Primer aniversario del golpe militar
Por: Ernesto Tamara
El pasado lunes 28 de junio se cumplió un año del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya y que terminó con un proceso de consulta al pueblo para reformar la Constitución y con los acuerdos de integración regional. A un año de ese suceso, se inició la recolección de firmas, que se espera sobrepasen ls 1,2 millones, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y lograr el retorno al país del presidente depuesto. Al mismo tiempo, las fuerzas de la oposición instalaron una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la dictadura, mientras se denuncia que en lo que va del año, ocho periodistas han sido asesinados.
En tanto, la administración de Barack Obama ha reestablecido todos los contactos formales con el gobierno impuesto tras el golpe de Estado, y ahora está trabajando para que los organismos regionales lo admitan en su seno.
Días atrás, el embajador de Estados Unidos en Honduras anunció la entrega de 75 millones de dólares al gobierno de Lobo para distintos proyectos, y otros 20 millones para adicionales “para apoyar el sistema de seguridad”, cuando los aparatos represivos son blanco de numerosas denuncias.
Esta semana, una comisión del parlamento chileno se reunirá con una delegación del congreso hondureño con el objetivo de reestablecer las relaciones diplomáticas congeladas por la ex presidenta Michelle Bachelet, mientras el canciller chileno, Alfredo Moreno dijo que Chile considera legales las elecciones de noviembre de 2009 y que esperar poder reanudar en corto tiempo las relaciones diplomáticas.
Además, para noviembre se espera una delegación de empresarios, encabezada por el ex presidente norteamericano Bill Clinton y el magnate mexicano, Carlos Slim, a la capital hondureño, con el propósito de fomentar inversiones en el país.
Mientras, el presidente Porfirio Lobo, surgido de las elecciones ilegales realizadas durante la dictadura de Roberto Micchelletti en noviembre pasado, denunció que teme una asonada militar que lo destituya del poder, sin precisar si los promotores del golpe provienen de los mismos sectores que derrocaron a Zelaya. Después de esa advertencia, Lobo se rectificó y descartó el golpe.
Hasta ahora los únicos dos gestos positivos del presidente Lobo han sido la autorización de salir del país al presidente Zelaya cuando este se encontraba refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, y hace poco, el reconocimiento de que Zelaya fue desplazado por un golpe militar –y no por un proceso de destitución legislativo- y su pronunciamiento a favor de permitir el retorno del ex mandatario al país.
Según algunos analistas estas manifestaciones fueron cuestionadas por los golpistas que ahora lo han puesto en la lista de sospechosos, pese a que su administración ha sido fiel continuadora de las políticas de los golpistas, especialmente en el plano económico y laboral.
El golpe
Cuando el 28 de junio de 2009, un grupo de soldados entró a la residencia del presidente Manuel Zelaya, lo detuvo y lo expulsó del país con la ropa que tenía puesta –unos pijamas- no sólo estaban tratando de impedir la consulta popular que se iba a celebrar ese día, sino también cortar con el proceso de integración a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).
Ese domingo, los hondureños iban a concurrir a las urnas para realizar una especie de encuesta. Iban a ser consultados si creían necesario presentar en el Congreso una iniciativa para convocar a una asamblea constituyente en el futuro. La consulta no era vinculante, ya que la constitución no lo permitía, y sólo tenía el valor político de ser una expresión de voluntad del pueblo.
Los sectores oligárquicos, ya descontentos con la administración de Zelaya que había aumentado significativamente el salario mínimo y había firmado su integración al ALBA, argumentando que todas sus solicitudes de ayuda a Estados Unidos y organismos internacionales para conseguir recursos para beneficio del pueblo habían sido ignorados, lograron en primera instancia una resolución de la justicia en contra de la consulta popular.
Zelaya argumentó que la misma no obligaba al gobierno ni al parlamento a acatar su resultado, ya que sólo se trataba de una encuesta, y resolvió proceder a su realización. Acompañado por miles de personas rescató las urnas de la consulta que estaban siendo custodiadas, y con ello demostró el respaldo popular que tenía la misma.
Esa fue quizás la prueba que decidió el golpe. La oligarquía hondureña decidió que aunque sólo faltaban 6 meses para las elecciones, había que frenar un proceso donde el pueblo comenzaba a tener protagonismo, de paso terminar con las inclinaciones “populistas” de Zelaya, que no había electo presidente para ello, y romper con el proceso de integración al ALBA que estaba llenando de “camisas rojas” las calles del país. La relación de Zelaya con el presidente venezolano Hugo Chávez, no era del agrado de los sectores acomodados de Honduras y mucho menos de la embajada norteamericana que siguiendo las directivas de Washington, buscaba frenar todo contagio del “socialismo del siglo XXI” en Centroamérica. En especial después de la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua, de Mauricio Funes en El Salvador.
Aunque Estados Unidos negó su implicancia en el golpe, la utilización de la base militar aérea norteamericana en las afueras de Tegucigalpa por los golpistas para subir en un avión al presidente constitucional y expulsarlo a Costa Rica, deja en evidencia que por lo menos estaban al tanto de lo que ocurría.
La mediación posterior, iniciada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a pedido de la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y su desarrollo, deja claro también el papel que jugó la nación del norte por legalizar el golpe militar y hacer aprobar las exigencias de los golpistas dentro de Honduras y por la comunidad de naciones.
Arias inició una mediación donde planteaba las condiciones que de alguna manera habían sido los argumentos de los golpistas. Zelaya debía abstenerse de convocar a la consulta popular, ceder el mando de las fuerzas armadas al tribunal electoral que ya se había pronunciado contra la consulta y que quería juzgar al presidente por desacato, entre otras cosas, y tras renunciar a muchas potestades como presidente, volvía a asumir por el período que restaba de mandato, y sin juzgar a los golpistas.
Pese a que Zelaya cedió a casi todas las exigencias planteadas por el presidente costarricense, en consulta con la secretaria de Estado norteamericana, los golpistas se negaron a permitir el regreso del presidente constitucional.
En una maniobra para legalizar el golpe de Estado, el Congreso aprobó la destitución del presidente y designó en su lugar a Roberto Michelletti que enseguida asumió su papel de Pinochet centroamericano. Poco después ese mismo Congreso retiró a Honduras del ALBA. De acuerdo con datos de organizaciones humanitarias, durante el régimen de Micheletti se registraron en Honduras unos cuatro mil casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellas el asesinato de más de 100 opositores al golpe de Estado.
Quizás la mayor preocupación de los golpistas entonces, y seguramente ahora de sus sucesores, es el nacimiento de una fuerza política no muy homogénea, que se planteó entonces luchar por la restitución de Zelaya y en segundo lugar por exigir la convocatoria a una asamblea constituyente. El mismo 28 de junio del 2009, día del golpe, nació el Frente Popular de Resistencia al Golpe de Estado, integrado por sindicatos, grupos sociales y políticos opuestos al quiebre constitucional, muchos provenientes de los partidos tradicionales y lejos de la izquierda. Ese Frente se fue afirmando en la sociedad, y constituye hoy, a un año de su creación, en una posible alternativa política de cambio en el futuro hondureño. No es todavía una fuerza política acabada, pero todavía mantiene respaldo popular y alto nivel de convocatoria. Desde ese primer día, el Frente de Resistencia fue objeto de la persecución de las fuerzas represivas, y sigue siendo hoy dentro de la mascarada democrática presidida por Lobo.
Como es sabido, las negociaciones emprendidas por Arias fracasaron, y Zelaya regresó clandestinamente al país, pero casi de inmediato debió refugiarse en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció cercado por el ejército hasta principios de este año, de donde salió a República Dominicana. Desde entonces, al mismo tiempo que el presidente surgido de las elecciones de noviembre pasado se pronuncia por autorizar el retorno de Zelaya, advierte que nadie puede eludir la justicia, con lo que deja abierta la posibilidad de la detención y juicio al ex presidente apenas retorne a Honduras, según los procesos abiertos en la dictadura por supuestos abusos de poder y corrupción, con los que añadían argumentos para justificar el golpe de Estado.
Manifestaciones, huelga y comisión de la verdad en el primer aniversario
En este primer aniversario del golpe de Estado Honduras enfrenta una situación en que la mayoría del pueblo ha visto perder muchas de sus conquistas sociales, y donde se enfrenta a un incremento de la violencia, no sólo política sino también de bandas armadas y grupos del narcotráfico que buscan asentarse en el país, y un gobierno que pretende a través de una mayor liberalización de la economía, y de la flexibilidad laboral, obtener recursos para pagar la deuda externa y los desequilibrios financieros del Estado provocados por el golpe de Estado y los seis meses de la dictadura de Michelletti.
La semana pasada el sindicato de los maestros, que fue un gremio clave y combativo contra el golpe de Estado, inició una serie de paros contra la represión sindical, por mejora de salarios y contra las privatizaciones de escuelas as protestas comenzaron el lunes de la semana pasada con una concentración en los bajos del Congreso Nacional y se extendieron a centros educativos de varios departamentos del país.
"Exigimos la aprobación del salario mínimo, el respeto a los derechos humanos y la derogación de la ley de privatización de las escuelas normales", dijo Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras. Los educadores piden también el respeto al Estatuto del Docente, vigente desde 1997, el cual contempla los derechos del trabajador al aumento de sueldos por antigüedad, vacaciones remuneradas y a la seguridad social. Otra de las demandas del sector es la reposición en sus puestos de 17 directores departamentales y municipales despedidos de manera arbitraria, quienes mantienen un ayuno frente a la sede del poder ejecutivo. Las acciones de protesta fueron convocadas por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras que agrupa a 65 mil docentes de cinco gremios.
En tanto, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) realizó desde el pasado sábado, manifestaciones de protesta en todos los departamentos hondureños con motivo del primer aniversario del golpe de Estado. Indígenas, campesinos, sindicalistas, mujeres y miembros de partidos progresistas integrados en el frente participaron en caminatas, vigilias y cacerolazos para repudiar la ruptura institucional y recordar a las víctimas de aquellos sucesos . El Frente Nacional de Resistencia Popular, anunció realiza la recogida de más de un millón 200 mil firmas para lograr el retorno de Zelaya a Honduras y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. "Sólo con una nueva constitución vamos a tener las armas para la transformación económica y social del país", declaró uno de sus dirigentes, Carlos H. Reyes.
Según el FNRP, la constitución vigente fue aprobada en 1982, bajo la tutela de una dictadura militar, y contiene siete artículos pétreos que no se pueden modificar e impiden realizar cambios profundos en cuanto a la forma de gobierno y la distribución de las riquezas. Además, sostiene el Frente, como resultado de la inequidad y de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos años, Honduras es hoy, después de Haití, el país más atrasado del hemisferio occidental, con cerca de 80 por ciento de la población en la pobreza.
Comisión de la Verdad
Este 28 de junio quedó también establecida una Comisión de la Verdad impulsada por la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, que será una alternativa a la Comisión de la Verdad y Reconciliación creada por el gobierno de Porfirio Lobo a fines de mayo pasado. La comisión oficial, encabezada por el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, es considerada ilegal e inconstitucional por las fuerzas de la oposición, ya que sostienen que el gobierno de Lobo no es legítimo.
El Frente Nacional de Resistencia Popular considera que la comisión oficial es “ilegal al promulgarse cuando el orden constitucional no ha sido restablecido, e ilegítimo porque no cuenta con los estándares internacionales de buenas prácticas y principios establecidos mediante el ejercicio de más de 30 comisiones de la verdad en el mundo. Tampoco con la credibilidad del pueblo hondureño y de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros”. En tanto, el FNRP apoya la Comisión de la Verdad creada por la Plataforma de Derechos humanos, que busca, según sus creadores, garantizar el "respeto de los derechos humanos y la construcción de una verdadera democracia".
La Comisión de Verdad "deberá contribuir al esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y la presentación de recomendaciones políticas que garanticen no repetir actos de violación a los derechos humanos", sostiene un comunicado de la Plataforma. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras está integrada por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Comité de Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) y FIAN Honduras.
La Comisión de la Verdad estará integrada, en principio, por seis ciudadanos extranjeros y dos hondureños, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Fuente: aporrea.org
Por: Ernesto Tamara
El pasado lunes 28 de junio se cumplió un año del golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya y que terminó con un proceso de consulta al pueblo para reformar la Constitución y con los acuerdos de integración regional. A un año de ese suceso, se inició la recolección de firmas, que se espera sobrepasen ls 1,2 millones, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y lograr el retorno al país del presidente depuesto. Al mismo tiempo, las fuerzas de la oposición instalaron una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la dictadura, mientras se denuncia que en lo que va del año, ocho periodistas han sido asesinados.
En tanto, la administración de Barack Obama ha reestablecido todos los contactos formales con el gobierno impuesto tras el golpe de Estado, y ahora está trabajando para que los organismos regionales lo admitan en su seno.
Días atrás, el embajador de Estados Unidos en Honduras anunció la entrega de 75 millones de dólares al gobierno de Lobo para distintos proyectos, y otros 20 millones para adicionales “para apoyar el sistema de seguridad”, cuando los aparatos represivos son blanco de numerosas denuncias.
Esta semana, una comisión del parlamento chileno se reunirá con una delegación del congreso hondureño con el objetivo de reestablecer las relaciones diplomáticas congeladas por la ex presidenta Michelle Bachelet, mientras el canciller chileno, Alfredo Moreno dijo que Chile considera legales las elecciones de noviembre de 2009 y que esperar poder reanudar en corto tiempo las relaciones diplomáticas.
Además, para noviembre se espera una delegación de empresarios, encabezada por el ex presidente norteamericano Bill Clinton y el magnate mexicano, Carlos Slim, a la capital hondureño, con el propósito de fomentar inversiones en el país.
Mientras, el presidente Porfirio Lobo, surgido de las elecciones ilegales realizadas durante la dictadura de Roberto Micchelletti en noviembre pasado, denunció que teme una asonada militar que lo destituya del poder, sin precisar si los promotores del golpe provienen de los mismos sectores que derrocaron a Zelaya. Después de esa advertencia, Lobo se rectificó y descartó el golpe.
Hasta ahora los únicos dos gestos positivos del presidente Lobo han sido la autorización de salir del país al presidente Zelaya cuando este se encontraba refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, y hace poco, el reconocimiento de que Zelaya fue desplazado por un golpe militar –y no por un proceso de destitución legislativo- y su pronunciamiento a favor de permitir el retorno del ex mandatario al país.
Según algunos analistas estas manifestaciones fueron cuestionadas por los golpistas que ahora lo han puesto en la lista de sospechosos, pese a que su administración ha sido fiel continuadora de las políticas de los golpistas, especialmente en el plano económico y laboral.
El golpe
Cuando el 28 de junio de 2009, un grupo de soldados entró a la residencia del presidente Manuel Zelaya, lo detuvo y lo expulsó del país con la ropa que tenía puesta –unos pijamas- no sólo estaban tratando de impedir la consulta popular que se iba a celebrar ese día, sino también cortar con el proceso de integración a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).
Ese domingo, los hondureños iban a concurrir a las urnas para realizar una especie de encuesta. Iban a ser consultados si creían necesario presentar en el Congreso una iniciativa para convocar a una asamblea constituyente en el futuro. La consulta no era vinculante, ya que la constitución no lo permitía, y sólo tenía el valor político de ser una expresión de voluntad del pueblo.
Los sectores oligárquicos, ya descontentos con la administración de Zelaya que había aumentado significativamente el salario mínimo y había firmado su integración al ALBA, argumentando que todas sus solicitudes de ayuda a Estados Unidos y organismos internacionales para conseguir recursos para beneficio del pueblo habían sido ignorados, lograron en primera instancia una resolución de la justicia en contra de la consulta popular.
Zelaya argumentó que la misma no obligaba al gobierno ni al parlamento a acatar su resultado, ya que sólo se trataba de una encuesta, y resolvió proceder a su realización. Acompañado por miles de personas rescató las urnas de la consulta que estaban siendo custodiadas, y con ello demostró el respaldo popular que tenía la misma.
Esa fue quizás la prueba que decidió el golpe. La oligarquía hondureña decidió que aunque sólo faltaban 6 meses para las elecciones, había que frenar un proceso donde el pueblo comenzaba a tener protagonismo, de paso terminar con las inclinaciones “populistas” de Zelaya, que no había electo presidente para ello, y romper con el proceso de integración al ALBA que estaba llenando de “camisas rojas” las calles del país. La relación de Zelaya con el presidente venezolano Hugo Chávez, no era del agrado de los sectores acomodados de Honduras y mucho menos de la embajada norteamericana que siguiendo las directivas de Washington, buscaba frenar todo contagio del “socialismo del siglo XXI” en Centroamérica. En especial después de la asunción de Daniel Ortega en Nicaragua, de Mauricio Funes en El Salvador.
Aunque Estados Unidos negó su implicancia en el golpe, la utilización de la base militar aérea norteamericana en las afueras de Tegucigalpa por los golpistas para subir en un avión al presidente constitucional y expulsarlo a Costa Rica, deja en evidencia que por lo menos estaban al tanto de lo que ocurría.
La mediación posterior, iniciada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, a pedido de la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y su desarrollo, deja claro también el papel que jugó la nación del norte por legalizar el golpe militar y hacer aprobar las exigencias de los golpistas dentro de Honduras y por la comunidad de naciones.
Arias inició una mediación donde planteaba las condiciones que de alguna manera habían sido los argumentos de los golpistas. Zelaya debía abstenerse de convocar a la consulta popular, ceder el mando de las fuerzas armadas al tribunal electoral que ya se había pronunciado contra la consulta y que quería juzgar al presidente por desacato, entre otras cosas, y tras renunciar a muchas potestades como presidente, volvía a asumir por el período que restaba de mandato, y sin juzgar a los golpistas.
Pese a que Zelaya cedió a casi todas las exigencias planteadas por el presidente costarricense, en consulta con la secretaria de Estado norteamericana, los golpistas se negaron a permitir el regreso del presidente constitucional.
En una maniobra para legalizar el golpe de Estado, el Congreso aprobó la destitución del presidente y designó en su lugar a Roberto Michelletti que enseguida asumió su papel de Pinochet centroamericano. Poco después ese mismo Congreso retiró a Honduras del ALBA. De acuerdo con datos de organizaciones humanitarias, durante el régimen de Micheletti se registraron en Honduras unos cuatro mil casos de violaciones de los derechos humanos, entre ellas el asesinato de más de 100 opositores al golpe de Estado.
Quizás la mayor preocupación de los golpistas entonces, y seguramente ahora de sus sucesores, es el nacimiento de una fuerza política no muy homogénea, que se planteó entonces luchar por la restitución de Zelaya y en segundo lugar por exigir la convocatoria a una asamblea constituyente. El mismo 28 de junio del 2009, día del golpe, nació el Frente Popular de Resistencia al Golpe de Estado, integrado por sindicatos, grupos sociales y políticos opuestos al quiebre constitucional, muchos provenientes de los partidos tradicionales y lejos de la izquierda. Ese Frente se fue afirmando en la sociedad, y constituye hoy, a un año de su creación, en una posible alternativa política de cambio en el futuro hondureño. No es todavía una fuerza política acabada, pero todavía mantiene respaldo popular y alto nivel de convocatoria. Desde ese primer día, el Frente de Resistencia fue objeto de la persecución de las fuerzas represivas, y sigue siendo hoy dentro de la mascarada democrática presidida por Lobo.
Como es sabido, las negociaciones emprendidas por Arias fracasaron, y Zelaya regresó clandestinamente al país, pero casi de inmediato debió refugiarse en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció cercado por el ejército hasta principios de este año, de donde salió a República Dominicana. Desde entonces, al mismo tiempo que el presidente surgido de las elecciones de noviembre pasado se pronuncia por autorizar el retorno de Zelaya, advierte que nadie puede eludir la justicia, con lo que deja abierta la posibilidad de la detención y juicio al ex presidente apenas retorne a Honduras, según los procesos abiertos en la dictadura por supuestos abusos de poder y corrupción, con los que añadían argumentos para justificar el golpe de Estado.
Manifestaciones, huelga y comisión de la verdad en el primer aniversario
En este primer aniversario del golpe de Estado Honduras enfrenta una situación en que la mayoría del pueblo ha visto perder muchas de sus conquistas sociales, y donde se enfrenta a un incremento de la violencia, no sólo política sino también de bandas armadas y grupos del narcotráfico que buscan asentarse en el país, y un gobierno que pretende a través de una mayor liberalización de la economía, y de la flexibilidad laboral, obtener recursos para pagar la deuda externa y los desequilibrios financieros del Estado provocados por el golpe de Estado y los seis meses de la dictadura de Michelletti.
La semana pasada el sindicato de los maestros, que fue un gremio clave y combativo contra el golpe de Estado, inició una serie de paros contra la represión sindical, por mejora de salarios y contra las privatizaciones de escuelas as protestas comenzaron el lunes de la semana pasada con una concentración en los bajos del Congreso Nacional y se extendieron a centros educativos de varios departamentos del país.
"Exigimos la aprobación del salario mínimo, el respeto a los derechos humanos y la derogación de la ley de privatización de las escuelas normales", dijo Edgardo Casaña, presidente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras. Los educadores piden también el respeto al Estatuto del Docente, vigente desde 1997, el cual contempla los derechos del trabajador al aumento de sueldos por antigüedad, vacaciones remuneradas y a la seguridad social. Otra de las demandas del sector es la reposición en sus puestos de 17 directores departamentales y municipales despedidos de manera arbitraria, quienes mantienen un ayuno frente a la sede del poder ejecutivo. Las acciones de protesta fueron convocadas por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras que agrupa a 65 mil docentes de cinco gremios.
En tanto, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) realizó desde el pasado sábado, manifestaciones de protesta en todos los departamentos hondureños con motivo del primer aniversario del golpe de Estado. Indígenas, campesinos, sindicalistas, mujeres y miembros de partidos progresistas integrados en el frente participaron en caminatas, vigilias y cacerolazos para repudiar la ruptura institucional y recordar a las víctimas de aquellos sucesos . El Frente Nacional de Resistencia Popular, anunció realiza la recogida de más de un millón 200 mil firmas para lograr el retorno de Zelaya a Honduras y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. "Sólo con una nueva constitución vamos a tener las armas para la transformación económica y social del país", declaró uno de sus dirigentes, Carlos H. Reyes.
Según el FNRP, la constitución vigente fue aprobada en 1982, bajo la tutela de una dictadura militar, y contiene siete artículos pétreos que no se pueden modificar e impiden realizar cambios profundos en cuanto a la forma de gobierno y la distribución de las riquezas. Además, sostiene el Frente, como resultado de la inequidad y de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos años, Honduras es hoy, después de Haití, el país más atrasado del hemisferio occidental, con cerca de 80 por ciento de la población en la pobreza.
Comisión de la Verdad
Este 28 de junio quedó también establecida una Comisión de la Verdad impulsada por la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras, que será una alternativa a la Comisión de la Verdad y Reconciliación creada por el gobierno de Porfirio Lobo a fines de mayo pasado. La comisión oficial, encabezada por el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, es considerada ilegal e inconstitucional por las fuerzas de la oposición, ya que sostienen que el gobierno de Lobo no es legítimo.
El Frente Nacional de Resistencia Popular considera que la comisión oficial es “ilegal al promulgarse cuando el orden constitucional no ha sido restablecido, e ilegítimo porque no cuenta con los estándares internacionales de buenas prácticas y principios establecidos mediante el ejercicio de más de 30 comisiones de la verdad en el mundo. Tampoco con la credibilidad del pueblo hondureño y de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros”. En tanto, el FNRP apoya la Comisión de la Verdad creada por la Plataforma de Derechos humanos, que busca, según sus creadores, garantizar el "respeto de los derechos humanos y la construcción de una verdadera democracia".
La Comisión de Verdad "deberá contribuir al esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento moral y ético de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y la presentación de recomendaciones políticas que garanticen no repetir actos de violación a los derechos humanos", sostiene un comunicado de la Plataforma. La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras está integrada por el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Comité de Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) y FIAN Honduras.
La Comisión de la Verdad estará integrada, en principio, por seis ciudadanos extranjeros y dos hondureños, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
Fuente: aporrea.org
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