El control del poder está en otras manos a consecuencia del golpe de Estado

Editorial Diario Tiempo, 14 de junio de 2010

El presidente Lobo Sosa, para denotar la composición variopinta de los defensores de la democracia que conspiran para aplicarle la “sucesión constitucional”, ha dicho que la conjuración es “tuti fruti”.

Esa burlona definición hace recordar a un político de nuestro patio, aficionado a la ironía, quien se hizo el harakiri político, hace ya muchos años, cuando, para dar la impresión de que representaba distintos sectores del espectro partidista, se autocalificó de “tuti fruti”.

Así lo da a entender el presidente Lobo Sosa, en tanto explica que los conspiradores --en cuyos aquelarres golpistas hay abundancia de alcohol (del que se bebe, por supuesto, no del antiséptico)— son nacionalistas, liberales, empresarios… “Hay de todo”, concluye, excepto militares. Esto quiere decir, entonces, que por ahí debe también andar el “opus dei”.

Tal como se presenta este nuevo proyecto de “la cosa”, pareciera indicar que el poder en el Estado ha caído francamente en la volatilidad política, en el desorden institucional. No de otra manera podría entenderse la lenidad del Ministerio Público ante una grave denuncia del Ejecutivo, que, aún en una sociedad tan permisiva como la hondureña, causa desconcierto y conmoción.

El fiscal general, Luis Alberto Rubí, dice no haber actuado de oficio en este caso porque no le han presentado una acusación ni tampoco evidencias. “El Ministerio Público sólo actúa sobre hechos que podemos investigar y probar, no puede actuar por lo que dicen otros”. Sin embargo, no fue esto lo practicado con el presidente Mel Zelaya en el contexto del golpe de Estado.

Asimismo, produce desasosiego y expectación que el presidente de la República, al dejar el país rumbo a Sudáfrica --junto con buena parte de su cohorte palaciega-- en medio de la crisis y la incertidumbre, deje sueltas las riendas del Ejecutivo para no inquietar las presumibles aspiraciones presidenciales del trío de designados a la Presidencia de la República, quienes se niegan a asumir su función constitucional.

Esto indica, en principio, que son innecesarios los designados presidenciales, y, por lo tanto, deberán ser eliminados de la fórmula del Poder Ejecutivo para beneficio, entre otras cosas, del Presupuesto General de la República.

Pero también significa que el control del poder está en otras manos, a consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio/09, mediante la re-militarización de la política y del poder público en Honduras.

Una situación que no puede disimularse ni con la demagógica ficción de que, en ausencia del gobernante, “queda al frente el pueblo hondureño, de presidente”.

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