Organizaciones de derechos humanos de Europa solicitaron a la Unión Europea mantenga y extienda las sanciones contra Honduras
Organizaciones de derechos humanos de Europa solicitaron este miércoles a la Unión Europea, UE, repudiar la posibilidad de una amnistía, exigir una Comisión de la verdad que pueda garantizar los derechos de las víctimas, a la justicia, a la reparación y a establecer garantías de no repetición frente a las violaciones de derechos humanos.
Esa reacción tiene como causa el anuncio de la UE del posible reinicio de negociaciones del Acuerdo de Asociación entre ésta y Centroamérica, en Bruselas a finales de febrero próximo.
Además le solicitan que mantenga y extienda las sanciones contra Honduras adoptadas con el golpe al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, quien en una transición ilegitima asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero.
En una carta enviada a Herman Van Rompuy, Presidente Permanente de la Unión Europea, Jose Luis Rodríguez Zapatero, Presidencia española de la Unión Europea; Catherine Asthon, Alta Representante para la Política Exterior y Vicepresidenta de la Comisión Europea y a Karel de Gucht/Benita Ferrero, Comisario de Comercio Exterior de la UE, las organizaciones le insisten el mantenimiento de las sanciones tanto a nivel de cooperación y diplomáticas a fin de no aceptar en territorio europeo a ninguna persona vinculada con el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
“Recordamos igualmente que el régimen de facto no desaparecerá con la transición presidencial ilegítima del próximo 27 de enero, tanto la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, como otras instancias del Estado están no solamente comprometidas con el golpe de Estado, sino con las violaciones de derechos humanos y, en particular el crimen de persecución política denunciado ante la Corte Penal Internacional”, dice el documento.
Agregan que estas sanciones por tanto deben mantenerse y extenderse en relación con la persona de Porfirio Lobo Sosa, quien asumirá la transición del régimen de facto el próximo 27 de enero, habiendo sido electo en un proceso electoral no reconocido por la comunidad internacional y viciado por la militarización del país, las limitaciones a las libertades fundamentales y bajo la perpetración del crimen de persecución política desde el golpe de Estado mismo.
Para las organizaciones firmantes de la carta Lobo Sosa no solamente no condenó el golpe de Estado ni ha condenado las violaciones de derechos humanos perpetradas desde entonces, sino que además en su condición de jefe de su bancada política y de presidente electo no contribuyó al restablecimiento del orden democrático, ni al cumplimiento del Acuerdo Guaymuras/San José que hubiese permitido un gobierno de unidad nacional y de reconciliación entre los hondureños. Por el contrario promueve una amnistía para cobijar con la impunidad los crímenes perpetrados por el régimen golpista.
La Unión Europea y los Estados miembros no deberían dar señal alguna de que puede legitimarse un golpe de Estado a través de un proceso electoral cuando no se ha garantizado el restablecimiento previo de la democracia y las autoridades electas ellas mismas han sido auspiciadoras o cómplices del rompimiento de la democracia, esto sentaría un pésimo precedente para Latinoamérica, una región que celebra en este 2010 el bicentenario de la independencia y cuya construcción democrática ha costado la vida y la libertad de millones de personas, se reiteran.
Para estas organizaciones los anuncios de la UE sobre la reanudación de relaciones con el próximo gobierno que nació del golpe de Estado les parece contradictorio a la política exterior que promueve la Unión Europea para favorecer el respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y la integración regional que se decidiera reanudar las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
La situación en Honduras es una razón más para que se siga congelando estas negociaciones y que se dé tiempo tanto para que se restablezca una democracia plena en la región como para que se preste más atención a las consecuencias sociales y medioambientales de dicho acuerdo.
La carta es firmada Souhayr Belhassen, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH; Dilcia Figueroa, Presidente Coordinadora Grupo Sur; Martin Wolpold Bosien Fian Internacional y Luis Guillermo Pérez Casas, de CIFCA - Iniciativa de Copenhague para América Central y México. Ver contenido completo de la carta.
Fuente: Defensores en línea
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