jueves, 13 de mayo de 2010

Amnistía Internacional pide anulación de procesos contra jueces hondureños opuestos al golpe

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Tegucigalpa, 13 de mayo de 2010. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional (AI), pidió hoy al gobierno de Honduras, la reincorporación de los jueces despedidos por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, situación que pone en entredicho la “independencia judicial”, alegada por la misma Corte.

“Los procedimientos disciplinarios abiertos contra estos funcionarios de justicia (jueces despedidos) debe ser anulados y todos deben ser reincorporados de inmediato”, pide la organización en un comunicado.

De acuerdo con AI, “el sistema judicial está seriamente dañado debido al acoso por motivos políticos, como el sufrido por estos funcionarios” y agrega que un sistema judicial independiente es la piedra angular para la protección de los Derechos Humanos y para garantizar que todos, sin discriminación, tengan derecho a un debido proceso ante la ley.

La semana pasada la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, y el defensor público Osmán Fajardo Morel, fueron despedidos, según la Organización “bajo la preocupación de que ha sido por motivos políticos”.

Los cinco despedidos habían mostrado su desacuerdo con el golpe de Estado perpetrado contra Manuel Zelaya y expresaron sus preocupaciones por escrito, en los meses inmediatamente posteriores al derrocamiento del gobierno.

A pocos días del golpe de Estado, circuló por medios electrónicos un memorando firmado por la jefa de personal de la Corte Suprema hondureña Sandra Lizeth Rivera Gallo, en el que se obligaba a funcionarios y empleados a participar en manifestaciones a favor del golpe de Estado.

Amnistía Internacional cuestiona además, que “Jueces y funcionarios judiciales que participaron en manifestaciones durante el mismo período a favor del golpe de Estado, no se han enfrentado a procesos similares”.

De acuerdo con diferentes organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la Corte Suprema fue un actor clave en el golpe de estado del pasado 28 de junio de 2009, junto con otros operadores de justicia como el Fiscal General.

Fuente: Red Morazánica de Información - resistenciahonduras.net



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