Potestad soberana del pueblo

Filiberto Guevara Juáres

“La soberanía pertenece al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación”
Art.2, Constitución de la República.

Según el artículo 245 de nuestra Constitución vigente, el presidente de la República tiene a su cargo la administración general del Estado, y dentro de sus atribuciones según el numeral 19 de dicho artículo, le corresponde administrar la hacienda pública. Además, según el artículo 235 la titularidad del poder ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el presidente. Así pues está bien claro que en lo correspondiente al espectro radioeléctrico del país, quien tiene que decidir en asuntos de negocios es el poder ejecutivo a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); y no un juez “facultado’’ por el poder judicial.

Es saludable aclarar también, que confiscar, “es quitarle a uno alguna cosa en virtud de la ley o reglamento”. Si partimos del hecho y no del supuesto, que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, entonces, el real dueño de la frecuencia de canal 8 y 20 es y debería ser el Estado, y por lo tanto, no se le estaría confiscando absolutamente nada al señor Asfura, porque el asunto está en litigio desde hace 7 años, por lo que él no es dueño de nada al respecto.

Dejando bien dilucidado el problema en cuestión, es bueno agregar también que constitucionalmente nunca el interés particular debe estar sobre el interés general. Es por eso que cuando el próximo martes (8/9/10); sea presentado el respectivo decreto para ratificarlo, o no; la votación debe hacerse con consignación de nombres, para que el pueblo conozca bien quiénes son los diputados que están en contra del interés general de la nación y, de esa manera castigarlos con sus votos en una próxima elección; si dichos diputados pretendieran reelegirse.

Llama mucho la atención, la desmesurada reacción de la mayor parte de la oligarquía hondureña, que utilizando sus adláteres o tontos útiles, se manifiesta vehementemente a través de casi todos los medios de comunicación social del país en defensa de las pretensiones del señor Asfura, argumentando ilógicamente, que el Poder Ejecutivo, está violentando la Constitución de la república. Dicho argumento es más falso que un “trébol de cuatro hojas”. Ellos también dicen que se trata del imperio de la ley, cuando en esencia el asunto debe manejarse bajo el precepto del imperio de la justicia, porque muy bien lo ha expresado el actual presidente de la República (Don Porfirio Lobo Sosa), ante los medios de comunicación social al haber dicho: “… Eso no puede ser, cómo me puede justificar usted a mí que una persona que tiene dos canales le va a quitar el único canal que tiene el Estado y encima de eso, quiero señalar que un juez del poder judicial, fíjense bien, asignando canales cuando quien hace eso es Conatel”.

Resulta también absurdo el argumento, que el poder ejecutivo esté violentando la libertad de expresión, porque éste es un asunto eminentemente de negocios. Prueba de ello, es que debido al oligopolio de los medios de comunicación de nuestro país, quienes defienden al señor Asfura han llevado todas las de ganar en la problemática, porque tienen casi todos los medios de comunicación social a su servicio, al grado tal, que tienen confundida a una gran parte de la opinión pública, la cual es vista erróneamente por algunos como una masa informe y, es por eso también, que deberá hacerse una corrección de fondo y estilo en el artículo primero del decreto en cuestión donde se usa el término comunicación masiva en vez de comunicación social, ya que este último término, confiere toda una dignidad ciudadana, porque los seres humanos en sociedad no somos una masa informe, sino un cuerpo social como nación; al cual se le debe total respeto.

Los monopolios y oligopolios en general y de la posesión de los medios de comunicación en particular, no son saludables para la vida institucional del Estado, tal como quedó evidenciado con el golpe de Estado en nuestro país el 28 de junio/09; al grado tal, que para darnos cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, tuvimos que recurrir a los medios de información internacional a través del servicio de internet (los que teníamos). A este respecto, Adam Smith, -considerado el padre de la economía moderna-, en su obra La Riqueza de las naciones, pone en alerta sobre los riesgos de colusión de la siguiente manera: “Ya es bien extraño que gente del mismo oficio se encuentren reunidos, con tal de disfrutar y distraerse, sin que la conversación no acabe con alguna conspiración contra el público o para hacer cualquier maquinación para elevar los precios”.

Para concluir también es bueno aclarar que lo concerniente al espectro radioeléctrico del país, no implica inseguridad jurídica para ningún empresario nacional o extranjero, porque su uso es potestad soberana del pueblo a través de su gobierno. Por lo tanto, bien hace el poder ejecutivo y el poder legislativo de nuestro país en defender los intereses del único soberano político que es el pueblo, al cual deben representar dignamente.

San Pedro Sula, 4 de septiembre de 2010

Doctor

Fuente: tiempo.hn