Irma Villanueva en peligro y amenazada
Sara Lovera
SEMlac
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Patricia Mejía, se comprometió ante las representantes del Observatorio de la Trasgresión Feminista a abrir un espacio durante las sesiones de octubre para dar a conocer las violaciones a los derechos humanos en Honduras, a raíz del golpe militar perpetrado el 28 de junio pasado.
Mejía, de nacionalidad venezolana y de 37 años, se declaró sorprendida al conocer las agresiones contra las mujeres cometidas desde junio en este país, no obstante que hace pocos días en Washington, donde tiene su sede la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, también se escucharon muchas denuncias.
Ante los relatos de algunas de las 25 mujeres de seis países del Observatorio Feminista, que estuvieron del 17 al 21 de agosto dando acompañamiento a Mujeres en Resistencia en Tegucigalpa, Mejía afirmó que pondrá todos sus sentidos en analizar caso por caso y toda la complejidad del golpe militar en Honduras, luego de reconocer que hay testimonios contundentes.
Es conocido el compromiso de Mejía con los derechos de las mujeres.
Ante el Observatorio, se comprometió a hacer el seguimiento en la CIDH al caso de violación de Irma Villanueva, por cuatro policías, en el departamento de Choloma; un asunto harto preocupante puesto que la víctima no pertenece a ningún bando político, no estaba haciendo ninguna manifestación pública y se sabe que ahora está amenazada y podría recibir nuevas agresiones.
Las integrantes del observatorio consideraron pertinente que se otorguen medidas cautelares para Irma Villanueva y su familia.
Para la presidenta de la CIDH, es claro que se viene dando una represión de carácter machista, con insultos, manoseos y violaciones, y -sobre todo- muy desproporcionada.
Lo peor es que todo el contexto apunta a que las mujeres sufrirán mayores agresiones, incluyendo las de carácter psicológico, sancionadas por las convenciones internacionales, de las cuales Honduras es suscriptor y, por lo tanto, está obligado a no cometerlas, aun en las actuales condiciones de inconstitucionalidad.
El caso de Irma Villanueva -quien declaró ante la Comisión y en otras instancias- es lacerante. Se trata de una mujer de 24 años, con hijos y marido, y que cuenta con todas las pruebas que documentan el delito, que se perpetró con todos los agravantes.
La CIDH está obligada a actuar, para promover medidas cautelares, mientras se estudia en detalle su situación y se ve si existen méritos para la intervención, incluso, de la Corte Interamericana.
Irma Villanueva ha identificado claramente a sus agresores y podría recibir otro tipo de medidas de protección, poco tradicionales, puesto que su vida corre peligro, trascendió.
Otro caso planteado a Mejía fue el de Bertha Olivo, dirigente del Comité de Familiares de Desaparecidos, quien es vigilada constantemente en sus oficinas.
Igual vigilancia policial viene ocurriendo sobre algunas organizaciones feministas, como el Centro de Estudios de la Mujer. Por su lado, las integrantes del movimiento Feministas en Resistencia viven en zozobra y temor, debido a las declaraciones y actividades que realizan contra el golpe.
Estos son hechos a ser expuestos en una reunión formal con la CIDH en octubre o noviembre próximos.
Con la debida cautela, la presidenta se mostró interesada en la indagación de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sobre lo cual refirió tener ya bastante información. Ella, en Tegucigalpa, rindió un primer relato de las denuncias que recibió a lo largo de una semana.
Una semana de importantes visitas
En este escenario, se espera en Tegucigalpa la visita del famoso juez Baltasar Garzón Real, en representación del estado español, durante la semana del 24 al 30 de agosto. España ha decretado el retiro de las ayudas económicas al gobierno de facto.
En esta misma semana, los cancilleres de los países de la OEA también estarán en Honduras, para intentar disuadir al gobierno golpista de que continúe suplantando al estado constitucional.
Todo ello sucede en medio de una campaña de medios electrónicos, radiales y de prensa escrita, que fomentan el odio y la venganza contra el movimiento popular.
Este hecho también fue constatado por las mujeres del observatorio, como contexto para las indagaciones de la CIDH, puesto que se trata de un contexto donde podrían desplegarse otro tipo de abusos y violaciones contra la población civil, por el enfrentamiento desatado y construido por los medios de comunicación.
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