marvin palacios
Diez campesinos y campesinas de las cooperativas Despertar, La Trinidad, San Isidro y San Esteban Limitada ubicadas en Tocoa y Trujillo, en el departamento de Colón, iniciaron hoy una huelga de hambre para exigir la revisión de una serie de casos judiciales que pesan sobre unos 38 campesinos y demandaron la destitución de jueces y fiscales que actúan al servicio de poderosos terratenientes en el bajo Aguán.
Los protestantes exigieron en un comunicado “la destitución de los fiscales corruptos Kenia Lagos, Blanca Andino, Oswaldo Osorio y de los jueces Saúl Paz, Víctor Meléndez y Karla Pavón”.
El abogado Antonio Trejo que acompaña la defensa legal de dichas cooperativas expresó a defensoresenlinea.com que la huelga de hambre se debe a que el acuerdo que firmó el actual régimen con el Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), se ordenó que los casos que estaban judicializados se iban a respetar las decisiones del juzgado, sin embargo estas personas fueron desalojadas por la policía sin orden legal con la aquiescencia de jueces y fiscales de Tocoa y de Trujillo que se han prestado para seguir dañando los derechos humanos de estas pobres personas.
“Entonces como no se les escucha, no se respetan las decisiones de jueces y tribunales ellos ha decidido venir a esta huelga de hambre aunque sea para que el pueblo pueda escuchar, con la esperanza de que algún organismo de derechos internacionales pueda venir y hacer que esto trascienda a nivel mundial para que se den cuenta de la violación a sus derechos que está sufriendo este pueblo”, explicó Trejo.
Añadió que la justicia en este país ha colapsado, tenemos un sistema judicial al servicio de los ricos, tenemos una fiscalía al servicio de los ricos, porque casos que ya han sido juzgados, basados en cosa juzgada, han sido abiertos por fiscales corruptos, en el caso de la abogada Blanca Andino, ella está abriendo un caso que ya había sido declarado cerrado por el juzgado de letras de Trujillo, y ella lo está reabriendo por el simple hecho de que beneficia a Miguel Facussé.
Trejo detalló que lamentablemente están acusando a los campesinos de usurpar lo que les pertenece, porque ese inmueble la escritura en el Registro de la Propiedad sigue estando registrada a nombre de ellos, Miguel Facussé lo que presentó ante la Fiscalía para de ir que es dueño fue una constancia que le extendió la Alcaldía de Tocoa y con una constancia que dice que él está en posesión quiere despojar a estos campesinos de sus tierras.La reactivación de los procesos judiciales contra los campesinos se han presentado a solicitud de los terratenientes Miguel Facussé y René Morales. “En el caso de René Morales, si hubiere un caso de voluntad política o algún tipo de justicia, que la Fiscalía de la Constitución saliera en defensa, recuperarían todas esas tierras, porque son más de 12 mil hectáreas que tiene el señor René Morales, un nicaragüense que la Constitución de la República en su artículo 107 dice claramente que ningún extranjero puede poseer ningún título, en terrenos ubicados a una distancia a 40 kilómetros de la costa y él está ubicado a 13 kilómetros, así que los contratos que él tiene son nulos”, denunció el defensor de los campesinos.
“Sin embargo los padres de la patria, como él es un financista de algunos diputados, no dicen nada, lo defienden a capa y espada”, sentenció el abogado Trejo.
El acuerdo entre el régimen de Porfirio Lobo Sosa y el MUCA establece que los casos judiciales incoados contra decenas de campesinos iban a ser revisados en el plazo de 90 días a partir de la firma del acuerdo, sin embargo han transcurrido dos meses y aún no se ha nombrado la comisión de seguimiento.“Es una farsa la que hay, no se quieren revisar estos casos, porque si se revisan estos casos se van a llevar con la sorpresa, que éstas tierras fueron adquiridas en mala forma, pero en el caso de estas cooperativas les falsificaron sus firmas, les falsificaron sus documentos, sobornaron a uno o dos de los miembros que no eran directivos para poder adquirir estas tierras”, explicó Trejo.
Las 4 cooperativas cuyos miembros son víctimas de una persecución implacable del sistema judicial que actúa al servicio de los poderosos terratenientes representan a unas 350 familias, que han sido despojados de sus tierras.
Trejo denunció que “ellos (los campesinos y campesinas) actualmente están viviendo en una situación de indigencia, porque ellos de alguna forma tenían algún vínculo para trabajar para éstos empresarios (Miguel Facussé y René Morales) pero ahora ellos se han convertido en enemigos de los empresarios y se encuentran en una situación de indigencia prácticamente, porque no pueden trabajar en ningún lado, porque las empresas que existían ahí, están vinculadas a Facussé y Morales, por lo que su condición es difícil, de hambre, sin trabajo y sin nada”.
El profesional del derecho dijo que el clima en el bajo Aguán es terrible, porque el ejército toma fotografía de los campesinos, decomisa tarjetas de identidad, levanta listados de directivos y de personas como el caso mío que estoy apoyando a estos campesinos, con el objeto de reprimirnos, hay una zozobra increíble.
“Si en realidad don pepe Lobo respetara su discurso, desmilitarizara la zona, él anda diciendo que es respetuoso de los derechos humanos, pero usted sabe que los militares fueron enviados ahí para reprimir al pueblo, a los campesinos, no para perseguir a los narcotraficantes y al crimen organizado, eso es una farsa”, señaló.Entre tanto Felipe García de la cooperativa san Isidro de Tocoa, Colón dijo que las 4 cooperativas fueron desalojadas violentamente por el ejército y la policía el 10 de mayo.
“Ellos nos dijeron que contaban con órdenes de desalojo, pero no tenían porque había un acuerdo entre el gobierno y Muca que se iba a respetar el adendum, donde las cooperativas que tenían sus juicios en los juzgados tenían que respetarse que no teníamos que se desalojados”, explicó.
Agregó que “es posible que haya billete por en medio, porque quién sabe, las leyes hay que respetarlas, a nosotros nos han violado nuestros derechos, la intención de ellos es que desaparezcan las cooperativas, porque desde luego nos mandaron 900 militares y policías contra 80 campesinos indefensos”.
“Habemos unas 500 a 600 familias que estamos actualmente abandonadas en la calle y yo llamo al gobierno de pepe Lobo que si él quiere la unidad del pueblo hondureño, tiene que respetar las leyes del país y que el ejército y la policía sean para cuidar la soberanía nacional, no para ultrajar al pueblo”, exigió Felipe García.
Las cooperativas demandan la revisión de los casos a través de una comisión que esté integrada por el poder ejecutivo, Instituto Nacional Agrario (INA), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), la Fiscalía de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh) y un grupo de abogados que defienden a los campesinos y campesinas.
Asimismo exigen la expropiación de los terrenos que conforman las cooperativas, por haber sido adquiridas por Miguel Facussé y René Morales de manera ilegal, sobornado y falsificando documentos y la devolución de las tierras.
La expropiación de todas las tierras de René Morales (nicaragüense) y de Oleo Palmas de Centroamérica S.A. de C.V. por ser ilegal la tenencia de las mismas de conformidad al artículo 107 constitucional de la República.
La destitución de los jueces Saúl Paz, víctor Meléndez de Tocoa, por actos de corrupción y prevaricato al dictar resoluciones contrarias a la ley para favorecer a Miguel Facussé, de la abogada Karla Pavón de Trujillo, Colón, así como de los fiscales Kenia lagos y Blanca Andino de Tocoa y Oswaldo Osorio de Trujillo, por actos de corrupción, abuso de autoridad y prevaricato.
Unos diez campesinos de 4 cooperativas del Muca, se declararon hoy en huelga de hambre en la Plaza de los Desaparecidos en el casco histórico de la capital, muy cerca de las carpas que alojan a los jueces que durante nueve días se han mantenido en huelga de hambre para exigir su restitución en los cargos y el adecentamiento del sistema judicial hondureño.
Frente a ellos, un grupo de directoras departamentales y varios padres de familia tambien iniciaron una huelga de hambre para demandar el reintegro en sus cargos y el respeto al Estatuto del Docente.
Fuente: Defensoresenlinea.com
Fuente: Defensoresenlinea.com
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