que se debate la justicia en Honduras y exigen el cumplimiento irrestricto de la ley, el castigo ejemplar a los violadores de la Constitución, la investigación y sanción de las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen usurpador de Micheletti y el actual y la emisión de una ley del Consejo de la Judicatura que debe ser discutida previamente por todos los sectores sociales del país.
Los campesinos del Aguán, por su parte, también han ido a la huelga de hambre para exigir el cese de la impunidad, la persecución y el chantaje a que son sometidos los campesinos del Valle del Aguán por parte de fiscales, jueces, policías y militares. Hace poco, Lobo firmó un Convenio con los campesinos el cual ha sido incumplido en casi todas sus partes, sobre todo en lo que se refiere a la suspensión de los desalojos por mientras los Tribunales emiten su sentencia definitiva sobre el conflicto. Los campesinos exigen la revisión de sus casos por una Comisión formada Ad hoc, la expropiación de los terrenos adquiridos ilegalmente por Miguel Facussé y René Morales y la destitución de algunos jueces y fiscales que han actuado a favor de los terratenientes y en contra de los campesinos en franca violación de la ley.
Por otra parte, los maestros, los directores departamentales despedidos arbitrariamente en violación del Estatuto del Docente, exigen el fiel cumplimiento del Estatuto del Docente Hondureño, la restitución inmediata de los despedidos por motivos de sectarismo político (accedieron a sus cargos mediante concurso realizado en base a la ley) y el cese de la persecución política en contra de todo el personal administrativo, técnico y docente que labora en las dependencias del Ministerio de Salud.
Mientras, en los predios de la Ciudad Universitaria, los humildes empleados de mantenimiento de la UNAH, despedidos por hacer uso de su derecho a la protesta, como consecuencia de la sordera de las autoridades universitarias a sus quejas. Los trabajadores universitarios exigen el retorno a sus trabajos, el cese de la persecución a la dirigencia del Sitraunah, el alto a la violación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y el retorno a las negociaciones para superar, mediante el diálogo, los innumerables problemas laborales que enfrenta la UNAH.
El denominador común de todas estas singulares protestas es la violación de la ley por parte de los funcionarios del Estado encargados de cumplirlas y hacerlas cumplir. Es evidente que, después del golpe de Estado, se ha desatado, en el seno del país, una franca campaña, por parte del Estado, de violaciones de los más elementales derechos humanos de los hondureños. En un recuento sucinto, hay que destacar el más de un centenar de hondureños asesinados, crímenes que han quedado en la impunidad; las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas en contra de los manifestantes, los despidos ilegales, el acoso en contra de los dirigentes populares. Es decir que nos debatimos en un alarmante clima en que el país está en manos de la criminalidad y el Estado está arrinconado, sin dejar de creer que sus organismos represivos son los sujetos ejecutores de estas violaciones que, a falta de verdadera justicia en Honduras, deberán ser juzgados y castigados por el Tribunal Penal Internacional.
A todo esto, las autoridades no se inmutan. Les vale un comino que varias decenas de hondureños clamen por sus derechos conculcados mediante el expediente de poner en grave riesgo su salud y sus propias vidas mediante una huelga de hambre.
Toda esta protesta, no cabe duda, respaldada por el pueblo mayoritario que ya no está dispuesto a permitir más abusos. Porque tanto los huelguistas en huelga de hambre, como todo el pueblo, tenemos hambre de justicia.
Fuente: Tiempo.hn
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