Dina Meza
Estos policías fueron identificados como los que secuestraron y torturaron a los camarógrafos de Globo TV
Los gobiernos y organizaciones supranacionales que den el reconocimiento al gobierno de facto, contribuirán a legitimar un precedente histórico funesto que justificará el derrocamiento violento de gobiernos elegidos democráticamente, el saqueo impune de los bienes del estado y el sometimiento de pueblos por la fuerza y la intimidación en cualquier parte del mundo, advirtió FIAN-Honduras.
Persisten los asesinatos, la persecución y las amenazas a miembros de la resistencia, y peores escenarios de represión podrían presentarse en el futuro.
La actitud prepotente de los conductores del nuevo régimen, del empresariado dominante, de la gran mayoría de los dueños de medios de comunicación, de las jerarquías eclesiales, de militares y policías, todos confabulados en el golpe de estado del 28 de junio, hace prever que tales violaciones a los derechos humanos continuarán.
El propósito esencial de los ejecutores de estos hechos deleznables y cobardes es liquidar a la resistencia, reconocida como única oposición válida a sus pretensiones absolutistas. Ya lo han dicho Porfirio Lobo y Óscar Álvarez: buscamos el diálogo, la reconciliación de la familia hondureña, pero no permitiremos acciones opositoras de la resistencia. Son públicas, además, expresiones en el mismo tono amenazante de empresarios de reconocido poder político cuando se han referido al conflicto agrario en el Bajo Aguán.
En el corto tiempo que lleva el actual régimen encabezado por Porfirio Lobo se han producido indignantes violaciones a derechos humanos, entre las que se destacan por su gravedad los asesinatos de Vanesa Zepeda, Julio Fúnez Benítez y Claudia Larissa Brizuela, todos miembros de la resistencia. También se han denunciado decenas de detenciones, agresiones sexuales, torturas, secuestros y allanamientos de viviendas.
Claudia Brizuela, hija del conocido dirigente popular y miembro de la resistencia Pedro Brizuela, fue asesinada con armas de fuego frente a sus hijos, lo que confirma que todos estos hechos de terror tienen en común la finalidad de desanimar a los y las ciudadanas que se oponen al despotismo actual.
El cinismo ha llegado a extremos preocupantes. No solo se niega la participación de funcionarios del estado en estas violaciones sino que se exonera de culpa a quienes participaron en delitos de conocimiento público, apoyándose en la vergonzosa amnistía promulgada por el Congreso Nacional o en sentencias amañadas de los tribunales.
Toda la institucionalidad está corrupta. Los mismos diputados que aprobaron decretos tramposos contra el estado de Honduras, se pronuncian ahora contra ellos en un inútil intento de lavarse las manos frente al pueblo y la comunidad internacional. Es sabido que en el seno de ese organismo y fuera de él se encuentran, con nombres y apellidos, los que delinquieron y delinquen pero no se procede judicialmente contra ellos.
Sorprendentemente, el régimen propone el reconocimiento de una comisión de la verdad prevista en la misma estrategia del golpe de estado y que por lo mismo no puede gozar de credibilidad alguna de quienes demandan justicia. También busca reconocimiento internacional argumentando que se dan pasos para volver el país a la normalidad, cuando son los responsables de la suspensión del estado de derecho y de las tropelías del régimen de facto que instauraron. Ver comunicado
Fuente: Defensores en línea
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