Ismael Moreno (Padre Melo)
El reino de Taifas hace referencia histórica a la España de los inicios del siglo XI cuando el territorio quedó tan fraccionado en pequeños estados independientes, impidiendo que existiera una línea política y administrativa común, debilitando y casi aniquilando todo el reinado frente a las fuerzas externas, estableciendo así una ingobernabilidad por la ausencia de un poder y una autoridad reconocida en todo el reinado.
¿Quién realmente manda y decide en Honduras?, ¿Quién decide, por ejemplo, frente al asunto de la violencia? ¿Acaso el gobierno a través del Ministerio de Seguridad? ¿Es acaso sólo el Ministro de Seguridad con independencia del propio Presidente de la República y su gabinete? ¿Se hace frente a la violencia en el país desde las instancias del estado y del sistema de justicia, o más bien las decisiones emanan desde instancias privadas con vínculos con algunos de los funcionarios, desvinculados de una política estatal común?
Tenemos el gravísimo conflicto de tierras en el Valle del Aguán, ¿quién realmente está tomando las decisiones? ¿Es acaso el gobierno a través del INA y una Comisión especial nombrada para mediar entre las partes en conflicto? ¿Es acaso el poderosísimo Miguel Facussé a través de sus gremios empresariales y sus testaferros tanto dentro del gobierno como en la seguridad privada?
Frente a la crisis económica, ¿quiénes realmente están tomando las decisiones en el país? ¿El gobierno con su gabinete económico? ¿La gran empresa privada, que no está dispuesta a dar ni la más mínima concesión para sacar adelante una propuesta ante la emergencia económica nacional? ¿Son acaso los organismos internacionales, quienes imponen su liderazgo y visión ante la enclenque posición de un gobierno pedigüeño y limosnero?
El departamento de Estado de los Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea se han equivocado de cabo a rabo en sus cálculos en Honduras. La administración de Lobo Sosa, en lugar de ser una ruta para resolver el conflicto que se destapó a partir del 28 de junio pasado –como lo han calificado Washington y Europa—es un factor más de una inestabilidad que sigue en creciente ascenso.
Frente a esta reedición en nuestra país del reino de Taifas, sólo queda el camino de abrirnos hacia la lógica de un nuevo pacto social –que hasta ahora ha sido un estricto grito en el desierto de radio Progreso, que nadie ha querido escuchar en el país—que involucre plenamente a todos los sectores de la sociedad, y no sólo a las elites políticas y empresariales con ese demagógico y polémico Plan de Nación.
Necesitamos una real y auténtica ruta de salida a un conflicto cuyo punto de partida inevitablemente deberá pasar por una investigación a fondo e independiente de los crímenes y violaciones a los derechos humanos, y por una Corte Suprema de Justicia, un Ministerio Público y un Comisionado de Derechos Humanos que se depuren con nombres y rostros que nada tengan que ver con los que actualmente siguen comprometidos hasta el tuétano con ocultar y legitimar todo lo que tiene que ver con un golpe de Estado que, en un ingobernable e inestable “reino de Taifas”, se constituye en una latente amenaza en la crisis y violencia nuestras de cada día.
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