El documento fue entregado ayer por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a través de la presidenta del Consejo Permanente, la embajadora María Isabel Salvador.
La Comisión propuso siete puntos que pueden servir para allanar el camino que conduzca al retorno de Honduras a la OEA.
Honduras fue expulsada por la OEA, tras el golpe de Estado contra el ex presidente, Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio de 2009.
A continuación las conclusiones:
1.- La Comisión estima conveniente poner fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto en contra del ex Presidente Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras. Para adoptar esta recomendación, la Comisión ha considerado que, si bien los dos procesos que quedan pendientes en contra del ex Presidente Zelaya corresponden a hechos ocurridos con mucha anterioridad al golpe de Estado, estos procesos y la acción de la Fiscalía recién fueron formalizados después de que el ex Presidente Zelaya fuera derrocado de sus funciones como mandatario del país, al mismo tiempo que se presentaban en su contra acusaciones tales como la traición a la patria, abuso de autoridad y otras, en medio del clima político negativo que siguió al golpe de estado. Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional la cual no es posible ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas.
2.- La Comisión resalta la disposición del Presidente Porfirio Lobo para otorgar al ex Presidente Zelaya la protección a que tienen derecho los ex Presidentes de la República en territorio hondureño y recomienda que la misma se ponga en práctica una vez que el ex Presidente Zelaya retorne a su país.
3.- Se recomienda que el ex Presidente Zelaya solicite a la Junta Directiva del PARLACEN su incorporación a dicho organismo. La Comisión considera que dicha incorporación reconocería al ex Presidente Zelaya su carácter como Presidente Constitucional de la República de Honduras previo al Presidente Porfirio Lobo.
4.- La Comisión considera que la colaboración prestada por el Gobierno de Honduras durante la visita de la CIDH el pasado mes de mayo, las comunicaciones enviadas por el Presidente Lobo al Secretario General sobre esta materia, las medidas posteriores informadas por la Ministra Asesora en Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos y la presencia de un asesor externo para la investigación de los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humanos entre otros, constituyen medidas positivas. Al mismo tiempo, la Comisión reconoce la necesidad de acciones concretas de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH, en especial las siguientes:
a) El avance decidido en las investigaciones para esclarecer el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
b) La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que participaron en actividades contra el golpe de Estado y la implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo. La Comisión recibió la comunicación de la Ministra Asesora en Derechos Humanos informando que en la Secretaría de Seguridad se ha creado la Unidad de Derechos Humanos para apoyar el trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
c) Dotar a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras del personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de manera eficiente a la defensa de los derechos humanos de los hondureños y a las medidas cautelares de la CIDH. La Comisión ha conocido la carta enviada por la Ministra Asesora en Derechos Humanos en la cual informa sobre la decisión tomada por su Gobierno para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
d) El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión conoció de la creación de la Unidad de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para apoyar las investigaciones en esta materia.
e) El apoyo efectivo al trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y de la Oficina de la Ministra Asesora en Derechos Humanos. La Comisión valora el trabajo que ambas instituciones realizan, pese a la precariedad de recursos financieros y humanos. Considera que ese trabajo puede tener un impacto significativo sobre la vigencia de los derechos humanos, si se les asignan los recursos necesarios para realizar un trabajo efectivo de vigilancia, protección y transformación del Estado hacia una cultura de promoción y protección de los derechos humanos. La Comisión conoció con satisfacción las propuestas del Gobierno hondureño para asignar recursos a estas instancias y apoyó su pronta implementación. Asimismo, conoció las solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la investigación de violaciones a los derechos humanos.
5.- La Comisión considera que la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación debe contar con el pleno apoyo y colaboración de todos los sectores de la sociedad hondureña para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009. La Comisión toma nota con satisfacción de la disposición de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para examinar los temas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.
6.- La Comisión toma nota de la disposición favorable del Presidente Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos, en el cual se discutan los temas de interés de todas las partes, con el objetivo de lograr la reconciliación de la sociedad hondureña. Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.
7.- La Comisión presenta este informe a la consideración de la Asamblea General para que ésta, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, adopte las decisiones que considere apropiadas con relación a la situación de Honduras.
Fuente: Tiempo.hn
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