¿Segundo "golpe de estado" en Honduras?

AGNESE MARRA
Los datos parecen responder afirmativamente. Jueces hondureños expulsados de la judicatura por condenar el golpe de estado de Micheletti, decenas de periodistas asesinados y otros tantos que han apostado por el exilio...

...Asaltos constantes en casas de indígenas cercanos a la oposición, y un dato: Honduras tiene el índice más alto de homicidios de Centroamérica.

Diez países de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanos) dijeron que ‘no’. Advirtieron que no aceptarían sentarse al lado Porfirio Lobo, al no reconocer el Gobierno del actual presidente hondureño. España en un primer momento tampoco lo reconoció pero pasados los meses los golpes de estado se olvidan y se prefiere apostar por los negocios.

La actitud latinoamericana de ‘amenazar’ con no asistir a la cumbre ha sido muy valorada en parte de los países latinoamericanos y ha gustado mucho menos a Europa, especialmente a España que rápidamente tuvo que cambiar de planes y organizar una reunión privada con Lobo para firmar los acuerdos de Centroamérica sin que se cruzara con los otros líderes regionales.

Si tenemos en cuenta los datos que llegan de la UNESCO, de diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Wrigths Watch, desde Jueces para la Democracia de Honduras o desde el Frente de Resistencia Popular del país centroamericano, empezamos a entender la negativa de UNASUR de cruzarse con Lobo.

En el último mes se han acercado hasta Honduras tres comités de Derechos Humanos (británico, holandés y sueco) para investigar los crímenes, violaciones y desapariciones que se llevan denunciando desde que Manuel Zelaya fue derrocado y expulsado del país.

Los hondureños están viviendo lo que definen como “un segundo golpe de estado”, dicen desde el Frente de Resistencia Nacional, quienes denuncian que desde el segundo día de asumir funciones se iniciaron acciones violatorias a los derechos humanos implementadas por Oscar Álvarez, actual ministro de seguridad y sobrino del ex general Gustavo Álvarez Martínez, responsable de desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad en los 80.

Los ataques que denuncian tiene que ver con los asaltos a casas indígenas conocidos como ‘madrugones’. Los militares entran en las casas y se llevan a aquellos indígenas que consideran peligrosos para el Gobierno. Eliminar todo tipo de oposición es una de las armas principales del ejecutivo en esta nueva etapa de Honduras. Defensores de los derechos humanos y periodistas son las víctimas favoritas.
“Sólo en una semana asesinaron a dos periodistas”, dice en el mes de abril, Carlos Humberto Reyes, líder del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Pero en el mes de marzo los asesinados fueron cinco. La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) ha señalado que “esto no había sucedido en América Latina desde que tenemos memoria, ni siquiera en Colombia, aún en los momentos más duros de violaciones a los derechos humanos por parte de los paramilitares”, dijo el vicepresidente de la Felap, Teodoro Renteria.

Humberto Reyes precisamente recordó en una entrevista con el diario Público que en Honduras se podían ver paramilitares colombianos y agentes israelíes asociados con el gobierno de Lobo y partícipes de las desapariciones y asesinatos a la población.

Aunque de esto último no se tienen pruebas, sí se puede afirmar que la masacre hacia los periodistas ha sido uno de los crímenes más denunciados por la comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repudió los crímenes contra los comunicadores sociales.

La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, sentenció que “estos despreciables crímenes contra profesionales de los medios vulneran el derecho fundamental a la libertad de información, piedra angular de una sociedad democrática”.

La titular de la UNESCO exigió a las autoridades hondureñas que arrestasen a los responsables y pusieran fin a la ola de violencia. Pero las denuncias se han quedado en el aire y varios periodistas han optado por exiliarse. Es el caso de una hondureña que ha llevado a cabo un documental sobre la situación de Honduras tras el primer golpe de estado, y que después de diversas amenazas ha tenido que marcharse a Argentina.

LOS JUECES, LAS NUEVAS VÍCTIMAS

Los datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos confirman que Honduras tiene el actualmente el índice de homicidios más alto de Centroamérica: “Este país puso en marcha un plan de exterminio”, denunciaba la semana pasada Bertha Oliva, miembro de la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Además de indígenas y periodistas, el nuevo sector contra el que ha cargado el gobierno de Porfirio Lobo es el de los jueces. El 5 de mayo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras despidieron a cuatro jueces acusados de haber condenado el golpe de Estado de Micheletti, y por asumir desde la jurisdicción resoluciones congruentes con la implementación de las garantías constitucionales y la protección de derechos humanos de decenas de personas detenidas durante las movilizaciones posteriores al rompimiento del orden constitucional.

Estos cuatro magistrados son miembros de Jueces para la Democracia, asociación que ha aprovechado para denunciar “la profunda crisis que actualmente padece el sistema judicial en Honduras, en donde las garantías constitucionales son ilusorias y los derechos humanos una quimera, ante las constantes violaciones del derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad”.

Los jueces despedidos han iniciado una huelga de hambre para reivindicar su puesto de trabajo y para mostrar a la comunidad internacional que el sistema judicial hondureño “no reacciona ni actúa en tutela de los derechos de las víctimas”, que la situación de la ciudadanía es de “indefensión”, provocando un “resquebrajamiento” institucional una situación de impunidad y de marcada injusticia para las víctimas.

En su protesta, los jueces solicitan que el “Estado hondureño asuma su responsabilidad por todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante y después del golpe de Estado, lo que implica el castigo para todos los responsables de estos crímenes y la reparación de las víctimas y sus familiares. Siendo condición indispensable para que exista justicia, verdad y reparación, que las autoridades estatales se comprometan públicamente a desterrar el clima de impunidad que hoy hunde a nuestra sociedad”. La UE deberían tener en cuenta esta información ates de sentarse a negociar.

Fuente: Vos el soberano