Comunicado
Honduras: Una nación resquebrajada
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en el sexto plantón del año demanda verdad y justicia sobre nuestros desaparecidos y desaparecidas en la década de los años ochenta así como para las familias de los mártires de la violenta represión desatada a partir del golpe de estado del 28 de junio de 2009 y que ha continuado en el actual régimen.
El Cofadeh denuncia ante la comunidad nacional e internacional, la resolución adoptada esta semana por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que ratificó los despidos de los jueces Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Guillermo López Lone, la magistrada Tirza del Carmen Flores y el defensor público Osman Fajardo Morel, miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), organización que denunció el golpe de estado del 28 de junio y que ha luchado por reformas a la carrera judicial.
No nos sorprende la actitud asumida por el máximo tribunal de justicia del país, ya que este mismo poder del estado se coludió con el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la cúpula empresarial-militar-religiosa para romper el orden constitucional y expulsar del país al presidente Manuel Zelaya Rosales.
La acción asumida por 10 de los 15 magistrados y magistradas es una herida mortal a la independencia de los jueces y juezas y refleja que en Honduras se persigue y criminaliza las opiniones diferentes a los dictados de los grupos de poder y se sigue atentando contra la libertad de expresión y asociación.
El Cofadeh considera que la crisis institucional que estamos atravesando los hondureños y las hondureñas, son consecuencia del golpe de Estado, que ha traído zozobra, persecución y desasosiego en la población, especialmente la que se ha identificado con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que demanda la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que permita refundar el Estado.
Por otro lado, el resquebrajamiento institucional y la falta de aplicación de justicia ha mantenido durante casi 2 años en la cárcel de El Porvenir en la Ceiba, Atlántida, a los campesinos Carlos Maradiaga y José Isabel Morales, de la comunidad Guadalupe Carney, quienes han sido víctimas del azar con que se juzga en este país, a un movimiento que como el campesinado, ha sido vilipendiado, calumniado y masacrado con la complacencia de las autoridades civiles, militares y policiales.
El Cofadeh, la Vía Campesina, las organizaciones campesinas y la Plataforma de Derechos Humanos exigen la liberación de los presos políticos de la reforma agraria, porque las acusaciones sostenidas por el Ministerio Público contra Maradiaga y Moreno no son objetivas, claras ni contundentes.
Nuestra preocupación se extiende también hacia las comunidades de Zacate Grande, quienes han sido víctimas de un nuevo atentado contra la libertad de expresión, cuando el jueves un contingente de más de 300 militares y policías, procedieron a clausurar la Voz de Zacate Grande y amenazan con desalojarlos de sus tierras que por más de un siglo han habitado. Denunciamos el clima de zozobra e inseguridad que viven las comunidades
¡De los hechos y los hechores!
¡Ni olvido ni perdón!
Tegucigalpa MDC 4 de junio de 2010
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