La comisión de verdad no es alternativa

Por Gustavo Zelaya

La formación de la Comisión de la Verdad, oficial para más señas, puede provocar algunas discusiones sobre cómo entender las nociones de objetividad y verdad, en especial porque algunos de sus integrantes formados en las ciencias sociales y en las jurídicas parece que tienen antipatía a los “principios” y a los “compromisos” con ideologías que llaman “trasnochadas”. Podría ser que en ellos exista la convicción inconmovible de que en el movimiento social hay unas leyes tan objetivas como las descubiertas por las ciencias naturales, hasta el punto de considerarlas absolutas e inevitables, del mismo carácter que los dogmas religiosos. Si se sigue este argumento, las condiciones, los sucesos, los acontecimientos derivados del 28 de junio de 2009 deben confirmarse a partir de esas leyes y otros eventos, que de modo extraño, misterioso, podrán mostrar que toda las iniciativas voluntarias que pretendan alterar el curso de la historia son inútiles, por no haberse ajustado a lo que señalan las ciencias sociales. Y así, se demostrará que toda forma de resistencia no tiene sentido ni necesidad en el momento actual, por ser ahistórica. La verdad encontrada no tendrá que tomar en cuenta las ideas caprichosas de personas que no “entienden” de objetividad, de leyes sociales, de métodos de investigación, etc., por no haber sido formadas científicamente. Por ello los miembros de esa Comisión investigarán hechos, eventos, datos que pueden verse y cuantificarse como parte de un objeto de investigación, pero de ninguna manera mencionarán al objeto como lo que realmente es: golpe de estado.

Todo ese ropaje técnico, científico, objetivo, que envuelve a la Comisión de la Verdad forma parte de unas maneras “novedosas” de interpretar la vida social. Son los proyectos sociales que apuestan a excluir de cualquier solución todo lo que perturbe los cimientos sobre los que se organiza la sociedad hondureña, así como eliminar la participación conciente y activa de las clases históricamente oprimidas. El accionar de comisiones de ese tipo se inscribe en las corrientes que sostienen que estamos frente al “fin de las ideologías” y que por ello se deben depurar las teorías de toda influencia foránea y poder impulsar programas reformistas que permitan aplicar las ciencias sociales, humanas o del espíritu como herramientas tecnológicas y de reingeniería social. De lejos se nota que la superación de la ideología gracias a esa técnica social no es más que otra variante de la ideología burguesa de la “neutralidad ideológica”.

Esos intentos de dotar de tecnología al poder político y sus derivados como las comisiones de verificación, interinstitucionales, de la verdad o de seguimiento, es con la intención de hacer creer que el aparato de gobierno puede manejarse eficientemente a pesar de la política, pueden verse en los gobiernos de Carlos Flores y Ricardo Maduro cuando mencionaron la necesidad de reingenierías sociales. En esos dos ejemplos de la política tradicional, mencionar la expresión no significó poner en práctica lo que Karl Popper denominó “ingeniería” social, pensada como opción reformista a las prácticas socialistas. Como siempre, las ideas burguesas son recibidas tardíamente por la oligarquía local. Según Popper, una fantasía sostenida por el marxismo consistía en concebir la sociedad como una totalidad que podía ser transformada radicalmente, por ello consideraba que la felicidad no debía instaurarse por vías políticas sino a través de los medios privados que harían posible generar reformas inmediatas y parciales, como la construcción de sistemas de salud pública, construcción de hospitales, carreteras y escuelas, para
enfrentar problemas específicos. Todo ello sin tocar los fundamentos y la estructura que hacía posible la desigualdad. Alguien podría creer que existía una bondadosa ingenuidad en Popper, cuando más bien en el fondo mostraba una clara complicidad con el sistema capitalista y un rechazo ideológico a las propuestas revolucionarias.

La “ingeniería social”, el “fin de las ideologías”, la ciencia libre de valores y la neutralidad ideológica no son más que unas cuantas expresiones de la ideología burguesa que intenta ponerse a tono con las exigencias de cambio social, que sostienen que el uso de herramientas técnicas y científicas, haciendo a un lado las ideologías, es una necesidad histórica acorde con la globalización en la época de la informática, la competitividad y la tecnología de punta. Frente a estas manifestaciones de la ideología capitalista lo menos que puede esperarse es sostener posiciones indiferentes.

Por ello debe sostenerse que los planes, las declaraciones, la metodología que se derive de la Comisión de la Verdad no tendrán ningún valor si a todos los participantes sociales no se les considera al momento de conocer puntos de vista diferentes a los oficiales.

Sostener también que la noción de “La Verdad” es compleja y que siembra dudas desde el punto de vista de cualquier disciplina que se precie de ser científica, sobre todo cuando se le reviste de formas y contenidos absolutos, cuasi religiosos, que no toman en cuenta que la escogencia de una forma de verdad, incluyendo juicios sobre las circunstancias sociales y concepciones, es seleccionar una categoría social, un producto humano construido a partir de acciones sociales, a veces concientes y al cual se opta desde una visión más menos compartida.

Considerando lo anterior puede afirmarse que entre la Comisión de la Verdad y la Comisión de Verdad hay diferencias de fondo que permiten decir que la Comisión de Verdad no es una comisión alternativa, no es una opción, ni es equivalente a la comisión oficial y tampoco se le contrapone. En lenguaje lógico-matemático la alternativa es algo que se puede o no elegir, algo que se puede o no hacer y ambas opciones son equivalentes. En el caso de la Comisión de Verdad el objetivo es investigar las violaciones a los derechos humanos a partir de los testimonios y denuncias de las víctimas, de los informes elaborados por otras instituciones y presentar sus resultados en un plazo máximo de un año. No va tratar, entonces, de presentar un informe alternativo a la comisión oficial, que más bien ocultará conclusiones durante diez años para favorecer a los victimarios. Nada raro, ya que está organizada, y estructurada según los designios de un gobierno continuador del golpe de estado.

7 de julio de 2010.