Omar Rivera
La comunidad internacional está presionando al presidente Porfirio “Pepe” Lobo para que avance en el proceso profiláctico que permitirá higienizar la estructura estatal que planificó y ejecutó el golpe de Estado del pasado 28 de junio de 2010; lo presiona vehementemente, porque fue él quien nombró en privilegiadas posiciones gubernamentales a muchos de los más connotados golpistas del país.
Ahí está Vilma Cecilia Morales como presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); Arturo Corrales Álvarez ejerciendo como Secretario de Planificación y Cooperación Externa (Seplan); Romeo Vásquez Velásquez en la gerencia general de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y a varios militares –que tuvieron directa participación en las acciones que rompieron el orden constitucional en el país- al frente de la Dirección de Marina Mercante, la Dirección de Migración y Extranjería, y la Dirección de Aeronáutica Civil.
“Dime con quién andas y te diré quién eres” dice el refrán. Es imposible que los gobiernos extranjeros y organismos multilaterales confíen en un mandatario que tiene como cercanos colaboradores a personas que son capaces de transgredir la Carta Magna y acuerpar un régimen de facto.
Lobo Sosa debe dar señales claras respecto a su voluntad de fortalecer el sistema democrático en Honduras, ver hacia el futuro y no enredarse con episodios funestos y actores nefastos que en el pasado reciente propiciaron que nuestra nación se convirtiera en paria internacional. Debe demostrar que no es heredero del arbitrario y espurio gobierno que Roberto Micheletti Bain condujo, debe dar señales de ser civilizado.
Alejarse de los golpistas permitirá avanzar en el proceso de readmisión de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y a la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que facilitará el restablecimiento de los flujos de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos de las principales fuentes de recursos para costear los más importantes programas y proyectos de infraestructura y de desarrollo social en la nación.
En el ámbito de las competencias y facultades que la Ley le otorga, Pepe Lobo debe avanzar en la ruta esterilizadora que las circunstancias demandan, eliminando los gérmenes que maculan el lienzo de su gestión gubernativa; porque en el caso de los operadores de justicia que complotaron en contra de la institucionalidad estatal, ahí ya el Congreso Nacional ha tomado cartas en el asunto y en los próximos días se evaluará la conducta de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público, para hacer lo que corresponda. Tenemos que pasar la escoba, ¡urge!
No hay comentarios:
Publicar un comentario