Red Morazánica de Información
Red Morazánica de InformaciónTegucigalpa 07 de octubre de 2010. Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos europeas, Instaron a la Unión Europea a “condicionar el Programa de Apoyo al Sector de Seguridad (PASS) hasta que el Estado de Honduras haya implementado acciones concretas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la protección real de los defensores y defensoras de derechos humanos”.
Mediante una carta enviada a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Catherine Ashton, las organizaciones instan a la Unión Europea UE, a tomar medidas para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos.
Según el Observatorio Ecuménico para los Derechos Humanos en Honduras del CLAI, el condicionamiento del programa supondría la suspensión de un desembolso de 44 millones de euros, para apoyo al sistema de seguridad y de justicia en Honduras
La organizaciones solicitan a la UE que le exija al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, la investigación y juzgamiento de todos los responsables de violaciones a los derechos humanos, y asegurando reparación a las víctimas.
De igual manera, solicitan la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la Resistencia, y jueces; así como el establecimiento de mecanismos para la implementación efectiva de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Las organizaciones urgieron una respuesta de la UE, “en el marco del primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Honduras el 4 de noviembre 2010, con esta carta queremos subrayar algunos de los problemas que enfrenta Honduras e instar a la Unión Europea a tomar medidas para contribuir a mejorar esta situación”, frente a las violaciones de derechos humanos, después del golpe de Estado,
Denuncian en la carta que desde el golpe de Estado, y después de la llegada al Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y periodistas.
Así mismo, recuerdan a la UE, “que desde el mes de marzo de este año, se han cometido 10 asesinatos de periodistas o comunicadores sociales, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha, algunos de los cuales como el caso del periodista Nahum Palacios”, sujeto a protección por parte del Estado por contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Las organizaciones le expresan a la Alta Comisionada que, constataron que continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias a manifestantes de la oposición
Aseguran en la carta que la impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios en el país, “todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidos después del golpe de Estado, incluyendo el caso conocido del asesinato del defensor LGBT Walter Tróchez el 13 de diciembre de 2009”
Sobre la administración de justicia, señalan que los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a recursos efectivos han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y politización.
En el caso del conflicto agrario en el Bajo Aguán, los defensores de los derechos humanos le expresan a la Alta Comisionada, que desde principios de este año, 11 campesinos han sido asesinados, y hasta la fecha no hay evidencia de que se hayan realizado investigaciones serias sobre éstos crímenes.
Acciones como la aprobación de un decreto de amnistía8 y el otorgamiento del cargo de diputado vitalicio a Roberto Micheletti9 debilita la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público
Sobre la recién creada Secretaria de Justicia y de Derechos Humanos, las organizaciones manifiestan que “aunque nos preocupa el rol que ha jugado el actual Comisionado de derechos Humanos, Ramón Custodio López, opinamos que la creación de la Secretaria podría entrar en competencia con la actual institución del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) el cual es un órgano independiente del Estado”.
Cuestionan que en lugar de crear nuevas instituciones, el gobierno de Lobo Sosa debería tomar acción para reestablecer la credibilidad de la institucionalidad existente, como es el caso de la CONADEH, dando a entender que se debería destituir a Custodio López.
Otra acción cuestionada es la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que según lo observado por la misión que visitó Honduras, cuenta con una serie de limitaciones que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.
Expresan en la carta, que el mandato de la Comisión excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos humanos; a su vez el decreto presidencial que crea dicha Comisión carece de fuerza de ley de la República y por ello no vincula al poder Judicial y al poder Legislativo, quienes cooperaron con el golpe de Estado y quienes, de encontrarse responsables, deberían ser sujetos a las recomendaciones de la Comisión.
Las Organizaciones solicitan a la UE, apoyar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras para asegurar su labor clave en la protección y promoción de derechos humanos, ampliando la participación de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, a la Resistencia y a los movimientos sociales, así como el incremento del apoyo financiero al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en Honduras.
Las organizaciones firmantes son: Asociación latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo ALOP, APRODEV, Juntos en pro de la Justicia Global CIDSE, Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México CIFCA, FIAN Internacional, Grupo SUR y OXFAM Internacional.
Fuente: ResistenciaHonduras.net
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