Un juez penal dictó hoy sobreseimiento definitivo a favor de dos funcionarios que pertenecieron a la administración del Presidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009 a través de un golpe de Estado. Fueron absueltos después que las autoridades judiciales constataron que las denuncias en su contra carecían de sustento y argumentaciòn en torno a la comisión de delitos.
Un juez penal dictó hoy sobreseimiento definitivo a favor de dos ex funcionarios del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya, derrocado en junio de 2009, acusados de fraude en el alquiler de un edificio para la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El juez Mario Ríos, del Juzgado Penal de Tegucigalpa, confirmó a periodistas que dictó "un sobreseimiento definitivo" a la ex gerente de la ENEE Rixi Moncada y al ex ministro de Defensa y ex jefe de una junta interventora de esa institución Arístides Mejía.
Ríos había dejado bajo libertad vigilada a los dos ex funcionarios el 25 de febrero pasado, cuando ambos, que tenían orden de captura, se presentaron voluntariamente a declarar.
El Ministerio Público acusó el año pasado a Moncada y Mejía y a la ex ministra de Finanzas Rebeca Santos de los delitos de abuso de autoridad y fraude.
Según el Ministerio Público, la acusación se derivó de que Moncada firmó un contrato de alquiler de un edificio para la ENEE sin haberlo sometido a licitación pública, con el aval de Mejía y Santos, que eran miembros de una junta interventora de la entidad.
El juez explicó que "la contratación del edificio fue apegada a derecho" porque entre los compromisos sujetos a la Ley de Contratación del Estado, cuya violación alegó el Ministerio Público, "no está el arrendamiento", que es regulado por la Ley de Inquilinato.
Mejía, por su parte, dijo a periodistas que la decisión del juez "es un justo reparo a una acción que no tenía ningún sustento" legal y sostuvo que "nunca hubo delito" en este caso.
Moncada también señaló que el fallo está apegado a la ley y demuestra la independencia del juez en sus actuaciones.
La orden de captura contra Santos sigue vigente, según fuentes judiciales.
Los tres ex funcionarios fueron acusados por el Ministerio Público en julio de 2009, después del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, quien, por su parte, afronta acusaciones por delitos políticos y comunes, al igual que otros ex miembros de su administración.
Fuente: El libertador
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