martes, 11 de mayo de 2010

UNA DISYUNTIVA: O SALIDA POLÌTICA O VIOLENCIA POLÍTICO SOCIAL

Por Oscar Amaya Armijo

Desde el golpe de Estado, la
oligarquía sigue estancada, en la misma ilegalidad; sus propósitos estratégicos no se han cumplido; el país sigue aislado; el nuevo rostro de la asonada, tras las ilegítimas y fraudulentas elecciones, sigue sin reconocimiento internacional. Esta ilegalidad oligárquica se mantienen gracias al apoyo de Estados Unidos mediante su avanzadilla militar en Honduras: Las Fuerzas Armadas.

La ganancia política de la oligarquía hasta ahora es casi nula: sus viejos partidos, su ejército y policía, las iglesias cristianas rastreras, el cerco mediático, sus intelectuales orgánicos, y demás aparatos de represión estatal y espiritual, evidencian un franco deterioro. Lo demuestran dos hechos contundentes: la escasa credibilidad del gobierno de Pepe Lobo, en el plano nacional y el internacional, y el creciente fortalecimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular.


Con el golpe, también, llegó la ruina económica y la profundización de la extrema pobreza. Las medidas tomadas por Manuel Zelaya Rosales para sofocar este flagelo fueron desmontadas.

La oligarquía aprovechó la ocasión para rescatar parte de la ganancia perdida al volver al viejo esquema de calcular la venta de combustible, no pagar el salario mínimo de 5.600 lempiras, mantener los precios estratosféricos de la ganancia básica, entre otros desafueros.

El gobierno de Pepe Lobo

De nada valió el recambio con el ilegitimo gobierno de Pepe Lobo, más que para profundizar las contradicciones de clase. Nadie puede ocultar esta polarización entre las clases; allí están todos los sectores sociales aglutinados en el FNRP, apostando por la refundación de Honduras Y, en el otro extremo, la oligarquía, la que en su interior también enfrenta fisuras entre el emirato árabe -palestino que dirige Miguel Facusse Barjun y el resto de la oligarquía criolla, desplazada, también, de posiciones claves del aparato económico y estatal del país.

El gobierno de Pepe Lobo se debate en el seno de estas contradicciones, a tal grado que es considerado por los analistas políticos como un “gobierno marioneta” que no sabe a qué atenerse. La oligarquía pugna desde sus posiciones en el Congreso nacional, en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Ministros, para que se garantice el respeto a sus ganancias y propiedades y porque se continúe con la profundización de la guerra sucia contra el pueblo, aglutinado en el FNRP. No se sabe, en realidad, quien gobierna: si Pepe Lobo o Miguel Facusse.

Para nadie es desconocido, por otra parte, el creciente poder del Ministro de Seguridad Oscar Álvarez, adscrito al emirato, quien muestra mucho más poder que Pepe Lobo, desconociéndolo, o el lado obscuro del Partido Nacional, liderado por Ricardo Maduro y Ricardo Álvarez, quienes realizan acciones de gobierno al margen de Pepe Lobo, como ha ocurrido con la pretensión de destruir organizaciones sindicales o sus posturas radicales, manifestadas en el conflicto MUCA y avalada por el embajador de los Estados Unidos Hugo Llorens.

Se coligue, entonces, que este es un gobierno debilitado por sus contradicciones internas y agobiado por el aislamiento internacional. Pese a existir un supuesto plan de “Reconciliación Nacional”, esbozado para aplicarse en el trascurso de 30 años, Pepe Lobo gobierna a la deriva, y sólo con funcionarios golpistas, sin más norte que proteger los intereses oligárquicos. Contribuye a su descredito y, por consecuencia, a su debilitamiento, las constantes movilizaciones del pueblo organizados en la Resistencia.

El FNRP: un poder real

Un hecho inusitado, surgido después del golpe de Estado, es la irrupción a la palestra política y social del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, organización que aglutina a segmentos de todas las clases sociales, las que se manifiestan en una gama de organizaciones políticas y sociales de diversa índole, lo que marca el carácter de frente amplio, cuyo propósito es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y Popular para refundar a Honduras.

Desde entonces, todas las fuerzas golpistas han atacado al FNRP con todas las formas de lucha posible, con el fin de destruirlo y paralizar la lucha del pueblo Hondureño, pero no lo han logrado, más bien lo han fortalecido.

La fuerza de esta organización se evidencia en haber propiciado que el 70 por ciento de los hondureños se abstuvieran de votar en las “elecciones” celebradas en el marco de la ilegalidad golpista, en organizar movilizaciones multitudinarias constantes contra el régimen dictactorial e influir en gobiernos y organizaciones internacionales para que se mantenga el no reconocimiento de la segunda fase del gobierno golpista encabezado por Pepe Lobo.

El aislamiento del gobierno de Pepe Lobo es, en realidad, un reconocimiento tácito a la beligerancia del FNRP por parte de algunos estados y organismos internacionales que aprecian como legitima la lucha de esta organización.

Frente a este hecho contundente, el régimen golpista ha profundizado la persecución y asesinatos de dirigentes intermedios de la Resistencia y de personas que simpatizan con esta lucha.

Asimismo, ante las multitudinarias marchas realizadas por el frente, sobre todo la del 1 de mayo que, según datos de observadores independientes, solo en Tegucigalpa se manifestó más de 1 millón de militantes, los golpistas recurren también, en primera instancia, a la invisibilización y no reconocimiento del FNRP a través del cerco mediático y, en segunda , a la estratagema de la división, en la que juega un papel preponderante el embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, quien acompaña a Pepe Lobo a todos los municipios para realizar labor de zapa, mediante la puesta en marcha de proyectos que llevan el sello destructivo contra el frente.

Una salida política

Ante el contundente fracaso del régimen golpista, miembros destacados de la conducción colegiada del FNRP, sostienen que lo único que le queda a la oligarquía es una salida política a la crisis, la que incluye: el reconocimiento del FNRP como la primera fuerza política del país, discutir con el frente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y Popular, el castigo a los violadores de los derechos humanos y políticos, el retorno incondicional al país de Manuel Zelaya Rosales y demás exiliados, el cese de la represión masiva y selectiva, discutir y aprobar una nueva constitución de la República para refundar el país sobre la base de la equidad, la justicia social y la independencia económica y política nacionales.

De no actuar en esta dirección, muchos analistas aseguran que en el mediano plazo se profundizará la violencia en todas sus manifestaciones, agravándose la precaria situación económica en que se vive y sumando al país en una total debacle, donde los perdedores serían todos los hondureños, incluidos los oligarcas que apuestan a la protección mezquina de sus cuantiosos intereses económicos.



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