Ineficacia de los recursos jurídicos para proteger los derechos humanos que se han visto gravemente violentados con la deslegitimación institucional, desde el 28 de junio anterior, destaca el informe “Honduras Derechos Humanos y Golpe de Estado”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicado este 20 de enero.
La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 17 al 21 de agosto, estableciendo oficinas de denuncias en Tegucigalpa, Comayagua, El Paraíso, San Pedro Sula y Tocoa, Colón, donde llegaron cientos de denunciantes que relataron los vejámenes de que fueron víctimas por parte del gobierno de facto, a través de los cuerpos represivos.
En el documento este organismo internacional de derechos humanos condena que pese a los esfuerzos de la comunidad internacional no se haya permitido el regreso del Presidente Zelaya a la Presidencia de Honduras. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesario para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país.
En ese marco, el informe destaca las innumerables denuncias que se han recibido sobre información que numerosos defensoras y defensores de derechos humanos se encontraban en situación de riesgo, por el papel protagónico que han jugado desde el golpe de Estado.
Obstaculizan labor de los y las defensores de derechos humanos
Los entes judiciales obstaculizan labor de los y las defensores de derechos humanos
Asimismo, los defensores hicieron referencia a los obstáculos para el ingreso a centros de detención y otros lugares no habilitados por la ley donde se realizaron detenciones arbitrarias, y a hospitales. También denunciaron las dificultades existentes para el acceso a expedientes judiciales, dado que se requieren gestiones burocráticas que no eran necesarias antes del golpe de Estado.
Para obstaculizar su labor se han utilizado medios estatales para perpetrar hostigamientos en contra de mujeres y hombres que defienden los derechos fundamentales, a través de mecanismos tales como el inicio de investigaciones policiales y judiciales, detenciones arbitrarias, agresiones, intimidación, vigilancia y seguimientos.
La CIDH recibió denuncias que algunas de estas organizaciones de derechos humanos sufrieron cortes de energía eléctrica en sus oficinas, interrupción de las comunicaciones e interceptación de sus cuentas de correo electrónico. Algunas sedes fueron baleadas por sujetos fuertemente armados y se les arrojaron bombas, mientras que otras fueron registradas.
El 22 de septiembre unos 15 policías lanzaron bombas lacrimógenas contra el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH. Ese día los cuerpos represivos llevaron a cabo un desalojo violento contra miles de personas que se encontraban en las afueras de la Embajada de Brasil, hasta donde llegó el presidente Manuel Zelaya Rosales, el día anterior. Tras esa represión más de un centenar de personas corrió a refugiarse en las oficinas de esta organización, hasta donde pretendieron ingresar los policías, tras el lanzamiento de gases tóxicos. Ver antecedentes de este caso.
Debido a varios actos represivos contra miembros del COFADEH, la CIDH emitió medidas cautelares el 17 de noviembre anterior a favor del personal del esta organización y sus familiares, para lo cual pidió información al Estado hondureño en el término de 20 días, sin embargo en ese lapso se han producido más actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra esta personas.
Tolerancia a violaciones de derechos humanos desde Sistema de Justicia
En el informe la CIDH señala que junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
Las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia de Honduras niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones
Las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, asociación, libertad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, a los derechos políticos, a los derechos de las mujeres y grupos minoritarios se vieron exacerbadas por la falta de una institucionalidad que permita canalizar las denuncias, investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, de acuerdo a lo que se expresa en una nota general sobre el informe.
Asimismo el organismo internacional señala que los sectores de la sociedad hondureña que condenan el golpe de Estado le manifestaron su temor a sufrir represalias por parte de los agentes de seguridad y su desconfianza en el actuar de las instituciones que no han condenado enérgicamente la ruptura de la institucionalidad democrática y se han mostrado inactivas frente a las denuncias de conocimiento público.
Las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia de Honduras niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.
Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, del informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Vea informe completo.
Fuente: Defensores en línea
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