Tuercen informe de Comisión OEA sobre “poner fin a juicios”.
Red Morazánica de Información
Corrales afirmó que “esos son los parámetros que se establecen, en cuanto a este tema, en el informe sobre la situación de Honduras, elaborado por una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Sin embargo, la Comisión no “establece” ningún “parámetro” como expresa Corrales, por cuanto el informe tiene carácter discrecional y se limita, como es la naturaleza de la Comisión, a presentar recomendaciones que podrían ser consideradas, o no, por la Asamblea de la OEA.
Corrales modifica el contenido del documento al agregar que, “el informe es muy elocuente y dice, con absoluta claridad, que [el retorno de Zelaya] es dentro de la legislación hondureña, es un precepto que lo dicen en el primer párrafo”, citó.
En realidad, lo que expresa claramente el primer párrafo de las Conclusiones y Recomendaciones del Informe de la Comisión de Alto Nivel es que: “La Comisión estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras”.
No se refiere, la recomendación en cuestión, al retorno de Zelaya, ni a juicios dentro de un “debido proceso” como dice Corrales.
Y añade el Informe: “Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional la cual no es posible ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”.
Es decir, según el texto del Informe de la Comisión, cerrar –“poner fin”-, a los juicios contra Zelaya, por ser percibido como “políticamente motivados”, deben hacerse siguiendo los procedimientos establecidos “conforme a la legislación de Honduras”.
En cuanto a lo expresado por Corrales sobre que, “el informe dice en su análisis que debe de verse la posibilidad de varias alternativas”, para el tratamiento de los juicios a Zelaya, esa parte del análisis recoge, en realidad, las propuestas que el régimen hizo a Zelaya para someterse a juicio, y que fueron rechazadas por Zelaya, según el mismo Informe.
El punto seis del Análisis, en el Informe, explica que durante la reunión del 7 de julio, Rodolfo Pastor, comisionado por el Presidente Zelaya, “rechazó la posibilidad de designar un representante legal por cuanto significaría reconocer legitimidad a tribunales de justicia que habrían sido autores materiales del golpe de Estado”.
“El Fiscal y los jueces que dictaron las resoluciones son quienes deberían anularlas”, indicando Zelaya que no está dispuesto a “ponerse en manos de sus verdugos” y que esos procesos fueron abiertos en los días posteriores al Golpe, para legitimarlo, según el mismo Zelaya expresara al Secretario Insulza, de acuerdo al Informe de la Comisión de Alto Nivel OEA.
Las otras alternativas para tratar los supuestos juicios, aparecieron posteriormente y son propuestas por el régimen Lobo, a interés de enjuiciar a Zelaya, y no crean recomendaciones, como intentan hacer aparecer. Incluyen: un defensor de oficio que no sea objetado por Zelaya, o solicitar la nulidad, o una moratoria hasta que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación dé su informe.
Considerado lo declaró por Corrales, el régimen Lobo no estaría mostrando ninguna voluntad para realizar, por él mismo, las recomendaciones de la Comisión, y mantiene su misma posición sobre el retorno de Zelaya, a pesar de la recomendación expresa de la Comisión a Lobo que debería hacer práctica su voluntad expresada del regreso de Zelaya.
Puesto que Corrales argumenta: “...corresponde al ex presidente Zelaya dar alguno de los pasos en esa dirección y corresponde a la legislación hondureña, garantizar que sea un debido proceso”.
Corrales participó de numerosos reuniones en el grupo de los articuladores del Golpe, y es también constructor del proceso posterior de acomodación y arreglo para limpiarlo, en el régimen sucesor de facto, al que representa.
Fue lobista internacional en Estado Unidos para una supuesta justificación del Golpe, ante el Congreso y organizaciones de sociedad civil estadunidense, en tanto se aplicaba la estrategia de retrasar las acciones, mientras los golpistas se consolidaban en el poder usurpado, y Estados Unidos hacia creer que castigaba a los golpistas.
Corrales no sólo fue el representante de Porfirio Lobo en las conversaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OEA, también fue el negociador del titular de facto, Roberto Micheletti y la camarilla golpista, que impidieron la reanudación constitucional.
El Secretario General, José Miguel Insulza, en cumplimiento del mandato recibido de los Cancilleres reunidos en Lima, en junio pasado, presentó a la Asamblea General el informe referido a la situación de Honduras, por medio de la Presidenta del Consejo Permanente, Embajadora María Isabel Salvador.
Fuente: Vos el soberano
No hay comentarios:
Publicar un comentario