QUITO — En Honduras a los ejecutores del golpe de Estado contra Manuel Zelaya se les premio con un cargo en la administracion publica en Ecuador se encuentran encarcelados los presuntos participes en el alzamiento policial contra el presidente Rafael Correa.
Esta rebelion policial se prodjo el 30 de septiembre, al que han sido vinculados también efectivos de la fuerza aérea, que puso al país al filo de la ruptura democrática.
Tras una audiencia de siete horas, la jueza de Garantías Penales de Pichincha, Tania Molina, ratificó la orden de prisión, lo que faculta a la fiscalía mantenerlos detenidos hasta por 90 días, excepto si presentan antes pruebas de descargo que les permita salir.
Los 12 policías fueron trasladados, con custodia militar, a la cárcel 4 de Quito.
El abogado defensor, Patricio Armijos, dijo a periodistas que "vamos a apelar ante la Corte Provincial de Justicia. Espero que en un acto de estricta justicia revoque la orden de prisión preventiva".
Agregó que las fiscalía no presentó pruebas con "evidencia de responsabilidad de ningún miembro policial, es una arbitrariedad de la fiscalía ... por lo que vamos a seguir adelante, ellos van a ser declarados inocentes, porque ésa es la realidad histórica de los acontecimientos".
Agregó que otros tres efectivos fueron exonerados del proceso y que 27 recibieron la orden de presentarse ante el juez una vez por semana, mientras la investigación de los hechos sigue adelante.
El coronel Rolando Tapia, ex jefe de la escolta legislativa, se convirtió en el primer oficial en servicio activo en ser detenido, en relación con el alzamiento.
El fiscal de turno, Miguel Jurado, dijo a periodistas que "la jueza ha concedido esta medida cautelar, tenemos 90 días para investigar el delito, para vincular a las personas que jurídicamente tenga que vincularse"
Tapia estaba al frente de un centenar de agentes encargados de custodiar la Asamblea, en donde se produjeron incidentes entre los legisladores que pugnaban por ingresar al recinto y los policías que trataban de impedirlo.
El fiscal de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, Marco Freire, dijo a periodistas que serán vinculados a la investigación decenas de efectivos de la fuerza aérea que el 30 de septiembre se tomaron los aeropuertos de Quito y Guayaquil.
Previamente, había dicho que la Fiscalía dispuso la exhumación de los restos de dos militares y dos policías muertos a tiros el día de la sublevación porque fueron enterrados sin que previamente se les haya practicado la autopsia de ley.
Resta por recabar versiones de unos 220 policías sospechosos de haber participado en el alzamiento, que se produjo cuando el presidente Rafael Correa fue a un cuartel policial, donde fue agredido por agentes inconformes con la eliminación de beneficios económicos, por lo que tuvo que refugiarse en un hospital cercano del que fue rescatado en un asalto militar.
El ex presidente Lucio Gutiérrez (2002-2005), dijo a la red de televisión RTU que rechaza "las palabras falsas, temerarias, mentirosas del presidente ... primero dice que hay un intento de golpe de estado y segundo culpa a Lucio Gutiérrez. Esa es una locura... no hubo ningún intento de golpe de estado, eso está solamente en la mente perversa del presidente".
El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, señaló a radio Quito que "veo un sentimiento de arrepentimiento fuerte en la policía, no se ha expresado quizás con la dimensión y el perfil público (porque) el alto mando de la policía ... se encuentra desbordado de trabajo, reorganizando, articulando absolutamente todos los departamentos". Fuente: patriaomuerte09.blogspot.com
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