Esa destitución "puede tener el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquellas expresadas por las autoridades locales", reza un comunicado firmado por los relatores de libertad de expresión, Frank La Rue, de independencia de jueces, Gabriela Knaul, y de defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya.
"Esto representaría un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos", afirman.
Los relatores dan cuenta que los jueces Guillermo López Lone, Luis Chávez y Ramon Enrique Barrios, y la magistrada Tirza Flores, fueron notificados de su expulsión de la carrera judicial el pasado 18 de junio, una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Honduras por supuesto "incumplimiento o violaciones graves de sus deberes".
Pero los expertos independientes estiman que en el anuncio de la medida, no aparecen los fundamentos jurídicos "que justifiquen por qué las conductas objeto del procedimiento disciplinario fueron consideradas como graves", concluyendo que presuntamente se encubre una represalia contra los sancionados, por haber cuestionado el golpe contra Zelaya.
Los cuatro funcionarios judiciales castigados integran la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), que el mes pasado pidiera al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que exija al nuevo gobierno de Honduras de Porfirio Lobo, "un compromiso" con los derechos humanos, si quiere que su país vuelva a la OEA, de donde fuera desalojado a causa del golpe de Estado.
Los tres jueces y la magistrada han apelado la resolución de la Corte que los perjudica ante el Consejo de la Carrera Judicial de Honduras, un recurso que está pendiente de resolución.
Fuente: Tiempo.hn
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