Habiéndole solicitado el Secretario General de la OEA, Jose M. Insulza enviar un Comisionado suyo a entrevistarse con la Comisión de Alto Nivel, formada por la pasada Asamblea de esa organización para analizar el problema generado en Honduras por el golpe de 28 06 09, el ex Presidente Manuel Zelaya R. me ordenó presentarme en Washington. Asistí ahí a dos reuniones entre el 5 al 8 de Julio pasado, una reunión con la Comisión en pleno y otra con la Comisión Jurídica de asesores, que antes había visitado Honduras.
Expuse en la reunión con la Comisión de embajadores nuestra posición, que es la misma de las declaraciones de la OEA y de las autoridades de casi todos los gobiernos en ella representados, la de que, en Honduras el 28 de Junio de 2009, se produjo un golpe de estado, subrayando que, en el, habían participado coordinadamente los militares, el Congreso de entonces (que aceptó una renuncia falsa antes de nombrar a su presidente como Jefe de Estado) y la actual Corte de Justicia que, en días posteriores, al golpe generó una serie de documentos exculpatorios de los militares y una persecución política con serie de acusaciones contra el Presidente Zelaya y contra varios secretarios de estado. Argumentamos que para que el actual gobierno pudiera reconocerse en la asamblea como representante legitimo de nuestro país, tenían que cumplirse las exigencias suscritas a propuesta de OEA, y sustentadas en su carta democrática, so pena de dejar ese crimen impune como funesto precedente y abdicar de los principios de la organización.
Las conversaciones con el Secretario Insulza coincidieron en 1. Concertar el cese de la persecución judicial contra el ex presidente Zelaya y sus colaboradores. 2. Comprometer al actual gobierno para fortalecer a la fiscalía de derechos humanos, 3. Proponer el acompañamiento internacional en la lucha contra la impunidad, 4. Ampliar de la Comisión de la Verdad formada por el gobierno, con un representante a ser propuesto por la oposición y 5. Convocar a un amplio Dialogo Nacional, con genuina representación de la oposición y con una agenda abierta para estudiar el derecho al proceso constituyente.
El Secretario Insulza informó sin detalles que el Presidente Lobo había enviado a su propio Comisionado pero que no aceptaba lo concertado. Que estaban adicionalmente acusando al ex Presidente, por un pago de publicidad y por la inversión, para financiar logística de la encuesta sobre la Cuarta Urna, que había resultado indispensable en vista de que los militares no habían devuelto el dinero que se les entregó para ese fin, al rebelarse dos días antes del Golpe. Es decir que el gobierno actual, elegido sin oposición, bajo Estado de Emergencia y sin la observación de OEA o ningún organismo internacional oficial exigía que el ex Presidente Zelaya se sometiera, por esas acusaciones, a la justicia de sus verdugos y coautores del golpe que ya se habían pronunciado en su contra. Que se le haría la gracia de permitirle defenderse fuera de la cárcel. No expuso el Secretario Insulza cual sería la propuesta de acompañamiento internacional para la lucha contra la impunidad que gozan los Golpistas y explicó que el Presidente Lobo quería que fuese la propia Comisión de la Verdad oficialista la que incorporase a un representante de la oposición.
Se le expresó al Secretario y a la Comisión nuestra anuencia para que, por distintos procedimientos, se llegara al mismo fin y que nos inquietaba, sobre todo, el estado de indefensión de los hondureños ante los cotidianos atropellos y crímenes de lesa humanidad, certificados por su propia Comision de Derechos, sobre los cuales no se estaban pronunciando puesto que --dada la complicidad de la Fiscalía y de la judicatura en el golpe-- no habían condiciones para ponerle freno a esos abusos o deducir responsabilidades. Pero se le recordó que el acuerdo era el cese de la persecución.
Los juristas que habían estudiado las acusaciones nos aseguraron que se había progresado en la discusión con la Fiscalía y con la Corte en Honduras, pero repitieron que, por razones de formalidad, el Presidente tendría que presentarse ante esa judicatura, a pedir que se le amnistiara y someterse a proceso por las dos acusaciones restantes. A ellos también se les explicó que el ex Presidente podría someterse a juicio por cualquier acusación notificada antes del día del golpe o ante cualquier instancia de justicia internacional que ofreciera condiciones de objetividad, pero no se humillaría ante la corte que le había dado un golpe. Con posterioridad, y al final de nuestra visita y en vista de que no se había adelantado el acuerdo, presentamos ante la Alta Comisión un Informe de posicionamiento, preparado personalmente por el ex Presidente Manuel Zelaya, hoy Coordinador del Frente Nacional de Resistencia, exigiéndole a la Organización actuar en congruencia con su Carta Democrática (cuya sustancia es el derecho de los pueblos), con sus propias declaraciones reiteradas y con su compromiso de desconocer la legitimidad del gobiernomientras no se revirtiera la situación creada por el golpe y restaurara el pleno derecho.
Desde entonces el S. G. Insulza ha viajado por América Latina cabildeando a sus gobiernos para aceptar a Honduras por mayoría de votos, desestimando a quienes se opusieran y ha cabildeado recién en la reunión de SICA en El Salvador en la cual, a pesar de que su normativa del organismo exige un consenso total, en ausencia de un país y de tres de sus presidentes, el Presidente Fúnes anunció la reincorporación de Porfirio Lobo en el Sistema y solicitó, como había anunciado muchas veces que haría por pragmatismo, la reincorporación de su representante ante la OEA.
Fuente: Vos el soberano
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