”No nos vamos a doblegar, este es el fin de los golpistas, les hemos ganado la partida”, fueron las palabras del diputado por el Partido Unificación Democrático (UD), Marvin Ponce, desde una camilla en un hospital capitalino, después de la paliza que le propinaron los militares en una de las tantas manifestaciones de la Resistencia Popular.
Redacción / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. ”No nos vamos a doblegar, este es el fin de los golpistas, les hemos ganado la partida”, fueron las palabras del diputado por el Partido Unificación Democrático (UD), Marvin Ponce, desde una camilla en un hospital capitalino, después de la paliza que le propinaron los militares en una de las tantas manifestaciones de la Resistencia Popular.
La desesperación de las “autoridades” del gobierno de facto y el prestigio internacional, les conduce a cometer estas atrocidades, sostiene Ponce, “porque sienten que han perdido la batalla contra el pueblo que no los acepta”.
El funcionario destacó que el principal objetivo de las manifestaciones es el retorno de la democracia, a través de la restitución del Presidente Manuel Zelaya en el poder y, una vez logrado, se procederá a la instalación de una constituyente para crear una Constitución de la República que permita mayor participación al pueblo.
GOLPISTAS SERÁN CASTIGADOS
Tras este asalto presidencial existe un andamiaje de instituciones públicas a criterio del congresista, “porque falsificaron firmas, sellos y hasta jueces para justificarlo, por lo que la esperanza de hacer justicia está enfocada en la Corte Penal Internacional que ha iniciado investigaciones acerca de desapariciones y detenciones ilegales de participantes en las marchas”, aseveró.
Todos los hechores y consentidores –continúa Ponce–, militares, policías, políticos y los que financiaron el golpe nacional e internacionalmente, deberán ser llevados a juicio en esa Corte para que ninguno de los represores vuelva intentar hacer algo como esto.
Camilo Atala, Jesús y Jorge Canahuati, son algunos de los empresarios enumerados por el diputado udeísta, quienes “pagaron cantidades millonarias para financiar el rompimiento constitucional y, además, le cancelaron 80 millones de dólares (más de mil 500 millones de lempiras) a una transnacional de las comunicaciones que se encargó de distorsionar la información a favor de la dictadura”.
Fuente: ellibertador.hn
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