FIAN HONDURAS
(Food First Information & Action Network)
Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse
El 7 de abril ha sido asesinado José Leonel Álvarez Guerra, miembro de la cooperativa La Confianza afiliada al Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) por dos individuos que le dispararon desde una motocicleta cuando el ahora occiso estaba en su casa de habitación en el barrio Manga Seca, Tocoa, Colón.
De acuerdo a sus compañeros de MUCA, José Leonel Álvarez Guerra salió del asentamiento campesino para acompañar a su mujer y su hijo que recién nació hace cinco días.
Este nuevo atentado se ejecuta en el ambiente de negociación entre los campesinos y los terratenientes en donde el tema de seguridad ha sido recurrente con el único propósito de evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, no ha cesado el hostigamiento violento por civiles armados con aparente apoyo de la policía y miembros de las fuerzas armadas.
No obstante, ante cada hecho criminal en el país, ahora convertido en uno de los más violentos del continente y probablemente del mundo, apenas conocemos excusas y propuestas de seguridad de quienes se han convertido en conductores del Estado hondureño.
El mismo Porfirio Lobo deja en segundo plano la vida de las personas involucradas en un conflicto de tierras que lleva tantos años gracias a la imposición de la Ley de Modernización y desarrollo del Sector Agrícola de la cual él es uno de los autores.
Los medios de comunicación apenas rescatan sus quejas cuando los campesinos no aceptan la propuesta de los terratenientes que canalizan a través de él y termina por acusarlos de que están interesados más bien en propósitos políticos para desestabilizar su gobierno que acceder a tierra para dedicarse a producir.
Al decir de los campesinos, su posición se mantiene como hasta ahora porque entienden que de aceptar la propuesta de Miguel Facussé y René Morales estarían atentando contra el futuro de ellos mismos. Los campesinos esperan una propuesta de Estado y no de los terratenientes, de un Estado interesado en el desarrollo del país con equidad, preocupado por eliminar la pobreza y no aquella cuya pretensión es proseguir en el proceso de concentración de la riqueza.
Lo más peligroso es que si el régimen sostiene ese criterio contra los campesinos es poco lo que podemos esperar en materia de seguridad para ellos. Se les ve como enemigos políticos y no como seres humanos y ciudadanos que tienen el derecho de disentir cuando se sientan agredidos en sus intereses, más cuando se trata del elemental derecho a la vida.
Seguimos pidiendo a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales de derechos humanos mayor presencia en las acciones de incidencia política a nivel internacional con gobiernos y organizaciones supranacionales con el propósito de detener esta ola de violencia contra los menos favorecidos de nuestra sociedad sin que las autoridades hagan algo importante por resolverla.
Tegucigalpa MDC, 8 de abril 2010
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Honduras
.
(Food First Information & Action Network)
Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse
Comunicado
El 7 de abril ha sido asesinado José Leonel Álvarez Guerra, miembro de la cooperativa La Confianza afiliada al Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) por dos individuos que le dispararon desde una motocicleta cuando el ahora occiso estaba en su casa de habitación en el barrio Manga Seca, Tocoa, Colón.
De acuerdo a sus compañeros de MUCA, José Leonel Álvarez Guerra salió del asentamiento campesino para acompañar a su mujer y su hijo que recién nació hace cinco días.
Este nuevo atentado se ejecuta en el ambiente de negociación entre los campesinos y los terratenientes en donde el tema de seguridad ha sido recurrente con el único propósito de evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, no ha cesado el hostigamiento violento por civiles armados con aparente apoyo de la policía y miembros de las fuerzas armadas.
No obstante, ante cada hecho criminal en el país, ahora convertido en uno de los más violentos del continente y probablemente del mundo, apenas conocemos excusas y propuestas de seguridad de quienes se han convertido en conductores del Estado hondureño.
El mismo Porfirio Lobo deja en segundo plano la vida de las personas involucradas en un conflicto de tierras que lleva tantos años gracias a la imposición de la Ley de Modernización y desarrollo del Sector Agrícola de la cual él es uno de los autores.
Los medios de comunicación apenas rescatan sus quejas cuando los campesinos no aceptan la propuesta de los terratenientes que canalizan a través de él y termina por acusarlos de que están interesados más bien en propósitos políticos para desestabilizar su gobierno que acceder a tierra para dedicarse a producir.
Al decir de los campesinos, su posición se mantiene como hasta ahora porque entienden que de aceptar la propuesta de Miguel Facussé y René Morales estarían atentando contra el futuro de ellos mismos. Los campesinos esperan una propuesta de Estado y no de los terratenientes, de un Estado interesado en el desarrollo del país con equidad, preocupado por eliminar la pobreza y no aquella cuya pretensión es proseguir en el proceso de concentración de la riqueza.
Lo más peligroso es que si el régimen sostiene ese criterio contra los campesinos es poco lo que podemos esperar en materia de seguridad para ellos. Se les ve como enemigos políticos y no como seres humanos y ciudadanos que tienen el derecho de disentir cuando se sientan agredidos en sus intereses, más cuando se trata del elemental derecho a la vida.
Seguimos pidiendo a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales de derechos humanos mayor presencia en las acciones de incidencia política a nivel internacional con gobiernos y organizaciones supranacionales con el propósito de detener esta ola de violencia contra los menos favorecidos de nuestra sociedad sin que las autoridades hagan algo importante por resolverla.
Tegucigalpa MDC, 8 de abril 2010
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Honduras
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