Por instrucciones de un primo del ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, unos 60 policías armados de fusiles y personas de civil portando moto sierras, destruyeron más de una docena de champas, que son los medios de sustento de alrededor de 200 pobladores de la aldea Cedeño, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, según denunciaron los afectados.
Esta denuncia fue interpuesta ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, por parte de los propios pobladores que llegaron desde el Sur del país, este lunes 05 de abril.
La acción se llevó a cabo a través de una orden de desalojo ilegal de acuerdo al análisis del Área de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) , hasta donde llegaron los y las pescadoras.
El Cofadeh sostiene que el juzgado que emitió la orden de desalojo, no cumplió los cinco días hábiles para que los pescadores y pescadoras desalojaran los predios en donde tiene edificadas sus champas para la venta de pescado y mariscos, sino que el mismo día que se presentaron representantes judiciales (jueves 25 de marzo), ordenaron el desalojo y la destrucción de las champas.
“No hubo heridos, aunque la mayor parte de nosotras éramos mujeres, porque los pescadores se encontraban en Tegucigalpa pidiendo apoyo por lo sucedido con los mucos, no accionamos porque habían como 60 militares y 30 civiles pagados por Marina Herrera, con motosierras, hachas y machetes para destruirnos nuestros predios, en el momento que hacía eso, nosotras le imploramos al juez:..señor juez mire que estamos en la playa, la playa es de los pescadores”, narró Marylen Sohey Amaya.
La operación policial se produjo días antes de la celebración de la semana santa y afectó severamente la economía de cientos de pescadores y pescadoras que sobreviven gracias a la venta de pescado y mariscos. De 21 champas edificadas 13 fueron derribadas a hachazos y con moto sierras.
Con mucha tristeza Sandra Lilian Reyes narró que unas 18 mujeres a las que iba a emplear para vender comida en el período de semana santa, perdieron la oportunidad de contar con un trabajo temporal que significaba unos 2 mil 500 lempiras como pago para la semana.
“Después del desalojo le dejaron ocho policías en su casa (a de Benjamín Velásquez), toda la semana santa estuvo custodiada la casa, cómo es posible que a los pescadores que los están matando en Nicaragua, no les pueden asignar una panga del Estado para que los cuide y en aguas hondureñas los están matando”, exclamó Reyes.
“Este fue un acto criminal lo que hicieron con nosotras, por eso andamos pidiendo ayuda porque las autoridades, vimos en Choluteca que le prestaron toda la ayuda a ellos y no a nosotras”, dijo la denunciante.
Kenia Cardona procuradora de derechos humanos del Cofadeh cuestionó a las autoridades policiales que ejecutaron el desalojo, que permitieron que civiles armados con pistolas y sierras eléctricas procedieran al derribo de las edificaciones.
Las mujeres afectadas denunciaron que Benjamín Velásquez y Marina Herrera promovieron el desalojo violento ante los juzgados de Choluteca sin permitirles la debida defensa y obviando el permiso que los pescadores y pescadoras poseen a través de la municipalidad de Marcovia.
Las denunciantes sostuvieron que Benjamín Velásquez les aseguró que es primo del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez y que como tal, tenía amigos en la policía e influencias políticas.
Al parecer Benjamín Velásquez y Marina Herrera adquirieron una parcela de tierra en noviembre del año pasado y sostienen que la poseen en dominio pleno y que está registrado en Registro de la Propiedad.
Sin embargo las colindancias de dichos terrenos no coinciden con el sector en el cual se ubican una veintena de negocios de venta de pescado y mariscos que han funcionado por más de 10 años a lo largo de la playa y que son propiedad de los habitantes de Cedeño.
Marylen Sohey Amaya se quejó de la actitud asumida por parte del presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Honduras (Fenapescah), Félix Paz (cuñado de Benjamín Velásquez), quien no les notificó del desalojo.
“El sabía muy bien que nos iban a llegar a desalojar y a derribarnos nuestros predios porque el mismo día que lo estaban haciendo, yo hablé con él y él no se hizo presente para defendernos, lo que quiere decir que también él era partícipe de lo ocurrido ese día”, sostuvo Amaya.
Por su parte la señora Sandra Lilian Reyes dijo que “nunca, nunca nos hicieron llegar una orden de desalojo, es más, ese día se la pedimos al juez, pero él dijo aquí la tengo y nunca nos la dio”.
El Cofadeh considera que el procedimiento utilizado por el juzgado de Choluteca para ejercer el desalojo está viciado de errores de procedimiento y hasta de Abuso de Autoridad, porque no se permitió el derecho a la defensa de los afectados y afectadas.
Asimismo se observa que el juzgado ignoró que las playas son de carácter nacional y que los terrenos que ocupan los pescadores y pescadoras de Cedeño han sido utilizados por más de 10 años.
Con este desalojo queda evidenciado el grave problema que enfrentan miles de familias de escasos recursos en el país, cuyas propiedades están a la expensa de terratenientes avorazados y políticos maliciosos, que utilizan sus influencias para afectar a comunidades que como en el caso de Cedeño, viven de la pesca en el Golfo de Fonseca.
Fuente: Defensores en línea
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“Después del desalojo le dejaron ocho policías en su casa (a de Benjamín Velásquez), toda la semana santa estuvo custodiada la casa, cómo es posible que a los pescadores que los están matando en Nicaragua, no les pueden asignar una panga del Estado para que los cuide y en aguas hondureñas los están matando”, exclamó Reyes.
“Este fue un acto criminal lo que hicieron con nosotras, por eso andamos pidiendo ayuda porque las autoridades, vimos en Choluteca que le prestaron toda la ayuda a ellos y no a nosotras”, dijo la denunciante.
Kenia Cardona procuradora de derechos humanos del Cofadeh cuestionó a las autoridades policiales que ejecutaron el desalojo, que permitieron que civiles armados con pistolas y sierras eléctricas procedieran al derribo de las edificaciones.
Las mujeres afectadas denunciaron que Benjamín Velásquez y Marina Herrera promovieron el desalojo violento ante los juzgados de Choluteca sin permitirles la debida defensa y obviando el permiso que los pescadores y pescadoras poseen a través de la municipalidad de Marcovia.
Las denunciantes sostuvieron que Benjamín Velásquez les aseguró que es primo del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez y que como tal, tenía amigos en la policía e influencias políticas.
Al parecer Benjamín Velásquez y Marina Herrera adquirieron una parcela de tierra en noviembre del año pasado y sostienen que la poseen en dominio pleno y que está registrado en Registro de la Propiedad.
Sin embargo las colindancias de dichos terrenos no coinciden con el sector en el cual se ubican una veintena de negocios de venta de pescado y mariscos que han funcionado por más de 10 años a lo largo de la playa y que son propiedad de los habitantes de Cedeño.
Marylen Sohey Amaya se quejó de la actitud asumida por parte del presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Honduras (Fenapescah), Félix Paz (cuñado de Benjamín Velásquez), quien no les notificó del desalojo.
“El sabía muy bien que nos iban a llegar a desalojar y a derribarnos nuestros predios porque el mismo día que lo estaban haciendo, yo hablé con él y él no se hizo presente para defendernos, lo que quiere decir que también él era partícipe de lo ocurrido ese día”, sostuvo Amaya.
Por su parte la señora Sandra Lilian Reyes dijo que “nunca, nunca nos hicieron llegar una orden de desalojo, es más, ese día se la pedimos al juez, pero él dijo aquí la tengo y nunca nos la dio”.
El Cofadeh considera que el procedimiento utilizado por el juzgado de Choluteca para ejercer el desalojo está viciado de errores de procedimiento y hasta de Abuso de Autoridad, porque no se permitió el derecho a la defensa de los afectados y afectadas.
Asimismo se observa que el juzgado ignoró que las playas son de carácter nacional y que los terrenos que ocupan los pescadores y pescadoras de Cedeño han sido utilizados por más de 10 años.
Con este desalojo queda evidenciado el grave problema que enfrentan miles de familias de escasos recursos en el país, cuyas propiedades están a la expensa de terratenientes avorazados y políticos maliciosos, que utilizan sus influencias para afectar a comunidades que como en el caso de Cedeño, viven de la pesca en el Golfo de Fonseca.
Fuente: Defensores en línea
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