Por Omar Rivera
Este próximo 12 de agosto de 2010 se celebrará en el mundo entero el Día Internacional de la Juventud; la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó el 17 de diciembre de 1999 la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, 8-12 de agosto de 1998), declarando el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. A partir de esa fecha en cada uno de los países del globo terráqueo se realizan actividades que buscan visibilizar a este tan importante segmento etario y procuran sensibilizar a las autoridades estatales para que promocionen, defiendan y vuelvan una realidad los derechos de los jóvenes.
Honduras, en donde nos gusta la fiesta y la parranda, a lo largo de los últimos años se organizan fiestas y carnavales, y los funcionarios gubernamentales felicitan a la juventud a través de sendos anuncios en los periódicos; mucha algarabía que contrasta con la desatención oficial y los pésimos servicios públicos que reciben aquellos menores de 30 años de edad en el país.
Suspensión consuetudinaria de las clases en los centros educativos, desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y un incremento sustancial del número de homicidios de jóvenes (se estima un aumento del 27% para el periodo 2009-2010) son graves problemas a los que se enfrentan los adolescentes en Honduras; a esto se suma la falta de empleo y crédito, que limita la posibilidad que los jóvenes puedan superar la pobreza que azota a la mayoría de los hogares en el territorio nacional.
Algunas organizaciones no gubernamentales presentan un terrible panorama en lo relacionado a la inseguridad de los menores de edad; según Casa Alianza Honduras, “las muertes violentas y/o ejecuciones de niños, niñas y jóvenes en el país durante las diferentes administraciones de gobierno, revelan que, desde enero de 1998 a febrero de 2010, un total de 5,265 de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, han sido asesinados, teniendo muchas de estas muertes características y patrones de ejecuciones sistemáticas al margen de la ley”.
De acuerdo a los registros de esta organización, durante el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya Rosales (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009) y el régimen de facto que dirigió Roberto Micheletti Bain (29 de junio 2009 al 27 enero 2010) “el saldo de las estadísticas de muertes violentas y/o ejecuciones fue dramático, ya que se suscitaron un total de 2,228 asesinatos de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, cifra que superó en 252 muertes al anterior periodo de gobierno del ex presidente Ricardo Maduro Joest, que cerró su administración con un registro de 1,976 asesinatos de ese grupo generacional. La situación no ha cambiado ostensiblemente durante la administración del presidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, de febrero a junio de 2010, la cifra de asesinatos de menores de 23 años, ascendió a 282.
Al margen de las frías estadísticas, que esconden tragedias, una problemática que afecta dramáticamente la vida de los jóvenes –a tal extremo de quitárselas- es la inseguridad; a fin de evidenciar esto, la Alianza por la Infancia, Adolescencia y Juventud (AIAJ), hizo público recientemente cuatro casos emblemáticos que vale la pena exponer en esta columna para concienciar a los burócratas sobre las fallas en su gestión como gobernantes.
El 15 de septiembre de 1995, mientras participaban en la celebración del Día de Independencia, Marco Antonio Servellón García (16), Rony Alexis Betancourt (17), Diomedes Obed García (19) y Orlando Álvarez Ríos (32), “fueron detenidos de manera ilegal en las cercanías del Estadio Nacional por agentes de la entonces Fuerza de Seguridad Pública (Fusep). En poder de la Policía “fueron torturados por más de dos días y posteriormente ejecutados”. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados “en las distintas salidas de la ciudad: Norte, Oriente, Olancho y Valle de Ángeles”, por lo que al crimen se le denominó “Los 4 puntos cardinales”. Este crimen quedó impune en el ámbito nacional y el 21 de septiembre del 2006, la Corte Interamericana de Justicia emitió sentencia sobre el caso declarando la responsabilidad del Estado.
Isis Obed Murillo (19), miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), quien estudiaba el segundo año de ciclo común en el Instituto “21 de Febrero” de Tegucigalpa, MDC, “fue muerto por impacto de bala de fusil M-16, que, según testigos, provenía de un francotirador”. Este asesinato ocurrió durante una manifestación del FNRP el 5 de julio de 2009. “La Fiscalía maneja de oficio el caso y se sabe que fue disparo militar; a la fecha aún no hay ningún responsable tras las rejas”.
El 22 de junio de 2010, Robert Steven Pérez, joven músico hondureño, conocido como “El Pery”, “fue asesinado cuando recién había salido poco antes de su residencia de la colonia El Hato de En medio, al este de Tegucigalpa, desde donde fue seguido por los criminales”. El Pery fue asesinado de “un balazo en el cuello” mientras se transportaba en su vehículo, por un hombre que viajaba en una motocicleta. “Las autoridades descartaron el robo como motivo del asesinato; según la Policía, el artista “había denunciado hace poco amenazas de muerte a través de su teléfono celular”.
Finalmente, el 22 julio de 2010, “la niña Deysi Griselda Fuentes Mancía, de apenas 15 años de edad, huérfana de padre y madre, fue encontrada asesinada en el camino que conduce a la comunidad de Planes de Zapotalito. Desapareció el día 19 de julio, cuando se disponía a llevarle comida a un hermano suyo que se desempeñaba como jornalero en una de las fincas del sector”. Este crimen sigue impune, nadie ha sido castigado por el mismo.
Sin duda, lo mostrado por la AIAJ, grafica la grave situación de la inseguridad de los jóvenes en Honduras. Ante esto, la acción gubernativa es casi imperceptible, y contrario a lo que podríamos esperar, injustamente se criminaliza a los jóvenes estereotipándolos como bandoleros, facinerosos y criminales, a pesar que la mayor parte de los delitos contra la vida son cometidos en contra de ellos.
Con una débil institucionalidad pública que atienda el sector, los jóvenes están desatendidos, marginados y excluidos; “a la buena de Dios”, intentando sobrevivir en un “polvorín” en el cual la impunidad es extendida.
Según el Observatorio de Violencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “no se tiene información alguna sobre los autores intelectuales y materiales del 51% de los homicidios cometidos en contra de jóvenes” y el 30% de ellos “fueron asesinados por sicarios”; un manto de impunidad cubre al país cuando de crímenes en contra de la juventud se trata.
Vale la pena, a propósito de crímenes en contra de los jóvenes hondureños y de la celebración del Día Internacional de la Juventud, que se implementen políticas integrales y se ejecuten medidas efectivas; la aprobación de la Política Nacional de Juventud y el aumento de presupuesto al Instituto Nacional de la Juventud (INJ); el incremento de la cobertura y el aumento de la calidad de los servicios de salud y educación; la despolitización de los operadores de justicia (jueces y fiscales), la depuración de la Policía Nacional y el fortalecimiento técnico de los cuerpos de investigación criminal; son apenas algunas acciones de impostergable ejecución por parte del Estado para mejorar las condiciones en las que viven los jóvenes en Honduras. No basta festejar, hay que actuar en lo pertinente.
Fuente: tiempo.hn
Este próximo 12 de agosto de 2010 se celebrará en el mundo entero el Día Internacional de la Juventud; la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó el 17 de diciembre de 1999 la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud (Lisboa, 8-12 de agosto de 1998), declarando el 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud. A partir de esa fecha en cada uno de los países del globo terráqueo se realizan actividades que buscan visibilizar a este tan importante segmento etario y procuran sensibilizar a las autoridades estatales para que promocionen, defiendan y vuelvan una realidad los derechos de los jóvenes.
Honduras, en donde nos gusta la fiesta y la parranda, a lo largo de los últimos años se organizan fiestas y carnavales, y los funcionarios gubernamentales felicitan a la juventud a través de sendos anuncios en los periódicos; mucha algarabía que contrasta con la desatención oficial y los pésimos servicios públicos que reciben aquellos menores de 30 años de edad en el país.
Suspensión consuetudinaria de las clases en los centros educativos, desabastecimiento de medicamentos en los hospitales y un incremento sustancial del número de homicidios de jóvenes (se estima un aumento del 27% para el periodo 2009-2010) son graves problemas a los que se enfrentan los adolescentes en Honduras; a esto se suma la falta de empleo y crédito, que limita la posibilidad que los jóvenes puedan superar la pobreza que azota a la mayoría de los hogares en el territorio nacional.
Algunas organizaciones no gubernamentales presentan un terrible panorama en lo relacionado a la inseguridad de los menores de edad; según Casa Alianza Honduras, “las muertes violentas y/o ejecuciones de niños, niñas y jóvenes en el país durante las diferentes administraciones de gobierno, revelan que, desde enero de 1998 a febrero de 2010, un total de 5,265 de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, han sido asesinados, teniendo muchas de estas muertes características y patrones de ejecuciones sistemáticas al margen de la ley”.
De acuerdo a los registros de esta organización, durante el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya Rosales (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009) y el régimen de facto que dirigió Roberto Micheletti Bain (29 de junio 2009 al 27 enero 2010) “el saldo de las estadísticas de muertes violentas y/o ejecuciones fue dramático, ya que se suscitaron un total de 2,228 asesinatos de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, cifra que superó en 252 muertes al anterior periodo de gobierno del ex presidente Ricardo Maduro Joest, que cerró su administración con un registro de 1,976 asesinatos de ese grupo generacional. La situación no ha cambiado ostensiblemente durante la administración del presidente Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, de febrero a junio de 2010, la cifra de asesinatos de menores de 23 años, ascendió a 282.
Al margen de las frías estadísticas, que esconden tragedias, una problemática que afecta dramáticamente la vida de los jóvenes –a tal extremo de quitárselas- es la inseguridad; a fin de evidenciar esto, la Alianza por la Infancia, Adolescencia y Juventud (AIAJ), hizo público recientemente cuatro casos emblemáticos que vale la pena exponer en esta columna para concienciar a los burócratas sobre las fallas en su gestión como gobernantes.
El 15 de septiembre de 1995, mientras participaban en la celebración del Día de Independencia, Marco Antonio Servellón García (16), Rony Alexis Betancourt (17), Diomedes Obed García (19) y Orlando Álvarez Ríos (32), “fueron detenidos de manera ilegal en las cercanías del Estadio Nacional por agentes de la entonces Fuerza de Seguridad Pública (Fusep). En poder de la Policía “fueron torturados por más de dos días y posteriormente ejecutados”. Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados “en las distintas salidas de la ciudad: Norte, Oriente, Olancho y Valle de Ángeles”, por lo que al crimen se le denominó “Los 4 puntos cardinales”. Este crimen quedó impune en el ámbito nacional y el 21 de septiembre del 2006, la Corte Interamericana de Justicia emitió sentencia sobre el caso declarando la responsabilidad del Estado.
Isis Obed Murillo (19), miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), quien estudiaba el segundo año de ciclo común en el Instituto “21 de Febrero” de Tegucigalpa, MDC, “fue muerto por impacto de bala de fusil M-16, que, según testigos, provenía de un francotirador”. Este asesinato ocurrió durante una manifestación del FNRP el 5 de julio de 2009. “La Fiscalía maneja de oficio el caso y se sabe que fue disparo militar; a la fecha aún no hay ningún responsable tras las rejas”.
El 22 de junio de 2010, Robert Steven Pérez, joven músico hondureño, conocido como “El Pery”, “fue asesinado cuando recién había salido poco antes de su residencia de la colonia El Hato de En medio, al este de Tegucigalpa, desde donde fue seguido por los criminales”. El Pery fue asesinado de “un balazo en el cuello” mientras se transportaba en su vehículo, por un hombre que viajaba en una motocicleta. “Las autoridades descartaron el robo como motivo del asesinato; según la Policía, el artista “había denunciado hace poco amenazas de muerte a través de su teléfono celular”.
Finalmente, el 22 julio de 2010, “la niña Deysi Griselda Fuentes Mancía, de apenas 15 años de edad, huérfana de padre y madre, fue encontrada asesinada en el camino que conduce a la comunidad de Planes de Zapotalito. Desapareció el día 19 de julio, cuando se disponía a llevarle comida a un hermano suyo que se desempeñaba como jornalero en una de las fincas del sector”. Este crimen sigue impune, nadie ha sido castigado por el mismo.
Sin duda, lo mostrado por la AIAJ, grafica la grave situación de la inseguridad de los jóvenes en Honduras. Ante esto, la acción gubernativa es casi imperceptible, y contrario a lo que podríamos esperar, injustamente se criminaliza a los jóvenes estereotipándolos como bandoleros, facinerosos y criminales, a pesar que la mayor parte de los delitos contra la vida son cometidos en contra de ellos.
Con una débil institucionalidad pública que atienda el sector, los jóvenes están desatendidos, marginados y excluidos; “a la buena de Dios”, intentando sobrevivir en un “polvorín” en el cual la impunidad es extendida.
Según el Observatorio de Violencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “no se tiene información alguna sobre los autores intelectuales y materiales del 51% de los homicidios cometidos en contra de jóvenes” y el 30% de ellos “fueron asesinados por sicarios”; un manto de impunidad cubre al país cuando de crímenes en contra de la juventud se trata.
Vale la pena, a propósito de crímenes en contra de los jóvenes hondureños y de la celebración del Día Internacional de la Juventud, que se implementen políticas integrales y se ejecuten medidas efectivas; la aprobación de la Política Nacional de Juventud y el aumento de presupuesto al Instituto Nacional de la Juventud (INJ); el incremento de la cobertura y el aumento de la calidad de los servicios de salud y educación; la despolitización de los operadores de justicia (jueces y fiscales), la depuración de la Policía Nacional y el fortalecimiento técnico de los cuerpos de investigación criminal; son apenas algunas acciones de impostergable ejecución por parte del Estado para mejorar las condiciones en las que viven los jóvenes en Honduras. No basta festejar, hay que actuar en lo pertinente.
Fuente: tiempo.hn
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