Como preámbulo de esta infortunada situación puede señalarse el Acuerdo 012-2009 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del 22 de mayo/09, seis días antes del golpe de Estado militar, con el que esa entidad estatal, violando la Constitución de la República, imponía la censura previa –incluyendo al Poder Ejecutivo-- al prohibir a los “propietarios, directores y gerentes de imprentas, cines, empresas publicitarias y medios de comunicación social” cualquier referencia a la consulta popular directa de la “cuarta urna”.
Desde aquel momento era obvia la escalada represiva contra los periodistas y medios de comunicación social que se resistieran al atropello a la libertad de expresión y a la libertad de la empresa de comunicación social, de acuerdo con un patrón establecido para la consumación del rompimiento del hilo constitucional e institucional y la implantación del régimen de facto.
En ninguna otra época se había llegado en Honduras a los extremos coercitivos contra la libertad de expresión, el derecho a opinar, a informar y a ser informado como viene sucediendo a consecuencia de la crisis política. Hasta el día de hoy, la amenaza pende sobre los periodistas y los medios de comunicación social, principalmente los de radiodifusión y televisión.
En efecto, continúa vigente el Acuerdo Ejecutivo 124-2009, que en la parte atinente a la mordaza para los medios de comunicación, sustituyó al decreto de estado de sitio PCM-M-016-2009, mediante el cual fueron allanadas las instalaciones de las empresas de radio y televisión opositoras al golpe de Estado, destruyéndoles o secuestrándoles sus equipos.
De nada han servido las demandas en contra de ese acuerdo ejecutivo que viola los artículos 73 y 74 de la Constitución, cuyas garantías no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia, o sea en estado de excepción. Se trata, precisamente, de la protección de los medios de emisión y difusión del pensamiento, por una parte, y de la prohibición de restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos.
Resulta incongruente, entonces, la continuación de un atentado a la libertad de expresión en un pretendido régimen constitucional, que reclama legitimidad y el reconocimiento de la comunidad internacional. La permanencia de estas violaciones constitucionales contribuye a desfigurar la imagen del gobierno, a despecho de su consecuencia electoral.
También pone en duda todas las aseveraciones oficiales sobre las investigaciones en relación con los graves acontecimientos acaecidos últimamente en materia de derechos humanos, entre los que destacan la muerte de varios periodistas no explicadas satisfactoriamente por la policía, que ahora recurre al expediente de la confidencialidad, dizque para no entorpecer las investigaciones.
Un panorama, como podemos ver, nada edificante ni promisorio para la libertad de expresión en nuestra Honduras, sobre lo cual debemos reflexionar en este Día del Periodismo, y que, a decir verdad, es parte del deber cotidiano para quienes ejercen el oficio con entereza y patriotismo.
Fuente: Tiempo.hn
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